STC5795-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5795-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 41001-22-14-000-2022-00071-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 1 de marzo de 2022, que declar\u00f3 improcedente la tutela de Mar\u00eda Luz Dary Vargas Sons frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00ba 2018-00072. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado, la solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido en el a\u00f1o 2016, donde estuvo involucrada una camioneta de la cual es titular (que era conducida por su hijo Leandro Efra\u00edn Aristiz\u00e1bal Vargas), muri\u00f3 Gerardo M\u00e9ndez Ordo\u00f1ez, y en virtud de estos hechos se efectu\u00f3 transacci\u00f3n entre AIG Seguros Colombia S.A. y la esposa e hijos del mencionado difunto. <\/p>\n
Expuso que, en el a\u00f1o 2018, \u00ablos padres (sic) y hermanos\u00bb del fallecido iniciaron en su contra y del conductor del veh\u00edculo, litigio de responsabilidad civil extracontractual, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00abnunca fue notificada en legal forma del auto admisorio de la [d[emanda\u00bb, puesto que la direcci\u00f3n informada en el escrito introductor no correspond\u00eda a su lugar de residencia, por lo tanto, el despacho cognoscente nombr\u00f3 curador ad-litem, y posteriormente, conden\u00f3 a los querellados en la demanda declarativa al pago de los perjuicios pretendidos en la misma, decisi\u00f3n que qued\u00f3 en firme. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, con motivo de la precitada sentencia, se inici\u00f3 ante el mismo fallador, ejecutivo singular en el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago y se orden\u00f3 el 19 de abril de 2021, embargo de una vivienda de su propiedad, y de los derechos y acciones que tiene sobre otro inmueble. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta constitucional se declare la nulidad de todo lo actuado en el juicio de responsabilidad civil extracontractual y se revoque la sentencia que se profiri\u00f3 en dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n no realiz\u00f3 ning\u00fan pronunciamiento y se limit\u00f3 a remitir la informaci\u00f3n solicitada por la colegiatura. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, al estimar que la gestora cuenta con un instrumento para garantizar sus derechos, adem\u00e1s arguy\u00f3 que \u00ab(\u2026) de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, la nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia o mediante el recurso de revisi\u00f3n, sino se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades)\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 que \u00ab(\u2026) el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 355 del estatuto procesal, consigna como causal de revisi\u00f3n, estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de la quejosa refutando los motivos que tuvo el tribunal a quo para no acceder al amparo, por lo tanto, al respecto explic\u00f3 que \u00abel proceso ejecutivo iniciado para el cobro de las sumas ordenadas en la sentencia reprochada ya gener\u00f3 la imposici\u00f3n y materializaci\u00f3n de medidas cautelares en contra del patrimonio de mi poderdante\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, reiter\u00f3 las peticiones iniciales y agreg\u00f3 que en subsidio de las mismas, se conceda el auxilio como un \u00abmecanismo transitorio para evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, mientras se ejercen los [medios] judiciales ordinarios para evitar la postergaci\u00f3n de la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la actora dentro del pleito de responsabilidad civil, al no notificarla en debida forma del inicio del mismo y de las actuaciones subsiguientes, impidi\u00e9ndole ejercer el contradictorio. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
La inobservancia de este requisito se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya tutela reclama, o incluso porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
En virtud de la \u00faltima modalidad mencionada, se ha dicho en precedencia que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
En el asunto que se somete a examen, el ruego tuitivo se revela improcedente dada la preterici\u00f3n del requisito de procedibilidad que viene de rese\u00f1arse, por cuanto se evidencia que la libelista tiene a su alcance otro medio de defensa apto para el pleno ejercicio de las prerrogativas que estima conculcadas. <\/p>\n
En efecto, es claro que la promotora de la salvaguarda, fund\u00f3 su reclamo en que no fue debidamente notificada de la admisi\u00f3n de la demanda declarativa, lo que deriv\u00f3 en el proferimiento de una providencia contraria a sus intereses, por cuanto adujo que, la condenaron al pago de los perjuicios pretendidos y posteriormente, por motivo de dicha sentencia, se procedi\u00f3 al embargo de bienes de su propiedad, situaciones que alega vulneraron sus garant\u00edas y frente a las cuales no pudo ejercer el derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Atendiendo que la censura se centr\u00f3 en ese punto, es evidente que no es la acci\u00f3n constitucional el instrumento procedente para dirimir su inconformidad, pues el legislador dise\u00f1\u00f3 para tal efecto el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que, a voces del numeral 7\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, procede por \u00ab[e]star el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad\u00bb, y mientras atienda la oportunidad legal establecida en el art\u00edculo 356 ejusdem. <\/p>\n
Establece el citado ordenamiento en su art\u00edculo 133, numeral 8\u00ba, que una de las causales en las que procede la declaratoria de nulidad de la actuaci\u00f3n se configura cuando \u00ab\u2026no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 134 ib\u00eddem, se\u00f1ala que \u00ab(\u2026) [l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, (\u2026) podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse (\u2026) mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, la v\u00eda ordinaria prevista, seg\u00fan el contexto jur\u00eddico tra\u00eddo a colaci\u00f3n, para exponer su s\u00faplica es la consagrada en la referida normativa que reglamenta la forma en que debe alegarse la indebida notificaci\u00f3n cuando ya se encuentra ejecutoriada la sentencia que puso fin al proceso y la parte no ha convalidado la nulidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n en un caso similar precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a fin de lograr el prop\u00f3sito aqu\u00ed perseguido, o sea, que se declare la nulidad de la sentencia \u2026el ordenamiento legal consagra medios concretos de resguardo que le permiten a la (\u2026) quejosa controvertir, a trav\u00e9s de alternas sendas jur\u00eddicas, los hechos en que soporta la queja constitucional, espec\u00edficamente el recurso de revisi\u00f3n \u2026con que puede poner en conocimiento del juez natural las irregularidades aqu\u00ed planteadas; luego, no es dable pretender el reemplazo de los instrumentos legales mediante esta excepcional v\u00eda, porque el juez de tutela no puede actuar como si fuera el competente, seg\u00fan aqu\u00ed se persigue\u00bb (CSJ STC, 13 Feb. y 12 Dic. 2013, rads. 00211-00 y 02757-00, reiterado en STC1702-2016, 15 de feb. 2016, rad. 2015-00505-01). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n se expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es evidente que concurre la causal de improcedencia contemplada en el Art. 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues el ordenamiento jur\u00eddico consagra medios ordinarios de defensa, ciertamente eficaces, que le permiten a la accionante controvertir mediante otro mecanismo legal, concretamente (\u2026) el recurso de revisi\u00f3n, los hechos que soportan la queja constitucional, de manera que puede poner en conocimiento del juez competente las irregularidades aqu\u00ed planteadas, entre ellas, la indebida notificaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 sep. 2008, rad. 00144-01, reiterada en STC2435 de 5 de marzo de 2015) (Negrillas de la Corte). <\/p>\n
Entonces, dada la idoneidad de la herramienta judicial rese\u00f1ada, la cual no acredit\u00f3 la gestora haber utilizado, no procede el auxilio ni siquiera como mecanismo de protecci\u00f3n transitoria; al respecto, en otro pronunciamiento en esta misma sede, dijo la Sala: <\/p>\n
\u00abEn cierre, no es posible acceder al amparo, ni siquiera de manera transitoria, porque el recurso de revisi\u00f3n al que se ha hecho referencia, se muestra id\u00f3neo para solventar las quejas de la accionante, en la medida en que fue justamente dise\u00f1ado para analizar vicisitudes como las que en su demanda de amparo expone, sin que se evidencie la necesidad de intervenir anticipadamente en tal determinaci\u00f3n, pues la promotora de la acci\u00f3n no se encuentra en ninguna situaci\u00f3n calamitosa, de tal magnitud, que no pueda acudir a la justicia ordinaria en pos de una soluci\u00f3n a sus reparos\u00bb (CSJ STC 15701, 26 oct. 2016, rad. 00378-01). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, \u00e9sta no se encuentra instituida para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues lo contario conllevar\u00eda invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
De ah\u00ed que, si no se han agotado todos los recursos que brinda el ordenamiento procesal, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez ordinario. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan esbozado y menos probado las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). Al respecto, cabe recordar que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento del citado menoscabo es insuficiente para justificar la procedencia de la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna, ya que frente a la reclamaci\u00f3n que plantea la gestora de la salvaguarda, esto es, la indebida notificaci\u00f3n o falta de enteramiento del tr\u00e1mite de responsabilidad civil en cuesti\u00f3n, existe un mecanismo procesal pertinente \u2013 recurso de revisi\u00f3n \u2013 a trav\u00e9s del cual puede alegar tal irregularidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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