STC5786-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5786-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02205-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 9 de noviembre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rubiola de Jes\u00fas Cuartas Ram\u00edrez contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de esa misma ciudad y el Departamento de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2009-00324. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando por medio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, \u00abseguridad social en pensiones, vida en condiciones dignas, (\u2026) libre desarrollo de la personalidad y m\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda en contra el Departamento de Antioquia, en procura del \u00abrestablecimiento de la pensi\u00f3n sustitutiva\u00bb con ocasi\u00f3n del deceso de su esposo Libardo Silva \u00c1lvarez, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien neg\u00f3 las pretensiones y en consecuencia absolvi\u00f3 a la querellada. <\/p>\n
Destac\u00f3 que posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo. Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem al considerar que \u00absolamente pod\u00eda restablecerse los derechos para aquellas viudas que iniciaban nueva vida marital a partir de la vigencia de la constituci\u00f3n de 1991\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la promotora, desconocieron el precedente constitucional establecido en la sentencia C-309 de 1996 \u00abpues acepta [la reactivaci\u00f3n] a quienes les fue suspendido el pago de la mesada pensional por haber contra\u00eddo un nuevo matrimonio despu\u00e9s del 07 de julio de 1991, pero no a quienes se le suprimi\u00f3 el derecho luego de haber conforma (sic) una nueva familia antes de esa fecha, pese a que ambos grupos de personas se encontran (sic) sustancialmente en igual situaci\u00f3n, privados de recibir la pensi\u00f3n que es un derecho irrenunciable\u00bb. Agreg\u00f3 que se \u00abaplic\u00f3 una norma que se encuentra retirada del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, \u00abse ordene (\u2026) al Departamento de Antioquia la emisi\u00f3n del acto administrativo que resuelva de fondo la solicitud de reactivaci\u00f3n de la sustituci\u00f3n pensional\u00bb y se dejen sin efectos los fallos: (i) de casaci\u00f3n SL2859 del 24 de julio de 2019; (ii) el de segunda instancia del 28 de febrero de 2014 y (iii) el de primer grado, del 30 de julio de 2010, \u00abpara que en su lugar se emita una nueva sentencia que inaplique la norma declarada inexequible con la (\u2026) C-309-96\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS <\/p>\n
1. La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1, realiz\u00f3 un recuento de la providencia confutada y explic\u00f3 que \u00abel hecho de no haber sido favorable la decisi\u00f3n a los intereses de la recurrente no significa que se hubiera incurrido en el error jur\u00eddico acusado, ni tampoco que la Sala hubiera desconocido los precedentes jurisprudenciales, sobre la p\u00e9rdida del derecho pensional de las mujeres que contraigan nuevas nupcias o haga vida marital, despu\u00e9s de fallecido su esposo, toda vez que se acogi\u00f3 el contenido del precepto que se encontraba vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abno se configur\u00f3 ning\u00fan defecto que pudiera dar lugar al amparo constitucional deprecado\u00bb. <\/p>\n
2. El Departamento de Antioquia indic\u00f3 que \u00abno existe en la petici\u00f3n de amparo constitucional que nos ocupa, material probatorio que determine de manera clara las condiciones reales que ponen de manifiesto la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del actor, ni c\u00f3mo se ven afectados de manera concreta, o como el ente Departamental los amenaza por ajustar su actuaci\u00f3n a los postulados legales con relaci\u00f3n a la sustituci\u00f3n pensional\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abno debe prosperar la presente acci\u00f3n de tutela respecto del ente territorial\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo, al advertir que \u00abla demanda no cumple con la inmediatez como requisito general de procedencia de la (\u2026) tutela, pues RUBIOLA DE JES\u00daS CUARTAS RAM\u00cdREZ deb\u00eda acudir a la acci\u00f3n (\u2026) en un plazo razonable -inferior a 6 meses- a partir de la fecha en que fue proferida la [disposici\u00f3n] controvertida (\u2026) lo cual no sucedi\u00f3. (\u2026) Tampoco cumple el requisito (\u2026) la (\u2026) promovida contra el Departamento de Antioqu\u00eda (sic) porque el \u00faltimo hecho que la sustenta ocurri\u00f3 hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00ablas consideraciones esbozadas en el fallo controvertido est\u00e1n debidamente sustentadas en la ley aplicable y en los hechos demostrados en el proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la convocante para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando \u00ab[e]n relaci\u00f3n con la inmediatez [que,] de acuerdo con la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional vertida en la SU-1073-2012 para la viabilidad del [ruego] cuando la controversia tiene que ver con pensiones, como las mismas ostentan el car\u00e1cter de irrenunciables, dado que los efectos de los actos entutelados se mantienen en el tiempo la misma puede ser resuelta de fondo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL2859-2019, rad. 67719), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 30 de julio de 2010, 28 de febrero de 2014 y 24 de julio de 2019, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra [el veredicto] de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la providencia controvertida se dict\u00f3 el 24 julio de 2019 y la tutela se intent\u00f3 el 20 de octubre de 2021, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente [disposici\u00f3n], cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los [solicitantes] con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las [determinaciones] que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los [promotores], pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume la sentencia desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abno es viable restablecer la pensi\u00f3n (\u2026), porque es la misma accionante la que confiesa haber hecho vida marital con el se\u00f1or Rodolfo Escudero Tavera antes del a\u00f1o 1991\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos, encaminados por la v\u00eda directa, en la modalidad de infracci\u00f3n de los \u00abart\u00edculos 62 de la Ley 90 de 1946 en armon\u00eda con el 1 de la Ley 33 de 1973; 1, 2, y 3 de la Ley 12 de 1975; 1 de la Ley 113 de 1985; 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993; y 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Nacional (\u2026) 1 de la Ley 113 de 1985\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abEl debate que la casacionista le propone a esta Sala, consiste en que se examine si el Tribunal incurri\u00f3 en error al no aplicar las normas que acusa en la proposici\u00f3n jur\u00eddica; en consecuencia, se determine si al rebelarse contra dichos preceptos desconoci\u00f3 que la Corte Constitucional declar\u00f3 la inexequibilidad respecto a \u00abcuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital\u00bb, por tanto, hay lugar a restablecer la acreencia pensional a la demandante, a quien la [convocada] le revoc\u00f3 el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional en el a\u00f1o 1978 por haber hecho vida marital con el se\u00f1or Rodolfo Escudero Tavera\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente realiz\u00f3 un recuento de los hechos que se encuentran probados, los cuales son: <\/p>\n
\u00abi) [Q]ue la demandante contrajo matrimonio el 5 de octubre de 1970 con el causante del derecho, se\u00f1or Libardo Silva \u00c1lvarez; ii) que la [querellada] le reconoci\u00f3 pensi\u00f3n al citado se\u00f1or a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 407 el 23 de junio de 1972; iii) que el se\u00f1or Libardo Silva \u00c1lvarez muri\u00f3 el 2 de febrero de 1976; iv) que la entidad enjuiciada mediante Resoluci\u00f3n 367 del 5 de abril de 1976, le reconoci\u00f3 a la actora la sustituci\u00f3n pensional; v) que la [requerida] le suspendi\u00f3 el pago de la mesada pensional a partir de noviembre de 1978; vi) que el Departamento de Antioquia a trav\u00e9s del acto administrativo 725 de 1989 reconoci\u00f3 la totalidad de la pensi\u00f3n a las menores hijas de la demandante; vii) que por medio de la Resoluci\u00f3n 4082 del 21 de abril de 1999 se le neg\u00f3 a la demandante el restablecimiento de la sustituci\u00f3n de la pensi\u00f3n; y viii) que la actora convivi\u00f3 con el se\u00f1or Rodolfo Escudero Tavera antes de la constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, respecto de la disposici\u00f3n impugnada se\u00f1al\u00f3 que \u00abla Corte Constitucional mediante [la] C-568 de 2016 declar\u00f3 la inexequibilidad de dicho precepto, pero en aras de ofrecer claridad, es pertinente aludir a un pronunciamiento de esta Sala que se ocup\u00f3 del tema que se revisa, coligiendo que no hay lugar para restablecer el derecho pensional a quienes contrajeron segundas nupcias despu\u00e9s de haber obtenido el reconocimiento pensional con anterioridad a la [Carta] de 1991, porque esa era la norma que reg\u00eda al momento del fallecimiento de su c\u00f3nyuge, adem\u00e1s de que para tal \u00e9poca, la costumbre de la poblaci\u00f3n era diferente\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, refiri\u00f3 que \u00ablo dispuesto en las sentencias de constitucionalidad no puede tener efectos retroactivos, en atenci\u00f3n al principio de la cosa juzgada y la igualdad; ello de conformidad a los supuestos f\u00e1cticos que surgieron frente a derechos similares, la seguridad jur\u00eddica y la imposici\u00f3n de que se mantenga el orden jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, cit\u00f3 en lo pertinente la providencia CSJ SL21799-2017: <\/p>\n
\u00abPor esta precisa raz\u00f3n, en rigor, los fundamentos de derecho de los actos administrativos, salvo el caso de las viudas que contrajeron matrimonio en vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, no desaparecen, pues, en efecto, son los que gobiernan las situaciones acaecidas durante su vigencia. <\/p>\n
(\u2026) [L]a decisi\u00f3n que hoy adopta la Sala y que en verdad viene a ser una ratificaci\u00f3n de su postura en torno a la situaci\u00f3n de las viudas que con anterioridad a la Carta Pol\u00edtica de 1991 volvieron a contraer matrimonio y por esa raz\u00f3n perdieron su derecho a la sustituci\u00f3n pensional (CSJ SL369-2013; CSJ SL, 22 ago. 2012, rad. 44782), se fundamenta en otras razones institucionales poderosas. Espec\u00edficamente, en el acatamiento estricto de la cosa juzgada de [los fallos] de constitucionalidad y la prohibici\u00f3n general de irretroactividad; la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley ante supuestos de hecho y de derecho semejantes; la seguridad jur\u00eddica; y la sujeci\u00f3n de las autoridades administrativas y judiciales al orden jur\u00eddico imperante, como garant\u00eda y presupuesto indispensable de la separaci\u00f3n de poderes, la estabilidad de los Estados contempor\u00e1neos, la convivencia pac\u00edfica y la salvaguarda misma de los derechos y libertades de todos. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, concluy\u00f3 que el criterio acogido por el tribunal no vulnera las disposiciones acusadas. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, precis\u00f3 que \u00abqued\u00f3 establecido en el plenario que el ente demandado revoc\u00f3 el reconocimiento pensional a la actora en el mes de noviembre de 1978 por presentar convivencia con posterioridad a la muerte del causante c\u00f3nyuge, aunado a que ella, en el a\u00f1o 1989 solicit\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n recibiera testimonios extraprocesales para establecer que manten\u00eda cohabitaci\u00f3n con el se\u00f1or Rodolfo Escudero Tavera, esto es, antes de la Constituci\u00f3n de 1991, luego no logra la casacionista derruir el razonamiento del Tribunal en cuanto a que no es viable restablecer la pensi\u00f3n de sustituci\u00f3n, porque es la misma [actora] la que confiesa haber hecho vida marital con el se\u00f1or Rodolfo Escudero Tavera antes del a\u00f1o 1991\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los fallos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL21799-2017, 6 dic., rad. 55412 y C-568 de 2016\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la providencia refutada, precisando que, para la Sala, es procedente el respeto por las resoluciones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 29 de abril de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC5786-2022 Magistrado Ponente STC5786-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02205-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63524","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63524"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63524\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}