STC5883-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5883-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01234-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Salvatore Mancuso G\u00f3mez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso de justicia transicional, ley 975 de 2005, radicado n\u00ba 2020-00148 (radicado Corte Suprema de Justicia 58819). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad, defensa, \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abderecho a las garant\u00edas judiciales y principio de legalidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, se desmoviliz\u00f3 de las autodefensas en el a\u00f1o 2004 para acogerse a los beneficios de la ley 975 de 2005 de Justicia y Paz; empero, el 13 de mayo de 2008 el gobierno nacional autoriz\u00f3 su extradici\u00f3n a los Estados Unidos, en donde, en el 2015, fue condenado por el delito de \u00abconspiraci\u00f3n para fabricaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de 5 kg., o m\u00e1s de coca\u00edna e importarla a los EEUU\u00bb, a la pena de 190 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Expone que, pese a encontrarse privado de la libertad en el mencionado pa\u00eds, ha participado activamente de todos los procesos que continuaron adelant\u00e1ndose en la justicia transicional, siendo objeto de la sanci\u00f3n alternativa que contempla la referida ley al interior de los radicados 2006-80008 y 2014-400027, as\u00ed como de ser sujeto de formulaci\u00f3n de imputaciones en otros tantos, refiri\u00e9ndose especialmente al identificado con n\u00famero 2020-00148. <\/p>\n
En este \u00faltimo asunto, destac\u00f3 que elev\u00f3 solicitud de sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, la misma que fue resuelta negativamente en ambas instancias; esto es, por el Tribunal de Justicia y Paz en ejercicio de las funciones de control de garant\u00edas el 15 de enero de 2021, y luego, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en prove\u00eddo del 2 de marzo de 2022 que confirm\u00f3 el del a quo. <\/p>\n
Su reclamaci\u00f3n principal la dirige contra las dos \u00faltimas determinaciones rese\u00f1adas, con \u00e9nfasis, frente a la proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, por cuanto, afirma, constituye v\u00eda de hecho por vulnerar, entre otros, el \u00abprincipio de presunci\u00f3n de inocencia\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, sostiene que la Sala accionada, \u00abincurri\u00f3 en defecto sustantivo por inaplicaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad del art\u00edculo 37 inciso 4\u00ba del decreto 311 de 2013 [reglamentario de la ley 975 de 2005] [\u2026] toda vez que establece una talanquera arbitraria y discriminatoria para acceder a la libertad, al elevar el t\u00e9rmino \u201csi al momento de la solicitud de sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento el postulado ha sido objeto de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la desmovilizaci\u00f3n\u201d a una sentencia ejecutoriada, pero adem\u00e1s, afecta de manera directa e injustificada otra regla de valor superior de margen constitucional, al modificar y agravar en disfavor del accionante la regla a la que se someti\u00f3 en el proceso de paz (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo se\u00f1ala que, \u00ab(\u2026) No obstante haber cumplido la pena alternativa, las medidas de aseguramiento proferidas en Justicia y Paz contin\u00faan vigentes y activas por cuanto se ha impedido la sustituci\u00f3n debido a la imputaci\u00f3n en justicia ordinaria que cursa desde hace m\u00e1s de 8 a\u00f1os. Esta \u00faltima se deriv\u00f3 de una investigaci\u00f3n en justicia ordinaria por un supuesto delito cometido presuntamente con posterioridad a la desmovilizaci\u00f3n donde no le impusieron medida de aseguramiento\u00bb. <\/p>\n
Cont\u00f3 tambi\u00e9n que, el Juzgado Penal del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias tiene a cargo la vigilancia de las sanciones alternativas impuestas con ocasi\u00f3n de los tr\u00e1mites con radicados 2006-80008 y 2014-400027, las cuales acumul\u00f3, y posteriormente, mediante providencia del 25 de noviembre de 2019 le otorg\u00f3 la libertad a prueba por cumplimiento de la pena alternativa, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en auto del 11 de agosto de 2020, tras considerar que el postulado a\u00fan no hab\u00eda quedado a disposici\u00f3n del juez de ejecuci\u00f3n de sentencias, con miras a verificar el cumplimiento de lo reglado en el art\u00edculo 66 de la ley 975 de 2005. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que igualmente acusa de arbitraria, por cuanto \u00aba\u00fan permanece bajo custodia en detenci\u00f3n administrativa por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos\u00bb, raz\u00f3n por la cual no podr\u00eda cumplir con el proceso de \u00abreintegraci\u00f3n\u00bb a fin de probar que efectivamente ha participado de actividades de resocializaci\u00f3n como lo exige la normativa espec\u00edfica. <\/p>\n
Finalmente, adjunta con la demanda varias providencias en las que, distintos postulados de justicia y paz, aparentemente en similares circunstancias procesales a la suya, fueron beneficiados con la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento, por lo que la negativa en su caso, constituye un trato discriminatorio. <\/p>\n
3. En consecuencia, por todo lo anterior, pide \u00ab(\u2026) (i) se inaplique el inciso cuarto del art\u00edculo 37 del decreto 311 de 2013 (compilado en el decreto 1069 de 2015\u2026) que modific\u00f3 el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 18A de la ley 975 de 2005 por ser inconstitucional; (ii) revocar el fallo de segunda instancia emitido por la honorable Corte Suprema de Justicia el d\u00eda 2 de marzo de 2022, AP891-2022 segunda instancia n\u00ba 58819 [\u2026] Mg. Pte. Dr. Fabio Ospitia Garz\u00f3n y en su lugar, se conceda la sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento; (iii) subsidiariamente a la anterior, y comoquiera que de la amplia y detallada exposici\u00f3n del caso se materializa una violaci\u00f3n al debido proceso [\u2026.] revoque la decisi\u00f3n [a cargo del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Justicia y Paz, que decide revocar la libertad a prueba a Salvatore Mancuso] y se conceda al postulado la libertad a prueba\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado Juan Manuel Bernal Parra del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Justicia y Paz, despacho de control de garant\u00edas, indic\u00f3 que, ciertamente, el 15 de enero de 2021 neg\u00f3 la solicitud de sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento pedida por la defensa del postulado Mancuso G\u00f3mez, tras advertir que este se encuentra investigado por la presunta comisi\u00f3n de delitos dolosos con posterioridad a su desmovilizaci\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que, en dicha providencia, tambi\u00e9n hubo un pronunciamiento concreto respecto de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad del art\u00edculo 37 del decreto 3011 de 2013 reclamada por la abogado del actor. <\/p>\n
2. La Juez Penal del Circuito con funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, refiri\u00f3 que tiene a su cargo la vigilancia de las penas alternativas impuestas en la justicia transicional a Mancuso G\u00f3mez, por los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado, actos de terrorismo, homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa, tortura en persona protegida, toma de rehenes, destrucci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), hurto calificado y agravado, exacci\u00f3n o contribuciones arbitrarias, secuestro simple y agravado, desaparici\u00f3n forzada, actos de barbarie, deportaci\u00f3n, expulsi\u00f3n, traslado o desplazamiento forzado de poblaci\u00f3n civil, tratos inhumanos y degradantes, represalias, obstaculizaci\u00f3n de tareas sanitarias y humanitarias, despojo en campo de batalla, simulaci\u00f3n de investidura o cargo, tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, destinaci\u00f3n il\u00edcita de muebles o inmuebles, tr\u00e1fico de sustancias para el procesamiento de narc\u00f3ticos, conservaci\u00f3n o financiaci\u00f3n de plantaciones y existencia construcci\u00f3n y utilizaci\u00f3n ilegal de pistas de aterrizaje\u00bb dentro del radicado 2006-80008, donde se le impuso una pena de 480 meses de prisi\u00f3n, pero que en virtud del acuerdo transicional, represent\u00f3 una sanci\u00f3n alternativa de 8 a\u00f1os. Precis\u00f3 que, posteriormente se acumularon un total de 24 penas provenientes de la justicia ordinaria, pero se le mantuvo al postulado el tiempo m\u00e1ximo fijado por la ley de justicia y paz. <\/p>\n
De otra parte, resalt\u00f3 que, el 25 de noviembre de 2019, le concedi\u00f3 la libertad a prueba por cumplimiento de la pena alternativa, por un t\u00e9rmino de 4 a\u00f1os, el cual, comenzar\u00eda a contar \u00aba partir del d\u00eda siguiente a la fecha en que recobrara la libertad en los Estados Unidos, debiendo suscribir diligencia de compromiso\u00bb; sin embargo, tras la apelaci\u00f3n de la fiscal\u00eda, esa determinaci\u00f3n fue revocada por el Tribunal de Justicia y Paz. <\/p>\n
3. El Magistrado Fabio Ospitia Garz\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ponente del auto de 2 de marzo de 2022, recriminado por el accionante, defendi\u00f3 la postura adoptada en esa determinaci\u00f3n en tanto que, estuvo soportada \u00ab(\u2026) en una s\u00f3lida tesis jurisprudencial de la Sala, que de manera motivada ha expuesto el alcance del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 18A de la Ley 975 de 2005, reglamentado en el art\u00edculo 2.2.5.1.2.4.1., del Decreto 1069 de 2015, desestimando la solicitud de inaplicar esta \u00faltima norma por contrariar la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que el tema de la excepci\u00f3n de inconstitucional ya hab\u00eda sido abordado por esa Sala en otra decisi\u00f3n en la que igualmente se resolvi\u00f3 sobre la sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento (en el AP255-2020). <\/p>\n
4. Los fiscales 46 y 11 Delegados ante Justicia y Paz sostuvieron que la discusi\u00f3n en torno a la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad fue objeto de pronunciamiento por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por lo que consideran que, es claro que el tutelante lo que busca es que se \u00abreviva un debate ya resuelto en diferentes instancias judiciales\u00bb. Aclararon que, frente a Mancuso G\u00f3mez se adelanta un proceso penal ante la justicia ordinaria por hechos presuntamente ocurridos luego de su desmovilizaci\u00f3n, el cual se encuentra en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena; empero, actualmente dicho juicio est\u00e1 suspendido, debido a que el expediente fue remitido a la jurisdicci\u00f3n especial para la paz. <\/p>\n
5. La magistrada Alexandra Valencia Molina del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Justicia y Paz, ponente de la providencia que revoc\u00f3 la libertad a prueba otorgada por la juez de ejecuci\u00f3n de sentencias; relacion\u00f3 cu\u00e1les han sido las distintas decisiones que ha proferido respecto del accionante postulado, y seguidamente puntualiz\u00f3 que, m\u00e1s all\u00e1 de los intereses que le asisten al tutelante de alcanzar la libertad producto de los beneficios establecidos en la ley transicional, \u00ablo cierto es que, omite citar que [su] intenci\u00f3n [\u2026] al momento de obtener la libertad en Estados Unidos era la de ser deportado a Italia, pa\u00eds del que dice tener nacionalidad. Aspecto que a la fecha conserva una relevancia superior, no solo por la magnitud de cr\u00edmenes que son objeto de investigaci\u00f3n y juzgamiento [\u2026] que de acuerdo a datos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, pueden ascender a 54.000., los que tuvieron lugar durante el tiempo en el que fue comandante de las estructuras paramilitares Bloque Norte, Bloque Catatumbo, Bloque Montes de Mar\u00eda yt Bloque C\u00f3rdoba\u00bb; por lo que, seg\u00fan aduce, \u00abno se cuenta con la garant\u00eda de comparecencia ante esta jurisdicci\u00f3n y proceso el efecto, tampoco se cuenta con su ingreso a los programas de reintegraci\u00f3n de la ARN, requisitos que fueron referidos en la decisi\u00f3n del 11 de agosto de 2020\u00bb. <\/p>\n
6. El magistrado \u00c1lvaro Fernando Moncayo del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Justicia y Paz, inform\u00f3 que acompa\u00f1\u00f3 y suscribi\u00f3 la providencia mediante la cual se le revoc\u00f3 al ac\u00e1 actor, la libertad a prueba concedida por la juez penal de ejecuci\u00f3n de sentencias, y precis\u00f3 que, \u00ablos argumentos esbozados en aquella providencia [\u2026] son acordes con los antecedentes y criterios que comparte el suscrito, y que han sido plasmados en las providencias que tienen como objeto de pronunciamiento el tema de libertad a prueba de los condenados bajo el tr\u00e1mite de la ley 975 de 2005\u00bb. <\/p>\n
7. Carlos Andr\u00e9s P\u00e9rez Alarc\u00f3n, magistrado de control de garant\u00edas del Tribunal Superior de Barranquilla de la Sala de Justicia y Paz, detall\u00f3 que, las alegaciones que expone el apoderado del actor, fueron objeto de an\u00e1lisis por las autoridades correspondientes y, \u00ab(\u2026) las decisiones, aunque adversas a sus intereses, no son caprichosas en la medida en que se amparan en una consolidada l\u00ednea de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que descarta la posibilidad de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad frente al art\u00edculo 2.2.5.1.2.4.1., del decreto reglamentario 1069 de 2015\u00bb <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las corporaciones judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el quejoso al negarle (i) la sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad en el proceso con radicado 2020-00148 (autos de 15 de enero de 2021 y 2 de marzo de 2022, de la Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en ejercicio de la funci\u00f3n de control de garant\u00edas y Sala de Casaci\u00f3n Penal, respectivamente); y, (ii) la libertad a prueba por cumplimiento de las penas alternativas fijadas en los procesos de justicia y paz 2006-80008 y 2014-400027 (prove\u00eddo del 11 de agosto de 2020 emitido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1), incurriendo, supuestamente, en v\u00edas de hecho por defecto sustantivo concretamente por no aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad respecto del art\u00edculo 37 del decreto 3011 del 2013; e interpretar de forma \u00abincorrecta\u00bb el canon 35 de la ley 1592 de 2012. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con los cuestionamientos a las determinaciones que, en ambas instancias, negaron al gestor del amparo la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad en el proceso 2020-00148, el examen de la Corte se circunscribir\u00e1 al dictado el 2 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 esa discusi\u00f3n. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
El actor, por intermedio de su apoderado, eleva diversas cr\u00edticas contra el proferimiento de la Hom\u00f3loga Especializada que ratific\u00f3 la negativa de la sustituci\u00f3n de la medida precautelar por una no privativa de la libertad; al respecto, alude que se trata de un pronunciamiento \u00abarbitrario y caprichoso\u00bb transgresor de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Sostiene que, aun cuando existe acusaci\u00f3n en el caso 2020-00148, no as\u00ed una medida de aseguramiento, por lo que no ser\u00eda procedente negar la libertad \u00fanicamente porque est\u00e9n cursando otras causas penales ante la justicia ordinaria, lo que significa que, seg\u00fan lo aduce, una anticipaci\u00f3n de su culpabilidad. <\/p>\n
De lo anterior, refiere que, \u00abconsiderar a una persona culpable penalmente sin haber sido vencida en juicio o sin haberse dictado una sentencia ejecutoriada en su contra, constituye una violaci\u00f3n a la presunci\u00f3n de inocencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, indica que el defecto con el que se configura la v\u00eda de hecho que denuncia es el sustantivo, ya que correspond\u00eda darle a aplicaci\u00f3n a la figura de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo se\u00f1alado en la sentencia SU-132 de 2013 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
En lo atinente alega que, \u00abes indudable que aplicar el art\u00edculo 37 inciso 4\u00ba del decreto 3011 del 2013 [\u2026] es un acto jur\u00eddico abiertamente inconstitucional\u00bb, porque representa un obst\u00e1culo arbitrario para lograr la libertad en asuntos en los que es viable, y porque con ello se \u00abmodifica y agrava en disfavor del accionante la regla a la que se someti\u00f3 en el proceso de paz\u00bb. <\/p>\n
Asegura tambi\u00e9n que las medidas preventivas detencionarias no pueden extenderse indefinidamente en menoscabo de la libertad, por \u00abser transitorias, por eso el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de vigencia de las medidas [\u2026] por regla general es de un a\u00f1o y excepcionalmente como m\u00e1ximo de establecido en la ley, de 2 a\u00f1os, y nuca puede igualar ni mucho menos superar el m\u00e1ximo legal de la pena alternativa independientemente del r\u00e9gimen jur\u00eddico que las aplique, bien sea la ley 600 de 2000, ley 906 de 2004 o ley 975 de 2005 [\u2026] la pena m\u00e1xima en la jurisdicci\u00f3n de justicia y paz es de 8 a\u00f1os, el postulado condenado alternativamente Mancuso G\u00f3mez, lleva 16 a\u00f1os privado de la libertad, en raz\u00f3n a decisiones inconstitucionales\u00bb. <\/p>\n
Cuestiona que contin\u00faan vigentes todas las cautelas personales en su contra \u2013 hasta 31 privativas de la libertad \u2013 pese a que cumpli\u00f3 con la totalidad de la pena alternativa de 8 a\u00f1os fijada en los tr\u00e1mites de justicia y paz; adicionalmente explica que en el proceso que se sigue por hechos acaecidos \u00abpresuntamente con posterioridad a la desmovilizaci\u00f3n\u00bb, no se impuso restricci\u00f3n alguna. <\/p>\n
A\u00f1ade que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras corporaciones y regulaciones internacionales aceptadas por Colombia, precisan que la prisi\u00f3n preventiva, a m\u00e1s de no ser arbitraria, \u00abdebe establecerse por un plazo razonable [\u2026] implica no exceder los m\u00e1ximos establecidos por ley [\u2026] teniendo en cuenta que el objeto de toda medida de aseguramiento debe ser cautelar y no punitiva\u00bb <\/p>\n
En cuanto a la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, manifiesta que, \u00ab[l]a contraposici\u00f3n de la norma sobre la cual se fundamenta la negativa de la sustituci\u00f3n de las medidas \u2013 Inciso 4\u00ba del Art. 37 del Decreto 3011 de 2013, que modific\u00f3 el numeral 5\u00ba del Art. 18A Ley 975 de 2005 -, con el Art. 29 Constitucional, que regula el debido proceso, el derecho de defensa y la presunci\u00f3n de inocencia. [\u2026] obs\u00e9rvese que la primac\u00eda de las normas confrontadas se da entre aquella con calidad de Decreto – Decreto 3011\/2013 -, es decir, un acto administrativo emanado del poder ejecutivo y legislativo, con contenido normativo, por lo que su rango es inferior a las leyes y en la otra, el Art. 29 Constitucional conceptualizada como \u201cCarta Magna\u201d, pues es la que rige todo el ordenamiento jur\u00eddico de un Estado. Es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella, es por esto que es llamada Ley Suprema o norma de normas. Es evidente que se presenta una contraposici\u00f3n o incompatibilidad entre el Art. 29 Constitucional y el Inciso 4\u00ba del Art. 37 del Decreto 3011 de 2013, para lo cual se acude a la misma Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, en el Art\u00edculo 4\u00ba que a la luz dice: \u201cLa Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior asevera entonces que, concern\u00eda la inaplicaci\u00f3n de la normativa en comento por hallarse directamente en contrav\u00eda de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
De otra parte, precis\u00f3 que la fiscal\u00eda no lo ha excluido de los procesos de justicia y paz por cuanto ha observado que a lo largo de 16 a\u00f1os cumpli\u00f3 con los compromisos y obligaciones derivadas de la ley 975 de 2005, pero, por el contrario, solicit\u00f3 que se imponga la pena alternativa \u00abrecibiendo dos sentencias transicionales parciales y en este momento se encuentra en desarrollo de tres audiencias de imputaci\u00f3n de cargos para un total de [7.500] hechos a imputar, con dos tr\u00e1mites de legalizaci\u00f3n y terminaci\u00f3n anticipada del proceso en la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, con m\u00e1s de [1.800] hechos\u00bb; sin embargo, y aunque en diversas diligencias admiti\u00f3 que cumple con los requisitos para acceder a la libertad, \u00ab(\u2026) asume una posici\u00f3n dis\u00edmil en audiencias de sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento, argumentando que Salvatore Mancuso G\u00f3mez [\u2026] no tiene derecho a la sustituci\u00f3n [\u2026] por la existencia de una imputaci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, que dicho sea de paso, rebas\u00f3 los ocho a\u00f1os desde la imputaci\u00f3n de cargos sin que, a la fecha, se haya dictado sentencia alguna. Si Salvatore Mancuso hubiere transgredido la ley despu\u00e9s de su desmovilizaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda de Justicia y Paz hace rato habr\u00eda solicitado su exclusi\u00f3n del proceso transicional\u00bb, de conformidad con el art\u00edculo 11 de la ley 975. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que la sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n es un mecanismo \u00abnecesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el proceso especial a los postulados, as\u00ed como al Estado le corresponde cumplir honrando los beneficios a los que se comprometi\u00f3 a trav\u00e9s del proceso de paz\u00bb; y complement\u00f3 que, aunque la ley transicional no refiere de manera expresa a las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad \u00abdicho vac\u00edo puede solucionarse acudiendo por complementariedad al C\u00f3digo de Procedimiento Penal, como lo dispone el art\u00edculo 62 de la ley 975 de 2005 y el art\u00edculo 2.2.5.12.1.5 del decreto 1069 de 2015 se\u00f1alando que la detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario puede sustituirse tambi\u00e9n en el proceso de justicia y paz, por una o varias medidas no privativas de la libertad contenidas en el art\u00edculo 307 literal b, del C.P.P.\u00bb, <\/p>\n
Finalmente, adujo que existen precedentes en los que se ha concedido la sustituci\u00f3n de la medida en casos de postulados a justicia y paz que incluso tienen sentencias ejecutoriadas en su contra. <\/p>\n
Ahora bien, n\u00f3tese, esos argumentos as\u00ed formulados son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia que el actor (por intermedio de su apoderado) pretende anteponer su propia interpretaci\u00f3n y criterio al de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue desfavorable, finalidad que resulta ajena a esta acci\u00f3n, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela de los juicios ordinarios o transicional, como aqu\u00ed ocurre. <\/p>\n
Adem\u00e1s, res\u00e1ltese, incumbe a quien ejercite la acci\u00f3n de amparo contra una providencia judicial no conformarse con realizar s\u00f3lo exposiciones argumentales que cuestionen su validez por no compartir, por ejemplo, la aplicaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n de una determinada normativa, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n caprichosa, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza cuestionando el labor\u00edo del juzgador, debe detallar las razones por las cuales el asunto planteado involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los defectos que, fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En ese sentido, aunque el actor reclama insistentemente que, ante la solicitud de sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento, correspond\u00eda que la Sala tutelada considerara la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad del art\u00edculo 37 inciso 4\u00ba del decreto 3011 de 20131 a fin de acceder al beneficio deprecado, observa la Corte que en realidad lo que hace es replicar puntos de censura que fueron agotados y resueltos de fondo en ese escenario procesal; es decir, lo que contienen los argumentos que ahora trae a esta senda es un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Y en este caso, esa intenci\u00f3n se advierte n\u00edtida, pues el querellante lo que persigue es imponer su particular hermen\u00e9utica legal y apreciaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico en el que promueve la petici\u00f3n liberatoria, todo lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria o especial. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, de manera uniforme la Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC16240-2015, STC16948-2015, STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Y tambi\u00e9n ha dicho esta Sala que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
4.2. De la razonabilidad de la providencia atacada. <\/p>\n
No obstante lo anterior, y aunque es suficiente para desestimar la s\u00faplica constitucional, para la Sala es pertinente precisar que, de la revisi\u00f3n efectuada al proferimiento criticado no se revela prima facie el desafuero argumental que el tutelante denuncia, ni la disonancia interpretativa que cuestiona de la Hom\u00f3loga accionada al evaluar los puntos cr\u00edticos del recurso y llegar a las conclusiones aqu\u00ed censuradas. <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, la Sala Especializada se ocup\u00f3 de verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el art\u00edculo 18A2 de la ley de justicia y paz, constatando que los numerales 1 y 2 se encontraban acreditados. <\/p>\n
Sin embargo, en relaci\u00f3n con el numeral 5\u00ba de la citada normativa, esto es, que el postulado no haya cometido delitos dolosos con posterioridad a la desmovilizaci\u00f3n, puntualiz\u00f3 que no se aportaron elementos de juicio que permitieran tener por satisfecha dicha exigencia. <\/p>\n
Luego, como el apelante centr\u00f3 sus alegaciones en torno a la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad que deb\u00eda aplicarse al mencionado precepto legal, en consonancia con el previsto en el decreto 3011 de 2013, la Sala reiter\u00f3 lo que en anterior oportunidad resolvi\u00f3 sobre el particular (en auto AP2329-2016, entre otros), <\/p>\n
\u00ab(\u2026) No parece admisible, frente a un proceso de justicia transicional, que deban esperarse los resultados de un proceso penal ordinario para admitir como nuevo delito solo aquel declarado mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada, como que los objetivos de uno y otro resultan dis\u00edmiles, pero igual se muestra injusto con el postulado que la simple noticia criminal sea suficiente para descartar la sustituci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Es cierto que la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad autoriza la inaplicaci\u00f3n de una norma de inferior jerarqu\u00eda ante la contradicci\u00f3n manifiesta con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en un caso particular y con efectos inter partes, siempre y cuando la oposici\u00f3n sea evidente. <\/p>\n
Sin embargo, dicho presupuesto no se cumple en el evento examinado porque no hay contraposici\u00f3n entre lo dispuesto en el art\u00edculo 37-4 del Decreto 3011 de 2013 y el art\u00edculo 29 Superior, pues la norma reglamentaria no considera culpable a quien es objeto de una imputaci\u00f3n. Simplemente precisa que, de todos los postulados, los destinatarios de la sustituci\u00f3n de la medida privativa de la libertad son los que no han sido objeto de imputaci\u00f3n por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilizaci\u00f3n.\u00bb [Subrayas y negrilla fuera del texto] (Cfr. AP1295-2014, rad. 45350, AP7277-2015, rad. 46042, AP6292-2016, rad. 48540 y AP2329-2016, rad. 47207). <\/p>\n
A partir de lo anterior, recalc\u00f3 que no advert\u00eda acreditada la se\u00f1alada condici\u00f3n, por el contrario, observ\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el proceso penal seguido ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso con lavado de activos, por hechos presuntamente cometidos con posterioridad a su desmovilizaci\u00f3n, prosigue su curso. <\/p>\n
Como se anunci\u00f3 en las diligencias del presente tr\u00e1mite, la imputaci\u00f3n de cargos en el referido asunto tuvo lugar el 16 de junio de 2014 y, en la actualidad, se encuentra en la etapa de juicio, a cargo del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena3. <\/p>\n
Por ende, ser\u00e1 la culminaci\u00f3n de ese proceso, la circunstancia que finalmente determine si se cumple o incumple el requisito contemplado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 18A de la Ley 975 de 2005 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 que, ni siquiera a trav\u00e9s de cuestionamientos a la legalidad del proceso penal, o de controvertir la fecha de la ocurrencia o comisi\u00f3n de los punibles objetos de imputaci\u00f3n, relevaban a la judicatura de realizar la verificaci\u00f3n de la exigencia indicada, aspecto que fue objeto de pronunciamiento en el auto AP255-2020. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como puede observarse de lo rese\u00f1ado, la Sala accionada auscult\u00f3 el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para acceder a la sustituci\u00f3n detencionaria pretendida, al igual que evalu\u00f3 sobre la viabilidad de aplicar al asunto la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad en los t\u00e9rminos alegados por Mancuso G\u00f3mez (a trav\u00e9s de su defensor), postura que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta o desfasada, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es decir, no encuentra esta Sala configurado el defecto a que se refiere el ac\u00e1 demandante, ya que las motivaciones expuestas por la accionada resultan respetables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno a esas conclusiones. <\/p>\n
Finalmente, cabe reiterar lo que la Corte ha dicho en los casos en que se discute v\u00eda tutela una determinaci\u00f3n judicial, en el sentido de que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
5. Consideraciones adicionales \u2013 La inmediatez. <\/p>\n
En cuanto a los reproches que plantea el tutelante respecto del auto proferido en segunda instancia por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que le revoc\u00f3 la libertad a prueba inicialmente concedida por el juez de ejecuci\u00f3n de sentencias de la jurisdicci\u00f3n transicional, se tiene que la salvaguarda incumple el requisito de la inmediatez, ya que la referida determinaci\u00f3n data del 11 de agosto de 2020 y, como la presente demanda fue radicada el 22 de abril de 2022, es claro que excede el t\u00e9rmino que la jurisprudencia de la Sala4 ha fijado como razonable para acudir al amparo y colmar dicho presupuesto de procedibilidad, destac\u00e1ndose que el an\u00e1lisis de ese criterio se impone a\u00fan m\u00e1s riguroso cuando la tutela va dirigida contra una decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, el precursor omiti\u00f3 exponer por qu\u00e9, concretamente frente a la referida providencia, no impetr\u00f3 el auxilio oportunamente a fin de que la Corte pudiera estudiar las excepciones al principio de temporalidad y flexibilizarlo en consideraci\u00f3n de la explicaci\u00f3n que justificara su inactividad. Sobre el particular la Corte Constitucional se ha pronunciado en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
6. De la presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad. <\/p>\n
Finalmente, alleg\u00f3 el actor a estas diligencias diversos pronunciamientos en los que salieron avante las peticiones liberatorias en favor de otros postulados de justicia y paz, sea por sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad o por cumplimiento de la pena alternativa. <\/p>\n
Sin embargo, resulta oportuno advertir que no podr\u00eda admitirse tal afectaci\u00f3n bajo la premisa de existir decisiones judiciales en las cuales se reconoci\u00f3 un determinado beneficio a otro procesado, pues, resulta leg\u00edtimo que la interpretaci\u00f3n de una norma lleve a diferentes conclusiones seg\u00fan el contexto particular que se estudia, todas las cuales podr\u00edan ser acertadas mientras sean cotejadas estrictamente con la ley aplicable; adem\u00e1s, los principios de independencia y autonom\u00eda que le confiere a los operadores jur\u00eddicos el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permite un amplio margen de apreciaci\u00f3n en sus determinaciones, de modo que las decisiones que trae a colaci\u00f3n el actor, no necesariamente constituyen precedente judicial para servir de derrotero y hacer extensivos sus efectos a las causas que involucran a Mancuso G\u00f3mez, por lo que no puede colegirse un trato diferencial con incidencia en la prerrogativa suplicada. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo dicho, la Corte ha expresado que, \u00ab(\u2026) para establecer si se incurre en discriminaci\u00f3n, no sirve de par\u00e1metro lo decidido por otros jueces, por parecidos que sean los casos, como quiera que la labor de administrar justicia est\u00e1 sometida a la independencia y autonom\u00eda que le son inherentes (CSJ, STC, 16. Ab. 2015, 00512-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las reflexiones precedentes se advierten id\u00f3neas y suficientes para desestimar la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
7. Conclusiones. <\/p>\n
7.1. Los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n controvertida \u2013 AP891-2022 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que ratific\u00f3 la negativa de la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento \u2013 hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto se\u00f1alando una determinada tesis o interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico, sustituy\u00e9ndolo, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo o una instancia adicional a la cual acudir y no, como lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
7.2. En relaci\u00f3n con las recriminaciones contra el auto del 11 de agosto de 2020 emitido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que le neg\u00f3 la libertad a prueba, se tiene que el convocante demor\u00f3 en interponer este mecanismo \u2013 incumpli\u00e9ndose el presupuesto de la temporalidad \u2013 y no demostr\u00f3 alguna circunstancia que justificara su tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abSUSTITUCI\u00d3N DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. Art\u00edculo 37. Evaluaci\u00f3n del cumplimiento de requisitos para la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento. Para la solicitud de la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento, el postulado deber\u00e1 presentar los documentos o pruebas que respalden el cumplimiento de los requisitos contemplados en el art\u00edculo 18A de la Ley 975 de 2005. <\/p>\n
(\u2026) Frente al requisito contenido en el numeral 5, si al momento de la solicitud de sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento el postulado ha sido objeto de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la desmovilizaci\u00f3n, el magistrado con funciones de control de garant\u00edas se abstendr\u00e1 de conceder la sustituci\u00f3n de la libertad\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 ART\u00cdCULO 18A. SUSTITUCI\u00d3N DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y DEBER DE LOS POSTULADOS DE CONTINUAR EN EL PROCESO. El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podr\u00e1 solicitar ante el magistrado con funciones de control de garant\u00edas una audiencia de sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente art\u00edculo y a las dem\u00e1s condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley. El magistrado con funciones de control de garant\u00edas podr\u00e1 conceder la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento en un t\u00e9rmino no mayor a veinte (20) d\u00edas contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado haya cumplido con los siguientes requisitos: <\/p>\n
1. Haber permanecido como m\u00ednimo ocho (8) a\u00f1os en un establecimiento de reclusi\u00f3n con posterioridad a su desmovilizaci\u00f3n, por delitos cometidos durante y con ocasi\u00f3n de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Este t\u00e9rmino ser\u00e1 contado a partir de la reclusi\u00f3n en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jur\u00eddicas sobre control penitenciario; <\/p>\n
2. Haber participado en las actividades de resocializaci\u00f3n disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y haber obtenido certificado de buena conducta; <\/p>\n
4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley; <\/p>\n
5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Para verificar los anteriores requisitos el magistrado tendr\u00e1 en cuenta la informaci\u00f3n aportada por el postulado y provista por las autoridades competentes. (\u2026) <\/p>\n
3\u0002 Audiencia del 15 de enero de 2021, audio \u00ab110012252000202000148_15012021_2\u00bb, r\u00e9cord 31:54. <\/p>\n
4\u0002 \u00ab(\u2026) En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
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STC5883-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC5883-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01234-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Salvatore Mancuso G\u00f3mez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63556","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63556","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63556"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63556\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63556"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63556"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63556"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}