STC5806-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5806-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01357-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que interpuso Alcides Francisco Gonz\u00e1lez Buelvas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el expediente No. 472883103001-2017-00104-02. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pidi\u00f3 \u00abrevocar la providencia de 21 de abril de 2022\u00bb proferida por el Tribunal convocado. En sustento, adujo que fue demandado en juicio ejecutivo por el Banco de Occidente S.A. ante el Juzgado Civil del Circuito de Fundaci\u00f3n. Manifest\u00f3 que invoc\u00f3 la nulidad reglada por el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, por haberse superado el t\u00e9rmino fijado en el aludido canon para ello; no obstante, su petici\u00f3n fue desestimada (15 dic. 2021). Contra esa decisi\u00f3n, formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n; empero, la Corporaci\u00f3n convocada lo confirm\u00f3 (21 abr. 2020). El tutelante cuestiona la postura adoptada por la colegiatura accionada, por cuanto se abstuvo de \u00abseparar a la juzgadora (\u2026) del conocimiento del asunto\u00bb. <\/p>\n
2. Para el momento en que se elabor\u00f3 este proyecto no se hab\u00edan recibido informes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza, irracional, o contraria al ordenamiento jur\u00eddico, como se pasa a exponer: <\/p>\n
En efecto, revisado el prove\u00eddo censurado, se hall\u00f3 que la Magistratura convocada preliminarmente abord\u00f3 el r\u00e9gimen de nulidades, su taxatividad, causales y requisitos. <\/p>\n
Luego, plante\u00f3 que <\/p>\n
\u00abdados los contornos del problema jur\u00eddico planteado, de entrada se advierte que la oportunidad para alegar la p\u00e9rdida de competencia a la que alude la A quo, apareja el t\u00f3pico del saneamiento de la nulidad que se invoca soportada en la presunta incompetencia, por lo tanto, de resultar acertado lo discernido por la falladora, ello nos pondr\u00eda frente al rechazo del petitum de nulidad, por lo que pasa el Despacho a estudiar las normas pertinentes y lo decantado por la Jurisprudencia Patria para dilucidar el asunto\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, ilustr\u00f3 el marco normativo y jurisprudencial aplicable en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n y reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab A la luz de lo citado, la p\u00e9rdida de competencia de que trata el canon 121 del estatuto procesal general, se configura cuando transcurrido el t\u00e9rmino al que alude la norma, mem\u00f3rese, un a\u00f1o contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, no se ha proferido sentencia de primera instancia. Sin embargo, su declaratoria a m\u00e1s de estar sujeta a la materializaci\u00f3n del se\u00f1alado plazo, depende del momento en que se alegue, teniendo en cuenta que la nulidad que de dicho yerro germina, se rige por las causales de saneamiento previstas en el art\u00edculo 136 de la codificaci\u00f3n en cita. En otras palabras, cumplido el a\u00f1o desde el acto de enteramiento del polo pasivo, la incompetencia deber\u00e1 proponerse por el interesado antes de que se dicte la sentencia respectiva y en todo caso, siempre que \u00e9sta no haya sido saneada, pi\u00e9nsese por ejemplo, \u00abCuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla.\u00bb, de conformidad con lo estatuido en el numeral 1 del canon 136 del C.G del P.\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, de cara a los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el decurso se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) librado el mandamiento de pago el 27 de noviembre de 2017, los demandados (\u2026) se notificaron personalmente a trav\u00e9s de apoderado judicial el 14 de febrero del 2018. Entonces efectuado el conteo, el a\u00f1o se cumpli\u00f3 el 14 de febrero de 2019. Ahora, tambi\u00e9n se advierte que pasada la se\u00f1alada data, y en lo que ata\u00f1e a la intervenci\u00f3n de la parte ejecutada, el 13 de enero de 2021, solicit\u00f3 su terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, ruego que fue negado por interlocutorio del 15 de febrero siguiente, igualmente se tiene que el 6 de abril de ese a\u00f1o, el apoderado judicial de los demandados deprec\u00f3 la entrega digital del auto que libr\u00f3 el mandamiento de pago aludiendo necesitarlo para ejercer la defensa de sus poderdantes en la audiencia a celebrarse el 15 de abril de esa a\u00f1ada. Adem\u00e1s, mediante escrito radicado el 14 de abril de 2021, invit\u00f3 a la juez a declarar la excepci\u00f3n de cosa juzgada parcial y en subsidio la p\u00e9rdida de fuerza jur\u00eddica de los contratos de leasing o pago total o parcial de las obligaciones cobradas, invoc\u00e1ndose concomitantemente la nulidad del mandamiento de pago, petitum \u00faltimo que fue negado en la audiencia celebrada el 15 de abril de ese a\u00f1o, decisi\u00f3n que fue apelada, siendo confirmada por este Despacho el 22 de junio de esa calenda. <\/p>\n
Bajo estas premisas, concluy\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) resulta di\u00e1fano que la nulidad por p\u00e9rdida de competencia no fue alegada por los interesados dentro de la oportunidad debida, pues como viene de verse, cumplido el a\u00f1o a partir de la notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo a los enjuiciados, \u00e9stos no la propusieron, por el contrario intervinieron en la causa activamente haciendo uso de otras herramientas para rebatir las decisiones de las que disent\u00edan y que hab\u00edan sido proferidas en el curso del proceso, proceder con el que dieron lugar a su saneamiento. Colof\u00f3n de lo discernido, a voces de lo dispuesto en el art\u00edculo 135 de la Legislaci\u00f3n Procesal Civil, lo pertinente es el rechazo de plano de la solicitud de nulidad presentada al haberse propuesto despu\u00e9s de saneada. <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que la decisi\u00f3n atacada se encuentra soportada en la interpretaci\u00f3n razonable que la colegiatura encartada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n de cara a la jurisprudencia del \u00f3rgano limite en lo constitucional y en armon\u00eda con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, al concluir que la causal de nulidad invocada es de naturaleza saneable; en consecuencia, no es viable acceder a lo pretendido, pues el ejecutado subsan\u00f3 el vicio que se pudo originar por el vencimiento del t\u00e9rmino de que trata el aludido precepto, comoquiera que continu\u00f3 actuando \u00abactivamente\u00bb en el decurso y omiti\u00f3 alegar la invalidez oportunamente. <\/p>\n
En torno a la necesidad de alegar oportunamente la causal de invalidez que consagra el canon 121 del Estatuto Adjetivo, esta Sala, acogiendo la interpretaci\u00f3n esbozada por la Corte Constitucional en sentencia C-443 de 2019, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) tal y como lo estim\u00f3 el a quo, la solicitud de resguardo es inviable, habida cuenta que el gestor del amparo omiti\u00f3 alegar ante el juzgado accionado la nulidad que ahora invoca, siendo ese el escenario propicio para suscitar tal debate. <\/p>\n
Sobre el particular, vale la pena precisar que la Corte Constitucional, en sentencia C-443 de 2019, al analizar la constitucionalidad del art\u00edculo 121 (inciso 6\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso, norma que invoc\u00f3 el tutelante como sustento de su reclamo, precis\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
la calificaci\u00f3n de pleno derecho de la nulidad de las actuaciones adelantadas por el juez que pierde la competencia por el vencimiento del t\u00e9rmino para concluir la respectiva instancia, vulnera el derecho la resoluci\u00f3n oportuna de las decisiones judicial, el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el derecho al debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial. <\/p>\n
Por lo anterior, dicha Corporaci\u00f3n declar\u00f3 la inexequibilidad \u00abde la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d contenida en el inciso 6 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, aclarando los alcances de la nulidad que dicho canon contempla, aspecto sobre el cual expres\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
como quiera que la declaratoria de inexequibilidad versa exclusivamente sobre la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d, pero mantiene la validez de la nulidad de las actuaciones adelantadas por los jueces por fuera del t\u00e9rmino legal, se debe precisar el alcance que tiene esta figura a la luz de la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
En efecto, en la comunidad jur\u00eddica se entendi\u00f3 que con la calificaci\u00f3n de la nulidad como \u201cde pleno derecho\u201d, esta deb\u00eda operar por ministerio de la ley y no necesariamente a solicitud de parte, y que adem\u00e1s deb\u00eda ser insubsanable, sustray\u00e9ndose, de este modo, del r\u00e9gimen general contemplado en la legislaci\u00f3n civil. Con la declaratoria de inconstitucionalidad, la nulidad originada en la actuaci\u00f3n extempor\u00e1nea queda, al menos en principio, sujeta a las previsiones de los art\u00edculos 132 y subsiguientes de este mismo cuerpo normativo, en tanto ello sea compatible con la naturaleza de la figura prevista en la disposici\u00f3n demandada. <\/p>\n
En este orden de ideas, deben hacerse las siguientes precisiones: <\/p>\n
(i) Seg\u00fan el art\u00edculo 132 del CGP, el juez [tiene] el deber de corregir y sanear los vicios que configuren nulidades al agotarse cada etapa del proceso, vicios que no pueden alegarse en las fases siguientes, salvo que se trate de hechos nuevos. Por su parte, seg\u00fan el art\u00edculo 135, esta no puede ser alegada por quien despu\u00e9s de ocurrida la irregularidad, act\u00faa en el proceso sin proponerla. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, debe entenderse que la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad originada en este vicio debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, esto es, cuando expiren los t\u00e9rminos legales contemplados en el art\u00edculo 121 del CGP. Con ello se pone fin a la pr\u00e1ctica denunciada en este proceso por algunos intervinientes, en la que las partes permiten el vencimiento del plazo legal y guardan silencio sobre la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia, para luego alegar la nulidad del fallo que es adverso a una de ellas. <\/p>\n
(ii) Por su parte, seg\u00fan el art\u00edculo 136 del CGP, la nulidad se entiende saneada cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla, cuando quien pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 expresamente, y cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no viol\u00f3 el derecho de defensa. Al declararse la inexequibilidad de la expresi\u00f3n de \u201cde pleno derecho\u201d, la nulidad all\u00ed contemplada puede ser saneada en los t\u00e9rminos anteriores. Por ello, si con posterioridad a la expiraci\u00f3n de los t\u00e9rminos para proferir sentencia se practicaron determinadas pruebas con sujeci\u00f3n a las reglas que garantizan el debido proceso, y en particular el derecho de defensa, tales actuaciones deben entenderse saneadas, al igual que si con posterioridad a dicho vencimiento, las partes intervienen en el tr\u00e1mite judicial sin alegar la nulidad de las actuaciones anteriores. <\/p>\n
De esta manera, la Sala deber\u00e1 integrar y conformar la unidad normativa con el resto del inciso 6 que regula la figura de la nulidad de las actuaciones extempor\u00e1neas de los jueces, aclarando, primero, que la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad consecuencial a dicha p\u00e9rdida, debe ser alegada antes de proferirse sentencia, y segundo, que la nulidad es saneable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 136 del CGP. (Resaltado de ahora). (CSJ STC1693-2020). <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, puesto que la providencia cuestionada en esta queja descansa en un discernimiento razonable conforme a la normativa y jurisprudencia que regulan la materia, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela de Alcides Francisco Gonz\u00e1lez Buelvas. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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