STC5769-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5769-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00235-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Lenibeth Carrillo Rincones le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, al Juzgado Treinta Laboral del Circuito de San Juan del Cesar y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2013-00180. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso en conexidad con el \u00abacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, trabajo y seguridad social\u00bb, para que se ordenara a la autoridad querellada \u00abDEJAR sin efectos la sentencia SL3774-2021\u00bb y, consecuencialmente, \u00abexpida una sentencia de reemplazo en la que tenga en cuenta la responsabilidad solidaria de LA NACI\u00d3N -MINISTERIO DE EDUCACI\u00d3N- en el proceso de la referencia\u00bb. <\/p>\n
En compendio relat\u00f3 que promovi\u00f3 el juicio de la referencia con el prop\u00f3sito que se declarara la existencia de un \u00abcontrato de trabajo\u00bb entre las partes desde el 2 de febrero hasta el 1\u00b0 de noviembre de 2010 y la ineficacia de su despido y, por ende, se decretara el pago de las \u00abprestaciones sociales\u00bb a que tiene derecho y las costas; se reconociera como responsables solidarios al \u00abMinisterio de Educaci\u00f3n Nacional\u00bb y al \u00abIcetex\u00bb y, subsidiariamente, en caso de que no saliera avante lo concerniente a la ineptitud de la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo, se dispusiera la cancelaci\u00f3n de la sanci\u00f3n moratoria (Art. 65 C.S. del T.). <\/p>\n
Apoy\u00f3 sus pretensiones en que las aludidas entidades celebraron el \u00abconvenio interadministrativo 929 de 2008\u00bb para la constituci\u00f3n del \u00abfondo del fomento a la atenci\u00f3n integral de la primera infancia\u00bb, para lo cual suscribieron el \u00abconvenio 44025 de 2009\u00bb con Eduvilia Mar\u00eda Fuentes Berm\u00fadez, en calidad de propietaria del Colegio Gabriela Mistral, especialmente, para la prestaci\u00f3n del servicio de educaci\u00f3n inicial, cuidado y nutrici\u00f3n a \u00abmenores de cinco (5) a\u00f1os del Sisben I y II o desplazados, beneficiarios del programa de atenci\u00f3n integral a la primera infancia PAIPI\u00bb, quien la emple\u00f3 como docente para el desarrollo de las tareas a las que se hab\u00eda comprometido, nexo que finaliz\u00f3 sin que su empleadora le pagara lo de ley. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar accedi\u00f3 a las s\u00faplicas, aunque absolvi\u00f3 al \u00abIcetex\u00bb (14 sep. 2017), y al surtirse el grado jurisdiccional de consulta, el ad quem respald\u00f3 lo decidido (19 de julio de 2018). <\/p>\n
Acus\u00f3 a la Magistratura censurada de incurrir en defectos sustantivos, al aplicar indebidamente la normatividad que gobernaba el proceso, puesto que \u00abconfund[i\u00f3] las funciones del servicio de educaci\u00f3n prestado por las entidades territoriales a favor de los ni\u00f1os mayores de 5 a\u00f1os, con las funciones que se encuentran en cabeza del ministerio a partir del programa de atenci\u00f3n integral (educaci\u00f3n, alimentaci\u00f3n y acompa\u00f1amiento) para los menores de 5 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y repeli\u00f3 el amparo, resaltando que la determinaci\u00f3n criticada \u00abno puede tildarse de arbitraria o caprichosa y, por el contrario, emerge con claridad que se soport\u00f3 en una labor hermen\u00e9utica jur\u00eddica v\u00e1lida\u00bb. <\/p>\n
El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional tambi\u00e9n se opuso al resguardo \u00abpor no cumplir con los requisitos de procedencia para acciones de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
El Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior \u2013 Icetex -, solicit\u00f3 negar el socorro, por cuanto \u00abno existi\u00f3 trasgresi\u00f3n del debido proceso y menos denegaci\u00f3n de acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, pues lo que se observa \u00abes que la usuaria no utiliz\u00f3 los espacios dados por el juez para exponer nuevos an\u00e1lisis, escenario que hoy busca rescatar con la acci\u00f3n de tutela que interpone\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el ruego porque \u00ablos razonamientos planteados en la decisi\u00f3n judicial cuestionada, no se muestran arbitrarios o caprichosos. Por el contrario, est\u00e1n debidamente fundamentados, lo que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.- Apel\u00f3 la gestora iterando los raciocinios inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada, se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo resuelto en primera fase, porque el pronunciamiento debatido no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
2.- En efecto, al escrutar la directriz de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, se aprecia que \u00e9sta realiz\u00f3 un sensato estudio de las disposiciones que disciplinan el asunto, de las cuales concluy\u00f3 en paralelo con los medios de convicci\u00f3n arrimados al pleito, que el fallador de segunda etapa se equivoc\u00f3 al hallar demostrada la responsabilidad solidaria del \u00abMinisterio de Educaci\u00f3n Nacional\u00bb frente a las obligaciones emergidas a favor de la demandante, toda vez que la faena que ella desempe\u00f1\u00f3 resulta ajena a las \u00abactividades, funciones y competencias\u00bb de dicha entidad p\u00fablica. <\/p>\n
Para arribar a dicha inferencia, comenz\u00f3 por explicar, en lo que toca con el \u00abconvenio interadministrativo 929 de 2008\u00bb, que su objeto \u00abse enmarca en las competencias generales a cargo de la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, toda vez que pretende ejecutar una pol\u00edtica p\u00fablica del ramo, lo cual le compete en los t\u00e9rminos el art\u00edculo 208 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb y, que \u00ab[e]n este caso, las pol\u00edticas p\u00fablicas que le competen a la recurrente guardan relaci\u00f3n con el servicio de educaci\u00f3n que es regulado por el Estado, sobre el cual ejerce la inspecci\u00f3n y vigilancia y en cuya direcci\u00f3n, financiaci\u00f3n y administraci\u00f3n participan la Naci\u00f3n y las entidades territoriales, seg\u00fan lo establezca la ley, como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 67 superior\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese hilo, dijo que \u00abde las voces de los art\u00edculos 148 y siguientes de la Ley 115 de 1994, se deduce sin dificultad alguna que hay una distribuci\u00f3n de competencias entre la Naci\u00f3n y las entidades territoriales, que va de lo macro (Naci\u00f3n) a lo micro (municipio) y que \u00e9sta \u00faltima entidad es la que organiza, ejecuta y vigila el servicio educativo, no lo es el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional\u00bb, por lo que, <\/p>\n
\u00abse debe entender e interpretar el Convenio n\u00b0 0929 de 2008 en cuanto a su objeto, que ya se mencion\u00f3 p\u00e1rrafos atr\u00e1s, y sus cl\u00e1usulas, como por ejemplo, la cuarta del documento analizado, en la cual se estableci\u00f3 que los recursos para atender el objeto de este contrato provienen del presupuesto de inversi\u00f3n del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, as\u00ed como de los dineros que giren otras entidades p\u00fablicas nacionales o territoriales que se lleguen a asociar al referido convenio, as\u00ed como de donaciones, herencias, legados y aportes que puedan efectuar otras personas\u00bb. <\/p>\n
Es decir, que \u00abmientras no se adhieran otras entidades, quien asume la financiaci\u00f3n total del proyecto de atenci\u00f3n integral a la primera infancia a trav\u00e9s del fondo de administraci\u00f3n creado para tal fin, es La Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, lo que concuerda con la responsabilidad prevista en el art\u00edculo 14 de la Ley 1295 de 2009, vigente para la \u00e9poca, y la funci\u00f3n que le fue asignada en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto 5012 de 2009\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, relacion\u00f3 el cargo propuesto y se\u00f1al\u00f3 que, contrario a lo concluido por el Tribunal, la atenci\u00f3n integral de la primera infancia no es una tarea propia de las actividades, funciones y competencias de la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional -, \u00abporque, como ya se explic\u00f3 ampliamente, \u00e9sta no presta servicios, sino que sus funciones corresponden a un nivel de planificaci\u00f3n, asesoramiento, financiaci\u00f3n, regulaci\u00f3n, vigilancia y control, en estricto apego a lo dispuesto por las leyes que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
Con base en ese derrotero, afirm\u00f3 que era ostensible el error en la apreciaci\u00f3n del mencionado acuerdo, <\/p>\n
\u00abpues de \u00e9ste no se deriva que la prestaci\u00f3n del servicio de atenci\u00f3n integral a la primera infancia, que se pretende financiar a trav\u00e9s de tal acuerdo, sea competencia de la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, como lo ense\u00f1an las normas legales aludidas que le sirvieron de fundamento, las cuales establecen claramente la distribuci\u00f3n de competencias entre los diversos actores de ese sector administrativo, sin que de ninguna de ellas se pueda derivar la de prestar servicios educativos a ning\u00fan nivel\u00bb. <\/p>\n
En lo que alude al \u00abconvenio 44025 de 2009\u00bb, asever\u00f3: <\/p>\n
\u00abresulta equivocado el razonamiento del Tribunal respecto de su valoraci\u00f3n, pues si bien, en principio deriv\u00f3 de \u00e9l algo que acredita, esto es, que la empleadora de la demandante celebr\u00f3 un contrato con la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional para prestar el servicio de atenci\u00f3n integral a la primera infancia, concluy\u00f3 de manera ostensiblemente errada que la actividad contratada con la se\u00f1ora Fuentes Berm\u00fadez hac\u00eda parte de las \u00abfunciones\u00bb propias de la entidad recurrente, lo cual, como se ha demostrado, no es cierto a la luz de la normativa que les sirvi\u00f3 de fundamento a los dos acuerdos acusados\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 seguidamente, que en sede extraordinaria no se controvierte la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica del Tribunal conforme a la cual, Lenibeth Carrillo Rincones prest\u00f3 sus servicios como docente en el colegio de propiedad de Fuentes Berm\u00fadez, y que en el ejercicio de tal labor \u00abatend\u00eda a los ni\u00f1os de la poblaci\u00f3n vulnerable haciendo atenci\u00f3n pedag\u00f3gica, formativa y psicosocial de los ni\u00f1os y su familia\u00bb, precisamente, en ejecuci\u00f3n del programa de atenci\u00f3n integral a la primera infancia, tarea que guarda plena correspondencia con el objeto de los convenios 929 de 2008 y 44025 de 2009, \u00abpero no significa, en manera alguna, tal como se ha expuesto a lo largo de este prove\u00eddo, que la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional cumpla una funci\u00f3n de prestador de servicios de educaci\u00f3n en el marco de sus competencias reglamentarias, legales o constitucionales\u00bb, de modo que era dable colegir que \u00abse equivoc\u00f3 el Tribunal al encontrar acreditada la responsabilidad solidaria de la hoy recurrente frente a las obligaciones laborales surgidas a favor de la demandante en instancias, pues la tarea que ella desempe\u00f1\u00f3 resulta ajena a las actividades, funciones y competencias de esta entidad\u00bb. <\/p>\n
Sigui\u00f3 predicando que \u00aben los t\u00e9rminos del art\u00edculo 34 del CST, son dos los requisitos para que proceda la solidaridad del contratante frente a su contratista, a saber: ser beneficiario de la obra o del servicio contratado y, que las actividades ejecutadas por la contratista a favor de la contratante no se traten de labores extra\u00f1as a las actividades normales de esta \u00faltima (CSJ SL3718-2020)\u00bb, pero que \u00abpara aplicar esta garant\u00eda tuitiva del trabajador, no resulta relevante la naturaleza jur\u00eddica oficial del beneficiario del servicio o due\u00f1o de la obra, pues lo cierto es que los derechos laborales que se reclaman se fundan en la existencia del v\u00ednculo laboral con la contratista, en este caso, con Eduvilia Fuentes, quien obr\u00f3 como empleadora de la demandante\u00bb. <\/p>\n
Reflexion\u00f3, entonces, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la calidad de entidad p\u00fablica de la beneficiaria del servicio no incida en la aplicaci\u00f3n de la responsabilidad fijada en el art\u00edculo 34 del CST, sino que resulta relevante, en este caso particular, que bajo ninguna circunstancia podr\u00eda la Naci\u00f3n – Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, hoy recurrente, prestar directamente el servicio educativo, o vincular o contratar docentes para que lo presten, con lo cual resulta m\u00e1s que evidente que no hay afinidad entre las funciones y competencias del ente p\u00fablico y la actividad desarrollada por el colegio para el cual prest\u00f3 sus servicios la demandante en instancias, pues aunque ambos se ubican y desenvuelven en el sector educativo, sus roles resultan sustancialmente diferentes, por lo cual es un desatino endilgarle una responsabilidad solidaria que, a todas luces, no existe\u00bb (CSJ SL3774-2021). <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Corte avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal designio se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb con el fin de discutir los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC3172-2022). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5769-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC5769-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00235-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de febrero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63508"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63508\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}