STC5785-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5785-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00526-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Banco Credifinanciera S.A. contra la Superintendencia Financiera de Colombia \u2013 Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor radicado n\u00ba 2021-199582. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, en su contra, Jhon Vairo Acosta Zapata promovi\u00f3 ante la Superintendencia Financiera acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor (de m\u00ednima cuant\u00eda) pretendiendo se declarara \u00abresponsable contractualmente por supuestamente cambiar de manera arbitraria las condiciones iniciales de un cr\u00e9dito mediante una refinanciaci\u00f3n, modalidad de \u201cretanqueo\u201d [\u2026] [seg\u00fan dijo el cliente] en la que se le ofreci\u00f3 un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $335.000 [pero] cuando recibi\u00f3 la carta de bienvenida por Credifinanciera evidenci\u00f3 que el plazo del cr\u00e9dito era de 144 meses, lo cual no fue lo inicialmente ofertado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, luego de surtirse el tr\u00e1mite correspondiente, el 9 de febrero de 2022, mediante sentencia anticipada, la Superintendencia Financiera accedi\u00f3 a las pretensiones, esto es, declarando el incumplimiento de las obligaciones contractuales de \u00abseguridad y consejo del contrato de apertura de libranza\u00bb por lo que orden\u00f3 que se ajustaran las condiciones del cr\u00e9dito, seg\u00fan como fue inicialmente ofrecido. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n por cuanto vulner\u00f3 el debido proceso al evidenciarse, (i) la falta de competencia de la Superintendencia Financiera para fallar el asunto, por recaer la controversia en aspectos precontractuales; (ii) una incorrecta y arbitraria valoraci\u00f3n probatoria; y, (iii) contradicci\u00f3n entre la parte motiva y la resolutiva del fallo. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que se deje sin valor ni efecto el fallo cuestionado a trav\u00e9s del cual se la declar\u00f3 contractualmente responsable y se ordene a la Superintendencia accionada, \u00abprofiera un nuevo fallo, atendiendo los criterios constitucionales que se determinen en la orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Jhon Vairo Acosta Zapata, demandante en el asunto en cuesti\u00f3n, solicit\u00f3 se deniegue el auxilio dado que la entidad financiera \u00abno impugn\u00f3\u00bb y tampoco invoc\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n, as\u00ed como \u00abno objet\u00f3 documentos ni los tach\u00f3 de falsos, as\u00ed sea un proceso de \u00fanica instancia [\u2026] s\u00ed ten\u00eda la oportunidad procesal al interior del proceso de promover muchos recursos\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia Financiera, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 e indic\u00f3 que la actuaci\u00f3n se surti\u00f3 \u00aben cumplimiento de los procedimientos legales vigentes\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, en relaci\u00f3n con la supuesta falta de competencia, \u00abdebi\u00f3 agotar los medios de defensa adecuados e interponerlos oportunamente dentro del tr\u00e1mite jurisdiccional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
En primer lugar, en relaci\u00f3n con el reproche por la falta de competencia de la Superintendencia para resolver el litigio indic\u00f3 que, no se satisfac\u00eda el requisito de la subsidiariedad puesto que cont\u00f3, \u00ab(\u2026) con los mecanismos ordinarios para debatir su inconformidad ante el juez cognoscente, no obstante, as\u00ed no procedi\u00f3 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En punto de la sentencia atacada, no advirti\u00f3 razones para invalidarla, pues la motivaci\u00f3n de la misma no la observ\u00f3 \u00ab(\u2026) arbitraria ni caprichosa, sin que sea posible intervenir en dicho acto con fundamento en la discrepancia de criterio (\u2026)\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de la entidad financiera accionante reiterando las censuras a la decisi\u00f3n recriminada conforme las plasm\u00f3 en el escrito inicial. As\u00ed mismo, refut\u00f3 el fallo constitucional del tribunal a quo puesto que, en lo que tiene ver con la falta de competencia, \u00ab(\u2026) no se avizoraba raz\u00f3n atendible para criticar, v\u00eda mecanismos procesales, [la] competencia para decidir el asunto sometido a escrutinio judicial, porque se precis\u00f3 que lo har\u00eda en el limitado marco de su competencia, esto es, se insiste, para asuntos contractuales, puntualmente, como una controversia producto de un inconformismo del Demandante en el plazo del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad demandada vulner\u00f3 la prerrogativa denunciada por la entidad accionante dentro del proceso de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero radicado n\u00ba 2021-199582, con la sentencia de 9 de febrero de 2022, que la declar\u00f3 contractualmente responsable, incurriendo con ello en v\u00eda de hecho por, supuestamente, fallar sin tener competencia; efectuar una indebida valoraci\u00f3n probatoria y por la incongruencia entre la motivaci\u00f3n y la resolutiva del fallo. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Realizado el examen pertinente a los argumentos de la queja y a las piezas procesales allegadas, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, desde ya la Sala indica que no observa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados, tras advertir que la actuaci\u00f3n reprochada y en concreto la determinaci\u00f3n que cuestiona la entidad financiera, se aprecia, prima facie, respetable. <\/p>\n
Preliminarmente, el funcionario de la Delegatura accionada, delimit\u00f3 la controversia y enunci\u00f3 las regulaciones que determinan las relaciones entre las entidades bancarias y los consumidores financieros, al respecto, en cuanto al contrato que vincula a estas dos partes indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conviene precisar que el contrato es un acto de previsi\u00f3n que permite a las parte apropiarse del futuro en la medida que recoge la intenci\u00f3n de los contratantes en torno a su objeto, condiciones de ejecuci\u00f3n, tiempos, consecuencias del incumplimiento, lo principal lo accesorio y toda otra suerte de aspectos que se tornen vinculantes, raz\u00f3n por la que, adem\u00e1s de las intenciones que conllevaron al contrato, igualmente debe replicarse el acatamiento de aquellas disposiciones determinen, integran, limitan suplen o ampl\u00edan su contenido. <\/p>\n
Asimismo, ha de tenerse en cuenta de que todo contrato de mutuo con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el inter\u00e9s p\u00fablico que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protecci\u00f3n del consumidor financiero conforme los art\u00edculos 78 y 35 constitucionales, es as\u00ed como la ley 1328 de 2009, eleva principios unificadores de las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los deberes debida diligencia y transparencia en la informaci\u00f3n, seg\u00fan se deriva de la lectura de esa disposici\u00f3n legal cuando el literal E, se\u00f1ala, a fin de que estos reciban la informaci\u00f3n y\/o la atenci\u00f3n debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquella, en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones, en tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deben desarrollarse de forma que propendan por la satisfacci\u00f3n de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. <\/p>\n
De igual forma, en los literales A, B y F del art\u00edculo 5to se establece como derechos de los consumidores el recibir de las entidades vigiladas, productos y servicios con los est\u00e1ndares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, as\u00ed como tener a disposici\u00f3n de los consumidores publicidad e informaci\u00f3n transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las caracter\u00edsticas de los productos o servicios ofrecidos y\/o suministrados y los dem\u00e1s derechos que se establezcan en otras disposiciones incluidas en las contempladas en las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia, as\u00ed mismo constituye un deber de la entidad vigilada el entregar el producto o prestar un servicio en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, literales B y C del art\u00edculo 7 de la Ley 1328 <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea argumentativa, el cap\u00edtulo 1, T\u00edtulo III, Parte 1 de la circular b\u00e1sica jur\u00eddica 029 del 2014 consagra en el numeral 3.2.2.1., que la informaci\u00f3n que se brinde debe ser: \u201cser cierto, suficiente y corresponder a lo ofrecido o previamente pactado\u201d. A su turno, el numeral 3.2.3.3., dispone que la informaci\u00f3n que suministren las entidades vigiladas a los consumidores financieros directamente o a trav\u00e9s de terceros, asesores agentes comerciales entre otros, debe ser concordante con aquello contenido en los contratos correspondientes y la divulgada o publicitada por la entidad a trav\u00e9s de los diferentes medios y\/o canales y ajustarse a la realidad jur\u00eddica y econ\u00f3mica del servicio promovido. <\/p>\n
Continuando con el presente desarrollo normativo, la circular b\u00e1sica contable 100 de 1995 \u201creglas relativas a la gesti\u00f3n del riesgo crediticio\u201d numeral 1.3.3.2.3.1, consagra en su [literal] A, la informaci\u00f3n que, como m\u00ednimo debe ser otorgada al consumidor previamente al otorgamiento de un cr\u00e9dito, esto es, con el fin de facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial de los t\u00e9rminos y condiciones del contrato de cr\u00e9dito (\u2026) A su turno el art\u00edculo 3 de la ley 1328 de 2009 prev\u00e9 que las entidades vigiladas deber\u00e1n observar las instrucciones que imparta la Superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribuci\u00f3n de servicios financieros; surge de todo lo anterior que el deber de informaci\u00f3n a efectos de generar en los consumidores una decisi\u00f3n informada, no solo es un derecho de estos, sino una obligaci\u00f3n de la entidad financiera demandada vigente durante todos los momentos de su relaci\u00f3n con el consumidor, la cual, como se indic\u00f3 en precedencia, deber\u00e1 otorgarse de manera previa, clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar con la entidad financiera, pues de no ser as\u00ed, esto llevar\u00eda a no poder evaluar otras opciones en el mercado, es a partir de esa relaci\u00f3n contractual y la responsabilidad exigible a las entidades financieras frente al deber de informaci\u00f3n que se pretende derivar la responsabilidad de la entidad demandada en sentir del demandante frente al plazo en que se otorg\u00f3 el cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, pas\u00f3 al an\u00e1lisis de las pruebas que soportaron la pretensi\u00f3n del demandante, de las que pudo dilucidar que la informaci\u00f3n inicial que aqu\u00e9l recibi\u00f3 de la entidad bancaria acerca de las condiciones del cr\u00e9dito \u2013 plazo de 60 meses \u2013, no coincidieron con las establecidas al momento del desembolso \u2013 plazo de 144 meses \u2013; en lo particular precis\u00f3 que el consumidor afirm\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para fundamentar su dicho [el demandante], allega grabaciones de audio mediante los cuales su hija Sandra y la asesora Yuli se comunican. Conclusi\u00f3n a la que se puede llegar comoquiera conforme a los hechos y el interrogatorio de parte del demandante fue detenido encontr\u00e1ndose privado de su libertad por circunstancias familiares. Lo que se evidenci\u00f3 en el desarrollo de esta audiencia y lo cual concuerda con el interrogatorio en el cual el demandante se\u00f1ala que una vez privado de su libertad quien le ayud\u00f3 para adelantar el cr\u00e9dito fue su hija Sandra a quien autoriz\u00f3 para ello, y porque con relaci\u00f3n a la asesora se entiende que efectivamente, ella fue quien brind\u00f3 la informaci\u00f3n, comoquiera que conforme al reglamento para d\u00e9bito autom\u00e1tico en el espacio para ser diligenciado por el asesor comercial se indica, Yulia Natalia Marulanda Quiroz, de fecha 6 de julio de 2021. Persona que fue confirmada por el representante legal de la entidad financiera en el interrogatorio de parte, quien manifest\u00f3 que labor\u00f3 para el banco mediante una temporal. <\/p>\n
En dichas grabaciones se se\u00f1ala en la n\u00famero 1, se indica: \u201cLuisa: con Yuli, mira el cr\u00e9dito inicial hab\u00eda sido por 5 a\u00f1os, en este momento debe 5`800.000., la deuda activa con el banco va para tres a\u00f1os igual quedar\u00eda a 60 meses\u201d. En la grabaci\u00f3n 2, se indica tambi\u00e9n: \u201cLuisa mira, si te fijas en los documentos que est\u00e1n totalmente diligenciados necesito firma y huella ma\u00f1ana los recojo\u201d; en las dem\u00e1s llamadas se observa que las dos se ponen de acuerdo para recoger los documentos. <\/p>\n
De esta situaci\u00f3n se puede concluir que el plazo ofrecido por la se\u00f1ora Yuli Marulanda fue de 60 meses, que los documentos no fueron diligenciados por el demandante, lo cual concuerda porque son evidentes las diferencias en el tono de la tinta y tipo de letra de la firma y de los documentos en esfero, que no se inscribieron los documentos en presencia de la asesora quien los remiti\u00f3 para la firma y huella del demandante, ello m\u00e1s all\u00e1 de las llamadas, porque pues resulta evidente que el demandante se encuentra privado de su libertad. <\/p>\n
Situaciones que, conforme al interrogatorio de parte, el representante de la entidad financiera no son la forma como regularmente se debe desarrollar el diligenciamiento de estos documentos, ya que esos espacios relativos a las condiciones, deben ser diligenciados por el cliente o con la asesora en su presencia y firmados tambi\u00e9n en presencia de la asesora, lo cual no se presenta en este asunto\u00bb. <\/p>\n
Luego, el funcionario de la Superintendencia recalc\u00f3 que, es deber de las entidades bancarias verificar que la informaci\u00f3n que brinden sus asesores debe coincidir plenamente con las plasmadas en el contrato con el cliente o consumidor, seg\u00fan lo previsto en la circular b\u00e1sica contable 100 de 1995, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que indica la informaci\u00f3n que como m\u00ednimo debe ser otorgada al consumidor previamente al otorgamiento de un cr\u00e9dito, esto es, con el fin de facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial en el sentido de los t\u00e9rminos, las condiciones del cr\u00e9dito, entre otros aspectos, tasa de inter\u00e9s, monto, periodicidad de pago, anticipada, fija, variable; indicando su equivalente incluso a tasa de efectiva anual. <\/p>\n
Conforme la normativa en cita, es necesario verificar si la entidad financiera cumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de informar al demandante las condiciones de su cr\u00e9dito previo al desembolso del mismo, encontrando que no, porque no hay ninguna documental en el plenario aparte de la carta de bienvenida, que es posterior al desembolso, ya que data del 30 de julio de 2021, y el desembolso fue el 22 de julio de 2021, mediante la cual se le informe todas y cada una de las condiciones del cr\u00e9dito, ya que la solicitud de cr\u00e9dito, solo no puede ser el documento que confirme en qu\u00e9 condiciones queda el mismo, sino que en ella no se encuentran todas las condiciones como s\u00ed se se\u00f1alan en la carta de bienvenida, como son entre otras, la tasa de inter\u00e9s, el seguro obligatorio, la fecha de corte, el valor de la cuota, datos que no se encuentran en esta solicitud y que tambi\u00e9n se extra\u00f1a de otros documentos como la libranza, el reglamento del d\u00e9bito autom\u00e1tico, el pagar\u00e9, la carta de instrucciones, documentos que no fueron diligenciados, y que tampoco fueron firmados en presencia de la asesora, de los cuales tampoco es viable establecer la totalidad de las condiciones en las que finalmente se otorg\u00f3 el cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
A partir del anterior examen, puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al no hallar ninguna prueba de la informaci\u00f3n que se le brind\u00f3 al demandante por parte de la entidad financiera en esa etapa precontractual, y teniendo entonces en cuenta que las llamadas y los audios no fueron objeto de tacha ni de discusi\u00f3n, en la cual se encontr\u00f3 de manera razonable, acudiendo a la sana cr\u00edtica, que s\u00ed se trataban de comunicaciones entre la asesora Yuli, quien ofreci\u00f3 el cr\u00e9dito al se\u00f1or John, quien se comunic\u00f3 a trav\u00e9s de su hija [\u2026] para ultimar los detalles del ofrecimiento, en donde se evidenci\u00f3 claramente que se le indic\u00f3 un plazo de 60 meses para el cr\u00e9dito ofrecido, y es por ello que esto trae como consecuencia declarar no probadas las excepciones declaradas por la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia desfasada o caprichosa, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
En todo caso, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela cuando el prop\u00f3sito que se revela de la accionante es el de recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador cuestionado una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. <\/p>\n
En tal sentido, se ha indicado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el que la entidad precursora del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha puntualizado de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Ahora, sobre la pretensi\u00f3n de imponer al juzgador un determinado raciocinio probatorio a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
3.2. Consideraci\u00f3n adicional \u2013 La subsidiariedad. <\/p>\n
Finalmente, prohijando lo razonado por el tribunal a quo en torno a la alegaci\u00f3n por la supuesta falta de competencia de la Superintendencia Financiera para fallar, se trata de un aspecto que debi\u00f3 ser objeto de oportuna invocaci\u00f3n al interior del litigio. <\/p>\n
Por lo tanto, aspirar a que por esta v\u00eda se acojan motivos ajenos a la discusi\u00f3n procesal, implica la desnaturalizaci\u00f3n de esta herramienta constitucional dado el eminente car\u00e1cter subsidiario y residual que la gobierna, lo que impide al juez de tutela inmiscuirse en las decisiones proferidas bajo los supuestos f\u00e1cticos y de derecho que tuvieron lugar en el proceso o emprender debates que no fueron suscitados por los interesados en la etapa pertinente. <\/p>\n
Por las puntuales razones precedentes, se impone ratificar la inviabilidad del resguardo. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. La decisi\u00f3n atacada, en principio, no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de la Superintendencia tutelada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
4.2. No es ante el juez constitucional sino ante el de conocimiento, donde deben plantearse las discusiones en torno a los presuntos vicios de los que pueda adolecer el proceso, puesto que la improcedencia del resguardo se aviene no solo por el desaprovechamiento de los recursos o medios de impugnaci\u00f3n, sino por omitir agotar en el escenario litigioso las alegaciones que se traen v\u00eda tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5785-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC5785-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00526-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63523","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63523","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63523"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63523\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63523"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63523"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}