STC5771-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5771-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00636-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 6 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Zona Franca Pir S.A.S., contra el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal de la misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela radicado 2022-00038. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abseguridad jur\u00eddica, confianza leg\u00edtima y la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que Oscar Iv\u00e1n Feria Argueta, Dagoberto Delgado Agudelo, Marlon David Murillo Medina y Jairo Alonso Jim\u00e9nez Calder\u00f3n promovieron una acci\u00f3n de tutela contra la libelista, buscando el amparo de las garant\u00edas supralegales al trabajo, a la igualdad, la \u00abasociaci\u00f3n sindical, libertad sindical y negociaci\u00f3n colectiva\u00bb, entre otros. <\/p>\n
Tal actuaci\u00f3n fue asignada al Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1 (2022-00038), despacho que mediante sentencia de 1\u00ba de febrero de 2022 profiri\u00f3 fallo estimatorio a trav\u00e9s del cual orden\u00f3 a la persona jur\u00eddica, reintegrar a los gestores \u00aba los cargos que desempe\u00f1aban antes de su despido, o a otro de similares o mejores condiciones salariales, pagando los salarios dejados de percibir, y los aportes al sistema de seguridad social\u00bb. <\/p>\n
La parte vencida impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n, decisi\u00f3n confirmada por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad, el 9 de marzo siguiente. <\/p>\n
3. Para la promotora, la providencia por medio de la cual se confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, adolece de defecto f\u00e1ctico y sustantivo habida consideraci\u00f3n que, \u00ab [la] afiliaci\u00f3n\u2026 al sindicato SINALTRAINBEC [de los trabajadores]\u2026 era completa y genuinamente desconocida\u2026 pues nunca fue notificada\u2026, y dicho fallo se bas\u00f3 en dar por cierto que la [c]ompa\u00f1\u00eda hab\u00eda sido notificada a trav\u00e9s de oficio y enviado por ZONA FRANCA mediante SERVIENTREGA a la direcci\u00f3n de la Empresa. Sin embargo, no hubo una validaci\u00f3n por parte del [j]uzgado de [i]nstancia quienes no verificaron en la p\u00e1gina de la [e]mpresa de mensajer\u00eda que, efectivamente se hubiese recibido tal gu\u00eda para poder ah\u00ed s\u00ed, aludir un fuero [sindical]\u00bb. <\/p>\n
Adujo que, las razones para terminar los contratos de trabajo \u00abobedeci[eron]\u2026 [a] la lamentable situaci\u00f3n en la cual, [la] compa\u00f1\u00eda tuvo que cerrar sus operaciones de producci\u00f3n en Caldas, Antioquia y Palmira Valle, en atenci\u00f3n a los est\u00e1ndares de productividad, situaci\u00f3n\u2026\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abprocedi\u00f3 a comunicarles la terminaci\u00f3n sin justa causa de su contrato de trabajo bajo el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa legal, de conformidad con lo contemplado en el art\u00edculo 64 del CST\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior solicita \u00abse deje sin efecto [los] fallo[s] de tutela de primera y segunda instancia mediante el cual se le orden\u00f3\u2026 [el] reintegro de los accionantes mediante el fundamento que ZONA FRANCA PIR S.A.S., s\u00ed hab\u00eda sido notificada de la afiliaci\u00f3n de los se\u00f1ores al sindicato y, por lo tanto, por el fuero circunstancial dentro de la acci\u00f3n de tutela bajo el radicado 2022-0038, cuando quiera que los actores NO GOZAN de esta protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Cincuenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1, pidi\u00f3 se le desvinculara del presente asunto tras considerar que no existi\u00f3 lesi\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, toda vez que en la sentencia de primer grado se tuvieron en cuenta las pruebas allegadas por las partes, y qued\u00f3 demostrado que, \u00abla terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual de los trabajadores obedeci\u00f3 a la afiliaci\u00f3n de los tutelantes al Sindicato SINALTRAINBEC, causal que no resulta objetiva, ni se encuentra establecida en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. Por ello, la orden contenida en la providencia no resulta arbitraria y mucho menos vulnera las garant\u00edas constitucionales de la sociedad hoy accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta localidad, se opuso a la prosperidad del resguardo, dado que la providencia de segunda instancia se encuentra ampliamente sustentada y ajustada a derecho, por cuanto se profiri\u00f3 con observancia de los postulados constitucionales y normativos, de all\u00ed que el hecho de que la quejosa no comparta la decisi\u00f3n adoptada no implica \u00abper se la vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda fundamental sobre la cual reclama la protecci\u00f3n\u00bb. Finalmente, advirti\u00f3 que, \u00abla acci\u00f3n de tutela se encuentra pendiente de remitir a la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el auxilio dado que la presente tutela se dirige contra una sentencia proferida en un asunto de similar naturaleza, sin que se acreditara el cumplimiento de las exigencias jurisprudenciales m\u00ednimas que habilitaran su procedencia, adem\u00e1s que la decisi\u00f3n objeto de censura no ha sido examinada por la Corte Constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de la sociedad para insistir en sus pretensiones resaltando que la queja se apoya en la ocurrencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada fraudulenta, tal y como lo se\u00f1ala la sentencia SU 627 de 2015 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad en cuanto a la viabilidad de interponer tutela contra tutela; de superarse lo anterior, si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en la salvaguarda que formul\u00f3 Oscar Iv\u00e1n Feria Argueta y otros, contra la sociedad aqu\u00ed gestora (rad. 2022-00038), por cuanto confirm\u00f3 el fallo de primera instancia que accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n rogada, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab (\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala confirmar\u00e1 la negativa del auxilio, porque: (i) no cumple el requisito general consistente en que no puede dirigirse contra un fallo de tutela; y (ii) desatiende el presupuesto igualmente gen\u00e9rico de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la tutela contra providencia de la misma naturaleza. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se configura en tanto el actual ataque lo dirige la actora, para quebrantar la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 9 de marzo de 2022, en el marco de una acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Iv\u00e1n Feria Argueta, Dagoberto Delgado Agudelo, Marlon David Murillo Medina y Jairo Alonso Jim\u00e9nez Calder\u00f3n (rad. 2022-00038), al considerar que incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al confirmar el fallo de primer grado que accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n rogada, afectando con ello las prerrogativas protegidas por la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado -ya surtido en el caso bajo examen, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda constitucional, pues \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Se predica en la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial que a\u00fan no ha sido agotado, en la medida en que, se pudo confirmar con las anotaciones registradas en el sistema de gesti\u00f3n judicial, que el pasado 1\u00ba de abril el Juzgado Cuarenta y Uno del Circuito de esta ciudad remiti\u00f3 el expediente a la Corte Constitucional, as\u00ed mismo, se consult\u00f3 en la p\u00e1gina web de esa corporaci\u00f3n, y a\u00fan no se evidencia registro de la radicaci\u00f3n del expediente. En tal sentido, la interesada cuenta con la posibilidad de solicitar al \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n que seleccione el asunto para revisi\u00f3n. Sobre la idoneidad de esa v\u00eda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
Entonces, por cuanto no se ha surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, el auxilio deviene improcedente por incumplir el principio antes mencionado, frente a lo cual se recuerda que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio de defensa que tiene a su alcance, la solicitante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final. <\/p>\n
Ahora bien, para esta Corporaci\u00f3n los argumentos de la gestora para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas supralegales, no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis aludidas en la Sentencia de Unificaci\u00f3n 627 de 2015, en la que se indic\u00f3 que la salvaguarda constitucional procede contra decisiones de similar naturaleza cuando: <\/p>\n
\u00ab (\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida que el n\u00facleo central de la queja gravit\u00f3 en relaci\u00f3n a la supuesta valoraci\u00f3n probatoria inadecuada, es decir, se finc\u00f3 exclusivamente en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del presente resguardo. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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