STC5777-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5777-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01314-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Agust\u00edn Camacho Ardila contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del distrito judicial de Bucaramanga; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2010-00117. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 29 de octubre de 2021, mediante la cual el tribunal encartado, con fundamento en una valoraci\u00f3n probatoria que considera superficial y fragmentaria, revoc\u00f3 la prosperidad de su demanda de pertenencia y, en su lugar, desestim\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto el fustigado fallo y que se ordene confirmar la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed enfatiz\u00f3 que la sentencia objeto de censura no fue proferida en ese despacho. <\/p>\n
2. La magistratura accionada manifest\u00f3 que la providencia objeto de censura no encierra una v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. Olga Le\u00f3n D\u00edaz, quien dijo haber fungido como curadora ad litem en el juicio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n, se opuso a la salvaguarda dada la razonabilidad de la fustigada providencia. <\/p>\n
4. Miguel \u00c1ngel S\u00e1nchez, apoderado judicial de los litisconsortes por activa del accionante, abog\u00f3 en favor del pretendido resguardo con base en argumentos muy similares a los esgrimidos en el libelo introductor. <\/p>\n
5. Edmundo Sarmiento G\u00f3mez pidi\u00f3 desestimar el resguardo, dado que los argumentos en que el mismo se sustenta solo involucran una disparidad de criterios que, por s\u00ed sola, no es suficiente para derruir la presunci\u00f3n de legalidad de la fustigada providencia. <\/p>\n
6. Orfa Helena Blanco Morinelly, curadora ad litem en el proceso que ata\u00f1e a esta acci\u00f3n, dijo mantenerse en la postura litigiosa que asumi\u00f3 en ese litigio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal encartado trasgredi\u00f3 el derecho a un debido proceso del convocante, al desestimar la demanda de pertenencia por \u00e9l promovida. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal revoc\u00f3 la prosperidad de la demanda de pertenencia promovida por quien aqu\u00ed acciona, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal destac\u00f3 inicialmente que \u00abpara alcanzar la prosperidad del pet\u00edtum inserto en la demanda incoactoria de este proceso, los aqu\u00ed promotores ten\u00edan la carga de acreditar el ejercicio de actos posesorios por completo propios y directos sobre el tan mencionado inmueble, sin reconocimiento de dominio ajeno, por un t\u00e9rmino m\u00ednimo de veinte (20) a\u00f1os, anteriores al d\u00eda de presentaci\u00f3n de la demanda -que ocurri\u00f3 el 17 de agosto de 2010-, debido a que para esa fecha no pod\u00eda a\u00fan aplicarse la modificaci\u00f3n introducida por la Ley 791 de 2002 al art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
A espacio seguido, anot\u00f3 que \u00abvaloradas en su conjunto las pruebas que obran en el expediente, para la Sala emerge di\u00e1fano que durante el lapso que comprende el tiempo m\u00ednimo para la viabilidad de la prescripci\u00f3n adquisitiva en este asunto, que trascurri\u00f3 entre el 17 de agosto de 1990 y el 17 de agosto de 2010, la parte actora reconoci\u00f3 de forma inequ\u00edvoca el dominio que le asist\u00eda sobre el predio a la de cujus Mercedes G\u00f3mez viuda de Sarmiento, madre de los aqu\u00ed demandados\u00bb. <\/p>\n
Para explicar esa aseveraci\u00f3n, arguy\u00f3 que \u00abmilita a folio 106 del cuaderno principal, la misiva remitida el 5 de enero de 1997 por el aqu\u00ed actor PEDRO AGUST\u00cdN CAMACHO ARDILA a la predicha Mercedes G\u00f3mez viuda de Sarmiento, en la cual no solo le advierte de una presunta imposibilidad para que ingrese a la finca -por lo que le aconseja no viajar-, sino que le manifiesta su benepl\u00e1cito en continuar pagando, con los c\u00e1nones de arrendamiento y \u201ccomo he venido haciendo\u201d, el impuesto predial. Adem\u00e1s, y esto es marcadamente relevante, le indica que con el portador de la carta env\u00eda la suma de cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos ($465.000), correspondientes al arriendo del mes de enero de 1997 y le expresa que junto con su hermano GUILLERMO CAMACHO, \u201caceptamos continuar ocupando la finca en arriendo como se ha venido haciendo\u201d\u00bb. <\/p>\n
Sobre el mismo t\u00f3pico, agreg\u00f3 que \u00abvisto que fue la parte demandada \u2013espec\u00edficamente el demandado ALIRIO SARMIENTO G\u00d3MEZ- quien al contestar la demanda aport\u00f3 el referido documento, correspond\u00eda a la parte actora, por mandato expreso de las normas ya indicadas, tacharlo de falso o desconocerlo, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto que dispuso tenerlo como prueba -emitido en audiencia del 13 de junio de 2013-; pero ello no sucedi\u00f3, es decir, el extremo procesal demandante ni lo tach\u00f3 de falso ni lo desconoci\u00f3, guardando absoluto silencio sobre el particular. En esa direcci\u00f3n, el desconocimiento al que aludi\u00f3 el Juez a quo en su fallo y por el que rest\u00f3 total validez y certidumbre a la rese\u00f1ada carta, fue el efectuado por el demandante PEDRO AGUST\u00cdN CAMACHO ARDILA al absolver el interrogatorio de parte que se le formul\u00f3, indicando que no la conoc\u00eda y que la firma que all\u00ed aparece no era la suya. Pero es que, dicha manifestaci\u00f3n, realizada de forma lac\u00f3nica y por completo tard\u00eda -en audiencia del 6 de diciembre de 2019, seis (6) a\u00f1os despu\u00e9s de la ejecutoria del auto de decreto de pruebas-, sin el menor apego a las exigencias de la norma procesal entonces vigente, no puede tenerse como raz\u00f3n suficiente y fundante para derruir el contenido de la comunicaci\u00f3n del 5 de enero de 1997, ni menos como instrumento procesal jur\u00eddicamente v\u00e1lido para desconocer su validez probatoria. Se recalca por la Corporaci\u00f3n que, si la parte accionante estimaba que la mencionada misiva no hab\u00eda sido suscrita en realidad por quien all\u00ed aparece firmando -PEDRO AGUST\u00cdN CAMACHO ARDILA-, deb\u00eda de manera forzosa plantear la tacha de falsedad, con el lleno de los requisitos establecidos para ello por el legislador en el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que, \u00absi en gracia de discusi\u00f3n se acudiera a la figura de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, pues pudiera haber ocurrido que los demandantes, iniciales tenedores, mutaran su condici\u00f3n a la de poseedores, lo cierto es que en este escenario el conteo del t\u00e9rmino forzoso para adquirir el inmueble por prescripci\u00f3n \u2013 veinte (20) a\u00f1os- no les resulta beneficioso a los ac\u00e1 actores, pues \u00e9ste comenzar\u00eda eventualmente a correr solo desde el d\u00eda siguiente al indicado en la tan aludida comunicaci\u00f3n -7 de enero de 1997-. Adicional a lo anterior, las certificaciones que obran a folios 18 y 20 del cuaderno 1, que fueron tra\u00eddas como anexos de la demanda por la parte accionante, expedidas el 9 de octubre de 1994 y 20 de noviembre de 1995, sirven para apuntalar el corolario que se viene sosteniendo por la Sala, pues no puede admitirse que, de nuevo, quien se cree y siente se\u00f1or y due\u00f1o de un bien inmueble conciba cubrir la carga impositiva generada por \u00e9ste, pero a nombre y por cuenta del propietario inscrito. Es esta la situaci\u00f3n f\u00e1ctica de que dan cuenta dichas constancias, pues all\u00ed aparece que PEDRO AGUST\u00cdN CAMACHO ARDILA y GUILLERMO CAMACHO cancelaron el impuesto predial del predio Dos Bocas por los a\u00f1os 1989 a 1995 a nombre de Mercedes G\u00f3mez viuda de Sarmiento\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, manifest\u00f3 que \u00absi en gracia de discusi\u00f3n se acudiera a la figura de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, pues pudiera haber ocurrido que los demandantes, iniciales tenedores, mutaran su condici\u00f3n a la de poseedores, lo cierto es que en este escenario el conteo del t\u00e9rmino forzoso para adquirir el inmueble por prescripci\u00f3n \u2013 veinte (20) a\u00f1os- no les resulta beneficioso a los ac\u00e1 actores, pues \u00e9ste comenzar\u00eda eventualmente a correr solo desde el d\u00eda siguiente al indicado en la tan aludida comunicaci\u00f3n -7 de enero de 1997-. Adicional a lo anterior, las certificaciones que obran a folios 18 y 20 del cuaderno 1, que fueron tra\u00eddas como anexos de la demanda por la parte accionante, expedidas el 9 de octubre de 1994 y 20 de noviembre de 1995, sirven para apuntalar el corolario que se viene sosteniendo por la Sala, pues no puede admitirse que, de nuevo, quien se cree y siente se\u00f1or y due\u00f1o de un bien inmueble conciba cubrir la carga impositiva generada por \u00e9ste, pero a nombre y por cuenta del propietario inscrito. Es esta la situaci\u00f3n f\u00e1ctica de que dan cuenta dichas constancias, pues all\u00ed aparece que PEDRO AGUST\u00cdN CAMACHO ARDILA y GUILLERMO CAMACHO cancelaron el impuesto predial del predio Dos Bocas por los a\u00f1os 1989 a 1995 a nombre de Mercedes G\u00f3mez viuda de Sarmiento\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, reliev\u00f3 que, \u00abllama poderosamente la atenci\u00f3n de la Sala que el dispensador de justicia a quo invocara, para restarle incidencia en este asunto a las dos comentadas certificaciones, las normas relativas al pago de deudas ajenas consignadas en el C\u00f3digo Civil, porque sucede que si bien conforme a ese estatuto dicho pago es v\u00e1lido -lo que aqu\u00ed no se discute, tra\u00eddo al terreno de la posesi\u00f3n como elemento de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, pagar la deuda a nombre y por cuenta de un tercero, m\u00e1s no como una carga propia, implica, sin duda, el reconocimiento del derecho de propiedad del deudor; distinto es que se pagara directamente por el poseedor, como una carga asumida por \u00e9ste a t\u00edtulo personal, exclusivo y excluyente, lo que, como se vio, aqu\u00ed no aconteci\u00f3. dem\u00e1s, para la Sala el proceder de que dan cuenta las certificaciones y la misiva del 5 de enero de 1997 no es un hecho aislado a la conducta de los demandantes; v\u00e9ase c\u00f3mo el pen\u00faltimo p\u00e1rrafo de la carta se refiere a la forma en que los demandantes han pagado el impuesto predial de la finca Dos Bocas. Pero es que, los mismos actores trajeron como anexo de la demanda dos constancias adicionales expedidas por la misma entidad -Secretar\u00eda de Hacienda del municipio de El Carmen de Chucur\u00ed- fechadas al 4 de abril del 2000 y 11 de marzo de 2002, en las que se indica que los aqu\u00ed actores demandantes han cancelado las cuotas de contribuciones morosas, conforme al acuerdo de pago No. 038 del 19 de octubre de 1999. Dicho acuerdo, visible a folio 109 del expediente, fue acercado al proceso por el demandado ALIRIO SARMIENTO G\u00d3MEZ en su contestaci\u00f3n, que no por los demandantes, quienes deber\u00edan tenerlo en su poder porque aparece suscrito por PEDRO AGUST\u00cdN CAMACHO ARDILA y, seg\u00fan se sostiene en la demanda, era \u00e9ste quien pagaba directamente los impuestos, luego no se explica por qu\u00e9 dicho documento termin\u00f3 en manos de los demandados. Con todo, all\u00ed aparecen como deudores (con la conjunci\u00f3n \u201cy\/o\u201d) el prenombrado demandante y Mercedes G\u00f3mez viuda de Sarmiento, desconoci\u00e9ndose a qu\u00e9 obedece ello, pues, se repite, ri\u00f1e con el debido comportamiento del poseedor con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o el aceptar que alguien distinto a \u00e9l asuma las cargas m\u00ednimas que le incumben respecto del predio de que se trate en funci\u00f3n de tal. En definitiva, por lo hasta aqu\u00ed discurrido es irrefragable que, para el Tribunal, el elemento relativo al animus de los reputados poseedores PEDRO AGUST\u00cdN CAMACHO ARDILA y GUILLERMO CAMACHO, no est\u00e1 con suficiencia demostrado en el proceso que nos concita, lo que da al traste con el pedimento que elevaron en la demanda de pertenencia que nos ata\u00f1e\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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