STC5986-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5986-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01415-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Sandra Patricia L\u00f3pez Rinc\u00f3n contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Penal y el Juzgado Penal del Circuito de Gachet\u00e1 y citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado No. 11001310405020130079101. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n accionada en el asunto referido. <\/p>\n
De las manifestaciones de la solicitante y los soportes allegados a este asunto, se extrae que tras decretarse una nulidad en el asunto referenciado, la Fiscal\u00eda 57 Seccional de Bogot\u00e1, reelabor\u00f3 la actuaci\u00f3n y emiti\u00f3 una nueva calificaci\u00f3n el 6 de mayo de 2016, en la que declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y la consecuente preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n de los delitos de falsedad en documento privado y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso agravado por el uso, no obstante, la acus\u00f3, junto con otros procesados, por las conductas de estafa agravada por la cuant\u00eda y fraude procesal, determinaci\u00f3n confirmada el 14 de septiembre de 2016. <\/p>\n
Surtidas las etapas correspondientes, la se\u00f1ora L\u00f3pez Rinc\u00f3n fue condenada el 27 de noviembre de 2018 por el Juzgado Penal del Circuito de Gachet\u00e1, a 87 meses de prisi\u00f3n como coautora de los delitos referidos, sentencia que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 30 de julio de 2020. <\/p>\n
Aunque la actora formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 su demanda el 16 de marzo de 2022. <\/p>\n
La peticionaria se\u00f1al\u00f3 que conforme a los art\u00edculos 83 y 86 del C\u00f3digo Penal, la Sala de Casaci\u00f3n Penal debi\u00f3 decretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en el asunto cuestionado, puesto que a partir de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o calificaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda el Estado cuenta con cinco (5) a\u00f1os para el ejercicio de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el 23 de marzo de 2022, le pidi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n accionada declarar la referida prescripci\u00f3n; sin embargo, a la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo -3 de mayo de 2022-, no ha obtenido una decisi\u00f3n sobre el particular, puesto que, \u00ablo que recibimos el d\u00eda 27 de marzo fue un correo de inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n\u00bb, y manifest\u00f3 que, \u00abla corte en su sala de casaci\u00f3n penal debi\u00f3 inhibirse y declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en mi contra\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, pidi\u00f3 \u00abdeclarar la prescripci\u00f3n del art. 86 del CP, ya que el Estado perdi\u00f3 la potestad el d\u00eda 06 de mayo del a\u00f1o 2021\u00bb para seguir adelantando el proceso referenciado en su contra. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso penal referido. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal se opuso a la prosperidad del amparo por no haber lesionado las garant\u00edas de la peticionaria, y, adem\u00e1s de referirse a la improcedencia de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal al inadmitir la demanda de casaci\u00f3n que formul\u00f3 aqu\u00e9lla, frente a la solicitud que elev\u00f3 para la aplicaci\u00f3n de tal figura -recibida el d\u00eda 3 de los mismos-, le reiter\u00f3 en auto de 5 de mayo de 2022, los motivos de su fracaso. <\/p>\n
2. La Fiscal 215 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de esta ciudad, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de estas diligencias, comoquiera que la tutela no se dirige en su contra. <\/p>\n
3. Andrea del Pilar Forero Moya, quien sostuvo obrar \u00abcomo apoderada de RGJV SOLORZANO SAS \u2013 JUAN RAUL SOLORZANO quien fungi\u00f3 como parte civil\u00bb, en el caso censurado, se\u00f1al\u00f3 que en el proceso su representado tambi\u00e9n ha sufrido lesiones a sus derechos por la tardanza de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal convocado relat\u00f3 los antecedentes del asunto penal censurado y manifest\u00f3 que, al presentarse el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, envi\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Sala especializada correspondiente. <\/p>\n
5. El Juzgado Penal del Circuito de Gachet\u00e1 expres\u00f3 que no lesion\u00f3 los derechos de la solicitante al emitir la sentencia de primer grado, \u00fanica actuaci\u00f3n que estuvo bajo su cargo. <\/p>\n
6. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Inicialmente se advierte que, si la queja de la solicitante se dirige frente a la supuesta tardanza de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para definir la petici\u00f3n que plante\u00f3 en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, su censura no sale avante al presentarse una carencia actual de objeto o hecho superado pues seg\u00fan lo expuso y prob\u00f3 esa autoridad, atendi\u00f3 tal reclamaci\u00f3n con auto de 5 de mayo de 2022, notificado al abogado de la peticionaria a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de esa misma fecha, como se extrae del soporte que a continuaci\u00f3n se incluye: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es improcedente para el fallador constitucional conceder el amparo implorado en aras de garantizar los derechos fundamentales invocados, pues lo cierto es que, al momento de emitir el fallo, la circunstancia que origin\u00f3 la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, se encuentra superada, por tanto, la tutela pierde su raz\u00f3n de ser. (Ver CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos, en STC10752-2020, STC11271-2021 y STC3520-2022). <\/p>\n
2.1. Fijado lo anterior, igualmente advierte la Sala, que el amparo propuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal no ha incurrido en irregularidad susceptible de ser conjurada a trav\u00e9s de este mecanismo extraordinario. <\/p>\n
Justamente, examinada la providencia AP1122-2022 de 16 de marzo e, incluso, el reciente auto de 5 de mayo de 2022, mediante los cuales la Sala accionada, no accedi\u00f3 a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal solicitada por la se\u00f1ora Sandra Patricia L\u00f3pez Rinc\u00f3n, ninguna arbitrariedad se observa. <\/p>\n
En efecto, en la primera decisi\u00f3n rese\u00f1ada, se inadmitieron los cargos que la accionante plante\u00f3 argumentando las supuestas deficiencias en la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal, por parte del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Penal, toda vez que tales ataques fueron incorrectamente propuestos, pues la recurrente <\/p>\n
\u00abse limit\u00f3 a predicar la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del canon 86 del C\u00f3digo Penal, pero no indic\u00f3 qu\u00e9 dice el mismo; cu\u00e1l es la regulaci\u00f3n que le da al tema en debate; cu\u00e1l fue el entendimiento que de \u00e9l tuvo el Tribunal; por qu\u00e9 deriv\u00f3 un alcance mayor o menor al que su texto posee; qu\u00e9 repercusi\u00f3n tuvo tal yerro en el establecimiento de la parte dispositiva del fallo ni c\u00f3mo su interpretaci\u00f3n correcta la podr\u00eda modificar. <\/p>\n
Por el contrario, se conform\u00f3 con denunciar que el Tribunal se pronunci\u00f3 frente a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal basado en la segunda resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y no en la primera emitida por la Fiscal\u00eda, momento para el cual, insiste, ya hab\u00eda operado dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico, cuya incidencia no se circunscribe a la comprensi\u00f3n de una norma con la trasgresi\u00f3n que pretendi\u00f3 deducir el censor\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal que \u00abal margen de sus ostensibles dislates\u00bb, la acusaci\u00f3n no se acompa\u00f1\u00f3 de una fundamentaci\u00f3n que permitiera tener por acreditada \u00abla alegada violaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u00bb y, con todo, la determinaci\u00f3n cuestionada s\u00ed consult\u00f3 \u00ablas pautas jurisprudenciales\u00bb, ya que el Tribunal Superior al resolver uno de los argumentos de la apelaci\u00f3n, relativo a la prescripci\u00f3n aqu\u00ed pretendida, \u00abcontabiliz\u00f3 los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal a partir de la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n vigente, es decir, la del 6 de mayo de 2016, que cobr\u00f3 firmeza el 14 de septiembre de ese a\u00f1o, cuya calificaci\u00f3n jur\u00eddica fue la que en definitiva fund\u00f3 los t\u00e9rminos de la condena\u00bb; y, adem\u00e1s, escogi\u00f3 acertadamente la norma, pues aplic\u00f3 al caso el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal, \u00abtodo lo cual descarta el yerro denunciado\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, frente a la insistencia de la solicitante en el decreto de la prescripci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en auto de 5 de mayo de 2022, reiter\u00f3 la fundamentaci\u00f3n contenida en el auto AP1122-2022 y, adem\u00e1s sostuvo que, para la fecha de esa decisi\u00f3n, esto es, 16 de marzo de 2022, no hab\u00edan transcurrido los seis (6) a\u00f1os que establece la normativa aplicable -art. 83 y 86, C.P.- desde la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, la cual qued\u00f3 en firme el 14 de septiembre de 2016. <\/p>\n
\u00abla se\u00f1ora L\u00f3pez Rinc\u00f3n fue condenada por las instancias por un concurso punible heterog\u00e9neo de fraude procesal y estafa agravada, delitos que, acorde con lo prescrito en los art\u00edculos 453, 246 y 267 del C\u00f3digo Penal, tienen una pena de prisi\u00f3n m\u00e1xima de 12 a\u00f1os. <\/p>\n
Ello significa, atendiendo lo dispuesto en los art\u00edculos 83 y 86 de la misma codificaci\u00f3n, que, en juicio, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n es de seis a\u00f1os, no de cinco a\u00f1os, como ella lo sugiere, t\u00e9rmino que no alcanz\u00f3 a trascurrir, pues la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n cobr\u00f3 ejecutoria el 14 de septiembre de 2016 (es un proceso seguido por la Ley 600 de 2000) y el auto de inadmisi\u00f3n de la Sala data del 16 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la solicitante se equivocaba al sostener que el lapso para que opere la prescripci\u00f3n en la etapa de juicio, en su caso, era de cinco (5) a\u00f1os, pues deb\u00edan tenerse en cuenta las penas establecidas para los delitos cometidos, y, asimismo, resalt\u00f3 que, conforme a su propia jurisprudencia (AP, 20 ene. 2011, rad. 35559), el auto \u00abpor el cual no se da curso a la demanda de casaci\u00f3n cobra ejecutoria una vez sea suscrito por los magistrados, de conformidad con el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2000, y que su notificaci\u00f3n cumple prop\u00f3sitos de mera publicidad\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, se\u00f1al\u00f3 que la condena impuesta a la se\u00f1ora L\u00f3pez Rinc\u00f3n, aqu\u00ed accionante, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, qued\u00f3 en firme el 16 de marzo de 2022, fecha de la providencia AP1122-2022. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y como antes se indic\u00f3, no se observa desafuero o irregularidad en la actuaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pues \u00e9sta atendi\u00f3 con suficiencia los cuestionamientos de la solicitante en cuanto a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal demandada, explicando, de un lado, que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no hab\u00eda incurrido en yerros al no decretarla y, de otro, que el tiempo transcurrido entre la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y la firmeza de la condena -16 de marzo de 2022-, imped\u00eda su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Sandra Patricia L\u00f3pez Rinc\u00f3n contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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