STC5984-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5984-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2022-00094-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Pablo Osorio Villegas contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal, ambos de Envigado, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los despachos judiciales accionados. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdecla[rar] la nulidad de todo lo actuado desde el 04\/12\/2020 dentro del radicado n\u00famero 05266 40 03 002 2017 00874 00 \u2013 conexo 2016-00008\u00bb y, \u00abde manera oficiosa declaren la nulidad de todo lo actuado, conforme al memorial del 13 de agosto de 2019 allegado al Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Envigado, en el cual informan que el se\u00f1or Germ\u00e1n Augusto Ram\u00edrez Vel\u00e1squez es el cesionario del cr\u00e9dito, seg\u00fan radicado n\u00famero 05266 40 03 002 2017 00874 00 \u2013 conexo 2016-00008\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Urbanizaci\u00f3n Parques de San Carlos PH promovi\u00f3 proceso ejecutivo en contra de Juan Pablo Osorio Villegas, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Envigado, asunto donde se present\u00f3 la acumulaci\u00f3n de la demanda ejecutiva hipotecaria formulada por el Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. contra Osorio Villegas; el 25 de octubre de 2017 admiti\u00f3 dicha acumulaci\u00f3n y libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 24 de marzo de 2018 se notific\u00f3 el ejecutado por aviso, sin que el promotor ejerciera su defensa oportunamente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 9 de septiembre de 2019 el estrado judicial acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito entre el Banco Colpatria (cedente) y Germ\u00e1n Augusto Ram\u00edrez Vel\u00e1squez (cesionario); determinaci\u00f3n que no fue recurrida por el promotor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 25 de noviembre de 2020 el despacho reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica a Juan Alberto Mora Gonz\u00e1lez, raz\u00f3n por la que, el 4 de diciembre siguiente, dicho mandatario formul\u00f3 reposici\u00f3n contra la orden de apremio, al tiempo que formul\u00f3 medios exceptivos; el 29 de abril siguiente, el estrado judicial refiri\u00f3, entre otras, que el convocado fue debidamente notificado el 24 de marzo de 2018, por lo que no era la oportunidad procesal para formular los medios de defensa, al tiempo que, decret\u00f3 el embargo sobre los predios con folio inmobiliario 001-926718, 001-926747 y 001926777; determinaci\u00f3n que, en cuanto a la cautelas, fue confirmada el 17 de enero de 2022 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 28 de febrero de 2022 el promotor solicit\u00f3 el acompa\u00f1amiento del Ministerio P\u00fablico, al considerar que el cesionario Germ\u00e1n Augusto Ram\u00edrez Vel\u00e1squez es empleado p\u00fablico; el 2 de marzo siguiente, el estrado de conocimiento accedi\u00f3 a tal petici\u00f3n, oficiando a los Procuradores Delegados para Asuntos Civiles, con el fin de brindar el acompa\u00f1amiento requerido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, el proceso es nulo, en la medida en que el cesionario Germ\u00e1n Augusto Ram\u00edrez Vel\u00e1squez es empleado p\u00fablico, que para \u00abla \u00e9poca en [le] concedieron el poder y [le] reconocieron personer\u00eda para actuar, esto es, el 4 de diciembre de 2020, momento procesal en que se denunci\u00f3 tan grave hecho\u00bb los estrados acusados \u00abni una coma escribie[ron] al respecto, vulnerando el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Anot\u00f3 que el cesionario labora en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos Zona Sur \u2013 Medell\u00edn, por lo que conoc\u00eda de los folios inmobiliarios de los predios embargados, raz\u00f3n por la que \u00abcomo empleado p\u00fablico y tener una posici\u00f3n ventajosa frente a los registros p\u00fablicos de bienes inmuebles no est\u00e1 facultado por la ley para fungir como cesionario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Agreg\u00f3 que formul\u00f3 una primigenia petici\u00f3n de amparo pretendiendo la nulidad del juicio, empero, en sede de impugnaci\u00f3n, la Corte indic\u00f3 que el reparo respecto de que el cesionario es empleado p\u00fablico constitu\u00eda un hecho nuevo no alegado en el libelo inicial, raz\u00f3n por la que formula esta nueva petici\u00f3n de amparo, pretendiendo igualmente la anulaci\u00f3n de la totalidad del juicio, atendiendo dicha alegaci\u00f3n <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Envigado remiti\u00f3 link de consulta de los expedientes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 la salvaguarda al considerar que la salvaguarda incumple con el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que, contra el auto de 9 de septiembre de 2019 por medio del cual el despacho de conocimiento acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a favor de Germ\u00e1n Augusto Ram\u00edrez Vel\u00e1squez, el promotor no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, pese a estar debidamente enterado del juicio. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, con prove\u00eddo de 2 de marzo de 2022, atendiendo las peticiones del promotor, el despacho resolvi\u00f3 favorablemente la solicitud de acompa\u00f1amiento del Ministerio P\u00fablico, con el fin de garantizar las prerrogativas del promotor, tras indicar que el cesionario es empleado p\u00fablico, determinaci\u00f3n que no luce arbitraria. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abadjun[t\u00f3] poder para la defensa de\u2026 Juan Pablo Osorio Villegas el 28 de agosto de 2019 y el juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Envigado acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito con fecha 09 de septiembre de 2019 (notificada por estados el 12 de septiembre de 2019) y [l]e reconocieron poder para actuar solamente cuando present[\u00f3] una tutela con fecha 25 de noviembre de 2020 (radicado 05266 31 03 003 2020 00213 00 \u2013 hecho superado)\u00bb, raz\u00f3n por la que no formul\u00f3 ning\u00fan reparo contra el prove\u00eddo que acept\u00f3 dicha cesi\u00f3n; de ah\u00ed que, \u00abno es cierto que ha[yan] dejado pasar [la] oportunidad para objetar la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, fue el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Envigado, quien [les] cercen\u00f3, [les] coar[t\u00f3], [les] limit\u00f3 dicha posibilidad\u00bb; pidi\u00f3 se declare la nulidad de todo lo actuado \u00abconforme al memorial del 13 de agosto de agosto de 2019 allegado al Juzgado\u2026, en el cual informan que\u2026 Germ\u00e1n Augusto Ram\u00edrez Vel\u00e1squez es el cesionario del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De acuerdo a lo expuesto en la demanda de tutela, concluye la Corte que el promotor del resguardo cuestiona la providencia de 9 de septiembre de 2019 por medio del cual el Juzgado de conocimiento acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a favor de Germ\u00e1n Augusto Ram\u00edrez Vel\u00e1squez, pues, en su sentir, la misma no era procedente, comoquiera que, aqu\u00e9l es empleado p\u00fablico, toda vez que, labora en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos Zona Sur de Medell\u00edn donde est\u00e1n asentadas las matr\u00edculas inmobiliarias de los predios objeto de cautela. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Descendiendo al caso de autos, concluye esta Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha del prove\u00eddo que acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a favor de Germ\u00e1n Augusto Ram\u00edrez Vel\u00e1squez (9 de septiembre de 2019); y la data de interposici\u00f3n de la demanda de amparo que ahora ocupa a la Corte (28 de febrero de 2022), transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino muy superior al de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido,\u2026 adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aunado a lo anterior, se destaca que frente al particular la salvaguarda tambi\u00e9n incumple el presupuesto de subsidiariedad, habida cuenta que, tal como lo afirm\u00f3 el a quo constitucional, el gestor tuvo a su alcance los medios de defensa id\u00f3neos al interior del proceso fustigado, empero, no formul\u00f3 recurso contra el prove\u00eddo de 9 de septiembre de 2019; siendo dicho mecanismo ordinario procedente para exponer, ante el fallador natural los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos; siendo ese el remedio de defensa id\u00f3neo y procedente de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, destacando que, no es de recibo el argumento de que s\u00f3lo se le reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica a su mandatario hasta el 25 noviembre de 2020, raz\u00f3n por la cual no actu\u00f3 con anterioridad, pues lo cierto es que, conforme lo evidenciado, Juan Pablo Osorio Villegas fue debidamente notificado el 24 de marzo de 2018, raz\u00f3n por la que, desde esa data pod\u00eda actuar en el proceso. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor del resguardo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, los reparos ac\u00e1 tra\u00eddos. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora, en cuanto a la supuesta falta de pronunciamiento de los estrados querellados, de cara a sus manifestaciones respecto a que a sus garant\u00edas de primer grado est\u00e1n quebrantadas al interior del juicio, comoquiera que, el cesionario Germ\u00e1n Augusto Ram\u00edrez Vel\u00e1squez funge como empleado p\u00fablico y tiene \u00abuna posici\u00f3n ventajosa frente a los registros p\u00fablicos de bienes inmuebles\u00bb, se tiene que la Corte no advierte dicha irregularidad. <\/p>\n
En Efecto, verificado el plenario, se encuentra que con prove\u00eddo de 2 de marzo de 2022 el Juzgado Segundo Civil Municipal de Envigado \u00abatendiendo la manifestaci\u00f3n presentada por el apoderado de la parte demandada\u2026, al encontrarse procedente, a fin de garantizar los derechos fundamentales del demandado Juan Pablo Osorio Villegas, principalmente el debido proceso; por lo que continuamente vela esta juzgadora, se ordena oficiar al Ministerio P\u00fablico \u2013 Procuradores Delegados para Asuntos Civiles, para que brinden acompa\u00f1amiento en el tr\u00e1mite del presente proceso, dado que se dice que el cesionario Germ\u00e1n Augusto Ram\u00edrez Vel\u00e1squez es un empleado P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ninguna irregularidad encuentra la Corte en las referidas actuaciones, que hubieran comprometido las garant\u00edas fundamentales del quejoso. <\/p>\n
Luego, entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
5. Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
5 <\/p>\n
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