STC5789-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5789-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00252-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 19 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Katerine Garrido Acosta contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Sabanilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla y los intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario radicado n\u00ba 2015-00370. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital y vivienda digna, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
El inmueble rese\u00f1ado fue objeto de diligencia de secuestro el 10 de abril de 2018, adelantada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Sabanilla, en cumplimiento del despacho comisorio librado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla con ocasi\u00f3n de lo dispuesto al interior del ejecutivo hipotecario 2015-370 que promovi\u00f3 Bancolombia S.A., contra Adix Jos\u00e9 Garrido Atencia. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la aqu\u00ed actora la referida actuaci\u00f3n por cuanto, seg\u00fan adujo, en primer lugar, no fue notificada que se llevar\u00eda a cabo, tambi\u00e9n, porque para el momento en que se realiz\u00f3, la inspectora encargada \u00abno tuvo en cuenta que dentro del inmueble estaban mis menores hijas, [adem\u00e1s] conforme al acta de la diligencia no [se cont\u00f3] con la presencia del delegado del ministerio p\u00fablico, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de la personer\u00eda, a fin de garantizar los derechos de los menores\u00bb. Agreg\u00f3 que, no pudo oponerse al proceder policial debido al \u00abdesconcierto\u00bb que le gener\u00f3 la situaci\u00f3n por la presencia de sus hijas. <\/p>\n
Adicionalmente, critic\u00f3 que, a quien figura en el acta de la diligencia como secuestre, la inspectora comisionada no le solicit\u00f3 la documentaci\u00f3n que acreditara tal calidad. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que, se declare que la inspecci\u00f3n de polic\u00eda accionada vulner\u00f3 sus derechos fundamentales y los de sus menores hijas, conforme la ley 1098 de 2006, adicionalmente, que se ordene \u00abal Juez Noveno Civil del Circuito de Barranquilla, declarar la nula la diligencia de secuestro conforme el despacho comisorio 2013 dentro del proceso 2015-[370] proceso instaurado por Bancolombia sobre el inmueble [\u2026] hasta tanto la jurisdicci\u00f3n competente decida la legalidad de la misma, teniendo en cuenta los derechos que le asisten a mis dos menores hijas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Novena Civil del Circuito de Barranquilla inform\u00f3 que en el proceso en menci\u00f3n dict\u00f3 sentencia el 6 de julio de 2016 ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, asunto que fue remitido el 11 de julio siguiente al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad para lo de su competencia. <\/p>\n
2. La Juez Segunda Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa capital rese\u00f1\u00f3 las actuaciones que se han surtido desde el momento en que avoc\u00f3 el conocimiento del ejecutivo criticado, destacando que la diligencia de secuestro a la que se alude en la tutela se cumpli\u00f3 el 10 de abril de 2018. A\u00f1adi\u00f3 que, mediante auto del 22 de junio de 2018 se rechaz\u00f3 de plano una solicitud de nulidad impetrada por la parte ejecutada. As\u00ed mismo se\u00f1al\u00f3 que, el aval\u00fao del inmueble qued\u00f3 determinado el 29 de septiembre de 2021 y se fij\u00f3 fecha de remate para el 23 de noviembre de 2021 declarada desierta por ausencia de postor. Aclar\u00f3 que, \u00abdebe precisarse que aqu\u00e9lla diligencia adelantada por la accionante Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Sabanilla, es la referida al secuestro del bien objeto de garant\u00eda hipotecaria, y no a diligencia de entrega alguna, pues que, de acuerdo a lo rese\u00f1ado, se advierte que a la fecha no se ha rematado ni adjudicado el inmueble\u00bb. <\/p>\n
3. Bancolombia S.A., entidad demandante en el ejecutivo en cuesti\u00f3n, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto, \u00abla accionante no solo dej\u00f3 de ejercer los mecanismos de defensa que ten\u00eda a su disposici\u00f3n para oponerse a la diligencia de secuestro, sino que ha sido negligente en el ejercicio de sus derechos, pues acude a la jurisdicci\u00f3n constitucional despu\u00e9s de 4 a\u00f1os de haberse adelantado la diligencia en la que alude se violentaron sus derechos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Adix Garrido Atencia, quien funge como ejecutado en el proceso referenciado, aleg\u00f3 que el juzgado de conocimiento libr\u00f3 mandamiento de pago \u00abpor unas sumas no incluidas en el pagar\u00e9 anexo a la demanda\u00bb; de otro lado, critic\u00f3 que el oficio mediante el cual se inform\u00f3 de la medida de secuestro sobre el inmueble, \u00abno conten\u00eda la firma del secretario [\u2026] y que en la audiencia adelantada el 6 de julio de 2016 la juez no fij\u00f3 adecuadamente el litigio porque no determin\u00f3 el valor de la obligaci\u00f3n por la cual se libr\u00f3 mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda al advertir que, en primer lugar, desatiende el par\u00e1metro de la inmediatez porque, \u00ab(\u2026) la diligencia cuya nulidad pretende la accionante, data del 10 de abril de 2018, es decir, que entre la conducta a la que se le atribuye la vulneraci\u00f3n y la presentaci\u00f3n del amparo, transcurri\u00f3 cerca de cuatro a\u00f1os, tiempo que frente a la presunta afectaci\u00f3n no se muestra razonable\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, encontr\u00f3 que tampoco se cumple el requisito de la subsidiariedad, por cuanto la gestora no ejerci\u00f3 oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, \u00abtal como lo permite el numeral 8 del art\u00edculo 597 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, reiterando los argumentos del escrito inicial; adicionalmente, refut\u00f3 el fallo del tribunal a quo por cuanto, \u00abno analiz\u00f3 la situaci\u00f3n de tiempo, modo y lugar en las cuales se presentaron los hechos que hoy dan lugar a la acci\u00f3n [\u2026] solamente se bas\u00f3 en las escurridizas salvedades del extremo Bancolombia y dej\u00f3 de reconocer la existencia de mis hijas menores de edad en dicha diligencia\u00bb, y finalmente, ech\u00f3 de menos que existiera un pronunciamiento concreto frente a la diligencia de secuestro y su procedimiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas invocadas por la quejosa con la diligencia de secuestro llevada a cabo en su vivienda el 10 de abril de 2018 \u2013 por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Sabanilla, en cumplimiento de comisi\u00f3n ordenada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla \u2013 derivada del proceso ejecutivo hipotecario radicado 2015-00370 (promovido por Bancolombia contra Adix Garrido Atencia) por, supuestamente, no haber sido notificada de dicha actuaci\u00f3n; adelantarse sin la asistencia de un funcionario del ICBF o Ministerio P\u00fablico y, por falta de acreditaci\u00f3n del secuestre. <\/p>\n
2. Presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. La inmediatez. <\/p>\n
Este principio impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Este postulado, ciertamente, no se cumple en la presente acci\u00f3n, dado que, desde el hecho que se se\u00f1ala como vulnerador, esto es, la diligencia de secuestro realizada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda accionada el 10 de abril de 2018, respecto de la formulaci\u00f3n de la presente demanda constitucional el 31 de marzo de 2022, transcurri\u00f3 con holgura m\u00e1s del semestre se\u00f1alado como t\u00e9rmino razonable por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n tempestiva de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Entonces, es cierto que la afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a actuaciones o sentencias judiciales. <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
En lo atinente, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como se indic\u00f3, la actora no aleg\u00f3 y menos demostr\u00f3 la concurrencia de alguno de los eximentes se\u00f1alados por la jurisprudencia como exculpantes del presupuesto de inmediatez, por lo que corresponde ratificar la improcedencia del amparo por ese criterio. <\/p>\n
3.2. La subsidiariedad. <\/p>\n
Por otra parte, constituye raz\u00f3n adicional para predicar el fracaso de la petici\u00f3n la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n de tutela, dado que, la precursora del amparo no acredit\u00f3 haber planteado oportuna oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 596 en consonancia con el 309 del estatuto adjetivo civil, as\u00ed como tampoco agot\u00f3 la posibilidad jur\u00eddica que se contempla en el inciso 2\u00ba, del numeral 8 del canon 597 ejusdem. <\/p>\n
Entonces, como esta Sala ha enfatizado, la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al aprovechamiento de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394-2015; entre otras). <\/p>\n
Por lo discurrido se impone la convalidaci\u00f3n de la sentencia impugnada. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. La accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, no advirti\u00e9ndose raz\u00f3n v\u00e1lida que justificara la tardanza en la interposici\u00f3n. <\/p>\n
4.2. Y porque la demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario, ya que la accionante no agot\u00f3 los mecanismos de defensa jur\u00eddicos que ten\u00eda a su alcance para hacer valer sus derechos al interior del asunto judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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