STC5821-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5821-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2022-00049-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de marzo de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ner\u00f3n S\u00e1nchez contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Defensor\u00eda de Familia y el Agente del Ministerio P\u00fablico que act\u00faan ante esa Corporaci\u00f3n, as\u00ed como los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se disponga \u00abdejar sin efecto alguno la providencia del 16 de noviembre de 2021\u2026\u00bb; que \u00abprevia citaci\u00f3n a la audiencia correspondiente, dicte providencia ajustada a derecho, debidamente motivada, teniendo en cuenta los hechos y las pretensiones de la demanda, absteni\u00e9ndose de privar[lo] de la patria potestad en relaci\u00f3n con la menor\u2026\u00bb; y que se \u00abconsidere\u2026 la posibilidad de compulsar copias ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, para que investiguen las presuntas conductas punibles y\/o disciplinarias en que haya podido incurrir el [juez] con la emisi\u00f3n de la sentencia\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Martha Rodr\u00edguez, en nombre de su menor hija, promovi\u00f3 proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial contra Ner\u00f3n S\u00e1nchez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el que dict\u00f3 sentencia el 16 de noviembre de 2021 en la que declar\u00f3 que el demandado era padre de la menor, le priv\u00f3 de la patria potestad, la que ser\u00eda ejercida exclusivamente por la madre, y le fij\u00f3 como cuota de alimentos en 25% del salario m\u00ednimo legal mensual vigente. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que pese a que le inform\u00f3 al juez que no contaba con recursos econ\u00f3micos para contratar a un abogado, el fallador no hizo una interpretaci\u00f3n de su manifestaci\u00f3n nombr\u00e1ndole defensor de oficio para estar en igualdad de condiciones con su contraparte. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que si bien los hechos eran ciertos y no se opuso a lo pretendido, era determinante la prueba de ADN; que se sacrific\u00f3 la parte sustancial y se dict\u00f3 sentencia de plano; y que lo privaron de la patria potestad, pese a que no fue objeto de pretensi\u00f3n, lo que carec\u00eda de fundamento legal y jurisprudencial. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que no se cumplieron las formalidades de emisi\u00f3n de la sentencia; que era injusta e ilegal la privaci\u00f3n de la aludida patria potestad, de la que se le priv\u00f3 en dos reglones, sin causal alguna y con el \u00fanico argumento de su supuesta renuencia a reconocerla; que el proceso se tramit\u00f3 de manera escritural; que el fallo carec\u00eda de motivaci\u00f3n; y que desde el nacimiento de la ni\u00f1a hab\u00eda ayudado econ\u00f3micamente a la menor, por medio de su progenitora. <\/p>\n
2.5. Adujo que el fallador \u00abraya[ba] con la conducta penal de prevaricato por acci\u00f3n\u00bb, pues la decisi\u00f3n proferida era manifiestamente contraria a la ley; y que no contaba con derecho de postulaci\u00f3n, por lo que hasta el 16 de febrero de los corrientes se enter\u00f3 de la determinaci\u00f3n adoptada, en tanto que estaba atento a que le llegara la citaci\u00f3n para la prueba de ADN. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 21 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y las Mujeres de Pereira refiri\u00f3 que el accionante no agot\u00f3 los recursos que ten\u00eda a su alcance para atacar la sentencia criticada, esto es, el recurso de apelaci\u00f3n, por lo que no cumpl\u00eda con el presupuesto de subsidiariedad; y que no demostr\u00f3 un perjuicio irremediable ni la ineficacia de la herramienta prevista en el ordenamiento jur\u00eddico para atender ese tipo de situaciones. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto de Familia de Pereira indic\u00f3 que tramit\u00f3 el proceso criticado; que la privaci\u00f3n de la patria potestad deven\u00eda de la renuencia del progenitor del reconocimiento paterno voluntario, lo que no era arbitrario, pues se fundament\u00f3 en el art\u00edculo 62 del C\u00f3digo Civil y el numeral 6 del art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso; que el demandado, a pesar de haber sido notificado en debida forma, no contest\u00f3 la demanda conforme a las disposiciones legales, pues simplemente en nombre propio, sin demostrar derecho de postulaci\u00f3n, alleg\u00f3 escrito manifestando que no se opon\u00eda a las pretensiones y que ten\u00eda otra hija; que con auto de 2 de noviembre siguiente lo requiri\u00f3 para que hiciera el reconocimiento voluntario, pero como no hizo manifestaci\u00f3n alguna, qued\u00f3 as\u00ed demostrada su renuencia, argumento para privarlo de la patria potestad; que no hab\u00eda vulnerado ning\u00fan derecho; y que se aten\u00eda a lo que se dispusiera. <\/p>\n
3. La Directora Regional de Risaralda del ICBF se\u00f1al\u00f3 que esta acci\u00f3n excepcional no era un mecanismo para retrotraer los t\u00e9rminos judiciales, pues el gestor debi\u00f3 impugnar la sentencia emitida; y que acoger\u00eda la decisi\u00f3n que se emitiera. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues no formul\u00f3 recurso frente a la sentencia de 16 de noviembre de 2021; que no se pod\u00eda acudir a esta acci\u00f3n excepcional como mecanismo principal de protecci\u00f3n, como medio alternativo de los ordinarios ni para suplir la negligencia del interesado; y que no ordenaba la compulsa de copias deprecada, pues era el interesado quien deb\u00eda elevar sus quejas directamente ante las autoridades respectivas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, pertinente es recordar, como lo tiene por sentado la Sala, que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
3.2. En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, el legislador patrio al expedir el C\u00f3digo General del Proceso contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada a la pareja, al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
4. Descendiendo al caso bajo estudio, es de observarse que en auto de 2 de noviembre de 2022 el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira dispuso no darle tr\u00e1mite al escrito de contestaci\u00f3n de la demanda presentado por el ahora accionante, en tanto que no acredit\u00f3 tener derecho de postulaci\u00f3n, no obstante, indic\u00f3 que como acept\u00f3 los hechos y pretensiones de la demanda, lo requer\u00eda para que le manifestara si era su deseo reconocer de manera voluntaria a la menor, pues en caso de guardar silencio, pasar\u00eda el proceso al despacho para decidir de fondo. <\/p>\n
Posteriormente, el mencionado estrado dict\u00f3 sentencia el 16 de noviembre de 2021, en la que consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026es necesario destacar que el se\u00f1or Ner\u00f3n S\u00e1nchez, parte demandada en el proceso, fue debidamente notificado de la demanda y a pesar de ello, no se present\u00f3 a ejercer su derecho de contradicci\u00f3n en debida forma, toda vez que alleg\u00f3 un escrito en nombre propio sin acreditar el derecho de postulaci\u00f3n, configur\u00e1ndose as\u00ed la denominada confesi\u00f3n ficta, que a voces de los art\u00edculos 97 y 205 del Estatuto General del Proceso, dicha actitud conduce a que se presuman ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesi\u00f3n, los cuales dan cuenta de las relaciones sexuales que sostuvieron los se\u00f1ores Martha Rodr\u00edguez y Ner\u00f3n S\u00e1nchez para la \u00e9poca de la concepci\u00f3n de la ni\u00f1a\u2026; hechos estos que adem\u00e1s fueron confirmados por el mismo demandado con el escrito mediante el cual pretend\u00eda contestar la demanda, con lo cual se fortalece el fundamento para conceder lo pedido a favor de la parte demandante. <\/p>\n
Bajo esas consideraciones se abren paso las s\u00faplicas de la demanda y en consecuencia se declarar\u00e1 la paternidad reclamada, ordenando inscribir tal decisi\u00f3n al margen del registro civil de nacimiento correspondiente. <\/p>\n
Dada la renuencia del demandado para hacer el reconocimiento paterno, se le privar\u00e1 de ejercer la patria potestad sobre su hija\u2026 En consecuencia, los derechos inherentes a esa potestad parental ser\u00e1n ejercidos exclusivamente por la madre, se\u00f1ora Martha Rodr\u00edguez, decisi\u00f3n que tambi\u00e9n se anotar\u00e1 al margen del registro civil de nacimiento de la actora. <\/p>\n
Ahora, como es consecuencial a la declaratoria de paternidad extramatrimonial, el establecimiento de alimentos a favor de la hija menor de edad, como no obra prueba documental en el expediente sobre la capacidad econ\u00f3mica del demandado, caso en el cual es imperativo acudir a la presunci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 129 de la ley 1098 de 2006, seg\u00fan la cual, al finalizar el primer inciso pregona que \u201cEn todo caso se presumir\u00e1 que devenga al menos el salario m\u00ednimo legal vigente\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, como obra prueba en el plenario que el demandado tiene otra hija menor de edad\u2026 con quien tambi\u00e9n tiene un deber legal de suministrarle alimentos, se fijar\u00e1 una cuota de alimentos a favor de la menor de edad\u2026 y a cargo del demandado en un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) del salario m\u00ednimo legal mensual vigente para la \u00e9poca en la que se causen las respectivas cuotas, dinero que entregar\u00e1 personalmente a la progenitora de la infante, bajo recibo firmado por la madre en calidad de representante legal, dentro de los primeros cinco d\u00edas de cada mes, a partir de la ejecutoria de la sentencia\u2026 <\/p>\n
5. Bajo el anterior contexto, observa la Sala, de entrada, que el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto no direccion\u00f3 adecuadamente la manifestaci\u00f3n efectuada por el promotor en la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Ciertamente, el estrado judicial acusado debi\u00f3 interpretar la manifestaci\u00f3n realizada por el demandado, quien indic\u00f3 que actuaba en nombre propio por carecer de recursos para contratar abogado, sin embargo, no encaus\u00f3 su pedimento a trav\u00e9s de la figura del amparo pobreza, como se impon\u00eda, pero s\u00ed tuvo en cuenta la aceptaci\u00f3n de los hechos para efectuar la condena, a pesar de que en ese tipo de tr\u00e1mites no se puede actuar en causa propia. <\/p>\n
Respecto al derecho de contradicci\u00f3n y la posibilidad de adecuar las impugnaciones incoadas por los sujetos procesales la Sala ha advertido: <\/p>\n
\u2026[E]l derecho a impugnar, cuando la ley lo permite, las decisiones judiciales que le son adversas, corresponde a una indiscutida y [clara] expresi\u00f3n del derecho de contradicci\u00f3n que asiste a los justiciables y que en modo alguno conviene sacrificar en raz\u00f3n de inconsistencias t\u00e9cnicas que en verdad no son por entero insalvables (CSJ STC, 16 jun 2016, rad. 2005-01116; reiterado en STC353-2014, 22 en. 2014, rad. 2013-02122-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien el actor no solicit\u00f3 expresamente se le concediera el amparo de pobreza, si puso en conocimiento su falta de recursos econ\u00f3micos para contratar a un abogado y procedi\u00f3 a pronunciarse frente a la demanda, por lo que el despacho convocado debi\u00f3 darle curso a dicha manifestaci\u00f3n o requerir al actor con miras a que la aclarara, en atenci\u00f3n a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, as\u00ed como a las garant\u00edas procesales de contradicci\u00f3n, defensa y debido proceso, m\u00e1xime cuando, se repite, en este tipo de procesos no se puede actuar en causa propia. <\/p>\n
6. Ahora bien, resulta importante precisar que el fallador accionado, al momento de resolver el asunto, debe tener en cuenta la jurisprudencia aplicable en torno a la obligatoriedad de la prueba de ADN en los procesos en los que se discute la filiaci\u00f3n de un menor, en tanto que se encuentran en discusi\u00f3n los derechos a la personalidad jur\u00eddica y el estado civil, destacando que en el caso concreto el accionante expresamente indic\u00f3 que estaba presto a realizarse dicha prueba. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha precisado: <\/p>\n
Sobre la importancia de la prueba de ADN en los procesos de filiaci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que esta nace \u00abno s\u00f3lo del hecho de que dicha prueba permite que las personas tengan una filiaci\u00f3n acorde con la realidad, sino tambi\u00e9n porque conlleva la protecci\u00f3n y reconocimiento de derechos tales como: la personalidad jur\u00eddica, la dignidad humana, el derecho a tener una familia y formar parte de ella, el derecho al estado civil, y el derecho a conocer con certeza la identidad de los progenitores\u00bb (sentencias C-808-02, T-997-03, T-363-03, T-307-03, T- 305-03, T-411-05, T-888-10, T-071-12, T-352-12, T-160-13, C-258-15 y T-249-18, entre otras) (CSJ STC4373-2021, 26 abr. 2021, rad. 2021-00059-01). <\/p>\n
Asimismo, la Corte en un asunto que guarda cierta simetr\u00eda con el actual, refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Resulta importante resaltar la necesidad de definir el derecho y su verdadera filiaci\u00f3n y la identidad de ni\u00f1os y ni\u00f1as, en concordancia con el art\u00edculo 25 de la Ley 1098 de 2006, que al respecto prescribe: \u00ablos ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiaci\u00f3n conformes a la ley. Para estos efectos deber\u00e1n ser inscritos inmediatamente despu\u00e9s de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia\u00bb. <\/p>\n
Es as\u00ed que la acci\u00f3n judicial dirigida a establecer la filiaci\u00f3n de una persona y especialmente de un menor, conlleva a definir su estado civil, ante la familia y la sociedad. <\/p>\n
Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que \u00abla filiaci\u00f3n es uno de los atributos de la personalidad jur\u00eddica, puesto que ella est\u00e1 indisolublemente ligada al estado civil de la persona\u00bb, y record\u00f3 que la filiaci\u00f3n de una persona, \u00abse encuentra vinculada al estado civil, y por ende constituye un atributo de la personalidad\u00bb. (C.C. C-109\/95). <\/p>\n
5. Ahora, en casos como el ahora auscultado, y con el fin de definir el estado civil y especialmente el derecho a la identidad de los ni\u00f1os, es evidente el car\u00e1cter obligatorio que para el Juez natural tiene la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, a pesar de la renuencia de las partes, cuando se encuentran en discusi\u00f3n los derechos de los menores, especialmente la certeza de su filiaci\u00f3n. Aspecto respecto al que la jurisprudencia insistentemente ha ratificado esa postura. <\/p>\n
En efecto, la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u00abtrat\u00e1ndose de un compromiso con el hallazgo de la verdad, puesto que el proceso judicial no se justifica sino en tanto sea un instrumento para su verificaci\u00f3n, porque \u00e9sta en s\u00ed constituye un argumento de justicia, los argumentos de desidia de las partes no pueden dar al traste con lo que en definitiva es un poder-deber del juez, quien, como bien se sabe, dej\u00f3 de ser un espectador del proceso para convertirse en su gran director, y a su vez, promotor de decisiones justas\u00bb (Sent. de 7 de marzo de 1997. Cfme: cas. civ. de 25 de febrero de 2002; exp.: 6623). Al fin y al cabo, con s\u00f3lida raz\u00f3n, \u00abla justicia no puede volverle la espalda al establecimiento de la verdad material enfrente de los intereses en pugna, asumiendo una posici\u00f3n eminentemente pasiva\u00bb (G.J. t. CXCII, p\u00e1g. 233. Cfme: cas. civ. de 24 de noviembre de 1999; exp. : 5339), m\u00e1s propia de un proceder desidioso, muy otro del que debe observar todo servidor p\u00fablico, incluido el administrador de justicia, claro est\u00e1, quien tiene un elevado compromiso con la colectividad toda. (CSJ SC 28 jun 2005, rad. 7901). <\/p>\n
En asuntos de similares contornos al de ahora, de cara a la invocaci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de un menor y la obligatoriedad de la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica de ADN, ha sostenido la Corte: <\/p>\n
\u201cEs el caso de los ex\u00e1menes m\u00e9dicos destinados a establecer las caracter\u00edsticas gen\u00e9ticas paralelas entre el hijo y su presunto padre o madre, los cuales \u2013es la regla- deben ser ordenados por el juez en aquellos procesos en los que se discuta la filiaci\u00f3n paterna o materna, seg\u00fan lo establec\u00eda el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 75 de 1968, hoy modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 721 de 2001, eventos en los cuales el decreto y la pr\u00e1ctica de dicha prueba, no fueron abandonados a los intereses que pudiera tener alguna de las partes, y ni siquiera al mero arbitrio judicial, de suerte que los jueces pudieran disponer de ella seg\u00fan su leal saber y entender, sino que una y otra \u2013ordenamiento y realizaci\u00f3n- obedecen a un imperativo legal que, por ende, determina el comportamiento probatorio de los distintos sujetos que intervienen en el respectivo proceso de filiaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cEn suma, la Constituci\u00f3n y la ley conciben un proceso judicial que hunde sus ra\u00edces en los principios de colaboraci\u00f3n de las partes y direcci\u00f3n \u2013material y gerencial- por el juez, por manera que trat\u00e1ndose de asuntos en que el legislador ha previsto la necesidad de practicar, con car\u00e1cter obligatorio, un determinado medio de prueba, como es el caso de los ex\u00e1menes gen\u00e9ticos para establecer la verdadera filiaci\u00f3n de una persona, el recaudo de esa probanza no puede abandonarse a la voluntad caprichosa y antojadiza de uno de los litigantes, o al mayor o menor grado de cooperaci\u00f3n que quiera prestar con esa finalidad, pues si se permitiera que la recolecci\u00f3n de dicho medio probatorio dependiera de \u00e9l, se impedir\u00eda el cabal ejercicio del derecho a probar de su contraria y quedar\u00eda librada la suerte del pleito al manejo que dicho litigante quiera darle a la prueba. Por eso, entonces, no pueden los jueces tolerar tan grave comportamiento, frente al cual se impone el cumplimiento activo de los deberes que la ley establece y el ejercicio din\u00e1mico de los poderes que ella misma les reconoce para hacer efectiva la garant\u00eda constitucional al debido proceso, con el fin de impedir que, a partir de aquella conducta impeditiva de la parte, se materialice una irregularidad procesal que vicie la actuaci\u00f3n (\u2026). (CSJ SC 28 jun 2005, rad. 7901). <\/p>\n
En un asunto de similares contornos y con el fin del reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica, la Corte Constitucional expuso: <\/p>\n
\u201cAs\u00ed lo sostuvo, por ejemplo, en la Sentencia T-411 de 2004, al conceder el amparo de los derechos fundamentales de una persona al debido proceso y al reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica, por considerar que el juzgado demandado hab\u00eda incurrido en una v\u00eda de hecho al decidir el proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial instaurado por el actor sin esperar a que se allegaran los resultados de la prueba de ADN que daba cuenta de la paternidad alegada. En aquel entonces dijo: <\/p>\n
\u201c6.3 De acuerdo con lo estatuido en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Nacional, y tal como qued\u00f3 expuesto en los numerales anteriores de esta sentencia, prevalece el derecho sustancial sobre las simples formalidades. La finalidad de las reglas procesales es otorgar garant\u00eda de certeza a la demostraci\u00f3n de los hechos que fundamentan el reconocimiento de los derechos sustanciales y este prop\u00f3sito claramente obtiene respaldo constitucional. Entonces, en el caso concreto, el proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial, en general, y la obligatoria pr\u00e1ctica y consideraci\u00f3n de la prueba antropo-heredo-biol\u00f3gica, en particular, deben garantizar la certeza de la demostraci\u00f3n de unos hechos – la existencia o la inexistencia de la filiaci\u00f3n- que fundamentan los derechos a la personalidad jur\u00eddica y al estado civil del demandante en aquel. (C.C. T-071-2012). <\/p>\n
6. En el presente asunto se observa la presencia de irregularidades suficientes para que deba accederse a la salvaguarda invocada por la accionante en representaci\u00f3n de la menor y retrotraer la sentencia cuestionada. <\/p>\n
En efecto, el yerro principal en el que incurri\u00f3 el Juzgado, fue el de fallar sin practicar la prueba gen\u00e9tica de ADN, la que para el caso concreto se tornaba ineludible dado que lo que estaba en discusi\u00f3n era la filiaci\u00f3n de una menor de edad, en trat\u00e1ndose de procesos de investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de paternidad o maternidad, como el ac\u00e1 cuestionada, lo ideal es que el fallador para efectuar pronunciamiento de fondo cuente con aquella probanza, que le permita desatar con certeza la problem\u00e1tica sometida a su conocimiento. <\/p>\n
En consecuencia, le estaba dado al Juez agotar todas las medidas necesarias para la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, m\u00e1s cuando se trata de un menor que necesita definir su derecho de filiaci\u00f3n como lo consagra el art\u00edculo 44 de la carta pol\u00edtica y el 25 de la Ley 1098 del 2006. En este caso los Jueces no pueden ser convidados de piedra en el desarrollo de los procesos de filiaci\u00f3n, donde est\u00e1n involucrados los derechos de los ni\u00f1os. <\/p>\n
Igualmente se hace un llamado a los agentes del Estado, como el Defensor de Familia y el Procurador de Familia para que sean m\u00e1s activos en dichos procesos (CSJ STC10592-2016, 3 ag. 2016, rad. 2016-00177-01). <\/p>\n
7. En adici\u00f3n a lo expuesto, es de recordarse que la privaci\u00f3n de la patria potestad debe ser el \u00faltimo mecanismo por el que se debe propender, atendiendo las graves consecuencias de dicha declaraci\u00f3n, advirti\u00e9ndose que en la sentencia criticada no se invoc\u00f3 causal, no se explicaron las razones para decretarla, ni se pretendi\u00f3 el restablecimiento de las relaciones familiares, mostr\u00e1ndose arbitrario que mediante la misma providencia en la que se declara el v\u00ednculo paterno-filial, se priva del ejercicio de la responsabilidad parental, tanto de los derechos como de las obligaciones derivadas de ella. <\/p>\n
En efecto, sobre la anotada figura resulta necesario puntualizar que el art\u00edculo 22 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia garantiza el derecho de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes a tener una familia y a no ser separados de ella, en armon\u00eda con el contenido del canon 14 ib\u00eddem5, que contempla la responsabilidad parental como un principio complementario de aquella figura, referente a aspectos de representaci\u00f3n personal y patrimonial del menor encaminada a facilitar a los progenitores sus deberes6, destacando que es, adem\u00e1s, \u00abla obligaci\u00f3n inherente a la orientaci\u00f3n, cuidado, acompa\u00f1amiento y crianza de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes durante su proceso de formaci\u00f3n. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes puedan lograr el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de sus derechos. En ning\u00fan caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Sumado a ello, claramente el art\u00edculo 5\u00ba ib\u00eddem ense\u00f1a que \u00ab[l]as normas sobre los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, contenidas en [ese] c\u00f3digo, son de orden p\u00fablico, de car\u00e1cter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicar\u00e1n de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes\u00bb; igualmente el precepto 9\u00ba de la misma codificaci\u00f3n resalta que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, acorde con el canon 310 del C\u00f3digo Civil, la patria potestad \u00abtermina por las causales contempladas en el art\u00edculo 315\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo invocado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Cuarto Familia de Pereira que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efecto el prove\u00eddo de 2 de noviembre de 2021, junto con todas las determinaciones subsiguientes, dentro del proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial instaurado por Martha Rodr\u00edguez, en nombre de su menor hija, contra Ner\u00f3n S\u00e1nchez. Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a tres (3) d\u00edas, proceda a dictar uno nuevo, conforme con las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: La autoridad accionada deber\u00e1 enterar a esta Corporaci\u00f3n sobre el acatamiento de lo aqu\u00ed dispuesto, a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
4\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislaci\u00f3n civil. Es adem\u00e1s, la obligaci\u00f3n inherente a la orientaci\u00f3n, cuidado, acompa\u00f1amiento y crianza de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes durante su proceso de formaci\u00f3n. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes puedan lograr el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
<\/p>\n
En ning\u00fan caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. <\/p>\n
6\u0002 Extracto de la sentencia C-404\/13 de la Corte Constitucional: \u00abPues bien, el art\u00edculo 288 del C\u00f3digo Civil consagra el ejercicio de la patria potestad de forma conjunta por los padres sobre los hijos \u201cleg\u00edtimos\u201d, como un derecho que les reconoce para facilitar los deberes que su calidad de progenitores les impone. Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la patria potestad es una instituci\u00f3n de orden p\u00fablico, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible, e indisponible, porque es deber de los padres ejercerla en inter\u00e9s del menor, sin que tal ejercicio pueda ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada. <\/p>\n
<\/p>\n
De all\u00ed que ha definido la patria potestad como \u201cel conjunto de derechos y facultades que la ley atribuye al padre y a la madre sobre la persona y los bienes de los hijos, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su condici\u00f3n les impone, es decir, para garantizar respecto de los hijos su protecci\u00f3n, bienestar y formaci\u00f3n integral, desde el momento mismo de la concepci\u00f3n, y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado\u201d. Tambi\u00e9n ha precisado que la patria potestad \u201chace referencia a un r\u00e9gimen paterno-filial de protecci\u00f3n del hijo menor no emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva del matrimonio de estos pues surge por ministerio de la ley independientemente a la existencia de dicho vinculo\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, la Corte ha establecido que la patria potestad es una instituci\u00f3n creada por el derecho para facilitar la observancia adecuada de los deberes impuestos por el parentesco y la filiaci\u00f3n, lo que significa que la patria potestad no se ha otorgado a los padres en provecho personal, sino como un deber que reporta bienestar al menor en cuanto a la crianza, la educaci\u00f3n, el establecimiento de la persona; \u00e9stos \u00faltimo relacionado directamente con la ayuda y asistencia que le deben otorgar al menor\u00bb. <\/p>\n
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STC5821-2022 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63551","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63551","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63551"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63551\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63551"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63551"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63551"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}