STC5781-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5781-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2022-00151-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 7 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Banco Inmobiliario de Floridablanca \u2013BIF, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma localidad y el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Floridablanca, extensiva a las partes e intervinientes en la salvaguarda e incidente de desacato n\u00b0 2014-00161. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su director general, el accionante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes, se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Irene Jaimes Arias, H\u00e9ctor Pe\u00f1a Ni\u00f1o, El\u00edas C\u00e1ceres Rosales, Rosa Delia Rinc\u00f3n Hern\u00e1ndez, Feliza Herre\u00f1o, Isaac Traslavi\u00f1a Pati\u00f1o y Luz Am\u00e9rica Vargas Fandi\u00f1o presentaron acci\u00f3n de tutela contra la Alcald\u00eda de Floridablanca, el Banco Inmobiliario y la Inspecci\u00f3n Primera de Polic\u00eda, ambos de esa municipalidad, al considerar quebrantadas sus garant\u00edas esenciales a la vivienda digna y debido proceso, con ocasi\u00f3n de la querella policiva adelantada en su contra por perturbaci\u00f3n a la propiedad sobre un predio fiscal que aseguran haber venido ocupando por m\u00e1s de nueve (9) a\u00f1os, luego del fracaso de un megaproyecto de vivienda social denominado \u00abAltos de Bellavista\u00bb ofrecido por el municipio de Floridablanca, en el que suscribieron contrato de promesa de compraventa con la citada entidad p\u00fablica. <\/p>\n
2.3. Impugnado lo decidido por la Alcald\u00eda de Floridablanca, el 17 de junio siguiente el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga revoc\u00f3 \u00edntegramente el fallo de primera instancia, al advertir que el amparo no cumpl\u00eda con los presupuestos generales de procedencia, toda vez que los accionantes no controvirtieron en su momento los defectos procesales endilgados en sede de tutela al tr\u00e1mite policivo, m\u00e1xime cuando no exist\u00eda justificaci\u00f3n para que el macroproyecto de vivienda social programado realizar por el municipio para favorecer a m\u00e1s de 400 familias de escasos recursos, se viera paralizado por la ocupaci\u00f3n de 7 de \u00e9stas. <\/p>\n
2.4. Seleccionada en revisi\u00f3n, en Sentencia T-109\/15 del 25 de marzo, la Corte Constitucional decidi\u00f3 \u00abREVOCAR la sentencia de tutela de segunda instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada Irene Jaimes Arias y otros, mediante la cual se neg\u00f3 el amparo y, en su lugar, CONCEDER la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al a vivienda digna\u00bb, y entonces, \u00abCONFIRMAR parcialmente la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de Floridablanca, el 13 de mayo de 2014, con las MODIFICACIONES en su parte resolutiva (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.5. El a\u00f1o pasado Jefferson Fabi\u00e1n Guerrero y otros, presentaron escrito ante el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Floridablanca, alegando que el Municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de ese ente territorial no han cumplido con las disposiciones constitucionales impartidas en la sentencia T-109 de 2015. <\/p>\n
2.6. Adelantado el respectivo procedimiento incidental, en auto del 27 de abril de 2021, la citada autoridad judicial declar\u00f3 que la \u00abALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA Y EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA dieron CUMPLIMIENTO a la sentencia T-109\/2015 proferida por la H. CORTE CONSTITUCIONAL\u00bb, pero se adoptaron una serie de medidas \u00abpara la verificaci\u00f3n de cumplimiento\u00bb del citado fallo, para \u00abgarantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda digna\u00bb de los accionados, esto es, la realizaci\u00f3n de una serie de reuniones con los incidentados para socializar la pol\u00edtica de vivienda que tiene el municipio, la presentaci\u00f3n de nuevas ofertas, y, la posibilidad de reintegro de dineros. <\/p>\n
2.7. Posteriormente, otro grupo de ciudadanos se quejaron nuevamente ante el Juez cognoscente del incumplimiento de las accionadas frente a lo dispuesto constitucionalmente, por lo que agotado el procedimiento legal pertinente, el citado Juzgado de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple decidi\u00f3 el 21 de febrero de los corrientes, sancionar con multa al Alcalde y al Personero Municipal de Floridablanca, prove\u00eddo que fue confirmado parcialmente por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga el pasado 16 de marzo, en sede de consulta. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicit\u00f3 que \u00abse dejen sin efectos por inconstitucionalidad los autos proferidos el 21 de febrero de 2022 y el 16 de marzo del mismo a\u00f1o\u00bb, por resolverse el incidente \u00abcon base en una imputabilidad basada en erradas interpretaciones y erradas aplicaciones de normas e institutos jur\u00eddicos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles se\u00f1al\u00f3, que Julio C\u00e9sar Gonz\u00e1lez Garc\u00eda en calidad de director general del Banco inmobiliario de Floridablanca, carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, toda vez que \u00abla sanci\u00f3n que fue objeto de confirmaci\u00f3n, se impuso exclusivamente al se\u00f1or MIGUEL ANGEL MORENO, en su condici\u00f3n de ALCALDE MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA\u00bb. <\/p>\n
2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a trav\u00e9s de apoderada judicial, solicit\u00f3 acceder parcialmente a la solicitud invocada, en lo que tiene que ver con \u00abla absoluci\u00f3n\u00bb de esa Cartera, comoquiera que \u00abha velado por dar cumplimiento a la decisi\u00f3n de la sentencia, y se ha cumplido con las funciones Entidad en el marco de sus competencias, no solo asesorando al Ente Territorial en relaci\u00f3n con la pol\u00edtica p\u00fablica de vivienda, sino haciendo un acompa\u00f1amiento, seguimiento y asesoramiento activo en la ejecuci\u00f3n del proyecto, asesorando al BIF t\u00e9cnicamente en lo relacionado con el programa MI CASA YA y atendiendo todos y cada uno de los requerimientos\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Provincial de Bucaramanga, puso de presente que \u00abno se opone a reconocer el amparo del derecho deprecado, si luego de arrimado el acervo probatorio se comprueba el posible quebranto normativo constitucional, pero se opone esta defensa, a que [esa entidad] sea llamada a ser tutelada sobre el objeto de la acci\u00f3n constitucional, habida cuenta que al momento del impulso judicial (\u2026) no toma incidencia en la expedici\u00f3n de los pronunciamientos objeto de reparo, por ende, por sustracci\u00f3n de materia no ha quebrantado los derechos fundamentales que pretende hacer valer el accionante en esta cuerda procesal\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, solicit\u00f3 denegar el amparo en lo que a \u00e9l respecta, \u00abindependientemente de la decisi\u00f3n que se adopte frente a los dem\u00e1s accionados\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de la misma urbe, se limit\u00f3 a enviar el link de acceso al expediente de tutela e incidente de desacato n\u00b0 2014-00161. <\/p>\n
6. Los accionantes de la salvaguarda antes citada, luego de relacionar cada una de las actuaciones all\u00ed adelantadas para obtener el cumplimiento de lo dispuesto a su favor constitucionalmente, refirieron que lo realmente pretendido por la parte accionante es \u00abevadir su responsabilidad conjunta con el Municipio de Floridablanca, de Cumplir y Acatar las \u00d3rdenes Impartidas por la Honorable Corte Constitucional, para evadir tambi\u00e9n la Administraci\u00f3n de Justicia ante la Violaci\u00f3n de la Medida Cautelar, como tambi\u00e9n para evadir las Denuncias Penales que actualmente cursan en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
7. La Personer\u00eda de Floridablanca manifest\u00f3 coadyuvar las pretensiones invocadas por el Banco Inmobiliario de Floridablanca, pues \u00aba esta agencia del Ministerio P\u00fablico no le fueron valoradas las pruebas que hist\u00f3ricamente se han allegado en relaci\u00f3n con las actuaciones que evidencian el cumplimiento de lo ordenado a esta personer\u00eda por la Corte Constitucional en la Sentencia T-109 de 2015\u00bb. <\/p>\n
8. El representante legal de Yara Abogados SAS, firma apoderada del Municipio de Floridablanca, refiri\u00f3 que se \u00abadhier[e] a todas y cada una de las pretensiones\u00bb presentadas por el BIF, toda vez que \u00abes cierto que hubo vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso, prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por parte de los juzgados accionados, por todas y cada una de las razones expuestas por el BIF en el escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
9. El Juzgado Civil del Circuito de Bucaramanga, luego de relacionar de manera sucinta las actuaciones que conoci\u00f3 al interior del tr\u00e1mite incidental cuestionado, solicit\u00f3 negar el amparo, en raz\u00f3n a que \u00abesa agencia es consciente de su compromiso de estudiar en debida forma los asuntos sometidos a su conocimiento, de despacharlos tomando en consideraci\u00f3n las normas que regulan la materia y el respectivo precedente, una vez se haya adelantado el respectivo tr\u00e1mite procesal, sentido en el cual se procedi\u00f3 tambi\u00e9n en el asunto en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga desestim\u00f3 el resguardo, tras advertir que las autoridades judiciales convocadas al proferir los autos objeto de reproche constitucional, \u00abno infringieron los derechos fundamentales de la entidad accionante, ni incurrieron en un defecto espec\u00edfico para la procedibilidad de la tutela en contra de providencias judiciales\u00bb, llamando la atenci\u00f3n en que el Banco Inmobiliario de Floridablanca no result\u00f3 sancionado en el incidente de desacato cuestionado, y aunque \u00e9ste se duele de la supuesta indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba allegados con el prop\u00f3sito de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto por el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional, lo cierto es que, \u00abdel an\u00e1lisis realizado por los operadores judiciales no se aprecia un evidente yerro o la existencia de una v\u00eda de hecho que haga viable el amparo deprecado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
2. La firma apoderada del Municipio de Floridablanca, Yara Abogados SAS, refiri\u00f3, en lo fundamental, que en la providencia replicada \u00abno se encuentra (\u2026) un estudio juicioso de todos (sic) y cada uno (sic) de las causales argumentadas en el escrito de Tutela presentada por el Director General del Banco Inmobiliario de Floridablanca\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte interesada, al considerar incumplidas las disposiciones impartidas por la Corte Constitucional en sentencia T-109 del 25 de marzo de 2015 y, en consecuencia, imponer las sanciones correspondientes, dentro de la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2014-00161. <\/p>\n
2. De la legitimaci\u00f3n en la causa en tutelas contra incidentes de desacato. <\/p>\n
Se ha dicho y reiterado que m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza de la tutela, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, como el de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa; frente a ello, con observancia en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, ha sostenido que: \u00abse refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha enfatizado que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, la persona que no tiene la calidad de parte ni est\u00e1 reconocida como tercero dentro de una actuaci\u00f3n jurisdiccional (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC4497-2017, 30 mar. 2017, rad. 00050-01, entre otras), y que frente a la figura jur\u00eddica de la agencia oficiosa se exige \u00abla demostraci\u00f3n de la imposibilidad del agenciado\u00bb, como no estar en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa, circunstancias que deben afirmarse en la demanda tutelar. <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sido constante y reiterativa en sostener que, una vez superada la improcedencia que en principio se predica de la tutela contra lo resuelto al interior de un incidente de desacato, la legitimaci\u00f3n en causa por activa para hacer efectivo tal reproche recae: <\/p>\n
\u00ab\u00fanicamente la persona natural a quien se impuso multa y arresto, si estimaba que se hab\u00edan quebrantado sus garant\u00edas, estaba legitimada para recurrir a la herramienta constitucional, a efectos de solicitar su protecci\u00f3n, lo que pod\u00eda hacer, bien directamente, o a trav\u00e9s de mandatario especialmente constituido para la acci\u00f3n, comoquiera que cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, calidad que en el presente asunto no puede hacerse extensible [a la instituci\u00f3n] tutelante ni siquiera como sucesor procesal (\u2026), toda vez que la sanci\u00f3n no se dirigi\u00f3 contra dicho ente sino, se itera, contra [la funcionaria]\u00bb, advirtiendo que \u00abla reclamante tampoco manifest\u00f3 que actuara [como agente oficioso] ante la imposibilidad de la funcionaria sancionada de procurar su defensa, como tampoco acredit\u00f3 la existencia de mandato judicial para este tr\u00e1mite, lo que de manera liminar se traduce en la improcedencia de la solicitud de amparo\u00bb (CSJ STC, 16 ago. 2012, rad. 01701-00). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En tal sentido, sin duda, uno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, la cual se encuentra en cabeza de la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o a trav\u00e9s de representante, con independencia de si el actual promotor fue parte en la tutela de la que parte el incidente, porque es claro que s\u00f3lo tiene inter\u00e9s para debatir lo decidido en el incidente de desacato, la persona natural que result\u00f3 castigada; De suerte que, en lo que aqu\u00ed incumbe, si el correctivo no le fue aplicado a quien acude a la tutela, no le es posible reclamar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales por ese motivo. <\/p>\n
As\u00ed, cuando se presenta el incumplimiento de una orden de tutela, la sanci\u00f3n se debe imponer a la persona responsable de acatarla previa su determinaci\u00f3n, bien en la sentencia o dentro del tr\u00e1mite incidental, siendo \u00e9sta la \u00fanica frente a quien recaen los efectos adversos de la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Efectuada la revisi\u00f3n de la queja constitucional y las piezas procesales adosadas al expediente, prontamente la Sala establece que el fallo estimatorio de primera instancia habr\u00e1 de ser confirmado, toda vez que el querellante carece de legitimaci\u00f3n en la causa para cuestionar por esta v\u00eda lo actuado en el incidente de desacato, en la medida en que no es \u00e9l el agraviado con las sanciones que censura, ni tampoco lo es la entidad p\u00fablica de la cual funge como \u00abdirector general\u00bb. <\/p>\n
En efecto, advirtiendo que, en principio, es improcedente atacar decisiones adoptadas al interior de un incidente de desacato por la misma v\u00eda en que tuvo asidero, pues solo es factible cuando se extraiga con solvencia la violaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, y \u00abse verifique el cumplimiento de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, y (\u2026) se acredite la existencia de una causal espec\u00edfica de procedibilidad\u00bb (CC T-482\/13), esta salvaguarda no resiste examen de fondo, porque tal controversia jur\u00eddica solo pod\u00eda intentarse por quien fue sujeto de las sanciones en cuesti\u00f3n, acudiendo directamente o a trav\u00e9s de representante judicial. <\/p>\n
Contrario a ello, la Sala observa que el ac\u00e1 reclamante, Julio C\u00e9sar Gonz\u00e1lez Garc\u00eda, en su condici\u00f3n de \u00abdirector general del Banco Inmobiliario de Floridablanca\u00bb, no detenta condici\u00f3n sustancial (sancionado) o adjetiva (apoderado especial o agente oficioso) que posibilite su directa intervenci\u00f3n y potencial vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas. En efecto, para que, en virtud de la desatenci\u00f3n al fallo de tutela T-109\/15, el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Floridablanca mediante auto del 21 de febrero de 2022, confirmado parcialmente por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga el 16 de marzo pasado, haya impuesto la sanci\u00f3n de multa al Alcalde Municipal de Floridablanca, identific\u00f3 e individualiz\u00f3 a la persona natural que deb\u00eda cumplir el mandato, recayendo en Miguel \u00c1ngel Moreno, quien funge como burgomaestre de esa localidad. <\/p>\n
Entonces, as\u00ed como lo ha venido explicando la prol\u00edfica jurisprudencia de esta Corte, esbozada en ac\u00e1pite precedente, es pertinente recalcar que, si bien \u00abel art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aqu\u00e9llos (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ STC, 13 dic. 2011, rad. 00284-02, citada en STC7147-2020, 10 sep. 2020, rad. 00172-01). <\/p>\n
En suma, aunque la entidad p\u00fablica Banco Inmobiliario de Floridablanca actu\u00f3 como parte en la tutela promovida por Irene Jaimes Arias y otros, no fue al aqu\u00ed interesado, esto es, Julio C\u00e9sar Gonz\u00e1lez Garc\u00eda, a quien se le endilg\u00f3 responsabilidad por descuido, apat\u00eda o negligencia a la orden tutelar, raz\u00f3n por la cual, no le asiste inter\u00e9s para cuestionar lo resuelto al interior del tantas veces citado incidente de desacato. <\/p>\n
Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, si bien en el auto sancionatorio el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Floridablanca hab\u00eda dispuesto \u00abCOMPULSAR copias de la actuaci\u00f3n para que la FISCALIA GENERAL DE LA NACI\u00d3N, y la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACI\u00d3N (\u2026) dentro de sus competencias, inicie la investigaci\u00f3n penal y disciplinaria en contra (\u2026) y del se\u00f1or Dr. ALVARO LEONEL RUEDA CABALLERO\u00bb, quien en su momento se desempe\u00f1aba como director del Banco Inmobiliario de Floridablanca, esa disposici\u00f3n fue revocada al momento de ser consultado lo determinado. <\/p>\n
4. Impugnaci\u00f3n formulada por la coadyuvante en la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En cuanto al reproche efectuado por Yara Abogados SAS, como apoderada judicial del Municipio de Floridablanca, coadyuvante en la tutela, relacionado con que el tribunal de primer grado \u00abno hizo pronunciamiento alguno acerca de los argumentos presentador por esta agencia en el escrito que descorri\u00f3 el traslado de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb, es preciso destacar que los terceros intervinientes en las acciones de tutela no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, pues si la nombrada interviniente considera lesionadas sus garant\u00edas fundamentales, nada le impide que acuda directamente a proponer la solicitud de amparo de manera independiente, por lo cual se torna improcedente efectuar un pronunciamiento de fondo frente a su pedimento. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [F]rente a los reproches de la coadyuvante (\u2026) los mismos no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: (\u2026). <\/p>\n
Precisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud (\u2026). <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela (\u2026). <\/p>\n
En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (CC T-1062\/10 y T-349\/12, citada en CSJ STC11096-2019, 21 ago. 2019, rad. 02516-00 y STC6000-2021, 27 may. 2021, rad. 00153-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Las impugnaciones planteadas resultan infundadas, pues no solo la parte accionante carece de inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir lo decidido por el a quo que resolvi\u00f3 el asunto, sino que el Municipio de Floridablanca, aunque coadyuv\u00f3 la solicitud de la entidad p\u00fablica interesada a trav\u00e9s de la firma de abogados que lo representa, no est\u00e1 facultado por ese simple hecho para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos a trav\u00e9s de esta senda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5781-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC5781-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2022-00151-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63519","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63519","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63519"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63519\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63519"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63519"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63519"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}