STC5794-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5794-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00091-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 [e] igualdad de trato [sic]\u00bb y del \u00abprincipio de legalidad\u00bb que estima lesionados por la autoridad judiciales querelladas. <\/p>\n
2. Solicita que se dejen sin efecto jur\u00eddico alguno \u00ablas tres decisiones judiciales de marzo 4\/2020 por medio de las cuales, [la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca] sin fundamento legal alguno\u2026 de forma manifiestamente contraria al art\u00edculo 29 superior, en estricta concordancia con el art\u00edculo 547 del CPP \u201csanciona\u201d econ\u00f3micamente hablando por supuesta temeridad en contra del abogado quejoso-perfilado\u2026 no precisamente como lo ordena de forma expresa, clara como concreta el art\u00edculo 19 de la Ley 1123\/2007, es decir, en ejercicio de mi profesi\u00f3n de abogado, representando, asesorando o asistiendo a persona natural o persona jur\u00eddica alguna, sino que me sanciona como ciudadano colombiano, es decir, de facto, como consecuencia de sus personal\u00edsimas como corruptas decisiones judiciales, \u201cconvierte\u201d el alto tribunal en una casa de acci\u00f3n comunal de barrio [sic]\u00bb <\/p>\n
Asimismo, pretende se invalide \u00abla decisi\u00f3n judicial por medio de la cual [un magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca] de forma ilegal, personal\u00edsima como retaliativa y vengativa, apertura el proceso disciplinaria No. 2022-00029 como consecuencia puntual y directa de la compulsa de copias del Juzgado 36 Civil Municipal de Cali, con audiencia programada de pruebas y calificaci\u00f3n provisional\u2026 en el entendido el operador normativo de turno \u201ccontaminado\u201d tanto por el cartel de falsos testigos como por el cartel de tutelas en Cali. Posterior a darse por enterado v\u00eda tutela No. 2022-00064 ser investigado por la Fiscal\u00eda Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por denuncia de la parte accionante. De forma inmediata \u201cabre e impulsa\u201d proceso disciplinario No. 2022-00029 \u201cfalso\u201d en contra del abogado \u201cperfilado\u201d\u2026 supuestamente con fundamento en la compulsa de copias del Juzgado 36 Civil Municipal de Cali en el tr\u00e1mite de la tutela 2021-00151. En el entendido el proceso de la compulsa de copias del Juzgado 36 Civil Municipal es de conocimiento actual [de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca]. Radicado No 2021-01232. Programada audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n para agosto 25\/2022 a las 11 am [SIC]\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior toda vez que, dichas determinaciones adolecen de \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb en tanto la autoridad jurisdiccional disciplinaria efectu\u00f3 una \u00abindebida motivaci\u00f3n\u2026 consecuencia directa y puntual de \u201comitir\u201d el operador normativo, al momento mismo de tomar una decisi\u00f3n de fondo en uno u otro sentido, valorar o desvalorar el total del acervo probatorio allegado al proceso de acuerdo con las exigencias del numeral 4 de los art\u00edculos 139 y 162 del CPP \u201cfundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y jur\u00eddica con indicaci\u00f3n de los motivos de estimaci\u00f3n y desestimaci\u00f3n de las pruebas v\u00e1lidamente admitidas en el juicio oral\u201d o en su defecto, valorar de forma defectuosa el acervo probatorio, considerando los elementos materiales de prueba que se ajustan a la direcci\u00f3n de su decisi\u00f3n judicial y, por v\u00eda de hecho, de forma desleal y subjetiva -numeral 1 art\u00edculos 140 y 142 CPP- desechar las que no se acomodan su decisi\u00f3n judicial, adem\u00e1s de favorecedora, abusadora y prevaricadora [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Los magistrados de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del cauca, doctores Lu\u00eds Hernando Castillo Restrepo y Gustavo Adolfo Hern\u00e1ndez Qui\u00f1\u00f3nez se opusieron a la prosperidad del resguardo por cuanto desconoce los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
Frente al primero indicaron que las sanciones pecuniarias impuestas al accionante dentro de las causas disciplinarias 2017-00396, 2017-00397 y 2017-01566, en las que fungi\u00f3 como quejoso, obedecieron a su actuar temerario de acuerdo con el art\u00edculo 150, par\u00e1grafo segundo, de la Ley 734 de 2002 (C\u00f3digo Disciplinario \u00danico vigente para la fecha de los hechos) y datan del 4 de marzo de 2020 \u00abes decir, hace ya dos (2) a\u00f1os, que al haber cobrado pac\u00edfica ejecutoria, fueron remitidas a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, para su respectivo cobro\u00bb. <\/p>\n
En torno al segundo presupuesto, manifestaron que las actuaciones disciplinarias 2021-01232 y 2022-000291, en las que Serna Guisao tiene la condici\u00f3n de disciplinable, se encuentran actualmente en etapa de calificaci\u00f3n y pruebas, por lo que es al interior de las mismas donde el quejoso debe exponer sus inconformidades y no a trav\u00e9s de esta herramienta excepcional, dado que no se trata de una instancia paralela a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el amparo por desatender los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad dado que, por una parte, fue incoado habiendo \u00abtranscurrido con creces, m\u00e1s de seis meses desde la ejecutoria\u00bb de las providencias que considera lesivas de sus garant\u00edas superiores y, por otra, pues \u00abprecisamente para ejercer sus derechos de defensa, contradicci\u00f3n y aportar pruebas, est\u00e1 citado a comparecer a las audiencias de pruebas y calificaci\u00f3n provisional programadas en cada uno de los procesos, escenarios pendientes de surtirse y que resultan conducentes y pertinentes para tal ejercicio, sin que corresponda al juez de tutela inmiscuirse en dicho tr\u00e1mite como se esta acci\u00f3n constitucional fuera alternativa a dichas actuaciones\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n arremetiendo esta vez contra los magistrados que integraron la Sala de Decisi\u00f3n de tutelas de primer grado, a quienes acus\u00f3 de \u00abfavorecer a la parte accionada, magistrados de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca\u00bb; empero, no se refiri\u00f3 en forma alguna a los motivos en que se sustent\u00f3 la desestimaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar, (i) preliminarmente si el presente resguardo atiende los presupuestos de tempestividad y subsidiariedad y, (ii) de superarse dicho examen, si la autoridad convocada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del gestor al sancionarlo con multa dentro de las actuaciones disciplinarias 2017-00396, 2017-00397 y 2017-01566, en las que fungi\u00f3 como quejoso, dado su obrar temerario y por adelantar en su contra los procesos disciplinarios 2021-01232 y 2022-00029, producto de las compulsas de copias dispuestas por el Juzgado 36 Civil Municipal de Cali y una magistrada de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
3.1. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que las providencias por medio de las cuales la autoridad disciplinaria impuso al accionante multa con fundamento en el art\u00edculo 150, par\u00e1grafo segundo, de la Ley 734 de 2002, dentro de las actuaciones disciplinarias 2017-00396, 2017-00397 y 2017-01566, en las que fungi\u00f3 como quejoso, datan del 4 de marzo de 2020, en tanto que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 30 de marzo, de acuerdo con el acta de reparto anexa en formato digital, es decir, superado ampliamente el semestre establecido jurisprudencialmente como razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado debi\u00f3 utilizar oportunamente esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01) (Negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Efectivamente, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo prudencial fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; empero, en este evento el accionante nada dijo a efectos de tratar de justificar la tardanza para promover la salvaguarda, luego entonces no existen situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvieron en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado excesivamente el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad \u2013 Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso est\u00e1 en curso <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda ser\u00eda criterio suficiente para respaldar la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, debe la Corte resaltar que tambi\u00e9n se observa incumplido el criterio que a continuaci\u00f3n se expone. <\/p>\n
Como se tiene establecido jurisprudencialmente, la acci\u00f3n de tutela dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecida para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
De acuerdo con las premisas indicadas, para la Sala, en consonancia con la colegiatura a quo, no se satisface el requisito de procedibilidad que viene mencion\u00e1ndose, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el censor teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, los procesos disciplinarios 2021-01232 y 2022-00029 seguidos en su contra, a\u00fan no han finalizado, encontr\u00e1ndose en etapa de calificaci\u00f3n y pruebas, siendo ese el escenario natural en el que se definir\u00e1, por el funcionario competente, lo concerniente a la responsabilidad disciplinaria que le ata\u00f1e. <\/p>\n
Dado ese contexto, resulta improcedente la salvaguarda porque por medio de este tr\u00e1mite constitucional no se puede proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir al juez ordinario en las instancias oportunas, pues la acci\u00f3n tuitiva no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir al accionado, de all\u00ed que acudir al auxilio constitucional resulte inviable mientras el juicio controvertido est\u00e9 surti\u00e9ndose. <\/p>\n
En punto de lo dicho, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00abel amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que, \u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rese, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC900-2016 y STC4645-2016). <\/p>\n
4. Conclusiones <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la declaratoria de improcedencia de la salvaguarda porque: <\/p>\n
4.1. El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
4.2. Subsiste en las actuaciones disciplinarias que se encuentran en curso, la posibilidad de ejercitar los instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de los derechos que se dicen conculcados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo resuelto a las partes y a la sala a quo, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Iniciadas con ocasi\u00f3n de la compulsa de copias ordenadas por el Juzgado 36 Civil Municipal de Cali y una magistrada de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, respectivamente. <\/p>\n
<\/p>\n
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