STC5994-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5994-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01473-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Babidibu SAS contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 2016-000397-00 . <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El apoderado judicial de la sociedad accionante promueve la presente acci\u00f3n constitucional con la finalidad que se proteja el derecho fundamental al debido proceso de su representada, presuntamente vulnerado con la decisi\u00f3n proferida el 29 de noviembre de 2021 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Como sustento manifest\u00f3 que, Babidibu SAS es una sociedad constituida para ejercer la actividad de educaci\u00f3n preescolar, escolar formal y no formal, y para poder desarrollar su objeto social, firm\u00f3 con Sleiman Turk un contrato de arrendamiento, sobre el que \u00abindebidamente\u00bb se est\u00e1 soportando el proceso ejecutivo No. 2016-00397-00. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, ese negocio jur\u00eddico se pact\u00f3 con un t\u00e9rmino de vigencia entre el 1\u00ba de julio de 2009 y hasta el 28 de junio de 2011, en el que expresamente se acord\u00f3 adem\u00e1s que, s\u00ed al vencimiento de esa fecha ninguno de los contratantes daba aviso al otro de su intenci\u00f3n de terminarlo, se entend\u00eda prorrogado por per\u00edodos de doce (12) meses m\u00e1s, subsistiendo todas las cl\u00e1usulas pactadas. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en los t\u00e9rminos del art. 520 del C\u00f3digo del Comercio, el arrendador le envi\u00f3 comunicaci\u00f3n de desahucio el 5 de diciembre de 2011, motivo por el cual efect\u00fao la entrega material del inmueble el 24 de julio de 2012; no obstante, emple\u00f3 \u00abdolosamente\u00bb como t\u00edtulo ejecutivo el contrato terminado, para obtener el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento causados desde julio de ese a\u00f1o a enero de 2015, as\u00ed como la cl\u00e1usula penal por incumplimiento, asunto que le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, una vez se notific\u00f3 del mandamiento de pago, se opuso con las excepciones de fondo denominadas, \u00ab(i) terminaci\u00f3n del contrato; (ii) inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo y (iii) nadie puede ir v\u00e1lidamente contra sus propios actos\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la actuaci\u00f3n se surti\u00f3 conforme a la ley procesal y con una nutrida pr\u00e1ctica de pruebas se profiri\u00f3 sentencia el 30 de abril de 2019, en la que resolvi\u00f3 negar las pretensiones de la demanda, y decretar la terminaci\u00f3n del litigio, con la correspondiente condena en costas a la parte ejecutante, tras considerar que estaba \u00abdemostrada la terminaci\u00f3n del contrato base de la ejecuci\u00f3n, por una decisi\u00f3n unilateral del se\u00f1or Sleiman Turk con la utilizaci\u00f3n de la figura del desahucio\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alo que, inconforme con lo resuelto el ejecutante interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, que fue sustentado con un \u00abescrito deshilvanado, superficial e impreciso\u00bb, y en segunda instancia el Tribunal de Bogot\u00e1 el 29 de noviembre de 2021, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n, desestim\u00f3 las excepciones propuestas, y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, fallo en el que omiti\u00f3 aplicar los preceptos de los art\u00edculos 2006 a 2014 del C\u00f3digo Civil, con una total desatenci\u00f3n de la evidencia recaudada, y sin ning\u00fan soporte probatorio. <\/p>\n
Consider\u00f3 que con dicha determinaci\u00f3n, se configuraron los defectos sustantivo y f\u00e1ctico, el primero, porque la providencia se \u00abfinc\u00f3 sobre la violaci\u00f3n de las normas que desarrollan los principios de vigencia de los acuerdos contractuales\u00bb, toda vez que el contrato estaba terminado porque as\u00ed lo dispuso el arrendador, quien le comunic\u00f3 esa decisi\u00f3n mediante desahucio, y, el f\u00e1ctico al desconocer la prueba documental denominada \u00abPreaviso\/Desahucio Terminaci\u00f3n de Arrendamiento\u00bb de 5 de diciembre de 2011, en el que se \u00abacord\u00f3 que el inmueble deb\u00eda ser entregado el 28 de junio de 2012\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos solicit\u00f3, revocarla sentencia de 29 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal de Bogot\u00e1, para en su lugar ordenar que pronuncie un nuevo fallo, \u00abcon estricta atenci\u00f3n del material probatorio recaudado y con atenci\u00f3n de los principios de vigencia de los acuerdos contractuales, estructuradores del ordenamiento civil colombiano y de las normas que reglamentan las formas de terminaci\u00f3n de los contratos de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a la Corporaci\u00f3n accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso referido. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
El Juez Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, como vinculado manifest\u00f3 que en esa sede curs\u00f3 el proceso No. 110013103042 2016-00397-00 en el cual se desat\u00f3 la instancia mediante sentencia de 21 de mayo de 2021, siendo resuelta en segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1, raz\u00f3n por la cual, le es imposible referirse a la actuaci\u00f3n adelantada con posterioridad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia de manera recurrente y uniforme ha establecido, que la acci\u00f3n de tutela no procede para controvertir una providencia judicial, a menos claro est\u00e1, que se configure una v\u00eda de hecho y el ordenamiento no prevea otro medio de defensa para cuestionar la decisi\u00f3n, o, que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable1. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan ha sido determinado por la Corte Constitucional, existen unas causales especiales para la configuraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso, frente a una determinaci\u00f3n jurisdiccional, as\u00ed: <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, examinado el enlace que contiene el juicio ejecutivo No. 2016-000397-00 promovido por Sleiman Hanna Turk contra Babidibu SAS, An\u00edbal L\u00f3pez Trujillo y C\u00eda. SAS y Consuelo de Jes\u00fas \u00c1ngel de L\u00f3pez, en el que solicit\u00f3 el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento causados desde el mes de julio de 2012 a enero de 2015, m\u00e1s los intereses moratorios sobre cada renta desde la fecha en que se hicieron exigibles y hasta cuando se verificara el pago, as\u00ed como el valor de la cl\u00e1usula penal, y del que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se observa que, <\/p>\n
2.1 Surtidas las etapas propias de este tipo de actuaciones, el 2 de mayo de 2021 se celebr\u00f3 audiencia del art\u00edculo 373 el C\u00f3digo General del Proceso, en la que se profiri\u00f3 sentencia que resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d alegada por AN\u00cdBAL L\u00d3PEZ TRUJILLO Y CIA S EN C y CONSUELO DE JES\u00daS \u00c1NGEL DE L\u00d3PEZ, por las razones sustentadas en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. SEGUNDO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la pasiva, y que se denominaran \u201cterminaci\u00f3n del contrato e inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo\u201d y \u201cnadie puede ir v\u00e1lidamente contra sus propios actos\u201d, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: En consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda y DECLARAR TERMINADO el proceso. CUARTO: ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran practicado al interior del expediente.\u00bb <\/p>\n
2.2 Para adoptar esa providencia consider\u00f3 el a quo entre otras cosas, que, \u00ablas pruebas, en especial las comunicaciones del desahucio enviadas por el se\u00f1or Sleiman Hanna Turk a Babidibu S.A. dan cuenta de la terminaci\u00f3n unilateral del pacto por parte del arrendador, sin que el hecho de no hab\u00e9rsele entregado las llaves directamente pudiera erigirse como una renovaci\u00f3n t\u00e1cita del negocio que habilite la ejecuci\u00f3n pretendida\u00bb. <\/p>\n
2.3 Frente a la determinaci\u00f3n el ejecutante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, y las razones de disenso se fundaron en el hecho que, la juez desconoci\u00f3 el documento mediante el cual el arrendador tuvo por recibidas las llaves y tuvo acceso al predio en el mes de enero de 2015, el que no fue tachado por los demandados; se pas\u00f3 por alto el procedimiento establecido por el legislador sobre la entrega del inmueble por parte de la arrendataria (par\u00e1grafo \u00fanico del art. 24 Ley 820 de 2003), e interpret\u00f3 de forma errada el C\u00f3digo Civil sobre el desahucio all\u00ed regulado, apart\u00e1ndose de los efectos de las normas sustanciales, procesales y especiales que regulan la relaci\u00f3n contractual. <\/p>\n
2.4 La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 23 de marzo de 2021 desat\u00f3 la alzada propuesta por el ejecutante, y en la sentencia censurada, en principio precis\u00f3 que, las pretensiones de la demanda estaban sustentadas en un contrato de arrendamiento celebrado con Babidibu SAS, negocio cuya existencia no fue discutida, y le incumb\u00eda acreditar la extinci\u00f3n de las obligaciones. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las pruebas aportadas, afirm\u00f3, <\/p>\n
\u00abel extremo pasivo (en especial Babidibu S.A. quien aport\u00f3 sendas pruebas), aleg\u00f3 en su defensa que en el curso de la primera pr\u00f3rroga autom\u00e1tica del contrato de arrendamiento, mediante comunicaciones de diciembre del a\u00f1o 2011 el arrendador los hab\u00eda desahuciado conforme a la causal 3\u00aa del art\u00edculo 520 del C\u00f3digo de Comercio (cuando el inmueble deba ser reconstruido para la construcci\u00f3n de una obra nueva), y que su actuar se hab\u00eda ce\u00f1ido a esa noticia de cesaci\u00f3n a tal punto que abandonaron el inmueble; dejaron de pagar el canon mensual pactado y los servicios p\u00fablicos; avisaron de tal circunstancia a los padres de familia del jard\u00edn infantil; suscribieron nuevos contratos de arrendamientos, con terceros, para la prestaci\u00f3n del servicio educativo; informaron tal suceso para efectos contables, e incluso trasladaron la cerca el\u00e9ctrica utilizada en el inmueble arrendado, eventos cuya causaci\u00f3n refrendaron los testigos Olga Higinio, Silvia Consuelo L\u00f3pez \u00c1ngel, Mar\u00eda Caballero y Andrea del Pilar Pe\u00f1uela. <\/p>\n
Sin embargo, lo dicho en precedencia no demerita la ejecuci\u00f3n, toda vez que en verdad no revelan que \u2013para la \u00e9poca relevante, julio de 2012 y enero de 2015-, el inmueble haya sido entregado al arrendador y con ello, que no se causaron los c\u00e1nones objeto del recaudo coercitivo. <\/p>\n
Lo anterior, porque al ser el b\u00e1culo de la ejecuci\u00f3n un contrato locaticio, si la parte arrendataria ambicionaba eximirse del pago de los c\u00e1nones exigidos con sustento en la eventual terminaci\u00f3n unilateral del contrato, deb\u00eda acreditar la entrega del bien arrendado al arrendador para liberarse de las sumas pretendidas con la demanda\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en lo que hace referencia al acta de entrega del bien, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora, Babidibu S.A. anex\u00f3 el \u201cacta de entrega de bien inmueble contrato de arriendo suscrito entre Sleiman Turk y Babidibu S.A. como arrendatario y ALT y C\u00eda. S. en C. y Consuelo \u00c1ngel de L\u00f3pez como coarrendatarios\u201d. No obstante, hay que decir que de aquella prueba no se puede colegir la entrega al hoy ejecutante del predio arrendado, por dos razones principales: <\/p>\n
La primera, porque si bien indica que el 24 de julio de 2012 la se\u00f1ora Mar\u00eda Elisa del Pilar Bernal \u00c1ngel, en su calidad de representante de Babidibu, procedi\u00f3 a la \u201centrega material y legal del inmueble\u201d, as\u00ed como a \u201cla entrega de las llaves originales de las cerraduras de todos los espacios y de las puertas de ingreso al predio\u201d, lo cierto es que quienes dan fe de tales hechos son la misma se\u00f1ora Mar\u00eda Elisa y dos trabajadores del jard\u00edn, esto es, Juan Carlos Su\u00e1rez Corredor y Olga Higinio, quienes firmaron tal acta, mas no se encuentra suscrita por el arrendador, ni alguna persona autorizada por \u00e9ste. Tampoco el se\u00f1or Sleiman Turk admiti\u00f3 la veracidad del contenido de la documental. <\/p>\n
Por lo tanto, sustentar cualquier postura a partir de aquel papel implicar\u00eda favorecer los intereses de la parte ejecutada, \u00fanicamente, con elementos de juicio en cuya elaboraci\u00f3n ella misma habr\u00eda participado. <\/p>\n
Ante la falta de documento que respalde la verificaci\u00f3n de la entrega, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que adujo la pasiva, se impone aplicar la regla de limitaci\u00f3n a la credibilidad, en este caso, de los testimonios de los se\u00f1ores Juan Carlos Su\u00e1rez Corredor y Olga Higinio y el indicio grave que sobre el particular contempla el art\u00edculo 225 del C. G. del P. <\/p>\n
La segunda, porque en esa \u201cconstancia\u201d que no es oponible al ejecutante, se expres\u00f3 que \u201cante la imposibilidad de adelantar la entrega del inmueble durante los d\u00edas 13, 16, 17, 18, 19, 24 de julio por el viaje del se\u00f1or Turk fuera del pa\u00eds\u201d se hizo \u201cel recorrido del inmueble en compa\u00f1\u00eda de la secretaria del se\u00f1or Turk\u201d e \u201cigualmente se le hizo entrega del juego de llaves original\u201d. <\/p>\n
Ninguno de esos dos hechos fue probado. Sobre ello, solamente se tienen los dichos de la sociedad ejecutada y de algunos de sus trabajadores, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que la \u201cempleada del se\u00f1or Turk\u201d no fue debidamente identificada en el documento privado ni su testimonio fue tra\u00eddo a juicio con miras a refrendar lo all\u00ed se\u00f1alado. Como ya se anot\u00f3 tampoco se prob\u00f3 que el arrendador hubiera autorizado a un tercero para recibir en su nombre el predio arrendado, en la \u00e9poca a la que alude la constancia en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esos argumentos explico, <\/p>\n
\u00abEl Tribunal considera de suma importancia resaltar que la eventual mora por parte del acreedor en recibir el bien alquilado no implica per se la inexigibilidad de la obligaci\u00f3n de pagar los c\u00e1nones de arrendamiento, porque mientras el inmueble no haya sido devuelto al arrendador, o a un mandatario suyo, secuestre etc., solo puede deducirse su causaci\u00f3n. Ahora, bien se sabe que el ordenamiento jur\u00eddico ofrece el mecanismo procesal pertinente para remediar la eventual reticencia del arrendador a recibir la cosa arrendada (art. 385 del CGP), v\u00eda procesal que no se intent\u00f3 en el asunto de marras\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en las consideraciones expuestas, resolvi\u00f3, revocar el fallo apelado para desestimar las excepciones planteadas por los demandados, y en consecuencia orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos del mandamiento de pago, pero solamente por los c\u00e1nones de arrendamiento. <\/p>\n
3. En el presente asunto observa la Sala, que la censura de la sociedad accionante radica en el hecho que el Tribunal cuestionado en el fallo de 29 de noviembre de 2021, desconoci\u00f3 las pruebas aportadas, como lo era, la comunicaci\u00f3n de desahucio y la entrega del bien tomado en arrendamiento el 24 de julio de 2012. <\/p>\n
No obstante, revisado el contenido de la providencia reprochada, no advierte la Corte, el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa o en contra v\u00eda de la normativa que regula ese tipo de negocio jur\u00eddico, por el contrario, y como se dej\u00f3 visto, la Corporaci\u00f3n accionada analiz\u00f3 las pruebas aportadas de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, entre ellas, los testimonios, documentos, la comunicaci\u00f3n de desahucio y \u00abel acta de entrega del inmueble\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, y en relaci\u00f3n a estos dos \u00faltimos medios probatorios estim\u00f3 que, si bien es cierto, daban cuenta que el arrendador comunic\u00f3 a la arrendataria su decisi\u00f3n de no prorrogar m\u00e1s el contrato, no es menos cierto que, no existi\u00f3 evidencia de la entrega del inmueble, como quiera que el \u00abacta de entrega\u00bb, estaba firmada por la se\u00f1ora Mar\u00eda Elisa del Pilar Bernal \u00c1ngel, en su calidad de representante de Babidibu, aqu\u00ed accionante y dos de sus empleados, as\u00ed como por una \u00abempleada del se\u00f1or Turk\u00bb, que ni siquiera fue identificada. <\/p>\n
Aunado al hecho que, en el fallo se indic\u00f3 que la norma sustantiva establece que la restituci\u00f3n del bien se verifica, cuando se pone a disposici\u00f3n del arrendador el bien y con la entrega de las llaves, sucesos que no se comprobaron en el interior de la actuaci\u00f3n, si se tiene en cuenta que, la sociedad Babidibu SAS no acredit\u00f3 que la \u00abentrega\u00bb se materializ\u00f3 en el mes de julio de 2012, y m\u00e1xime cuando fue la accionante quien no asumi\u00f3 la carga procesal que le correspond\u00eda en aras de probar los fundamentos f\u00e1cticos en los que apoy\u00f3 su defensa, esto es, acreditar que \u00abel 24 de julio de 2012 entreg\u00f3 el inmueble a una persona autorizada por el arrendador\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se observa que los cuestionamientos de la sociedad accionante, no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la sentencia atacada, pues en estrictez, ante la expectativa de Babidibu SAS para que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al proceso ejecutivo o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n realizada por la autoridad judicial accionada est\u00e1 lejos de ser antojadiza o arbitraria. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
Ahora bien, cuando se trata del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, esta Sala ha considerado, que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb ( CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Babidibu SAS contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr., entre muchas otras, las sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-483 de 1997, T-008 de 1998, T-204 de 1998, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-1031 de 2001, SU-1185 de 2001, SU-159 de 2002 y T-772 de 2002. <\/p>\n
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STC5994-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5994-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01473-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Babidibu SAS contra la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63568","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63568"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63568\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}