STC5811-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5811-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-01653-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelven la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 el Juez Primero Penal del Circuito de Pasto frente a la sentencia de 5 de octubre de 20211, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que Luis Armando Palacios Rosales promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior, los Juzgados Primero Penal del Circuito y Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, todos de Pasto, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Nari\u00f1o y la Direcci\u00f3n Nacional de Extinci\u00f3n de Dominio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, extensiva a la Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, la Oficina Judicial y Archivo Central de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, la Fiscal\u00eda 52 Seccional, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, todos de Pasto, y el Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Luis Armando Palacios Rosales solicit\u00f3 se ordene a los accionados tomar las determinaciones a que haya lugar para qu\u00e9 se levanten las medidas de limitaci\u00f3n del dominio que constan en los folios de matr\u00edcula 240-85623 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pasto y 50N745259 de la Oficina de Registro de Bogot\u00e1, Zona Norte y en subsidio se levanten las cautelas que pesan sobre dichos bienes. <\/p>\n
Como soporte de sus pedimentos adujo que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto lo absolvi\u00f3 del delito de peculado culposo (20 may. 1998), apel\u00f3 el ente acusador y el Tribunal lo conden\u00f3 a veinte (20) meses de prisi\u00f3n y multa de 10.000 s.m.m.l.v. y la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de los derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino de la pena principal (30 jul. 1998). En ese asunto la extinta Fiscal\u00eda 20 Seccional de Pasto decret\u00f3 el embargo y secuestro de los bienes del actor (11 feb. 1997), lo que fue registrado en los respectivos folios de matr\u00edcula. Narr\u00f3 que, no obstante, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la capital de Nari\u00f1o extingui\u00f3 la condena en el a\u00f1o 2013, las medidas cautelares persisten. <\/p>\n
Cont\u00f3 que inst\u00f3 mediante derecho de petici\u00f3n ante la Fiscal\u00eda y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto el levantamiento de las medidas, pero le contestaron de manera incompleta sin indicarle a qu\u00e9 autoridad deb\u00eda dirigirse. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que remiti\u00f3 el derecho de petici\u00f3n a diferentes entidades, sin que a la fecha de radicaci\u00f3n del ruego (10 ag. 2021), se le haya ofrecido \u00abrespuesta clara y de fondo\u00bb. <\/p>\n
2.- La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Nari\u00f1o dijo que son los jueces de la rep\u00fablica quienes determinar\u00e1n si procede o no el levantamiento de la medida. La Fiscal\u00eda Octava Seccional de Pasto comunic\u00f3 que el 16 y el 28 de enero de 2019, ofreci\u00f3 respuesta a los requerimientos. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la capital de Nari\u00f1o hizo el recuento de lo rituado y que con ocasi\u00f3n del interlocutorio de 2 de noviembre de 2000 mediante el cual declar\u00f3 la extinci\u00f3n de las penas, dispuso la remisi\u00f3n del expediente a la oficina judicial para su archivo definitivo. La Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que los bienes objeto de solicitud no se encuentran vinculados a procesos de su resorte. La Fiscal\u00eda 52 Seccional de la Unidad CAIVAS de Pasto rese\u00f1\u00f3 que la petici\u00f3n del actor la trasfiri\u00f3 al despacho encargado de atenderla (28 jul. 2018). La Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal de Pasto dijo que lo alegado le resultaba ajeno. No hubo m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
3.-La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia tutel\u00f3 el derecho al debido proceso del actor y dispuso: <\/p>\n
(\u2026) ORDENAR al Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito de Pasto que, en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, dentro del \u00e1mbito de sus competencias y teniendo en cuenta lo expuesto, proceda a dar respuesta de clara, concrete (sic) y de fondo a la petici\u00f3n de levantamiento de medidas cautelares presentada por el accionante. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el destinatario de la orden constitucional bajo el argumento de que \u00abla respuesta brindada por este estrado judicial el d\u00eda 18 de agosto de 2021 ante la notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la tutela del se\u00f1or Palacios Rosales no fue tenida en cuenta para la decisi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se anticipa que el prove\u00eddo opugnado debe ratificarse, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En lo atinente a no tener en cuenta la respuesta ofrecida en sede de primera instancia, una vez revisada la misma, de su contenido se infiere que no tiene la vocaci\u00f3n de derruir el desenlace, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que tal como lo infiri\u00f3 la magistratura de procedencia, quien debe atender los requerimientos del actor es el juez de conocimiento y por ello explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) resulta necesario acudir al procedimiento se\u00f1alado en el Decreto 2700 de 1991 y verificar qu\u00e9 autoridad judicial es la competente para resolver la postulaci\u00f3n de levantamiento de medidas cautelares. El art\u00edculo 56 ejusdem, dispone: <\/p>\n
\u201cSentencia condenatoria y pronunciamiento sobre los perjuicios. En todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el juez proceder\u00e1 a liquidarlos de acuerdo a lo acreditado en la actuaci\u00f3n y en la sentencia condenar\u00e1 al responsable de los da\u00f1os causados con la conducta punible. Adem\u00e1s, se pronunciar\u00e1 sobre las expensas, las costas judiciales y las agencias en derecho si a ello hubiere lugar\u201d. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 58 de la misma obra, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201cEjecuci\u00f3n de la sentencia que ordena el pago de perjuicios. La sentencia que condene al pago de perjuicios, una vez ejecutoriada, prestar\u00e1 m\u00e9rito ejecutivo ante los jueces civiles. \u00c9stos informar\u00e1n al juez penal de la emisi\u00f3n del mandamiento de pago, deber que le ser\u00e1 advertido por el juez penal en la sentencia. Recibida tal informaci\u00f3n, si hubieren (sic) bienes embargados o secuestrados, se dejar\u00e1n a disposici\u00f3n del juez civil sin levantar tales medidas. <\/p>\n
Si dentro de los tres meses siguientes a la ejecuci\u00f3n de la sentencia condenatoria, el juez penal no es informado de la emisi\u00f3n del mandamiento de pago, levantar\u00e1 las medidas de embargo y secuestro que hubiere decretado\u201d. <\/p>\n
Y en ese escenario concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) seg\u00fan la normatividad en cita, a quien le corresponde pronunciarse sobre las medidas cautelares decretadas sobre los bienes inmuebles embargados como garant\u00eda del pago de perjuicios, es el Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito de Pasto. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, el Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito de Pasto, vulner\u00f3 el derecho de debido proceso en su modalidad de postulaci\u00f3n, al abstenerse de realizar una gesti\u00f3n propia de sus funciones1 y, limitarse a se\u00f1alar que la competencia para resolver esa petici\u00f3n reca\u00eda en otra autoridad. <\/p>\n
Dest\u00e1quese que el Decreto 2700 de 1991, norma que regul\u00f3 el asunto, establece con claridad el deber del juez de pronunciarse sobre el levantamiento de las medidas cautelares, con lo que se despejan las dudas respecto a la autoridad judicial encargada de resolver la postulaci\u00f3n que en ese sentido formul\u00f3 el accionante. <\/p>\n
De la respuesta otorgada a la petici\u00f3n de LUIS ARMANDO PALACIOS ROSALES, se colige que aunque la custodia del proceso se encuentra a cargo del Archivo Central de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Pasto, el Juzgado 1\u00b0 accionado a\u00fan conserva la competencia del asunto pues para resolver la petici\u00f3n del tutelante, solicit\u00f3 el desarchivo de \u00e9ste a la mencionada dependencia e incluso lo puso a disposici\u00f3n del peticionario, en la secretar\u00eda, para que tomara las copias que requiriera. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien en principio no se tuvo en cuenta la contestaci\u00f3n del juzgado, el panorama no cambia por carecer de trascendencia, pues la hom\u00f3loga en lo penal hizo el correspondiente an\u00e1lisis con base en los documentos aportados de lo que ese despacho le respondi\u00f3 a Luis Armando Palacios Rosales cuando le refiri\u00f3 que \u00ab(\u2026) no es procedente jur\u00eddicamente pronunciamiento alguno al interior del mismo, pues se insiste, este juzgado no ha emitido decisi\u00f3n alguna al respecto\u00bb, raz\u00f3n por la que estableci\u00f3 que el deber de atender la solicitud del inconforme est\u00e1 radicado en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto, en virtud de lo dispuesto en los art\u00edculos 56 y 58 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
Significa lo anterior que la tardanza del juzgado resulta injustificada en la medida en que la falta de gesti\u00f3n obedece a la desatenci\u00f3n del funcionario para zanjar la solicitud. De all\u00ed que la Sala de Casaci\u00f3n Penal haya tutelado el derecho fundamental al debido proceso del actor, con el prop\u00f3sito de remediar el impase aludido y que el juzgado deba solventar la petici\u00f3n antedicha y en ese orden de ideas, deber\u00e1 estarse el inconforme a lo dispuesto por el a quo. <\/p>\n
De acuerdo a lo planteado, como se anunci\u00f3, se impone la convalidaci\u00f3n del veredicto objetado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 12 de enero de 2022, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 8 de abril pasado. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC5811-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC5811-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-01653-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelven la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 el Juez Primero Penal del Circuito de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63544","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63544","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63544"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63544\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63544"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63544"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63544"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}