STC5991-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5991-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04020-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Paula Andrea Casas Id\u00e1rraga y Carlos Duque S\u00e1nchez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso verbal de responsabilidad No. 2017-00013 . <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal accionantes con la providencia decisi\u00f3n de 22 de octubre de 2021 que revoc\u00f3 el auto que acept\u00f3 el contrato de transacci\u00f3n y dio por terminada la controversia judicial No. 2017-00013. <\/p>\n
En sustento manifestaron que, en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo se adelanta el proceso de responsabilidad de directores y administradores, promovido por Icopor y Pl\u00e1sticos del Norte SAS contra Carlos Duque S\u00e1nchez y Paula Andrea Casas Id\u00e1rraga, actuaci\u00f3n en la que el 31 de octubre de 2019 se aport\u00f3 un contrato de transacci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 312 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Narraron que el 5 de noviembre de 2019, la representante legal de la sociedad demandante, present\u00f3 un escrito de retractaci\u00f3n coadyuvado por Diego Alberto Casas Id\u00e1rraga, y adujo que en el contrato aportado exist\u00eda una \u00absupuesta nulidad absoluta por falta de determinaci\u00f3n de las condiciones econ\u00f3micas, as\u00ed como un error en el consentimiento respecto de lo cedido y recibido por las partes, adem\u00e1s era general e inespec\u00edfico\u00bb, sin embargo, el 11 de diciembre de 2019 el Juzgado acept\u00f3 la transacci\u00f3n y decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso sin condena en costas. <\/p>\n
Explicaron, que la sociedad recurri\u00f3 la determinaci\u00f3n en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, que se mantuvo en providencia de 12 de febrero de 2020 en la que concedi\u00f3 la alzada, y revoc\u00f3 el Tribunal Superior de Sincelejo el 22 de octubre de 2021, ordenando continuar con el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
Consideran que esta decisi\u00f3n vulnera sus garant\u00edas fundamentales, porque el mismo \u00abcontrato de transacci\u00f3n\u00bb que dio origen a la providencia motivo de inconformidad, fue objeto de estudio en diferentes instancias judiciales y en distintos pleitos adelantados entre las mismas partes como demandantes y demandados, tales como, los verbales Nos. 2016-00348 y 2017-00013, y el divisorio No. 2016-00247, en los que acept\u00f3 dicho acuerdo de voluntades, as\u00ed como la terminaci\u00f3n de esas actuaciones, pues en los mismos se le otorg\u00f3 total certeza de la existencia y validez, lo que quiere decir que \u00abdebe producir plenos efectos jur\u00eddicos en todos los procesos que fueron objeto de transacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Con sustento en los anteriores argumentos solicitaron que se ordene, \u00abdejar sin efecto el Auto C-RSA-2021-21 emitido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo, toda vez que este contradice valoraciones jur\u00eddicas sobre el mismo contrato de transacci\u00f3n que ya ha realizado el mismo tribunal. Curiosamente, mediante este auto se neg\u00f3 su aprobaci\u00f3n, desconociendo los motivos, por cuanto la misma situaci\u00f3n s\u00ed fue acogida por distintos cuerpos judiciales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal de Sincelejo manifest\u00f3, que en el auto que es motivo de reproche se absolvieron todas las alegaciones de la parte apelante, de acuerdo con los fundamentos legales y jurisprudenciales aplicables al caso. <\/p>\n
2. El Juez Sexto Civil del Circuito de Sincelejo respondi\u00f3, que contra la decisi\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso se interpusieron los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, y el Tribunal Superior en providencia de 22 de octubre de 2021 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y en su lugar orden\u00f3 la continuaci\u00f3n del juicio, por lo que a la fecha se encuentra pendiente para realizar la audiencia inicial de que trata el art. 372 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. El mandatario judicial de los demandados expres\u00f3 coadyuvar la petici\u00f3n de sus poderdantes, porque el contrato de transacci\u00f3n para unos juzgadores, fue plenamente v\u00e1lido, y con fuerza para culminar los procesos judiciales en los que fue presentado. <\/p>\n
4. El apoderado judicial de los se\u00f1ores Diego y Piedad Cecilia Casas Id\u00e1rraga, as\u00ed como la empresa Icopor y Pl\u00e1sticos del Norte SAS, pidi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela, porque los accionantes pretenden evadir su responsabilidad al confrontar las decisiones proferidas en las actuaciones judiciales emprendidas en su contra, por los abusos y apropiaciones indebidos que se discuten en el proceso que hoy se acciona. <\/p>\n
1. En primer lugar, se pone de presente, que el 3 de noviembre de 2021 esta acci\u00f3n constitucional fue asignada para su conocimiento al Magistrado \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, quien se declar\u00f3 impedido para conocer el asunto, al igual que los Magistrados Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque, en raz\u00f3n de haber participado en la Sala de Decisi\u00f3n donde se profiri\u00f3 la sentencia STC7275-2020 de 11 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Mediante auto ATC551-2022 de 26 abril de 2022, la Sala de Conjueces resolvi\u00f3 no aceptar los impedimentos manifestados y dispuso la devoluci\u00f3n de las diligencias al Ponente, sin embargo, como el Doctor Garc\u00eda Restrepo termin\u00f3 su per\u00edodo constitucional el 22 de abril de 2022, la Presidencia de esta Sala orden\u00f3 que se efectuara de nuevo el reparto de la actuaci\u00f3n para los fines pertinentes, habiendo sido abonada por sorteo a la titular de este despacho. <\/p>\n
2. Como antecedentes de esta acci\u00f3n de tutela se encontr\u00f3 que, la Sala de Casaci\u00f3n Civil conoci\u00f3 de anterior a solicitud de amparo No. 2020-02267-00 adelantada por Piedad Cecilia Casas Id\u00e1rraga contra el Tribunal Superior de Sincelejo y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, para que ampara su derecho fundamental al debido proceso, y se dejaran sin efecto las providencias de primera instancia de 11 de diciembre de 2019, y 12 de febrero de 2020, y de segunda instancia de 5 y 12 de agosto de 2020, \u00abmediante las cuales se aprob\u00f3 un contrato de transacci\u00f3n y se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de los procesos Divisorio No. 2016-00247 y Verbal No. 2018-00441\u00bb, para en su lugar resolver la solicitud de retractaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1 Esta Sala en fallo STC7275-2020 de 9 de septiembre de 2020, neg\u00f3 el amparo solicitado, con fundamento en que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 2. En el sub judice Piedad Cecilia Casas Id\u00e1rraga critica a la Sala querellada por confirmar los prove\u00eddos del a quo que aceptaron el contrato de transacci\u00f3n celebrado entre las partes y sus apoderados (27 sep. 2019), y por ello, declararon la terminaci\u00f3n de los litigios con radicados n\u00ba 2016-00247 y 2016-00348. No obstante que, en su opini\u00f3n, tal acuerdo es ineficaz e inexistente. <\/p>\n
Si bien el escrito genitor se enfila tambi\u00e9n contra decisiones del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo, esta Corte analizar\u00e1 \u00fanicamente la que dict\u00f3 su superior, puesto que fue la que defini\u00f3 el asunto debatido. <\/p>\n
Para sustentar tales providencias, el Tribunal de Sincelejo estableci\u00f3 que, contrario a lo estimado por el recurrente, \u00abel contrato de transacci\u00f3n en an\u00e1lisis cumple con los elementos generales establecidos por la normatividad civil para que un negocio jur\u00eddico est\u00e9 revestido de validez\u00bb, si se tiene en cuenta que: (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Concluyendo luego de realizar el an\u00e1lisis de la providencia de segunda instancia de 12 de agosto de 2020, <\/p>\n
\u00abEn ese contexto, es dable afirmar que los pronunciamientos reprochados no son antojadizos ni arbitrarios, comoquiera que obedecieron, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del sub lite, en raz\u00f3n a que la Sala valor\u00f3 en conjunto y razonablemente los medios suasorios recopilados, confront\u00e1ndolos con el objetivo de cada una de las Litis\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abno emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo alude la sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a las pugnas, sin que el referido prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los argumentos dados por la \u00abentidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias\u00bb. <\/p>\n
2.2 Decisi\u00f3n impugnada por Piedad Cecilia Casas Id\u00e1rraga, y confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en el fallo No. STL8406-2020 de 7 de octubre de 2020, con fundamento en que \u00ablos argumentos de la colegiatura accionada, expuestos en los prove\u00eddos cuestionados no se advierten que haya sido el resultado de una decisi\u00f3n caprichosa e inconsulta, por el contrario, se observa que el juez ordinario actu\u00f3 dentro del marco de la autonom\u00eda e independencia que le es otorgada por la Constituci\u00f3n y la ley, con base en el ordenamiento jur\u00eddico aplicable al caso y la realidad procesal; pronunciamientos de los cuales bien puede discrepar la parte accionante, pero no por ello constituye una v\u00eda de hecho susceptible de ser amparada por este medio constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. En el asunto que en esta oportunidad ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, la queja puntual de los se\u00f1ores Paula Andrea Casas Id\u00e1rraga y Carlos Duque S\u00e1nchez, radica en el hecho que el Tribunal Superior de Sincelejo en providencia de 22 de octubre de 2021 proferida en el proceso verbal de responsabilidad de directores y administradores No. 2017-00013, en el que igualmente se aport\u00f3 el contrato de transacci\u00f3n celebrado el 27 de septiembre de 2019 entre las partes y sus apoderados, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo de 11 de diciembre de 2019 que t\u00e9rmino el proceso por transacci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, solicitan dejar \u00absin efecto el Auto C-RSA-2021-21 emitido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo, toda vez que este contradice valoraciones jur\u00eddicas sobre el mismo contrato de transacci\u00f3n que ya ha realizado el mismo tribunal. Curiosamente, mediante este auto se neg\u00f3 su aprobaci\u00f3n, desconociendo los motivos, por cuanto la misma situaci\u00f3n s\u00ed fue acogida por distintos cuerpos judiciales\u00bb. <\/p>\n
3.1 Examinado el expediente verbal de responsabilidad de directores y administradores No. 2017-00013, promovido por Icopor y pl\u00e1sticos del Norte S.A.S contra Carlos Duque S\u00e1nchez y Paula Andrea Casas Id\u00e1rraga, y del que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo, se encuentra que, el 15 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 la demanda, y una vez notificados los demandados formularon excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
3.2 Los apoderados judiciales de las partes en contienda el 31 de octubre de 2019, presentaron un contrato de transacci\u00f3n suscrito el 27 de septiembre de 2019 por los representantes legales de Icopor y Pl\u00e1sticos del Norte SAS \u2013 Icoplastin, Plasticor SAS, Paula Andrea, Piedad Cecilia y Diego Casas Id\u00e1rraga, para finiquitar los siete (7) litigios suscitados entre ellos, y con fundamento en ese convenio, solicitaron su aprobaci\u00f3n, as\u00ed como la terminaci\u00f3n de ese asunto. <\/p>\n
3.3 El 5 de noviembre de ese 2019 el mandatario judicial de la sociedad demandante, radic\u00f3 un memorial de \u00abretractaci\u00f3n al contrato de transacci\u00f3n firmado por Piedad Cecilia y Diego Alberto Casas Id\u00e1rraga\u00bb, petici\u00f3n coadyuvada por este \u00faltimo. <\/p>\n
3.4 En providencia de 11 de diciembre de 2019 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo, dispuso: i) aceptar el contrato de transacci\u00f3n celebrado por las partes y sus apoderados, ii) decretar la terminaci\u00f3n del proceso, iii) disponer el levantamiento de las medidas cautelares decretadas, y iv) no acceder a la solicitud de retractaci\u00f3n manifestada por Piedad Cecilia Casas Id\u00e1rraga, \u00abporque al revisar el citado documento, se advierte que la voluntad de las partes del proceso era clara y expresa, en aras de transigir con efectos de cosa juzgada, la totalidad de las pretensiones formuladas por los signatarios, en su doble calidad de demandantes y demandados en los diferentes procesos promovidos entre ellos mismos\u00bb. <\/p>\n
3.5 Decisi\u00f3n que censurada por la sociedad demandante con los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, se mantuvo el 12 de febrero de 2020 y se concedi\u00f3 el segundo en el efecto suspensivo. <\/p>\n
Como reparos a la decisi\u00f3n aduj\u00f3 entre otros, \u00abel convenio no lleg\u00f3 a perfeccionarse, pues pese a concordarse que su existencia y validez estaba supeditada a la suscripci\u00f3n del escrito con nota de presentaci\u00f3n personal ante notar\u00eda, tal circunstancia no lleg\u00f3 a acreditarse respecto a la representante legal del corporado incoante, lo que trastoca de forma fulminante su nacimiento a la vida jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
\u00abel problema jur\u00eddico a dilucidar en esta oportunidad se contrae a determinar si la transacci\u00f3n allegada por el apoderado del extremo pasivo, comporta una clara infracci\u00f3n a la norma sustancial, o bien, carece de los requisitos esenciales para su existencia y validez; o si por el contrario, del mismo emana una declaraci\u00f3n libre y plena de voluntad relativa a la terminaci\u00f3n anormal de la litis\u00bb. <\/p>\n
Refri\u00f3 que, en cuanto al primer reparo, respecto a la oscuridad sobre lo transigido y la ausencia de claridad econ\u00f3mica de los derechos que se otorgan y se adquieren, que permita establecer una equivalencia <\/p>\n
En este caso, no puede hablarse de una indeterminaci\u00f3n del objeto del contrato, m\u00e1s a\u00fan cuando su secci\u00f3n segunda, ac\u00e1pite tercero, contempla de forma detallada cada una de las causas judiciales que se pretende extinguir, entre ellas, la acci\u00f3n de la referencia, sin definir procesalmente, ante la inexistencia de fallo concluyente sobre la presunta responsabilidad social de los ajusticiados, de manera que ser\u00eda arbitrario exigir una clarificaci\u00f3n definitiva sobre sus aspectos econ\u00f3micos mientras ellos se encuentren en discusi\u00f3n. <\/p>\n
De igual modo, tampoco se otea ilegalidad en lo alusivo a las enajenaciones ofrecidas por los integrantes del concierto transaccional, como quiera que, habiendo distintos sumarios en curso en los que fungen, a su vez, como promotores y encartados, nada exige que las erogaciones que se estipulan especifiquen a cu\u00e1l de todos los procedimientos se dirigen, siendo que el fin esencial es cercenarlos a todos. <\/p>\n
As\u00ed mismo, cabe resaltar que, aunque la ley supedite la eficacia de la transacci\u00f3n a la afluencia de prestaciones mutuas, esto no implica que las mismas deban ser equivalentes o proporcionales, en concreto, cuando no hay obligaciones claras, expresas y exigibles que as\u00ed lo precisen. Ahora bien, en lo que s\u00ed disiente el despacho es en la apreciaci\u00f3n que hiciera la a quo en torno al perfeccionamiento de la contrataci\u00f3n, por cuanto inobserv\u00f3 las reglas pactadas <\/p>\n
El axioma esbozado permite colegir que, independiente de la esencia declarativa que caracteriza a la convenci\u00f3n sub lite, si las partes penden su perfeccionamiento a la consecuci\u00f3n de un acto protocolar, tal cl\u00e1usula es de obligatorio cumplimiento bajo el principio de pacta sunt servanda, so pena de que los efectos de la vinculaci\u00f3n no se produzcan, por lo que es del resorte de esta judicatura auscultar el cumplimiento de tales componentes dentro de la pieza contractual objeto de la alzada, en tanto ostentan la potencialidad de impedir su nacimiento y eficacia, especialmente, cuando alberga una cl\u00e1usula denominada \u201cPerfeccionamiento del acuerdo\u201d, que se\u00f1ala de forma fulminante que \u00e9ste \u201cse entender\u00e1 perfeccionado una vez sea firmado ante notar\u00eda con presentaci\u00f3n personal de firma y contenido\u201d. <\/p>\n
En ese orden de ideas, como todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, seg\u00fan lo reza el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, no debi\u00f3 desconocerse que el documento germen del cuestionamiento, se presentara sin la protocolizaci\u00f3n de la firma de la se\u00f1ora Piedad Cecilia Casas Id\u00e1rraga, gestora de Icopor y Pl\u00e1sticos del Norte S.A.S. y el alcance de tal omisi\u00f3n, que no es otro que la inexigibilidad de su cumplimiento, en tanto sus efectos no surgieron al mundo jur\u00eddico. (se subraya fuera del texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aunque ciertamente la operadora jur\u00eddica bas\u00f3 su diagn\u00f3stico en el esp\u00edritu consensual de esta clase de actos jur\u00eddicos, omiti\u00f3 certificar si la voluntad libremente signada por las partes se consum\u00f3, pese a que previamente se bas\u00f3 en la condici\u00f3n de irresolubilidad pactada para desestimar la retractaci\u00f3n impetrada por la recurrente, luego, dado el defecto indicado, no debi\u00f3 aprobarse el compromiso de transacci\u00f3n, ni darse por terminada la controversia de conocimiento. <\/p>\n
Por consiguiente, evidenci\u00e1ndose la falta de perfecci\u00f3n del contrato originario de la terminaci\u00f3n de la confrontaci\u00f3n, se torna imperioso revocar el auto opugnado, para en su lugar, desaprobar el acuerdo transaccional adosado por la parte demandada y ordenar la continuidad del tr\u00e1mite, sin que haya condena en costas a la parte actora por la prosperidad de su embate, seg\u00fan lo previsto por el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas consideraciones, resolvi\u00f3: \u00abPrimero: Revocar el auto de 11 de diciembre de 2019, proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo, y en su lugar, NO APROBAR el contrato de transacci\u00f3n aportado por la parte demandada, conforme a lo disertado en precedencia. Segundo: En consecuencia, Ordenar al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo, que contin\u00fae impulsando el presente proceso, de conformidad con lo explicitado en el ac\u00e1pite considerativo de este prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, el citado canon normativo 312, establece que en cualquier estado del proceso podr\u00e1n las partes transigir la litis, para que la transacci\u00f3n produzca efectos procesales deber\u00e1 solicitarse por quienes la hayan celebrado, dirigida al juez o tribunal que conozca del pleito o de la respectiva actuaci\u00f3n posterior a este, seg\u00fan fuere el caso, precisando sus alcances o acompa\u00f1ando el documento que la contenga. <\/p>\n
A su turno el art\u00edculo 2469 del C\u00f3digo Civil, define la transacci\u00f3n como un \u00abun contrato bilateral en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual\u00bb, y la jurisprudencia de esta sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00abLa figura legis, presupone por definici\u00f3n la existencia actual o potencial de un litigio, conflicto, controversia, disputa e incertidumbre a prop\u00f3sito (res dubia), rec\u00edprocas concesiones de las partes y la disposici\u00f3n de la litis con efectos dirimentes, definitivos e inmutables de cosa juzgada (\u2026). Podr\u00e1 celebrarse antes del proceso o durante \u00e9ste, sobre la totalidad o parte del litigio y con antelaci\u00f3n a la ejecutoria de la providencia conclusiva. <\/p>\n
Por su virtud, las partes abdican las pretensiones mediante concesiones rec\u00edprocas, terminando el proceso o evit\u00e1ndola ad futurum. En cuanto acto dispositivo de intereses, requiere la estricta observancia de los presupuestos de validez del negocio jur\u00eddico, y por lo tanto, la plena capacidad de las partes, la idoneidad del objeto, el poder dispositivo, as\u00ed como el consenso libre de error, dolo o fuerza, estado de necesidad o de peligro, abuso de las condiciones de debilidad de una parte, asimetr\u00edas negociales objetivas o abusos de cualquier \u00edndole. <\/p>\n
Cuando se celebra fuera del proceso, menester la solicitud expresa de las partes o apoderados debidamente facultados, acompa\u00f1ando el escrito que la contenga, para que el juzgador controle la plenitud de sus exigencias legales, tanto las sustanciales inherentes a su naturaleza contractual, cuanto las procesales, y en su caso, exigi\u00e9ndose licencia judicial, imparta la autorizaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n respectiva, acepte o rechace (art\u00edculo 340, C. de P.C., auto de 5 de noviembre de 1996, exp. 4546)\u201d\u00bb (subrayado fuera de texto) (CSJ AC4912-2015, 28 Ago. 2015, rad. 2006-00078-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la jurisprudencia ha deducido unos elementos esenciales, consistentes en la \u201c1\u00b0 existencia de una diferencia litigiosa, aun cuando no se halle sub j\u00fadice; 2\u00ba voluntad e intenci\u00f3n manifiesta de ponerle fin extrajudicialmente o de prevenirla, y 3\u00ba.concesiones rec\u00edprocamente otorgadas por las partes con tal fin\u201d\u00bb (CSJ, SC, 6 may. 1966, G.J. CXVI, p\u00e1g. 97; reiterada en CSJ, AC, 26 ene. 1996, rad. 5395; 30 sept. 2011, rad. 2004-00104-01 y AC1814-2017, 23 Mar. 2017, rad. 1999-00301-01). <\/p>\n
5. Ahora bien, la Magistrada sustanciadora accionada se\u00f1al\u00f3, que el contrato de transacci\u00f3n re\u00fane los requisitos propios de la naturaleza de ese tipo de negocio jur\u00eddico, e inclusive los relacionados para la validez, pero solicit\u00f3 un requisito para su \u00abexigibilidad\u00bb, que huelga precisar no ha sido establecido por la norma sustancial, ni la procedimental, como lo es la \u00abfirma de los contratantes ante notar\u00eda con presentaci\u00f3n de firmas y contenido\u00bb, de donde se infiere que incurri\u00f3 en una vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, por un defecto f\u00e1ctico de exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
Respecto al excesivo rigorismo jur\u00eddico, la jurisprudencia constitucional ha explicado, <\/p>\n
\u00abel exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y, por esta v\u00eda sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia, causada por la aplicaci\u00f3n de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de los derechos fundamentales, por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales2\u201d. <\/p>\n
M\u00e1xime cuando existen como antecedentes dos (2) pronunciamientos de ese mismo Tribunal, sobre el \u00abcontrato de transacci\u00f3n\u00bb que es objeto de estudio en esta acci\u00f3n de tutela, en los que se acept\u00f3 el mismo sin exigir el requisito de presentaci\u00f3n personal ante notario, v\u00e9ase adem\u00e1s, que tampoco se explica en la providencia reprochada los motivos por los cuales cambi\u00f3 esa postura. <\/p>\n
Acerca de lo anterior, la Corte Constitucional desde la sentencia T- 571 de 2007, destac\u00f3 la labor que deben desempe\u00f1ar los Tribunales de Distrito Judicial en la construcci\u00f3n de un entramado de precedentes jurisprudenciales, con el prop\u00f3sito de asegurar el derecho a la igualdad entre los ciudadanos y la seguridad jur\u00eddica, <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abEn conclusi\u00f3n, los Tribunales cumplen en sus respectivos Distritos Judiciales una importante funci\u00f3n de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia en \u00e1mbitos no cubiertos, por razones legales, por la Corte Suprema de Justicia. En esa medida deben aplicar a casos iguales o similares los mismos criterios jurisprudenciales seguidos por sus Salas en decisiones anteriores. Para separarse razonadamente de un precedentes establecido por otra Sala o por s\u00ed mismos en casos sustancialmente id\u00e9nticos, los integrantes de la Corporaci\u00f3n deben justificar de manera suficiente y razonable el cambio de criterio a fin de resguardar con ese proceder tanto las exigencias de la igualdad y como las garant\u00edas de autonom\u00eda en la interpretaci\u00f3n judicial protegidas por la Constituci\u00f3n. Trat\u00e1ndose de jueces colegiados la garant\u00eda de autonom\u00eda e independencia les permite a los miembros discrepantes salvar su voto, pero cuando act\u00faan como ponentes deben respetar los precedentes establecidos por la Corporaci\u00f3n como \u00f3rgano de decisi\u00f3n\u00bb. (Negrilla no original) <\/p>\n
<\/p>\n
De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha destacado de manera constante, que la acci\u00f3n de tutela procede cuando los jueces en sus providencias se apartan arbitrariamente de los precedentes sentados por las Altas Cortes (precedente vertical) o sus propias decisiones (precedente horizontal), as\u00ed, en sentencia T- 698 de 2004, se consider\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abEn el caso del precedente horizontal, es decir aquel determinado por un mismo cuerpo colegiado o por una misma autoridad judicial de igual jerarqu\u00eda, se concluye que tanto los jueces, como los magistrados pueden apartarse sabiamente del precedente de otra sala o de un pronunciamiento establecido por s\u00ed mismos, siempre y cuando se expongan argumentos razonables para ello. De all\u00ed que se requiera que el juez en su sentencia, justifique de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la l\u00ednea jurisprudencial que su mismo despacho hab\u00eda seguido en casos sustancialmente id\u00e9nticos, quedando resguardadas con ese proceder tanto las exigencias de la igualdad y como las garant\u00edas de independencia judicial exigidas. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, y de manera general, para efectos de separarse del precedente horizontal o vertical, son necesarios entonces, dos elementos b\u00e1sicos: i) referirse al precedente anterior y ii) ofrecer un argumento suficiente para el abandono o cambio si en un caso se pretende fallar en un sentido contrario al anterior en situaciones f\u00e1cticas similares, a fin de conjurar la arbitrariedad y asegurar el respeto al principio de igualdad\u201d (Subrayas no originales) <\/p>\n
6. Por las especiales particularidades que el caso ofrece, la intervenci\u00f3n excepcional del juez constitucional se justifica plenamente a fin de lograr el restablecimiento del derecho fundamental al debido proceso vulnerado a los accionantes, sin que ello pueda implicar injerencia indebida en la \u00f3rbita del juzgador natural, puesto que al ser constitutiva de v\u00eda de hecho la providencia de la funcionaria accionada, de ninguna manera puede adquirir inmunidad frente a la acci\u00f3n de tutela ni volverse intangible. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 el amparo fundamental implorado por los se\u00f1ores Casas Id\u00e1rraga y Duque S\u00e1nchez, siendo necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela para que la autoridad cuestionada resuelva el asunto, nuevamente, teniendo en cuenta las normas sustanciales y procedimentales que rigen la transacci\u00f3n y la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por ese negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
7. En consecuencia, el amparo prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, <\/p>\n
Primero: conceder el amparo constitucional al derecho fundamental al debido proceso a favor de Paula Andrea Casas Id\u00e1rraga y Carlos Duque S\u00e1nchez. <\/p>\n
Segundo: Dejar sin efecto el auto C-RSA-2021-21 de 22 de octubre de 2021 proferido en el proceso verbal No. 2017-00013, mediante el cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, revoc\u00f3 la providencia de 11 de diciembre de 2019 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo y desconoci\u00f3 el contrato de transacci\u00f3n, as\u00ed como las dem\u00e1s actuaciones que de ella dependan. <\/p>\n
Tercero: Ordenar a la Magistrada Ponente que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes contados a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente contentivo del asunto objeto de esta queja, Proferir una nueva decisi\u00f3n respecto del recurso de alzada presentado al interior del citado asunto, teniendo en cuenta las consideraciones anotadas en esta providencia. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuarto: Ordenar al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional al Tribunal Superior de Sincelejo Sala Civil Familia Laboral, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Quinto: Comunicar a los interesados por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo mediante autos 12 de agosto de 2020 en los procesos Nos. 2016-00348 y 2016-00247, confirm\u00f3 la providencia apelada tras considerar entre otras cosas: \u00abCabe anotar que, para la validez de la transacci\u00f3n el legislador no exige que el documento que la contiene deba ser autenticado o presentado personalmente, de manera que, al juez de instancia no le era dable reclamar tal solemnidad; adem\u00e1s que, no puede pasarse por alto que, dicho documento se presume aut\u00e9ntico en consonancia con lo instituido en el art. 244 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Corte constitucional CCT-363-2019. <\/p>\n
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STC5991-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5991-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04020-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Paula Andrea Casas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63565","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63565","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63565"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63565\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63565"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63565"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63565"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}