STC5783-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5783-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2022-00241-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 6 de abril de 2022, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Gast\u00f3n Urueta Ariza contra la Superintendencia de Sociedades y Bancolombia S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital, entre otras, supuestamente vulneradas por las convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del asunto, refiri\u00f3 los siguientes: <\/p>\n
2.1. Solicit\u00f3 ante la AFP Porvenir \u2013Pensiones y Cesant\u00edas S.A. la devoluci\u00f3n de saldos y el \u00abbono pensional\u00bb a que en su criterio tiene derecho, frente a lo cual la entidad le indic\u00f3 que deb\u00eda abrir una cuenta de ahorros para hacer el dep\u00f3sito respectivo. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, acudi\u00f3 a Bancolombia S.A. y procedi\u00f3 en tal sentido, pero ninguna de esas dependencias le notific\u00f3 la \u00faltima consignaci\u00f3n efectuada, por valor de $16.485.300, por lo que, en su momento, formul\u00f3 otro amparo que conocieron, en las instancias, el Juzgado Cuarto de Familia y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, respectivamente (rad. n.\u00ba 2021-00216), el cual fue concedido y actualmente se encuentra en curso un incidente de desacato, por su presunta inobservancia. <\/p>\n
2.3. Pese a lo enunciado, acudi\u00f3 al banco para cerciorarse del estado actual de su cuenta, pero se enter\u00f3 del embargo preventivo que dict\u00f3 la Superintendencia de Sociedades en el curso de dos procesos de cobro coactivo que se iniciaron en su contra (rads. n.\u00ba 139721 y 3418575), aun cuando los recursos gozan del beneficio de \u00abinembargabilidad\u00bb. <\/p>\n
3. Con esos fundamentos, requiri\u00f3 que \u00abse ordene el restablecimiento de mis derechos (\u2026), y como consecuencia se ordene [la devoluci\u00f3n] de los dineros ilegalmente embargados y secuestrados de mi cuenta de ahorros No. 477-00002269 correspondientes al bono pensional, por valor de diecis\u00e9is millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos pesos m\/cte ($16-485.300,oo., que me fue[ron] depositados por la AFP Porvenir S.A. y para que se evite un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Coordinador del Grupo de Coactivo y Judicial de la Superintendencia de Sociedades manifest\u00f3 que \u00ablo evidenciado en el libelo demandatorio de la acci\u00f3n de tutela, no se desprende un perjuicio irremediable, por cuanto, como resulta de conocimiento de su Se\u00f1or\u00eda, al acudir a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos de multa, los bienes de propiedad del accionante que se encuentren embargados como fruto del cobro efectuado por la Superintendencia de Sociedades no pueden ser rematados hasta conocerse el sentido de una sentencia en firme (Art. 835 del Estatuto Tributario). Adicionalmente, al interponerse la acci\u00f3n y, si hay lugar a ello, la autoridad jurisdiccional puede ordenar la suspensi\u00f3n provisional de la multa\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, recalc\u00f3 que \u00ablos actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nos. 301-000630 del 03 de marzo de 2021 y 301-004336 del 18 de agosto de 2021, por medio de los cuales, esta Superintendencia impuso unas multas al se\u00f1or GAST\u00d3N URUETA ARIZA, quedaron debidamente ejecutoriados, as\u00ed, la primera el d\u00eda 05 de abril de 2021, seg\u00fan constancia de ejecutoria No. 515-000734 del 09 de abril de 2021, y la segunda el d\u00eda 08 de septiembre del 2021, seg\u00fan constancia de ejecutoria No. 515-002089 del 08 de septiembre de 2021; y de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 99 de la Ley 1437 de 2011 presta m\u00e9rito ejecutivo, esto, en virtud de las facultades otorgadas por los art\u00edculos 824 y 825 del Estatuto Tributario, art\u00edculo 86 numeral 5 de la ley 222 de 1995, y el Decreto 1023 de 2012\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que \u00abno se interpuso recurso alguno en contra de las Resoluciones Nos. 301-000630 del 03 de marzo de 2021 y 301-004336 del 18 de agosto de 2021, por medio de las cuales, esta Superintendencia impuso unas multas, quedando dichos actos administrativos debidamente ejecutoriados conforme lo citado en precedencia; as\u00ed mismo, se resalta que el sancionado no hizo uso de los medios exceptivos que proceden contra el mandamiento de pago, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 831 del Estatuto Tributario\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 la improcedencia del resguardo, porque \u00abse advierte que no existe prueba que \u00e9ste haya solicitado ante la mencionada Superintendencia el levantamiento de la medida cautelar en cuesti\u00f3n ya en el tr\u00e1mite del proceso coactivo, antes de la interposici\u00f3n de la presente demanda de tutela, y con base en los hechos descritos en la misma, por lo que se colige que no se agotaron la totalidad de mecanismos judiciales al alcance del promotor de la causa para la consecuci\u00f3n del efecto pretendido con este tr\u00e1mite preferencial, y en consecuencia, no se cumple con uno de los presupuestos generales de procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
Por ello, enfatiz\u00f3 en que \u00abel tutelante en fecha 1 de abril del hoga\u00f1o, esto es, con posterioridad a la interposici\u00f3n del libelo, inform\u00f3 que solicit\u00f3 ante la autoridad administrativa accionada, la nulidad de los procesos coactivos y la devoluci\u00f3n de los dineros embargados, situaci\u00f3n que reafirma la improcedencia del amparo, por falta del presupuesto de subsidiariedad, al no haberse agotado la totalidad de mecanismos que otorga el ordenamiento jur\u00eddico para la obtenci\u00f3n de lo pretendido con la acci\u00f3n, antes de proceder con la interposici\u00f3n de la misma\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abla Supersociedades no es juez, sino que sus decisiones se basan en una ficci\u00f3n legal para expropiar en forma irregular mis recursos de protecci\u00f3n a mi salud y vejez, sin el estudio de la solicitud que hice\u00bb y \u00abrecurrir a un recurso de nulidad y restablecimiento del derecho ante la rama contenciosa administrativa hace m\u00e1s gravosa la carga del suscrito\u00bb, sumado a las supuestas irregularidades acaecidas en esas tramitaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Superintendencia de Sociedades incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en los procesos de cobro coactivo iniciados contra el promotor (rads. n.\u00ba 139721 y 3418575), por ordenar el embargo de la cuenta de ahorros que tiene en Bancolombia S.A., y porque la entidad financiera materializ\u00f3 las citadas cautelas, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisada la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Superintendencia de Sociedades ratific\u00f3 la expedici\u00f3n de la cautela en el curso del tr\u00e1mite de cobro coactivo que se inici\u00f3 contra el libelista, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, en cuanto a la solicitud de desembargo que se formul\u00f3 en esa causa (rad. n.\u00ba 139721), la autoridad encartada memor\u00f3 que \u00abno se interpuso recurso alguno en contra de la Resoluci\u00f3n No. 301- 000630 de fecha 03 de marzo de 2021, por medio de la cual, esta Superintendencia impuso una multa, quedando dicho acto administrativo debidamente ejecutoriado el d\u00eda 05 de abril de 2021, seg\u00fan constancia de ejecutoria No. 515-000734 del 9 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, reliev\u00f3 que la notificaci\u00f3n personal de la orden de apremio se envi\u00f3 al correo electr\u00f3nico del solicitante el pasado 25 de abril de 2022, de acuerdo con la constancia n.\u00ba E74133567-S, por lo que, en tal virtud, a partir de esa fecha, \u00abproceden los medios exceptivos contemplados en el art\u00edculo 831 del Estatuto Tributario, los cuales precluyen transcurridos 15 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n del citado administrativo\u00bb, con lo que se habilit\u00f3 la posibilidad de ejercer las defensas que a su juicio sean pertinentes. <\/p>\n
Con todo, se\u00f1al\u00f3 que en los oficios dirigidos a la entidad bancaria se limit\u00f3 el embargo a la suma de $108.924.000, por lo que, si persiste la inconformidad del censor, enfatiz\u00f3 en que \u00able quedaba la v\u00eda de los recursos, allegando la certificaci\u00f3n sobre el monto de sus ahorros en la respectiva entidad y solicitar la aplicabilidad de la circular a que hizo referencia en la sustentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, pues esta entidad no est\u00e1 obligada a conocer el monto de los ahorros del petente, ni mucho menos la fuente de origen de los recursos que obran en las cuentas corrientes o ahorros, por el contrario dicha actividad radica en la respectiva entidad financiera Bancolombia\u00bb. <\/p>\n
Por ello, en lo atinente a la discusi\u00f3n sobre la naturaleza de los emolumentos que reposan en Bancolombia S.A. a nombre del convocante, precis\u00f3 que \u00abel Fondo de Pensiones Porvenir consign\u00f3 a favor del sancionado se\u00f1or GAST\u00d3N URUETA ARIZA, la suma de $16.485.300 por concepto de devoluci\u00f3n de saldos en la cuenta de ahorros de Bancolombia S.A. No. 47700002269 en donde es titular el sancionado\u00bb, y en atenci\u00f3n a las previsiones de la Ley 100 de 1993, coligi\u00f3 que \u00abel dinero puesto a disposici\u00f3n (\u2026) no se puede calificar como un bono pensional\u00bb. <\/p>\n
3.2. Lo anterior, aclara la Sala, sin perjuicio de lo que eventualmente pudiera definirse en el incidente de desacato que promovi\u00f3 el actor (rad. 2021-00216), en procura de hacer efectivos los mandatos de protecci\u00f3n que se ordenaron en esa acci\u00f3n constitucional, el cual cursa actualmente ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, seg\u00fan se evidencia de los anexos aportados por el se\u00f1or Urueta Ariza en esta tramitaci\u00f3n y en las anotaciones del sistema de gesti\u00f3n judicial1. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
3.4. As\u00ed mismo, se itera, en caso de que el interesado considere que existen nuevos elementos para solicitar, por ejemplo, el levantamiento de las cautelas decretadas en los dos asuntos (rads. n.\u00ba 139721 y 3418575), podr\u00e1 adelantar la gesti\u00f3n pertinente ante la autoridad competente, pues ciertamente en el estadio procesal actual no se encuentran clausuradas otras v\u00edas jur\u00eddicas para que el actor plantee sus defensas, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la resoluci\u00f3n que acaba de verse corresponde a la definici\u00f3n del requerimiento presentado en solo uno de los referidos tr\u00e1mites. <\/p>\n
3.5. De otra parte, en lo que respecta a la censura del recurrente contra Bancolombia S.A., puntualmente, por materializar las rese\u00f1adas cautelas, destaca la Sala que no se evidencia irregularidad susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo, comoquiera que, como ciertamente le indic\u00f3 la entidad al gestor en la respuesta a su petici\u00f3n, \u00aben caso de que el cliente considere que por ser recursos inembargables no se debieron afectar, debe solicitar ante la Superintendencia de Sociedades la devoluci\u00f3n de estos dineros o la orden de desembargo\u00bb, en tanto que esa actuaci\u00f3n se dio en acatamiento de la orden proferida por la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
3.6. Aunado a lo anterior, se concluye que corre la misma suerte la pretensi\u00f3n de conceder el amparo como mecanismo transitorio para evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, porque la Sala no encuentra acreditadas las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible; pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), lo que no se predica del sub-lite. <\/p>\n
En ese orden, no basta la simple afirmaci\u00f3n de la posible amenaza de las prerrogativas esenciales reclamadas, en la medida en que este instrumento excepcional \u00abse subordina a un medio judicial ordinario [o extraordinario] que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97), porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) un perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando quiera que, en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente; (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado; (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional: de los alegatos novedosos. <\/p>\n
Con posterioridad a la finalizaci\u00f3n del primer grado de esta acci\u00f3n, m\u00e1s precisamente en el memorial de sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, el se\u00f1or Urrueta Ariza desarroll\u00f3 varios argumentos en relaci\u00f3n con las supuestas irregularidades acaecidas en las actuaciones que conoce la Superintendencia de Sociedades, circunstancias que no se plantearon en el escrito inicial \u2013motivo por el cual no se discutieron oportunamente, de tal forma que se respetara el derecho al debido proceso de las partes e intervinientes\u2013, por lo que, en esta etapa, no es dable hacer pronunciamiento sobre el particular. <\/p>\n
En ese sentido, sobre la improcedencia de traer hechos no controvertidos \u2013y, por ende, novedosos\u2013 en sede de tutela, la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular la Sala ha indicado que: \u201c(\u2026) es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u201d (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada en STC800, 5 feb. 2015)\u00bb (STC14922-2017, 20 sep., rad. 2017-01913-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, se alleg\u00f3 copia del prove\u00eddo de 6 de abril de 2022, mediante el cual el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla dispuso requerir al fondo de pensiones y cesant\u00edas Porvenir S.A. para que se pronuncie sobre las afirmaciones del convocante, \u00aben lo que respecta a los montos que presuntamente no le han sido consignados en su cuenta bancaria\u00bb. De acuerdo con la informaci\u00f3n consignada en el sistema de gesti\u00f3n judicial, a la fecha no se advierten nuevas actuaciones sobre el particular. <\/p>\n
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STC5783-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC5783-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2022-00241-01 (Aprobado en Sala de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 6 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63521","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63521","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63521"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63521\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63521"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63521"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63521"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}