STC5782-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5782-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01379-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Leticia Guzm\u00e1n Useche contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Primero Civil del Circuito (ambos de Ibagu\u00e9); tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2016-00347 y en el tr\u00e1mite de tutela n\u00b0 2020-00036. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido (i) por la demora del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en resolver el recurso de apelaci\u00f3n que ella interpuso (como demandante en el juicio de reconocimiento de mejoras n\u00b0 2016-00347) contra la sentencia de primera instancia de 11 de septiembre de 2019 y (ii) por el auto de 4 de mayo de 2021, mediante el cual el tribunal encartado, al resolver el incidente de desacato que ella promovi\u00f3 en el tr\u00e1mite constitucional 2020-00036, para que se hiciera cumplir el fallo de tutela de 18 de febrero de 2020, se abstuvo de apremiar a dicho fallador de conocimiento para que diera celeridad al referido juicio declarativo. <\/p>\n
2. Adem\u00e1s de exponer las razones que, en su criterio, deber\u00edan conducir a acoger su demanda de reconocimiento de mejoras y aludir a la imprecisi\u00f3n que, seg\u00fan ella, se viene cometiendo al identificar el n\u00famero de radicaci\u00f3n que la identifica, la accionante relat\u00f3 que en ese juicio declarativo, tras haberse emitido la sentencia desestimatoria de primer grado, el conocimiento del asunto le fue asignado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, el cual, mediante auto de 22 de noviembre de 2019, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, por estimar que se notific\u00f3 indebidamente a uno de los convocados. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, por v\u00eda de tutela, atac\u00f3 la legalidad de esa anulaci\u00f3n, tr\u00e1mite en el cual el tribunal encartado, mediante sentencia de 18 de febrero de 2020, dej\u00f3 sin efecto el fustigado auto y, en su lugar, orden\u00f3 al fallador que, antes de resolver sobre la trascendencia del vicio que encontr\u00f3 en el tr\u00e1mite de notificaciones, adelantara el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo General del Proceso, a efectos de establecer si el eventual perjudicado ten\u00eda intenci\u00f3n de prevalerse de esa irregularidad o si, por el contrario, deb\u00eda tenerse por saneada. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que, pese a haberse notificado formalmente al demandado cuya vinculaci\u00f3n se hab\u00eda cuestionado inicialmente, el juzgador del declarativo sigue sin resolver la instancia, por lo que formul\u00f3 incidente de desacato ante el tribunal querellado, exponiendo las anomal\u00edas y demoras en que ha incurrido dicho fallador, pero dicha colegiatura se abstuvo de adoptar los correctivos pertinentes y, por ello, al d\u00eda de hoy sigue permanece indefinido su recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 que resuelva, sin m\u00e1s demoras, su censura vertical. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada recalc\u00f3 que la solicitud de amparo no satisface el presupuesto de inmediatez y adem\u00e1s se dirige contra una providencia que no involucra v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
2. La Juez Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que, en cuanto concierne al estrado que ella dirige, se han respetado todas las garant\u00edas fundamentales de los intervinientes en el juicio que ac\u00e1 interesa. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 hizo un breve recuento de lo acontecido en el tr\u00e1mite sobre el que versa la demanda de tutela y remiti\u00f3 copia de esas diligencias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra la trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada, de tal manera que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Ausencia de inmediatez respecto del auto de 4 de mayo de 2021. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace frente al rese\u00f1ado prove\u00eddo, mediante el cual se desestim\u00f3 el incidente de desacato que promovi\u00f3 la convocante en el tr\u00e1mite de tutela n\u00b0 2020-00036, no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 3 de mayo de 2022, es decir, casi un a\u00f1o despu\u00e9s de que se dict\u00f3 la fustigada providencia. <\/p>\n
Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
Por ello, la eventual afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada. Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691). <\/p>\n
Cabe agregar que tampoco se adujo en esta sede explicaci\u00f3n v\u00e1lida que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
4. Inexistencia de la mora judicial denunciada frente al declarativo n\u00b0 2016-00347. <\/p>\n
Atendiendo a los elementos de juicio que se adosaron al expediente, prontamente advierte la Sala que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 no ha incurrido en el comportamiento de mora judicial injustificada que se le endilg\u00f3 en el libelo introductor. <\/p>\n
Para convenir en ello, ha de repararse en que, seg\u00fan se observa del sistema de consulta de la Rama Judicial, buena parte del tiempo que ha transcurrido desde el momento en que el tribunal, en sede de tutela, dej\u00f3 sin efecto el auto con el cual se hab\u00eda anulado el tr\u00e1mite de primera instancia del juicio declarativo (18 de febrero de 2020), es atribuible a la misma convocante, quien solo vino a reelaborar el tr\u00e1mite de notificaciones respecto del convocado ausente (y allegar las constancias del caso ante el juez de conocimiento) el pasado 1\u00ba de diciembre, tras los varios requerimientos que en ese sentido se le hab\u00edan efectuado. <\/p>\n
Debe recordarse que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado que, en \u00e9ste tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En suma, se itera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime cuando no aparece probado que la duraci\u00f3n del tr\u00e1mite procesal objeto de la queja sea producto de una desidia de la autoridad querellada. <\/p>\n
En todo caso, la Corte ha indicado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, incluyendo la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada, y menos a\u00fan, orientar el sentido de la providencia que le corresponde adoptar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se colige de lo expuesto, que no hay lugar a otorgar salvaguarda, bajo el supuesto de una tardanza injustificada del juzgador encartado, teniendo en cuenta que la parte accionante no acredit\u00f3 los componentes que fueron previamente indicados y que, en forma excepcional, permiten al juez constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando \u00e9stos dilatan sin raz\u00f3n alguna la definici\u00f3n de los juicios. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda, de un lado, por la falta de inmediatez respecto del censurado tr\u00e1mite de desacato y, del otro, por ausencia de la mora judicial endilgada al fallador de conocimiento de segunda instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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