STC6002-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6002-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 31 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Miguel Fern\u00e1ndez Ram\u00edrez contra la Superintendencia de Sociedades – Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y buen nombre, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene a la Superintendencia encausada \u00abla pr\u00e1ctica de pruebas dentro del proceso de incidente del art\u00edculo 83 de la Ley 1116 de 2006, en los t\u00e9rminos solicitados\u00bb; asimismo, \u00abla terminaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de SUMA ACTUVOS S.A.S.\u00bb y, en consecuencia, \u00ablevantar las medidas en [su] contra, contenidas en el numeral 9 del Auto 400-018285, expediente 78196, en donde se ordena la liquidaci\u00f3n judicial como medida de intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Con auto n\u00ba 400-010591 de 11 de julio de 2016 la Superintendencia de Sociedades decret\u00f3 la apertura de la liquidaci\u00f3n judicial de Suma Activos S.A.S.; y con auto n\u00b0 400-018185 decret\u00f3 como medida de intervenci\u00f3n, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad, as\u00ed como del representante legal, revisores fiscales, miembro de junta directiva y\/o accionistas, entre ellos, los del accionante. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 el actor que en el tr\u00e1mite adelantado se efectu\u00f3 el \u00abreconocimiento de los afectados, inventarios de bienes \u2013 reconocimiento de cr\u00e9ditos, pago a afectados y enajenaci\u00f3n de activos\u00bb, realizando la devoluci\u00f3n de dineros a los afectados por \u00ab$42.680 millones de pesos\u00bb, con lo que \u00abse ha devuelto el 100% de su inversi\u00f3n a m\u00e1s del 98% de los afectados que se presentaron al proceso de intervenci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s que, \u00ablos recursos que no se han pagado, est\u00e1n en un encargo fiduciario de Bancolombia a nombre Suma Activos S.A.S. en liquidaci\u00f3n, mediante el redireccionamiento de descuentos realizados\u00bb, sumado a que tal devoluci\u00f3n \u00abqued\u00f3 atada a los resultados de investigaciones que est\u00e1 adelantando la Superintendencia\u2026, sobre presuntas daciones en pago y migraciones de cartera consistentes en pagar\u00e9s libranzas\u00bb. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 que el 28 de abril de 2020 solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, sin que a la fecha exista pronunciamiento del mismo; que las medidas adoptadas en su contra \u00able han impedido trabajar y generar ingresos para su sostenimiento y el de su familia, a pesar de\u2026 que ya se efectuaron los pagos correspondientes a las personas afectadas\u00bb. <\/p>\n
2.4. Asever\u00f3 que el proceso de intervenci\u00f3n lleva cerca de 5 a\u00f1os, por lo que las medidas all\u00ed adoptadas no pueden ser indefinidas, pues \u00abdebe obedecer a condiciones de razonabilidad y proporcionalidad\u00bb; asimismo, destac\u00f3 que la agente interventora \u00aba pesar de que cuenta con los recursos para pagar, no ha terminado de realizar la liquidaci\u00f3n de Suma Activos, lo cual, genera gastos de administraci\u00f3n mensual bastante onerosos\u00bb. <\/p>\n
2.5. Manifest\u00f3 que con auto 2021-01-488974 de 18 de agosto de 2021 se inici\u00f3 incidente para la p\u00e9rdida de la calidad de comerciante, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 83 de la Ley 1116 de 2006, donde solicit\u00f3 pruebas documentales y testimoniales, asimismo, solicit\u00f3 unos llamamientos en garant\u00eda. <\/p>\n
2.6. Con auto n\u00b0 2022-01-084074 de 21 de febrero siguiente, se fij\u00f3 fecha para resolver el incidente, al tiempo que, deneg\u00f3 el decreto de algunas pruebas documentales, por cuanto \u00abpudieron haberla realizado los intervenidos directamente ante dicha entidad\u00bb, asimismo, de unas testimoniales, por impertinentes; con auto n\u00b0 2022-11-113439 de 4 de marzo de 2022, refiri\u00f3 que la solicitud del llamamiento en garant\u00edas ser\u00e1 resuelta en la audiencia y, con decisi\u00f3n de 17 de marzo siguiente, mantuvo la negativa al decreto de pruebas . <\/p>\n
2.7. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de un lado, que la Superintendencia de Sociedades no haya terminado el proceso de intervenci\u00f3n en contra Suma Activos S.A.S. y que mantenga las cautelas, toda vez que \u00abla medida no puede ser indefinida, pues debe obedecer a condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, las cuales ya se han superado, gracias al pago de las acreencias que se han recaudado por el embargo y recaudos de los bienes y los pagar\u00e9s. La medida al ser accesoria sigue la suerte principal y como quiera que los derechos de las v\u00edctimas han sido satisfechos, no existen razones para que la medida adoptada en [su] contra prevalezca\u00bb. <\/p>\n
2.8. Anot\u00f3 que su bien formul\u00f3 una primigenia solicitud de amparo contra los autos que negaron la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de las medidas, que fue denegada por inmediatez, lo cierto es que este presupuesto se supera en esta nueva petici\u00f3n, habida cuenta de que \u00abha pasado casi un a\u00f1o y no ha habido un avance en la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
2.9. Por otra parte, se duele de los autos Nros. 2022-01-084074 de 21 de febrero, 2022-01-113439 de 3 de marzo y 2022-01-144686 de 17 de marzo, todos de 2022 que denegaron el decreto de algunas pruebas en el incidente, pues \u00abal ser este un proceso sancionatorio, el juez debe tener el convencimiento y otorgar las garant\u00edas para que el proceso tenga una adecuada defensa y se practiquen las pruebas necesarias para lograr una decisi\u00f3n en derecho y no de manera arbitraria, lo cual, ha sido constante en este proceso, sumado a que el despacho a negado la mayor\u00eda de pruebas que determinar\u00edan la ausencia de [su] responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
2.10. Agreg\u00f3 que \u00abla vigencia del proceso actual en [su] contra, aun habi\u00e9ndose terminado los presupuestos que dieron lugar a su origen, conculcan a todas luces la posibilidad y el derecho fundamental al trabajo\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Mar\u00eda Claudia Echand\u00eda Bautista, en calidad de agente interventora de Suma Activos S.A.S., relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial criticado; anot\u00f3 que en el proceso de Francisco Fern\u00e1ndez est\u00e1 pendiente de surtirse la etapa procesal de adjudicaci\u00f3n de los bienes del cual es titular aqu\u00e9l, en favor de sus acreedores, la cual est\u00e1 sujeta a la identificaci\u00f3n de un bien que se en proceso; que present\u00f3 al juez de intervenci\u00f3n la rendici\u00f3n final de las cuentas de Suma Activos, con radicaci\u00f3n 2021-01-674328 del 16 de noviembre de 2021, de la cual, el juez de intervenci\u00f3n corri\u00f3 traslado n\u00famero 415-000106 del 17 de noviembre siguiente por 20 d\u00edas, t\u00e9rmino que culmin\u00f3 el 16 de diciembre de 2021 y en el cual se presentaron objeciones, las cuales est\u00e1n al despacho para ser resueltas y terminar el proceso; que no ha vulnerado las garant\u00edas de primer grado. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 6 Judicial II adscrita a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales manifest\u00f3 que la salvaguarda incumple el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que es en la audiencia de 25 de marzo de 2022 donde debe resolverse sobre el llamamiento en garant\u00eda y los dem\u00e1s aspectos pendientes por resolver. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que act\u00faa como Ministerio P\u00fablico y no como parte; que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades se refiri\u00f3 a los hechos de la solicitud de amparo; inst\u00f3 la improcedencia del por ausencia de vulneraci\u00f3n, habida cuenta de que con auto n\u00b0 2020-01-377826 de 27 de julio de 2020 resolvi\u00f3 la petici\u00f3n del actor, negando la terminaci\u00f3n del proceso, determinaci\u00f3n que mantuvo el 28 de octubre siguiente; que contrario a afirmado por el tutelante la etapa de enajenaci\u00f3n de activos distintos a dinero no se ha agotado y tampoco la terminaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del patrimonio de todos los sujetos intervenidos; que no se ha devuelto la totalidad de la suma reconocida de captaci\u00f3n a los afectados; que \u00aben virtud de las normas que rigen el proceso de intervenci\u00f3n, cuando esta se da bajo la medida de liquidaci\u00f3n judicial, el proceso debe cumplir con el objetivo propuesto, cual es la liquidaci\u00f3n pronta y ordenada del patrimonio de los sujetos de la medida para el pago, en primera medida a los afectados y luego a los acreedores. Por tanto, el objetivo no se agota con las devoluciones a los afectados\u00bb; que respecto del accionante \u00abse encuentra pendiente de etapa de inventario y adjudicaci\u00f3n en atenci\u00f3n al bien inmueble identificado con folio de matr\u00edcula 50N-20320974. Con Auto 2022-01-031058 de 27 de enero de 2022, se orden\u00f3 a la Secretar\u00eda Distrital de Hacienda, para que aportara los recibos de los impuestos prediales para la vigencia del a\u00f1o 2022\u2026, una vez efectuado el inventario, la venta de bienes o en su defecto la adjudicaci\u00f3n a los acreedores reconocidos del intervenido habr\u00e1 lugar a iniciar la etapa de rendici\u00f3n final de cuentas y con ello la culminaci\u00f3n del proceso\u00bb, destacando que el promotor no ha prestado colaboraci\u00f3n para impulsar las etapas del proceso. <\/p>\n
En cuanto al incidente, manifest\u00f3 que el mismo est\u00e1 en tr\u00e1mite, pues, en audiencia de 25 de marzo de 2022 se resolvi\u00f3 lo relativo al llamamiento en garant\u00eda, as\u00ed como los recursos correspondientes, por lo que la decisi\u00f3n est\u00e1 en firme; que las decisiones que negaron el decreto de pruebas est\u00e1n debidamente fundamentadas, pues \u00abel objeto de la audiencia es decidir la inhabilidad para ejercer el comercio de las personas vinculadas al incidente, con base en las facultades consagradas en la ley 1116 de 2006, especialmente en el art\u00edculo 5.4 de la ley 1116 de 2006 y bajo las disposiciones del art\u00edculo 8 del mismo estatuto. Por tanto, las pruebas decretadas se enfocan en este asunto de decisi\u00f3n y no ning\u00fan otro\u00bb; remiti\u00f3 copia de las decisiones. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo rogado al considerar que los autos Nros. 2022-01-084074 de 21 de febrero, 2022-01-113439 de 3 de marzo y 2022-01-144686 de 17 de marzo, todos de 2022, que resolvieron sobre las pruebas y los llamamientos en garant\u00eda, no lucen arbitrarios y est\u00e1n ajustado a la normatividad aplicable al caso concreto. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en la audiencia de 25 de marzo de 2022 la Superintendencia decidi\u00f3 negar la solicitud del llamamiento en garant\u00eda, al considerar que tal figura no es aplicable en el incidente de inhabilidad; decisi\u00f3n que mantuvo en la misma diligencia; seguidamente, declar\u00f3 la inhabilidad de los incidentados para ejercer el comercio, y con el fin de resolver los medios de impugnaci\u00f3n formulados, suspendi\u00f3 la diligencia para el 1\u00b0 de abril siguiente. <\/p>\n
Por otra parte, en cuanto a la terminaci\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n y el levantamiento de las medidas cautelares decretadas encontr\u00f3 insatisfecho el presupuesto de inmediatez, toda vez que, la decisi\u00f3n que neg\u00f3 tal petici\u00f3n data de 27 de julio de 2020, que se mantuvo el 28 de octubre de ese mismo a\u00f1os, es decir, ha transcurrido mucho m\u00e1s de los 6 meses contemplados por la jurisprudencia como razonable par incoar la petici\u00f3n de amparo; adem\u00e1s, destac\u00f3 que no se evidencia ninguna irregularidad al respecto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora, reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que la Superintendencia \u00abno ha sido efectiva en terminar el proceso en [su] contra\u2026, en los t\u00e9rminos que para estos efectos la ley establece. De la misma manera, en la audiencia que se llev\u00f3 a cabo el pasado 25 de marzo de 2022 y 2 de abril de la misma anualidad, en la cual, se estaba decidiendo el incidente de p\u00e9rdida de la calidad de comerciante\u2026 se negaron la mayor\u00eda de pr\u00e1ctica de pruebas\u00bb; reliev\u00f3 que \u00abrealiz\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso el 28 de abril de 2020, bajo el radicado 2020-01-158537, y hasta la fecha no ha sido terminado\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el incidente de inhabilidad se adelant\u00f3 sin un procedimiento debido, pues si bien se indic\u00f3 que se iba a adelantar conforme el art\u00edculo 83 de la ley 1116 de 2006, lo cierto es que dicha norma \u00abdescribe la causal de inhabilidad, m\u00e1s no determina cu\u00e1l es el procedimiento que se debe aplicar en materia procesal (traslados, recursos, pruebas). Tanto es as\u00ed, que, en las diligencias practicadas, se determin\u00f3 que exist\u00edan vac\u00edos normativos para la aplicaci\u00f3n del procedimiento, a su vez, el se\u00f1or procurador que estuvo presente en la diligencia, tambi\u00e9n lo se\u00f1al\u00f3. En ese sentido, cuando no existen reglas claras para el proceso, hay una vulneraci\u00f3n del debido proceso al incidentado, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que este es un proceso sancionatorio que exige las m\u00e1ximas garant\u00edas procesales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el presente asunto el gestor se duele, en s\u00edntesis, que: i). la Superintendencia de Sociedades no ha terminado el proceso y su posterior levantamiento de medidas, en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial que all\u00ed cursa en contra de Suma Activos S.A.S.; pues, en su sentir, ya se realiz\u00f3 el pago a m\u00e1s del 98% de los acreedores y han pasado m\u00e1s de 5 a\u00f1os, por lo que tal medida no puede ser indefinida; ii). los autos Nros. 2022-01-084074 de 21 de febrero, 2022-01-113439 de 3 de marzo y 2022-01-144686 de 17 de marzo, todos de 2020, por medio de los cuales se deneg\u00f3 la pr\u00e1ctica de unas pruebas pretendidas por el promotor al interior del incidente de inhabilidad para ejercer el comercio, al tiempo que dispuso resolver sobre el llamamiento en garant\u00eda en la audiencia respectiva; pues, en parecer del promotor, requiere de la pr\u00e1ctica de dichas probanzas, con el fin de adelantar ese tr\u00e1mite con las mejores garant\u00edas a su favor, por tratarse de un asunto sancionatorio; y, iii). del tr\u00e1mite adelantado en el incidente de inhabilidad para ejercer el comercio, toda vez que, refiere, no se estableci\u00f3 un procedimiento claro, con el fin de adelantar dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En cuanto al primer reproche, de entrada, advierte la Sala que, el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que el actor, conforme las probanzas allegadas al plenario, en la actualidad, no ha hecho solicitud formal ante el juez natural al interior del proceso que censura, a fin de solicitar la terminaci\u00f3n del proceso liquidatario y su consecuente levantamiento de medidas, que por esta v\u00eda supralegal se quejan. <\/p>\n
En efecto, tal petici\u00f3n la inco\u00f3 en el a\u00f1o 2020 que fue denegada con auto 2020-01-377826 de 27 de julio de 2020 y mantenida con prove\u00eddo n\u00b0 2020-01-569489 de 28 de octubre siguiente, decisiones que ya fueron objeto de controversia constitucional (STC11711-2021); empero, al indicar el promotor que la vulneraci\u00f3n continua en el tiempo, pues ya ha transcurrido un tiempo prudencial y las circunstancias f\u00e1cticas han cambiado, es menester de aqu\u00e9l exponer tales circunstancias ante el fallador natural. <\/p>\n
En ese sentido ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso\u2026 <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u201cLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u201d (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; y CSJ STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presente reclamo constitucional no se abre paso, dado que el quejoso no ha acudido ante la autoridad que critica con el fin de buscar la soluci\u00f3n adecuada a la problem\u00e1tica que dice le afecta, sin que sea de recibo los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, pues, se destaca que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
4. Por otra parte, en cuanto al segundo reproche, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias tambi\u00e9n anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, comoquiera que las determinaciones censuradas no lucen arbitrarias. <\/p>\n
En efecto, la Superintendencia de Sociedades al atender los reparos del promotor, de cara al decreto de pruebas, con auto n\u00b0 2022-01-084074 de 21 de febrero de 2022, consign\u00f3 que: <\/p>\n
6. En punto al decreto de pruebas testimoniales a diferentes personas que ostentan calidades en Acci\u00f3n Fiduciaria S.A. para que declaren c\u00f3mo se estructuraban los negocios de compraventa, c\u00f3mo se estructuraban las \u00f3rdenes de giro, qui\u00e9n daba las \u00f3rdenes, de d\u00f3nde proven\u00edan los recursos de los fideicomisos, qui\u00e9n recaudaba los dineros de las pagadur\u00edas y en general como funcionaban los contratos celebrados entre Alianza Fiduciaria S.A. y Suma Activos SAS, est\u00e1s son impertinentes dado que el incidente que aqu\u00ed se adelanta, no es oportunidad procesal para presentar argumentos frente a la intervenci\u00f3n o para desvirtuar la calidad de sujetos de intervenci\u00f3n. Por lo tanto, de conformidad con el art\u00edculo 168 del C.G.P. los testimonios solicitados a Catalina Posada, Francisco Jos\u00e9 Schwitzer Sabogal, Peggy Algarin Ladr\u00f3n De Guevara, Felipe Ocampo Hern\u00e1ndez, Jaime Ernesto Mayor Romero, Andrea Isabel Aguirre Sarria, Diego Alfonso Caballero Loaiza, y Tatiana Andrea Ortiz Betancur ser\u00e1n rechazadas. <\/p>\n
7. Respecto a los documentos aportados, estos se tendr\u00e1n en cuenta, as\u00ed como las dem\u00e1s que reposen en el expediente de intervenci\u00f3n judicial de Suma Activos SAS en liquidaci\u00f3n judicial como medida de intervenci\u00f3n\u201d <\/p>\n
Luego, con auto n\u00b0 2022-01-113439 de 3 de marzo de 2022 al resolver la solicitud de adici\u00f3n respecto del llamamiento en garant\u00edas, dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
En este caso, la solicitud es oportuna y, por tanto, debe resolverse. As\u00ed las cosas, se encuentra que la adici\u00f3n que se solicita, respecto de proferir pronunciamiento respecto de la solicitud de llamamiento en garant\u00eda elevada en memoriales 2021-01-521198 de 25 de agosto de 2021 y 2021-01-539601 de 6 de septiembre de 2021, no se enmarca dentro de las condiciones de procedencia de dicha figura, pues no se advierte que el Despacho haya omitido resolver sobre alguna cuesti\u00f3n que deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento. <\/p>\n
El auto proferido ten\u00eda por objeto pronunciarse sobre las pruebas que se tendr\u00eda en cuenta para resolver la inhabilidad para ejercer el comercio respecto de los se\u00f1ores Luis Humberto Castro Cort\u00e9s, Francisco Miguel Fern\u00e1ndez, Mariana Andrea Alvarado y Maria Claudia Salazar, como en efecto se hizo. Por lo tanto, no le correspond\u00eda al Despacho pronunciarse sobre la solicitud adicional que conten\u00edan los memoriales de solicitud de pruebas en esa providencia. Raz\u00f3n suficiente para despachar desfavorablemente la petici\u00f3n. <\/p>\n
Y, con auto n\u00b0 2022-01-144686 de 17 de marzo de 2022 al resolver los recursos de reposici\u00f3n formulados contra las referidas determinaciones, consign\u00f3 que: <\/p>\n
En el presente caso, la providencia recurrida resolvi\u00f3 sobre las pruebas para decidir el incidente de inhabilidad para ejercer el comercio respecto de los se\u00f1ores Luis Humberto Castro Cort\u00e9s, Francisco Miguel Fern\u00e1ndez, Mariana Andrea Alvarado y Mar\u00eda Claudia Salazar. En el Auto 2022-01-084074 de 21 de febrero de 2022, se dispuso tener como pruebas para resolver el incidente de inhabilidad para ejercer el comercio, los documentos aportados por las partes y aquellos que reposan en el expediente. <\/p>\n
4. Alega la recurrente que las pruebas solicitadas y rechazadas son determinantes para eximir de responsabilidad a su mandante y determinar la caducidad de la acci\u00f3n que aleg\u00f3, por considerar que ya oper\u00f3 el termino de prescripci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995 pues la renuncia como miembro de la junta directiva se produjo en diciembre de 2015. <\/p>\n
5. Al respecto, es de se\u00f1alar que todos los argumentos encaminados a establecer si opera o no la prescripci\u00f3n que alega, no son objeto de debate en esta instancia procesal pues el auto proferido, como se se\u00f1al\u00f3 en el auto recurrido 2022-01-113439 de 3 de marzo de 2022, era pronunciarse sobre las pruebas que se tendr\u00edan en cuenta para resolver la inhabilidad para ejercer el comercio. <\/p>\n
6. Ahora bien, tal y como dispuso el Despacho en Auto 2022-01-084074 de 21 de febrero de 2022, las pruebas tendientes a que el Juez requerir\u00eda a la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 son improcedentes de conformidad con los deberes de la parte contemplado en el art\u00edculo 78 del C.G.P. que dispone el deber de abstenerse de solicitar al juez la consecuci\u00f3n de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 173 del mismo estatuto procesal que dispone que el juez se abstendr\u00e1 de ordenar la pr\u00e1ctica de pruebas en tal sentido, salvo que se acredite que efectuada la petici\u00f3n no fue atendida. Situaci\u00f3n que no se evidenci\u00f3 en el caso que aqu\u00ed nos ocupa y por tal motivo no hay lugar a modificar la decisi\u00f3n en ese sentido. <\/p>\n
7. Frente a los testimonios requeridos y respecto de los cuales se\u00f1ala la recurrente, son determinantes para eximir de responsabilidad, ha de advertirse que el incidente de inhabilidad para ejercer el comerci\u00f3 como se ha manifestado reiteradamente, no es el escenario para establecer la responsabilidad del intervenido. M\u00e1s aun cuando existe decisi\u00f3n en firme y ejecutoriada en la cual se estableci\u00f3 que los intervenidos no demostraron su ausencia de responsabilidad frente a la captaci\u00f3n masiva e ilegal de recursos del p\u00fablico, ni desvirtuaron los supuestos de intervenci\u00f3n previstos en el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008, conforme consta en Acta 2018-01-403930 de 10 de septiembre de 2018. <\/p>\n
8. Respecto del argumento en el que afirma que las pruebas negadas son necesarias para determinar la caducidad de la acci\u00f3n, se insiste en que este Despacho atendiendo los criterios de utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba, no encuentra que las pruebas testimoniales sean pertinentes dado que en esta etapa procesal no se est\u00e1 controvirtiendo la ocurrencia de hechos objetivos o notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jur\u00eddicas, directamente o a trav\u00e9s de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones no autorizadas ni mucho menos las personas sujetos de la medidas de intervenci\u00f3n. Frente al punto, esta Superintendencia se ha pronunciado de manera reiterada al se\u00f1alar que es el primer momento de la intervenci\u00f3n estatal cuando se determinan dichos aspectos se encuentra fuera de la \u00f3rbita de competencia del Juez del proceso de intervenci\u00f3n. <\/p>\n
9. No sobra se\u00f1alar que el objeto de la audiencia es decidir la inhabilidad para ejercer el comercio de las personas vinculadas al incidente, con base en las facultades consagradas en la Ley 1116 de 2006, especialmente en el art\u00edculo 5.4 de la Ley 1116 de 2006 y bajo las disposiciones del art\u00edculo 8 del mismo estatuto. Por lo tanto, las pruebas decretadas se enfocan en este asunto de decisi\u00f3n y no ning\u00fan otro. <\/p>\n
10. En concordancia con lo expuesto, como quiera que el auto recurrido guarda concordancia con el objeto del mismo, esto es decretar pruebas para resolver el incidente de inhabilidad iniciado con Auto 2021-01-488974 de 9 de agosto de 2021, el Despacho no encuentra que la decisi\u00f3n adoptada deba ser diferente o que se haya incurrido en alg\u00fan error que d\u00e9 lugar a modificar la decisi\u00f3n de decretar pruebas y convocar a audiencia, pues no se omiti\u00f3 pronunciamiento respecto de la cuesti\u00f3n que deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento. En este sentido, se insiste en que la solicitud de llamamiento en garant\u00eda ser\u00e1 objeto de pronunciamiento como cuesti\u00f3n previa a la audiencia a realizar el pr\u00f3ximo 25 de marzo de 2022. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del tutelante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Entonces, tales deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
5. Finalmente, en cuanto al \u00faltimo reproche, el cual fue tra\u00eddo en la impugnaci\u00f3n, esto es, el tr\u00e1mite impartido al incidente de inhabilidad para ejercer el comercio, as\u00ed como las decisiones adoptadas en las audiencias de 25 de marzo y 1\u00b0 de abril de 2022; no puede pronunciarse esta Corporaci\u00f3n, pues se trata de hechos nuevos, no expuestos en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los convocados, por lo que un pronunciamiento de la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de aqu\u00e9llos. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
6. Se impone, entonces, respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC6002-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6002-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 31 de marzo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63575","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63575","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63575"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63575\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63575"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63575"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63575"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}