STC5788-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5788-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00478-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en su propio nombre, acudi\u00f3 al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abde petici\u00f3n, debido proceso, a elegir y ser elegido\u2026 igualdad y trabajo\u00bb. <\/p>\n
2. Dijo que particip\u00f3 en el concurso de m\u00e9ritos convocado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 y regulado a trav\u00e9s del Acuerdo CSJBTA17-556, de 6 de octubre de 2017, postul\u00e1ndose al cargo de profesional universitario de juzgado administrativo, grado 16. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, superadas las fases del aludido concurso, mediante la Resoluci\u00f3n CSJBTR21-71, de 24 de mayo de 2021, se conform\u00f3 el registro seccional de elegibles para el empleo al que hab\u00eda aspirado, ocupando la posici\u00f3n 116. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el pasado 24 de enero solicit\u00f3 a la corporaci\u00f3n accionada la \u00abreclasificaci\u00f3n en la lista de elegibles [sic]\u00bb sin que a la fecha de interposici\u00f3n del presente resguardo hubiera obtenido respuesta, pese a que \u00abhan transcurrido 42 d\u00edas desde la radicaci\u00f3n\u00bb de la petici\u00f3n, con lo que perdi\u00f3 la oportunidad de optar por alguna de las vacantes en los juzgados Diecis\u00e9is y Veinte Administrativos del Circuito de Bogot\u00e1 dado que, mediante Acuerdo CSJBTA22-25 del 3 de marzo del a\u00f1o en curso el Consejo Seccional de la Judicatura formul\u00f3 ante dichos despachos listas de elegibles. <\/p>\n
3. Para el gestor, de haberse aplicado la reclasificaci\u00f3n solicitada, antes de la confecci\u00f3n de las listas de elegibles, muy seguramente hubiera podido tomar posesi\u00f3n en alguno de las plazas disponibles arriba indicadas, pues habr\u00eda ascendido considerablemente en la clasificaci\u00f3n individual. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n pidi\u00f3 ordenar a la colegiatura convocada resolver de fondo, \u00aben el t\u00e9rmino de 24 horas\u2026 la solicitud de reclasificaci\u00f3n\u00bb y como consecuencia, de ello, \u00abactualizar el registro de elegibles\u2026 [y] corregir el acuerdo CSJBTA22-25 del pasado 03 de marzo\u2026 en lo respectivo al cargo de profesional universitario grado 16, de conformidad con el puntaje obtenido en la reclasificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 denegar el resguardo, ante la falta de lesi\u00f3n advertida por el quejoso en la medida que, de conformidad con el Acuerdo 1242 de 2001, expedido por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el t\u00e9rmino para resolver las solicitudes de reclasificaci\u00f3n formuladas por los concursantes se extiende hasta el \u00faltimo d\u00eda del mes de marzo de cada a\u00f1o de all\u00ed que, al momento de formulaci\u00f3n de la salvaguarda, el mismo no se hubiera superado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, mientras no se haya vencido el plazo para proferir el respectivo acto administrativo o que el mismo no haya alcanzado ejecutoria, \u00abno puede esta Corporaci\u00f3n ni detener la publicaci\u00f3n de las vacantes, ni detener el env\u00edo de las listas de elegibles encontr\u00e1ndose ya en firme el registro\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo solicitado tras considerar que, de acuerdo con la normativa que regula la materia, el plazo con que contaba el Consejo Seccional de la Judicatura para atender la solicitud de reclasificaci\u00f3n formulada por el quejoso, no se hab\u00eda superado resultando improcedente acudir a la regulaci\u00f3n de la Ley 1755 de 2015, al existir disposici\u00f3n especial. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que el actor no acredit\u00f3 haber \u00abpuesto en conocimiento de [la querellada] lo ac\u00e1 aducido acerca de la actualizaci\u00f3n y correcci\u00f3n de las listas expedidas para las vacantes de los Juzgados 16 y 20 administrativos de Bogot\u00e1\u00bb con base en la pretendida reclasificaci\u00f3n, de all\u00ed que se torne inviable pretender que el juez constitucional interfiera en la confecci\u00f3n de las listas de elegibles, dado que dicha facultad es exclusiva de la autoridad que tiene a su cargo el desarrollo del concurso de m\u00e9ritos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n se\u00f1alando que la \u00absi bien el Acuerdo 1242 de 2001\u2026 se\u00f1ala una fecha m\u00e1xima para la resoluci\u00f3n de las peticiones, no es menos cierto que la entidad tiene el deber de resolver de fondo la solicitud interpuesta dentro del t\u00e9rmino legalmente establecido para ello, que\u2026 al no existir un plazo especial en la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, se rige bajo los preceptos normativos tipificados en la Ley 1755 de 2015\u00bb. <\/p>\n
Por otra, parte indic\u00f3 que, \u00abcontrario a lo indicado por el honorable magistrado de tutela\u2026 se postul\u00f3 a las vacantes\u2026 mediante correo electr\u00f3nico enviado el 9 de febrero de 2022\u00bb, ocupando casillas inferiores a las que aspiraba alcanzar si se hubiere aplicado oportunamente la pretendida reclasificaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de William Iv\u00e1n Mej\u00eda Torres porque, al parecer, no resolvi\u00f3 oportunamente la solicitud de reclasificaci\u00f3n en el registro seccional de elegibles conformado mediante Resoluci\u00f3n CSJBTR21-71 de 24 de mayo de 2021, que formulara el pasado 24 de enero, con lo que, seg\u00fan dice, perdi\u00f3 la oportunidad de optar por las vacantes disponibles ofertadas en el Acuerdo CSJBTA22-25, del pasado 3 de marzo. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Como se indic\u00f3, la queja constitucional de William Iv\u00e1n Mej\u00eda Torres se contrae a cuestionar que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 no resolvi\u00f3, oportunamente, la solicitud formulada el pasado 22 de enero, a trav\u00e9s de la cual pretend\u00eda su reclasificaci\u00f3n en el registro de elegibles conformado con Resoluci\u00f3n CSJBTR21-71 de 24 de mayo de 2021. <\/p>\n
En sentir del quejoso, al no haber sido regulado en la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia el t\u00e9rmino con que cuenta la corporaci\u00f3n que gerencia la Rama Judicial para atender las peticiones de reclasificaci\u00f3n, se debe acudir a la regla general consagrada en la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se sustituye el T\u00edtulo II del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
Sin embargo, para la Sala tal conclusi\u00f3n no es de recibo y, por el contrario, prohijar\u00e1 lo razonado por la corporaci\u00f3n a quo desestimando, por esa v\u00eda, el resguardo formulado. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con el art\u00edculo primero, segundo inciso, del Acuerdo 1242 de 8 de agosto de 2001, expedido por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el art\u00edculo 256-1 Superior1, \u00abla Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial y\u2026 los Consejos Seccionales de la Judicatura, deber\u00e1n decidir, mediante la expedici\u00f3n del correspondiente acto administrativo, las solicitudes [de reclasificaci\u00f3n]\u2026 a m\u00e1s tardar en el \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil del mes de marzo de la anualidad correspondiente\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al existir una disposici\u00f3n que regula el t\u00e9rmino para pronunciarse sobre las peticiones de reclasificaci\u00f3n, resulta inviable acudir a la reglamentaci\u00f3n consagrada en el C\u00f3digo Procesal Administrativo, m\u00e1xime cuando el art\u00edculo 14 de dicho compendio normativo expresamente indica que la misma solo es aplicable a falta de norma especial. <\/p>\n
Conforme con ello, al haberse incoado el presente resguardo antes de la culminaci\u00f3n del lapso otorgado al Consejo Seccional de la Judicatura querellado para resolver, no es posible atribuirle lesi\u00f3n alguna, al tiempo que tampoco se le puede reprochar el hecho de que hubiese continuado confeccionando listas de elegibles y remiti\u00e9ndolas a los diferentes despachos judiciales por cuanto, proceder de forma contraria, podr\u00eda conllevar a la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de los dem\u00e1s aspirantes. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, la Sala pudo verificar que el pasado 30 de marzo, mediante Resoluci\u00f3n CSJBTR22-49, la autoridad accionada resolvi\u00f3 acerca de la reclasificaci\u00f3n solicitada por el quejoso de forma tal que, una vez en firme dicho acto administrativo, podr\u00e1 optar, con el nuevo puntaje asignado, por las vacantes que se llegaren a ofertar en tanto el registro de elegibles a\u00fan no pierde vigencia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por el promotor, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela fue incoada antes de que finalizara el t\u00e9rmino otorgado reglamentariamente al Consejo Seccional de la Judicatura para atender las solicitudes de reclasificaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art. 256 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura\u2026 de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: 1. Administrar la carrera judicial (\u2026) <\/p>\n
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