STC5792-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC5792-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15693-22-08-000-2022-00057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 20 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cE\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y como representante legal de sus menores hijos \u201cD\u201d y \u201cK\u201d, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y buena fe, presuntamente vulnerados por el convocado al levantar medida cautelar dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del ejecutivo de alimentos que promovi\u00f3 contra \u201cA\u201d, padre de sus dos menores hijos, el Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, mediante auto del 19 de noviembre de 2021, decret\u00f3 \u00abel embargo de la posesi\u00f3n que ostenta el demandado sobre el veh\u00edculo identificado con placas (\u2026), marca Chevrolet Optra, modelo 2007 (\u2026), medida [que] fue materializada [a trav\u00e9s de aprehensi\u00f3n material] el d\u00eda 22 de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
Que frente a dicha medida, \u00abla se\u00f1ora \u201cL\u201d (\u2026) present\u00f3 [el] incidente de desembargo (\u2026) a que se refiere el art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso, alegando ser poseedora del automotor\u00bb, siendo admitido el 11 de marzo de 2022; que habi\u00e9ndose suspendido la audiencia \u00abde que habla el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo General del Proceso el d\u00eda 18 [del mismo mes y a\u00f1o], en atenci\u00f3n a fallas t\u00e9cnicas en la pr\u00e1ctica de los testimonios solicitados por la parte incidentante\u00bb, continu\u00f3 \u00abpresencialmente\u00bb el 25 de marzo de la misma anualidad, y tras nueva suspensi\u00f3n \u00abpor 15 minutos\u00bb, la incidentante present\u00f3 \u00abrecibos de pago de impuestos y gastos del automotor\u00bb, que la juez \u00abdecret\u00f3 como prueba de oficio\u00bb. <\/p>\n
Que en dicha oportunidad, la funcionaria cognoscente accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de levantar la medida de embargo y secuestro de la posesi\u00f3n sobre el veh\u00edculo, realizando, entre otras aseveraciones, que \u00abestaba aplicando el art\u00edculo 597 numeral 8 del C\u00f3digo General del Proceso; que la posesi\u00f3n a demostrar deber ser inequ\u00edvoca, debiendo demostrar [el tercero] que lo ten\u00eda materialmente sin sombra de duda; que la suegra, la madre y el compa\u00f1ero de la incidentante la reconocen como due\u00f1a y poseedora del automotor, [pues] el se\u00f1or \u201cA\u201d [ejecutado] manifest\u00f3 no ser el poseedor del automotor [sino que lo era] la esposa y madre de una hija [suya]\u00bb. <\/p>\n
Que contra esa decisi\u00f3n su apoderada interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, siendo resuelto el primero de manera desfavorable y neg\u00e1ndose el segundo por improcedente por tratarse de proceso \u00abde \u00fanica instancia\u00bb, no obstante, el asunto se adelant\u00f3 con \u00abviolaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso que se origina en la OMISI\u00d3N en la pr\u00e1ctica de pruebas (\u2026), la aplicaci\u00f3n de criterios jurisprudenciales para evaluar testimonios en materia de familia cuando se trata de un asunto eminentemente patriarcal, la exclusi\u00f3n deliberada de material probatorio que no se someti\u00f3 a contradicci\u00f3n alguna, darse por probados hechos que carecen de prueba alguna\u00bb, por cuanto \u00abcorrespond\u00eda a la incidentante probar INEQU\u00cdVOCAMENTE su posesi\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d inform\u00f3 que, conforme a la comisi\u00f3n dispuesta por el tribunal dentro de la presente acci\u00f3n, procedi\u00f3 a notificar a las partes e intervinientes en el pleito alimentario cuestionado, y remiti\u00f3 link para acceder al expediente digital. <\/p>\n
2. \u201cC\u201d, en su calidad de apoderado judicial de la actora, manifest\u00f3 \u00abcoadyuvar en su totalidad la acci\u00f3n\u00bb, asegurando que \u00abmientras yo asist\u00eda a un debate probatorio en el que el objeto de prueba era la posesi\u00f3n de la incidentante -art\u00edculo 597 numeral 8 C.G.P.-, el fallador manifest\u00f3 sin ambages que la exhibici\u00f3n del documentario necesario para probarla -y que ella misma hab\u00eda decretado como prueba- \u201cno era de su incumbencia\u201d [por tanto], mi clienta y yo asistimos a un proceso muy diferente a aquel que estaba dirigiendo la juez accionada [ya que este] no se ajust\u00f3 a lo preceptuado para el tr\u00e1mite incidental en la normativa procesal vigente\u00bb. <\/p>\n
3. \u201cL\u201d y el \u201cA\u201d, a trav\u00e9s de apoderada judicial, manifestaron su oposici\u00f3n frente a lo pretendido con esta acci\u00f3n, afirmando que \u00abel auto de fecha 25 de marzo de 2022 (\u2026), est\u00e1 acorde a los lineamientos constitucionales y legales [pues] se demostr\u00f3 con las pruebas aportadas, decretadas y practicadas que mi representada es la poseedora material y adem\u00e1s la propietaria del veh\u00edculo de placas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La colegiatura a-quo concedi\u00f3 el auxilio al afirmar que el accionado \u00abincurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto al decidir y tramitar incidente de levantamiento de medidas cautelares sin atender el inter\u00e9s superior de los menores que se encuentran representados en el proceso ejecutivo de alimentos (\u2026), y desconocer las etapas procesales previstas para tal tr\u00e1mite, conforme lo reglado en el art\u00edculo 597 numeral 8\u00bb, pues, \u00abmal puede interpretarse la diligencia de inmovilizaci\u00f3n del automotor y puesta a disposici\u00f3n del misma para el proceso ante el Despacho, con la diligencia de secuestro la cual, de la revisi\u00f3n del expediente, se echa de menos (\u2026), pese a ser enunciada la inmovilizaci\u00f3n como tal en audiencias celebradas el 18 y 25 de marzo de 2022, sin que efectivamente se haya surtido\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso \u00abdejar sin valor y efecto el auto proferido por el Juzgado \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d el 25 de marzo de 2022, mediante el cual decret\u00f3 el levantamiento de la medida de embargo y secuestro de la posesi\u00f3n que pesa sobre el veh\u00edculo de placas (\u2026), la entrega del precitado veh\u00edculo a la propietaria y cancel\u00f3 la orden de inmovilizaci\u00f3n decretada sobre el rodante\u00bb, y orden\u00f3 al querellado, \u00abque en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas contin\u00fae con el tr\u00e1mite correspondiente para hacer efectiva la medida decretada al interior del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la apoderada judicial de la incidentante y del demandado en el pleito cuya actuaci\u00f3n se critica, aduciendo que el tr\u00e1mite incidental se sujet\u00f3 a lo previsto en la ley, destacando que la hoy querellante \u00abno se pronunci\u00f3\u00bb dentro del t\u00e9rmino de traslado; tambi\u00e9n, que \u00abel embargo y secuestro del veh\u00edculo no fue la \u00fanica medida que solicit\u00f3 [y que] no puede pretender asegurar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n del demandado, solicitando el embargo y secuestro del veh\u00edculo de propiedad y posesi\u00f3n de un tercero\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en lo resuelto; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; y que la providencia censurada no sea sentencia de tutela; finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos espec\u00edficos: sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, carencia o deficiente motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se realiza al reclamo constitucional y con vista en las piezas procesales adosadas al expediente, en particular las actuaciones que refieren al tr\u00e1mite y definici\u00f3n del incidente cuestionado, la Sala ratificar\u00e1 la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n tutelar, toda vez que para llegar a la determinaci\u00f3n objeto de censura, la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en defecto espec\u00edfico con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente es menester recordar que esta Sala ha sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Esto, porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00abLos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991, y posteriormente con el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, que en su art\u00edculo 8\u00ba prev\u00e9 que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
Haciendo precisi\u00f3n sobre el punto, el art\u00edculo 9\u00ba del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia \u2013 Ley 1098 de 2006, se\u00f1ala que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y concluye indicando que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
3.2. Se\u00f1alado lo anterior, establece la Corte que en el caso bajo estudio el accionado incursion\u00f3 en defecto procedimental absoluto, porque, en trat\u00e1ndose de un tercero que concurre a la ejecuci\u00f3n para pretender el levantamiento del embargo y secuestro decretada frente a la \u00abposesi\u00f3n\u00bb de un veh\u00edculo automotor, seg\u00fan el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 593 del C\u00f3digo General del Proceso, la cautela procede respecto de bienes est\u00e9n o no sujetos a registro, y \u00abse consumar\u00e1 mediante el secuestro de estos\u00bb, de manera que al suscitarse \u00aboposici\u00f3n\u00bb, esta se adelante al tenor del procedimiento reglado para tal efecto, esto es, con sujeci\u00f3n a los art\u00edculos 596-2, 597 y 309 ibidem. <\/p>\n
Pese a lo anterior, encuentra la Corte -como tambi\u00e9n lo avizor\u00f3 el tribunal de primera instancia-, que en la ejecuci\u00f3n cuya actuaci\u00f3n es materia del reproche, el juzgado, en lugar de advertir que la inconformidad de la \u00abopositora\u00bb deven\u00eda prematura por presentarse antes de llevarse a cabo la diligencia de secuestro, procedi\u00f3 a resolverla previo traslado, sin contar con los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos requeridos para adelantar una actuaci\u00f3n ajustada a derecho. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que al desatar de fondo el incidente enfilado a levantar una cautela inexistente, pues lo \u00fanico acreditado en el expediente es que se produjo la aprehensi\u00f3n material del automotor, tal actuaci\u00f3n deviene improcedente y tipifica un yerro procedimental absoluto, cuya correcci\u00f3n resulta imperiosa mediante la intervenci\u00f3n del fallador excepcional, en tanto conlleva una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los ni\u00f1os alimentarios, al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que no se solucion\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n previsto para refutar tal decisi\u00f3n pues este lo agot\u00f3 sin \u00e9xito la reclamante en la misma audiencia. <\/p>\n
En este orden, el aludido defecto procedimental en el presente caso se tipifica porque, so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, la juez cognoscente desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular de las personas de especial protecci\u00f3n constitucional que la actora representa y cuyo inter\u00e9s superior es prevalente, al actuar al margen del procedimiento por no darle el debido alcance a las disposiciones que refieren al incidente de levantamiento de embargo y secuestro conforme a lo anteriormente descrito. <\/p>\n
Sobre el desafuero en comento, la jurisprudencia constitucional y de esta Corporaci\u00f3n, ha dejado sentado que ri\u00f1e con el principio de prevalencia del derecho sustancial y desconoce la adecuada interpretaci\u00f3n de las normas adjetivas aplicables al caso examinado. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que se incurre en el referido yerro cuando el juez: \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y en suma, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
N\u00f3tese que para irrumpir en el defecto en cuesti\u00f3n, el acusado tambi\u00e9n soslay\u00f3 el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pues all\u00ed se consagra que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan en la sustanciaci\u00f3n y definici\u00f3n de los tr\u00e1mites a su cargo, \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Entonces, aunque los falladores ordinarios tienen libertad razonable para interpretar y aplicar la ley, los jueces de tutela pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado que: \u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada en STC10401-2021, 18 ago. 2021, rad. 02199-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo discurrido, se avalar\u00e1 el fallo estimatorio de primer grado y las disposiciones impartidas para corregir la actuaci\u00f3n defectuosa del accionado, y con ello, se ratifica la invalidaci\u00f3n del auto que levant\u00f3 la cautela en cuesti\u00f3n, y la orden para que diligencie la medida de embargo y secuestro, observando en dicho diligenciamiento lo previsto en el ordenamiento legal aplicable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC5792-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA STC5792-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15693-22-08-000-2022-00057-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63530","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63530","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63530"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63530\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63530"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63530"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63530"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}