STC5791-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5791-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01769-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 7 de septiembre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jonathan Romero Giraldo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Once Penal del Circuito de esta ciudad, y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2013-03007. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, legalidad, contradicci\u00f3n y publicidad, presuntamente vulnerados por colegiatura judicial acusada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos se extrae que, en el a\u00f1o 2012, el ac\u00e1 accionante fue denunciado penalmente por la se\u00f1ora Lorena Margarita Torralvo Viana por el presunto delito de \u00abfalsedad material en documento p\u00fablico\u00bb. La cual tuvo su origen en un negocio jur\u00eddico de promesa de compraventa que suscribieron respecto de un veh\u00edculo particular propiedad de la mencionada Torralvo Viana; en \u00e9l, convinieron que luego de la entrega material del veh\u00edculo, el traspaso solo se concretar\u00eda una vez se efectuara el pago del precio pactado, lo cual no cumpli\u00f3 el comprador, sin embargo, al d\u00eda siguiente del vencimiento del plazo estipulado para el pago, la vendedora consult\u00f3 en el RUN y encontr\u00f3 que su veh\u00edculo se hallaba registrado a nombre de Jonathan Romero Giraldo en virtud de un \u00abtraspaso que nunca firm\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Romero Giraldo, aqu\u00ed demandante, fue procesado por el referido punible, del cual el Juzgado Once Penal del Circuito de Bogot\u00e1 lo absolvi\u00f3 mediante sentencia del 6 de junio de 2018, disponiendo en dicho fallo que el veh\u00edculo permanecer\u00eda en poder del procesado, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 el representante judicial de la v\u00edctima denunciante. <\/p>\n
El 23 de noviembre de 2018 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al desatar la alzada, modific\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo para en su lugar, no solo ordenar la cancelaci\u00f3n del traspaso del veh\u00edculo y levantar las cautelas, sino tambi\u00e9n, disponer la devoluci\u00f3n del mismo a la propietaria\/denunciante, providencia esta \u00faltima que intent\u00f3 el actor recurrir en casaci\u00f3n, pero dicho recurso fue inadmitido el 28 de abril de 2021 por cuanto, para la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la pronunciamiento impugnado correspond\u00eda a un auto que resolvi\u00f3 sobre aspectos relativos a la reparaci\u00f3n de la v\u00edctima, y no a una sentencia. <\/p>\n
El ac\u00e1 actor, por esta v\u00eda tutelar, cuestion\u00f3 esencialmente la decisi\u00f3n del tribunal, la que acus\u00f3 de constituir v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, especialmente por no valorar adecuadamente el documento del contrato de promesa de compraventa del veh\u00edculo, espec\u00edficamente, la cl\u00e1usula 5\u00aa, \u00aben la cual se expresa claramente que la entrega del veh\u00edculo se realiza como consecuencia de la firma de dicho contrato de compraventa de veh\u00edculo automotor, y no, como err\u00f3neamente lo supuso el tribunal, como consecuencia de la inscripci\u00f3n del traspaso del derecho de dominio en el registro p\u00fablico de veh\u00edculos automotores\u00bb; as\u00ed mismo, la 10\u00aa, en la que qued\u00f3 estipulado que el dinero s\u00ed fue entregado al mandatario de la propietaria (hoy fallecido). <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3 que, mientras tuvo en su poder el automotor, invirti\u00f3 en su blindaje un total de $30\u2019000.000, los que, con la orden de la devoluci\u00f3n, \u00abentrar\u00edan a hacer parte del patrimonio de la se\u00f1ora Lorena Torralvo Viana sin ning\u00fan justo t\u00edtulo, as\u00ed como tambi\u00e9n el pago de impuestos realizados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 por intermedio del ponente de la determinaci\u00f3n criticada, indic\u00f3 que, efecto, en el asunto referido orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del veh\u00edculo en cuesti\u00f3n a Lorena Margarita Torralvo Viana y adujo que con esa decisi\u00f3n ning\u00fan derecho fundamental se le vulner\u00f3 al accionante. <\/p>\n
2. El Juez Once Penal del Circuito de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que profiri\u00f3 sentencia absolutoria en favor de Romero Peralta y que, por lo tanto, no ha vulnerado garant\u00eda alguna del gestor. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda de la Unidad de Delitos contra la Fe P\u00fablica y el Patrimonio Econ\u00f3mico de Bogot\u00e1, realiz\u00f3 un recuento de lo acontecido en la actuaci\u00f3n y aclar\u00f3 que, el veh\u00edculo fue finalmente entregado a su propietaria inicial en el a\u00f1o 2016 por la fiscal\u00eda 93 Seccional. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 243 Judicial Penal I, resalt\u00f3 que en su intervenci\u00f3n en el juicio penal adelantado contra el ac\u00e1 actor, solicit\u00f3 su absoluci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n pidi\u00f3 que el veh\u00edculo quedara en su poder, dado que \u00abhab\u00eda pagado una gran cantidad de dinero por \u00e9l y hab\u00eda costeado su blindaje\u00bb, y que a lo largo del tr\u00e1mite se demostr\u00f3 que hab\u00eda \u00abcancelado buena parte del precio del carro al mandatario de Lorena Margarita Torralvo Viana, y que, si ella no recibi\u00f3 dicho dinero, era un asunto que deb\u00eda resolver ella con dicho mandatario\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, tras considerar que, como \u00ablas pretensiones del accionante se circunscriben a que se ordene que el entreguen el veh\u00edculo [\u2026] lo cierto es que la determinaci\u00f3n de qui\u00e9n tiene mejor derecho sobre \u00e9l y cu\u00e1l es la responsabilidad civil que le cabe a cada una de las partes del negocio jur\u00eddico, es un asunto que le corresponde determinar [\u2026] a la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, m\u00e1xime cuando es particularmente dif\u00edcil establecer, en este procedimiento sumario, si alguno de estos sujetos incumpli\u00f3 o no el contrato de compraventa, o si tal incumplimiento eventual est\u00e1, o no, debidamente justificado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado del querellante, quien refut\u00f3 el fallo de la Sala a quo por \u00abinhibirse del an\u00e1lisis de fondo de la solicitud tutelar, bajo el argumento que la discusi\u00f3n acerca de la posesi\u00f3n del veh\u00edculo incautado a mi mandante puede darse al interior de un proceso civil posterior\u00bb; en lo atinente dijo que, lo que se persigue es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del actor y que, la decisi\u00f3n sobre el destino del veh\u00edculo le incumbe tomarla al tribunal accionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si el tribunal accionado vulner\u00f3 las prerrogativas del actor al interior del proceso penal que se le adelant\u00f3 radicado n\u00ba 2013-03007, por ordenar la devoluci\u00f3n del veh\u00edculo automotor objeto del negocio jur\u00eddico de compraventa que provoc\u00f3 la denuncia y el inicio del tr\u00e1mite judicial (providencia del 23 de noviembre de 2018), a quien fuera su inicial propietaria (Lorena Margarita Torralvo Viana), incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La inobservancia de este requisito se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya tutela reclama, o incluso porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
En virtud de la \u00faltima modalidad mencionada, se ha dicho en precedencia que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3.1. Conforme los antecedentes y anexos aportados con la demanda, se tiene que el debate suscitado gira en torno a los t\u00e9rminos de un contrato de promesa de compraventa de un automotor, suscrito por el aqu\u00ed actor y la se\u00f1ora Lorena Margarita Torralvo Viana, promitente vendedora, a favor de quien el tribunal accionado en la decisi\u00f3n que se ataca (auto del 23 de noviembre de 2018), dispuso la devoluci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Es decir, el an\u00e1lisis que pretende el gestor del amparo se efect\u00fae en esta sede, es todo lo relacionado con el clausulado del negocio en cuesti\u00f3n, as\u00ed como al alcance del mandato que recibi\u00f3 el apoderado de Torrealvo Viana para intervenir en \u00e9l, y que se ausculten las apreciaciones probatorias que frente al puntual caso realiz\u00f3 la colegiatura tutelada para definir la suerte de la camioneta involucrada. <\/p>\n
De tal manera que, y prohijando lo indicado por la Hom\u00f3loga a quo, la discusi\u00f3n propuesta no puede resolverse mediante este instrumento c\u00e9lere y sumario, en la medida en que entra\u00f1a una controversia de car\u00e1cter claramente litigioso, como se dijo, derivada de un contrato de naturaleza civil, lo que implicar\u00e1 considerar la posici\u00f3n de la contraparte en el marco de un debido proceso, todo lo cual concierne ser dilucidado a trav\u00e9s de la senda judicial id\u00f3nea ante la justicia civil, facultada para emprender dicho examen. <\/p>\n
Es esa, por lo tanto, la v\u00eda jur\u00eddica a la cual debe acudir el actor y no a la acci\u00f3n de tutela, que no es sustitutiva de los procedimientos legales; por lo tanto, la existencia de un medio de defensa judicial mediante el cual puede exponer la inconformidad que aqu\u00ed ha puesto de presente, torna improcedente esta solicitud de tutela, al tenor de lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, m\u00e1xime si no acredit\u00f3 una situaci\u00f3n particular que hiciera necesaria la intervenci\u00f3n urgente del juez de amparo, con el fin de evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3.2. Respecto de esto \u00faltimo, tampoco se abre paso la protecci\u00f3n transitoria, pues el denominado perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia; pero en este sentido, no se prob\u00f3 un detrimento que torne viable otorgar el resguardo como lo pretende el quejoso. Al respecto, la Sala ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n
En definitiva, y por lo precisado hasta aqu\u00ed, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar la inviabilidad de la s\u00faplica. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dado el eminente car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n, lo aqu\u00ed reclamado no puede recibir la protecci\u00f3n constitucional pretendida, dado que comprende una discusi\u00f3n eminentemente litigiosa, que corresponde suscitarse por la v\u00eda judicial ordinaria id\u00f3nea. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 28 de abril de 2022. \u2013 Ingreso al despacho del ponente el 3 de mayo de 2022. <\/p>\n
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