STC5773-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5773-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00231-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 8 de marzo de 2022 que neg\u00f3 la tutela promovida por Medicadiz S.A.S., contra la Superintendencia Nacional de Salud, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, el Liquidador de Medimas E.P.S., y la Sociedad de Auditor\u00edas & Consultor\u00edas S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando por conducto de su representante legal, la sociedad actora reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, \u00abseguridad jur\u00eddica (\u2026) confianza leg\u00edtima\u00bb, supuestamente vulneradas por la autoridad acusada con el proferimiento de la resoluci\u00f3n n\u00ba 2022320000000864-6 de 8 de marzo de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que llam\u00f3 a juicio a Medimas E.P.S., pretendiendo el recaudo de $10.558.747.977, por concepto de los servicios m\u00e9dicos prestados a esa entidad, asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla (Radicado n\u00ba 2020-00187-00). <\/p>\n
Manifiesta, que las partes en ese litigio acordaron mediante contrato de \u00abtransacci\u00f3n\u00bb que los pagos del capital adeudado se efectuar\u00edan as\u00ed (i) $3.800.000.000 \u00aba m\u00e1s tardar el quinto d\u00eda h\u00e1bil\u00bb de marzo de 2022, y (ii) cuotas mensuales equivalentes a $1.500.000.000 hasta agotar la cartera precisando que dichos recursos provendr\u00edan de la liquidaci\u00f3n mensual de afiliados de la entidad de salud. <\/p>\n
Relata, que el precitado acuerdo fue incumplido debido a la resoluci\u00f3n n\u00ba 2022320000000864-6 de 8 de marzo de 2022, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervenci\u00f3n forzosa administrativa para liquidar a Medimas E.P.S., S.A.S. <\/p>\n
Asegura, que el aludido acto administrativo es contrario a la Constituci\u00f3n y a la ley, en tanto que \u00ab(\u2026) la medida preventiva de vigilancia especial ordenada a MEDIMAS EPS S.A.S., (\u2026) mediante Resoluci\u00f3n No. 005163 del 19 de octubre de 2017 i) a pesar de gozar de ejecutoria; ii) ha sido revocada tacita y unilateralmente; iii) sin embargo no se ha manifestado el consentimiento expreso y escrito por parte del titular del derecho para que esta se revoque y iv) no se realiz\u00f3 el medio de control, es decir no se ha intentado acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho por la lesividad de dicha resoluci\u00f3n, lo que genera un enfrentamiento jur\u00eddico entre la resoluci\u00f3n antes indicada y la resoluci\u00f3n 2022320000000864-6 de 2022\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo \u00ab(\u2026) se revoque en su integridad la resoluci\u00f3n 2022320000000864-6 de 2022, por la cual se ordena la toma de posesi\u00f3n inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervenci\u00f3n administrativa para liquidar a MEDIMAS EPS S.A.S\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Medimas E.P.S., S.A.S., y la Sociedad de Auditor\u00edas & Consultor\u00edas S.A.S., mediante escritos separados, adujeron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y pidieron ser desvinculados del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Cl\u00ednica de Occidente S.A., manifest\u00f3 que adelant\u00f3 en contra de Medimas E.P.S., un proceso de cobro coactivo el cual fue acumulado al recaudo n\u00ba 2020- 00187-00, por lo que considera que \u00ab(\u2026) nos encontramos ante un supuesto de hecho que se cierne sobre la vulneraci\u00f3n del debido proceso, seguridad jur\u00eddica, igualdad, violaci\u00f3n de la constituci\u00f3n y la ley, tutela judicial efectiva y confianza legitima, con la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 2022320000000391-6 de 2022 de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL EN SALUD bajo el entendido del quebrantamiento de los derechos constitucionales ibidem de las entidades accionantes y vinculadas\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 la salvaguarda, en tanto que incumple el presupuesto de la subsidiariedad \u00ab(\u2026) ya que contra la Resoluci\u00f3n 2022320000000864-6 de 8 de marzo de 2022 expedido por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, procede el recurso de reposici\u00f3n, tal y como aparece dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 10\u00b0 de la parte resolutiva de la resoluci\u00f3n en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, reiterando lo aducido en el escrito inicial, y agregando que \u00ab(\u2026) la relaci\u00f3n sustancial que dio origen a la expedici\u00f3n de la resoluci\u00f3n 2022320000000864-6 de 2022 (\u2026) es ajena a la impugnante, baho (sic) el entendido que la \u00fanica legitimada en la causa por activa para proponer el recurso se\u00f1alado, era la entidad contra la cual se orden\u00f3 su intervenci\u00f3n, en este caso Medimas Eps SAS. Motivo por el cual, la sociedad Medicadiz SAS (\u2026) no pod\u00eda, proceder a la interposici\u00f3n del medio de impugnaci\u00f3n indicado por el despacho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si con la expedici\u00f3n de la resoluci\u00f3n n\u00ba 2022320000000864-6 de 8 de marzo de 2022, proferida por la Superintendencia Nacional de Salud, a trav\u00e9s de la cual dispuso la toma de posesi\u00f3n inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervenci\u00f3n forzosa administrativa para liquidar a Medimas E.P.S., S.A.S., se transgredieron las garant\u00edas esenciales reclamadas por la convocante. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias exclusivas de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance instrumentos ordinarios de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
3. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente del escrito introductorio, de la impugnaci\u00f3n y los medios de convicci\u00f3n aportados al tr\u00e1mite, esta Sala confirmar\u00e1 la improcedencia del amparo invocado pues se advierte que el mismo no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad previamente referido. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida que la demanda de tutela bajo estudio se dirige contra un acto administrativo de car\u00e1cter particular, cuyo control corresponde al juez contencioso administrativo, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando los interesados cumplan con los requisitos propios de ese medio de control (v. gr, t\u00e9rmino de caducidad, legitimaci\u00f3n, etc.). <\/p>\n
<\/p>\n
3. De esta manera, adem\u00e1s de ser id\u00f3neo dicho mecanismo de defensa, tambi\u00e9n resulta eficaz, dada la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo expuesto, conlleva la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esa modalidad para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, la Corte confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n adoptada por el a quo, pero por las razones arg\u00fcidas en esta instancia, en tanto que el amparo incumple el requisito de la subsidiariedad, aunado a que no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, pero por las razones expuestas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC5773-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC5773-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00231-01 Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63512","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63512","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63512"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63512\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63512"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63512"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63512"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}