STC5983-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5983-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Edwin Fernando Z\u00fa\u00f1iga Luna frente a la sentencia de 2 de noviembre de 2021, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por aquel contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n (Sala Penal) y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bol\u00edvar, Cauca. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el decurso que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00ablibertad\u2026, (\u2026) acceso a la administraci\u00f3n de justicia[,] dignidad humana\u00bb y \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, presuntamente conculcadas por las dependencias jurisdiccionales requeridas, dentro del paginario punitivo n.\u00b0 \u00ab2019-00063\u00bb. <\/p>\n
Y en concreto, se conmine a dejar sin valor las \u00faltimas determinaciones ah\u00ed adoptadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bol\u00edvar, Cauca \u2013conocedor del expediente arriba descrito\u2013, se surti\u00f3 una solicitud de \u00ablibertad condicional\u00bb impetrada mediante apoderado por el ahora promotor, quien fuera condenado a \u00ab48 meses de prisi\u00f3n\u00bb al interior de dicho asunto, en sentencia anticipada de 11 de febrero de 2020, por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La precitada petici\u00f3n la desestim\u00f3 el despacho de conocimiento con auto de 23 de agosto de 2021, que hubo de confirmar el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n (Sala Penal), a trav\u00e9s de providencia de 5 de octubre posterior, en sede de apelaci\u00f3n propuesta por la defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El titular del resguardo de marras critic\u00f3 los anteriores pronunciamientos pues, en s\u00edntesis, los dispensadores de justicia confutados se basaron \u00fanicamente en \u00abla gravedad de la conducta, pero sin hacer alusi\u00f3n o valoraci\u00f3n del nivel de resocializaci\u00f3n\u00bb, de cara a la negaci\u00f3n de su petitorio; circunstancia que va en desmedro del precedente constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los entes judiciales repelidos se opusieron separadamente al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n y pertinencia de sus proveimientos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, dado que los pronunciamientos disentidos \u00abno son arbitrarios\u2026, no desconocen los precedentes aplicables y tampoco contravienen las normas que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por el precursor con persistencia en sus ataques, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que \u00absi bien pued[e] no tener (\u2026) las razones legales\u00bb para controvertir las resoluciones criticadas, lo cierto es que \u00abh[a] aprendido la lecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, lo conducente es auscultar en sus cimientos el auto proferido el 5 de octubre de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n (Sala Penal), al ser el que en apelaci\u00f3n acab\u00f3 por definir cualquier discusi\u00f3n respecto a la \u00ablibertad condicional\u00bb suplicada por el ahora quejoso. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)Sobre la libertad condicional, tenemos que, el C\u00f3digo Penal, en su precepto 64, prev\u00e9: <\/p>\n
(\u2026)El juez, previa valoraci\u00f3n de la conducta punible, conceder\u00e1 la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos: <\/p>\n
1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3\/5) partes de la pena. <\/p>\n
2. Que su adecuado desempe\u00f1o y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi\u00f3n permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Que demuestre arraigo familiar y social\u2026 <\/p>\n
Como se observa, para poder conceder este mecanismo sustitutivo, el interesado debe superar simult\u00e1neamente varias exigencias, siendo ineludible, entre ellas, el estudio de la valoraci\u00f3n de la conducta punible. <\/p>\n
Sobre ese punto, en la sentencia C-757 de 15 de octubre de 2014[ la Corte Constitucional] se\u00f1al\u00f3 que el primer inciso del art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, luego de la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, es exequible a la luz de los principios de non bis in \u00eddem, del juez natural (C.P. art. 29), de la separaci\u00f3n de poderes (C.P. art. 113) y, precis\u00f3, que tampoco vulnera la prevalencia de los tratados de derechos humanos en el orden interno. <\/p>\n
A la par, condicion\u00f3 la interpretaci\u00f3n de dicha disposici\u00f3n en concordancia con lo ordenado en la sentencia C-194 de 2005. Con ese fin, adujo que, para conceder o negar el subrogado referido se debe tener en cuenta todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean \u00e9stas favorables o desfavorables al encartado. <\/p>\n
Efectuadas estas precisiones, la Magistratura anuncia que confirmar\u00e1 el auto recurrido, habida cuenta que, el juez singular despleg\u00f3 un acertado an\u00e1lisis del caso y aplic\u00f3 de manera adecuada el derecho. <\/p>\n
Revisada la providencia del 11 de febrero del 2020 y la sentencia mediante la cual se confirma, la Sala encuentra que el encartado, luego de celebrar un preacuerdo, resulta condenado por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes (Art. 376 incido 3 del CP) toda vez que, fue sorprendido cuando trasportaba en un veh\u00edculo tipo cami\u00f3n, de placas SND 555, sustancia estupefaciente, la cual, sometida a la prueba preliminar homologada PIPH, arroj\u00f3 positivo para cannabis y sus derivados con un peso neto de 1.003 gramos. Es de resaltar que el alucin\u00f3geno estaba en un paquete rectangular forrado con cinta adhesiva color caf\u00e9 y escondido en un bulto de papa. No se puede inadvertir que, EDWIN FERNANDO, para cometer este delito, se vali\u00f3 de su oficio de conductor y lo hizo con conocimiento y voluntad. <\/p>\n
Igualmente se tiene que puso en peligro sin justa causa, el bien jur\u00eddico tutelado de la salud p\u00fablica, en tanto, trasport\u00f3 sustancia prohibida. Y actu\u00f3 con culpabilidad, dado que, estaba en condiciones de comprender que la acci\u00f3n ejecutada era contraria a derecho y pudo haberse desempe\u00f1ado de otra manera. <\/p>\n
No es verdad que el operador jur\u00eddico de primer grado no haya desplegado ninguna estimaci\u00f3n sobre la conducta punible, pues, basta leer la sentencia en su integridad para encontrar que el juzgado hizo un an\u00e1lisis de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Adem\u00e1s, se refirieron las circunstancias en las cu\u00e1les se cometi\u00f3 el delito y las situaciones personales del procesado, como dedicarse a la conducci\u00f3n y ejercer como peluquero. <\/p>\n
As\u00ed, la Corporaci\u00f3n considera que la conducta por la que resulta sancionado el encartado, fue de una entidad estimable, pues, sin contemplaciones transportaba una importante cantidad de sustancia prohibida, la cual, tiene una enorme capacidad de envenenamiento y afecta el bien jur\u00eddico tutelado de la salud p\u00fablica, como acertadamente lo estableci\u00f3 el juez singular. <\/p>\n
Los delitos admiten clasificaciones entre graves, menos graves y leves, de acuerdo al bien jur\u00eddico tutelado, cuesti\u00f3n que se ve reflejada en la imposici\u00f3n de las penas. El delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes es sumamente grave, porque con \u00e9l se pone en riesgo no solo la salud de los asociados, sino la integridad y unidad familiar, siendo un hecho muy sensible frente a la sociedad, por ello el castigo debe ser m\u00e1s severo. La conducta desplegada por el encartado, contrario a lo estimado por el defensor, permite inferir que su desempe\u00f1o personal no es id\u00f3neo. <\/p>\n
Bajo estos presupuestos, se puede aseverar que la valoraci\u00f3n de la conducta punible indica que Z\u00da\u00d1IGA LUNA, no es acreedor de la libertad condicional y debe continuar cumpliendo su pena privativa de la libertad, en aras de alcanzar una aceptable resocializaci\u00f3n. Al defensor le debe quedar claro que el examen de la conducta para escrutar la procedencia del mecanismo sustitutivo se hace revisando la sentencia en conjunto y no ac\u00e1pites insulares o segmentos de ella\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal requerido, al igual que el juez de primer grado, deneg\u00f3 la \u00ablibertad condicional\u00bb por \u00e9l pedida, luego de concluir, con soporte en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal y los fallos C-194\/05 y C-757\/14, que el requisito de la \u00abprevia valoraci\u00f3n de la conducta punible\u00bb le era desfavorable, pues el delito por el que fue condenado es \u00abde una entidad estimable\u00bb, al afectar \u00abel bien jur\u00eddico (\u2026) de la salud p\u00fablica\u00bb. Ello, sin embargo de su desempe\u00f1o en prisi\u00f3n. <\/p>\n
Tales planteamientos es dif\u00edcil desaprobarlos de plano o calificarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del fundamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se impone, ergo, resolver de modo ratificatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo de marras fue remitido a esta Sala de la Corte, para tales fines, hasta el d\u00eda 3 del mes y a\u00f1o en curso, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
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