STC5814-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5814-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02674-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mariela Paredes de Grisales frente a la sentencia de 20 de enero de 2022, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013COLPENSIONES-, extensiva a los intervinientes en el proceso laboral No. 76001310500320140056401. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante pretende dejar sin efectos la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n convocada \u00abSL3070-2021\u00bb, que resolvi\u00f3 casar la expedida por el Tribunal de Cali y, en su lugar, se ordene el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente. En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que contrajo matrimonio con Mario Arcesio Grisales Ruda (q.e.p.d.), quien labor\u00f3 en diferentes empresas desde el 9 de octubre de 1978 hasta el 31 de diciembre de 2006, cotiz\u00f3 un total de 927.43 semanas en toda su vida laboral y al 1 de abril de 1994 contaba con m\u00e1s de 300 semanas. Asimismo, que convivieron bajo el mismo techo por m\u00e1s de 30 a\u00f1os hasta el momento de su deceso (9 feb. 2010). Precis\u00f3 que previa solicitud a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013COLPENSIONES- promovi\u00f3 demanda laboral, la cual le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, estrado que neg\u00f3 sus pretensiones de reconocimiento pensional tras considerar que el afiliado no cumpl\u00eda con las 50 semanas exigidas por la Ley 100 de 1993 (29 ene. 2015). Apel\u00f3 y el Tribunal Superior de Cali revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado y reconoci\u00f3 la prestaci\u00f3n solicitada (25 ago. 2017). Manifest\u00f3 que Colpensiones present\u00f3 recurso extraordinario de Casaci\u00f3n y la enjuiciada cas\u00f3 la sentencia proferida por el Tribunal y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. A juicio de la actora, \u00abes sano preguntarse, si tienen mayor peso normativo las 50 semanas cotizadas en los 3 \u00faltimos 3 a\u00f1os anteriores al fallecimiento de [su esposo] que las 927.43 semanas cotizadas en su vida laboral?\u00bb, considerando, entonces, procedente su solicitud. <\/p>\n
2. La Magistrada ponente de la Sala de Descongesti\u00f3n convocada defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado. La Magistrada ponente de la Sala Laboral del Tribunal de Cali inform\u00f3 que se posesion\u00f3 el 2 de agosto de 2018. Colpensiones inst\u00f3 el rechazo del resguardo por improcedente. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por considerar que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
4. La precursora impugn\u00f3 con asidero en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace debe ser convalidado, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es inviable frente a los anhelos de la gestora como pasa a explicarse. <\/p>\n
Revisada la providencia criticada, con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral objeto de escrutinio, no se advierte que se haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n supralegal, pues al estudiar el cargo \u00fanico formulado por la aqu\u00ed accionante, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral convocada tuvo en cuenta el marco normativo, las pruebas y la jurisprudencia que regulaban la materia, y por ello concluy\u00f3 que no era procedente acceder a la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
En efecto, esa colegiatura tras destacar que la peticionaria hab\u00eda escogido la v\u00eda directa, delanteramente expuso, que en el caso no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes supuestos f\u00e1cticos: \u00abi) Mario Arcesio Grisales Ruda falleci\u00f3 el 9 de febrero de 2010; ii) contrajo nupcias con la actora el 8 de noviembre de 1980 y; iii) que el afiliado no cotiz\u00f3 50 semanas en los \u00faltimos tres a\u00f1os anteriores al \u00f3bito\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, con fundamento en anteriores pronunciamientos del mismo \u00f3rgano de cierre precis\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) En la actualidad el goce de la prerrogativa de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para los eventos en que la muerte ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, se ha limitado a que el hecho causal ocurra entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, pues es durante este lapso en el cual se protegen las expectativas leg\u00edtimas. As\u00ed se plasm\u00f3 en la sentencia CSJ SL4650-2017, reiterada en la CSJ SL392- 2021\u00bb. <\/p>\n
Bajo este criterio, reliev\u00f3 que <\/p>\n
\u00abel causante falleci\u00f3 el 9 de febrero de 2010, es decir, por fuera del l\u00edmite temporal para la aplicaci\u00f3n del mencionado principio, [por tanto], no es posible acudir a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, pues esta no est\u00e1 ante el marco de una expectativa legitima, ni se trata de la norma inmediatamente anterior\u00bb. <\/p>\n
Luego, indic\u00f3 que esos han sido los lineamientos fijados por la Sala, entre otras providencias en <\/p>\n
\u00abCSJ SL9762-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016, CSJ SL15965-2016, CSJ SL14881- 2016, CSJ SL14486-2017, CSJ SL11163-2017, SL3481- 2017, CSJ SL17720-2017, CSJSL17990-2017 y CSJ SL013- 2019, CSJ SL2526-2019, CSJ SL 5611- 2019, CSJ SL5196-2019, CSJ SL142-2020 y CSJ SL379- 2020\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en lo atinente \u00abal precedente de la Corte Constitucional en la materia, esta Sala en providencia CSJ SL1884-2020, se apart\u00f3 del mismo al considerar: <\/p>\n
(\u2026) A juicio de esta Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. As\u00ed mismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y de retrospectividad. Por otra parte, la aplicaci\u00f3n ultractiva de normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la disposici\u00f3n aplicable, en la medida en que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional, con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ SL 1683-2019, CSJ SL1685- 2019, CSJ SL2526-2019, CSJ SL1592-2020 y CSJ SL1881- 2020). <\/p>\n
Por otra parte, debe advertirse que la financiaci\u00f3n de todo sistema pensional depende de variables demogr\u00e1ficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o potenciar algunos de ellos, por ejemplo, darle mayor peso a la permanencia en la afiliaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de un derecho pensional que a la sola acreditaci\u00f3n de un n\u00famero espec\u00edfico de semanas. En consecuencia, la introducci\u00f3n de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema de pensional y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causaci\u00f3n y pago. En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
Bajo estas premisas, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abel Tribunal err\u00f3 en su conclusi\u00f3n, al considerar que el causante dej\u00f3 causado el derecho bajo una norma que no era aplicable al caso en cuesti\u00f3n pues no se trataba de un derecho adquirido ni consolidado, ya que para que este se acreditara no solo era necesaria la existencia de una densidad de semanas, sino que aconteciera el fallecimiento del asegurado en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 lo cual no sucedi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el veredicto en cita no luce caprichoso o arbitrario, en tanto se advirtieron con suficiencia las razones por las cuales no era posible acceder al pedimento prestacional, habida cuenta que, seg\u00fan los precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para el momento de la declaratoria del deceso de Mario Arcesio Grisales Ruda (9 feb. 2010), la disposici\u00f3n legal que reg\u00eda la materia era la Ley 797 de 2003 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, como se pretendi\u00f3, pues esa norma limita la ocurrencia del hecho causal al per\u00edodo comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, lo cual en efecto, no acaeci\u00f3. <\/p>\n
En suma, la protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por la promotora, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario no resultan irrazonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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