STC6011-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6011-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01356-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal1 el 21 de julio de 2021, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Las Ceibas Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado 2015-01233. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la entidad solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. De la revisi\u00f3n del escrito inicial y las pruebas allegadas al expediente se extraen como relevantes los siguientes hechos: <\/p>\n
Elsa Patricia Mu\u00f1\u00f3z promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra las Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido entre las partes, desde el 17 de agosto de 2010 hasta el 28 de diciembre de 2012 y que el mismo, finaliz\u00f3 de forma unilateral e injusta por parte del empleador. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 su reintegro al mismo cargo que ocupaba de conformidad con los art\u00edculos 39, 44 53 y 55 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Cl\u00e1usula 4\u00aa de la d\u00e9cimo novena convenci\u00f3n colectiva de trabajo, as\u00ed como el pago de la indemnizaci\u00f3n, los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de despido. <\/p>\n
El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, el que en sentencia de 4 de octubre de 2016, declar\u00f3 la ejecuci\u00f3n de un contrato a t\u00e9rmino indefinido entre las partes en las fechas solicitadas que finaliz\u00f3 por causa legal y, absolvi\u00f3 a la demandada de las restantes pretensiones; determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de la misma ciudad el 19 de junio de 2018. <\/p>\n
Elsa Patricia Mu\u00f1\u00f3z interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia SL1973-2021 de 19 de mayo 2021, cas\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal y, en sede de instancia, dispuso revocar los numerales segundo y tercero del fallo proferido por el Juzgado, para en su lugar, condenar a las Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP al reintegro de la demandante y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el 29 de diciembre de 2012 hasta la fecha en que fuera reintegrada. <\/p>\n
La entidad accionante acude a la presente v\u00eda excepcional aduciendo, en s\u00edntesis, que la sentencia cuestionada se profiri\u00f3 al margen del debido proceso respecto de los requisitos y tr\u00e1mite de la demanda de casaci\u00f3n, al punto que, aunque el cargo \u00fanico por v\u00eda indirecta refiere en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida, a partir de unos presuntos errores de hecho cometidos por Tribunal, en la decisi\u00f3n, se reconoce \u00ab(\u2026) que la recurrente no explica debidamente en qu\u00e9 consisti\u00f3 la presunta indebida valoraci\u00f3n del Ad quem sobre \u00e9sta probanza (\u2026) concluye oficiosamente que no existe falencia alguna en su apreciaci\u00f3n reconduce el reproche de la censura respecto de la persuasi\u00f3n obrante a folio 174 a 372 (estudio t\u00e9cnico) de donde concluye que el cargo de \u201casistente de cobranza nivel 5, grado 24\u00bb <\/p>\n
Manifest\u00f3 que los presupuestos f\u00e1cticos a partir de los cuales la recurrente y la decisi\u00f3n se soportaron, son errados, y, que adem\u00e1s, el cargo desempe\u00f1ado por aqu\u00e9lla en diciembre de 2012 si era el de asistente, pero del grupo de comunicaci\u00f3n y relaciones con la comunidad, el cual no era misional en una empresa de servicios p\u00fablicos domiciliarios, por tanto, era justificable su supresi\u00f3n. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que la Sala de Descongesti\u00f3n accionada no valor\u00f3 de manera integral y bajo las reglas de la sana cr\u00edtica las pruebas allegadas, e igualmente se\u00f1al\u00f3, que no se encontr\u00f3 acreditada la calidad de madre de cabeza de familia de la demandante que condujo a su protecci\u00f3n por ret\u00e9n social. <\/p>\n
Sostuvo que adem\u00e1s, existi\u00f3 un desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, as\u00ed como error inducido, pues \u00abla vehemencia y ret\u00f3rica del Apoderado de la demandante, en el tr\u00e1mite del proceso ordinario laboral y, en especial, en la demanda de casaci\u00f3n a la que se accedi\u00f3 en la sentencia que se cuestiona, sin duda indujeron en las consideraciones y decisi\u00f3n en la sentencia de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efecto la sentencia de casaci\u00f3n cuestionada y las dem\u00e1s \u00f3rdenes que constitucionalmente sean procedentes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 1, defendi\u00f3 la legalidad de la misma e inform\u00f3 que luego de examinadas las pruebas y piezas procesales denunciadas por la censura en casaci\u00f3n, encontr\u00f3 acreditado un error manifiesto por parte del Tribunal en la valoraci\u00f3n del informe t\u00e9cnico elaborado por la Fundaci\u00f3n Creamos Colombia, puesto que de su contenido no se desprend\u00eda con certeza que el cargo desempe\u00f1ado por la demandante hubiera sido suprimido, circunstancia que deb\u00eda ser demostrada por la empleadora conforme las reglas de la carga de la prueba. <\/p>\n
En compendi\u00f3 indic\u00f3 que para esa Sala qued\u00f3 plenamente demostrado en el proceso ordinario que Elsa Patricia Mu\u00f1oz ten\u00eda derecho al reintegro, por tanto, no hab\u00eda lugar a acceder a las s\u00faplicas de la empresa solicitante, m\u00e1xime cuando lo pretendido es que se vuelva a revisar el material probatorio para revivir un proceso ya concluido y resuelto con sentencia en firme con efectos de cosa juzgada. <\/p>\n
2. El apoderado de Elsa Patricia Mu\u00f1oz se opuso a la prosperidad del amparo reclamado, defendiendo el proceder de la Sala accionada, asimismo, argument\u00f3 la inexistencia del error inducido atribuido y manifest\u00f3 que el debate sobre la interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula convencional que establece el reintegro no fue propuesto en las instancias, como bien lo advirti\u00f3 el fallo, finalmente afirm\u00f3, que no se configuraban las causales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, tras determinar que Las Ceibas Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP no demostr\u00f3 la configuraci\u00f3n de los defectos espec\u00edficos que estructuraran la v\u00eda de hecho alegada, y, al respecto afirm\u00f3 que la empresa accionante, se limit\u00f3 a expresar su desacuerdo con la argumentaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n acusada exponiendo las conclusiones que, a su juicio, debieron imponerse en el caso, sin que ello sea suficiente para dar por sentado los defectos invocados. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el error inducido, se\u00f1al\u00f3 que el fundamento sobre el que la suplicante ciment\u00f3 la supuesta transgresi\u00f3n, no daba origen a la falta destacada, adem\u00e1s, recalc\u00f3 que tal y como lo advirti\u00f3 la Sala accionada en su informe, en el escrito inicial se incluyeron hechos nuevos que no fueron planteados en casaci\u00f3n, tales como que la demandante no inform\u00f3 que el cargo que desempe\u00f1aba era supuestamente el de asistente del grupo de comunicaci\u00f3n y relaciones de la comunidad. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se refiri\u00f3 al principio de la autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional -art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica- que impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la controvertida, s\u00f3lo porque la parte actora no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho pronunciamiento. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la entidad accionante, insistiendo en la omisi\u00f3n por parte de la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n de valorar de manera integral y cr\u00edtica los elementos probatorios cuestionados en la demanda de casaci\u00f3n, as\u00ed como el deber de la interpretaci\u00f3n integral y sistem\u00e1tica de las fuentes normativas y jurisprudenciales aplicables al caso en concreto. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que la argumentaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n que se hizo referente a que la demandante era madre cabeza de familia, desconoce la sentencia SU-691 de 2017 que estipula las condiciones exigidas para alegar tal condici\u00f3n, aspectos que no fueron probados por la misma. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, Las Ceibas Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP cuestiona la sentencia SL1973-2021 proferida el 19 de mayo de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s de la cual cas\u00f3 el fallo de segunda instancia, en el proceso ordinario que Elsa Patricia Mu\u00f1oz promovi\u00f3 en su contra y, en consecuencia, revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del juzgado de primer grado para ordenar el reintegro de la demandante, pues en su sentir, lo resuelto quebranta sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
3. Revisados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada al dirimir el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado por Elsa Patricia Mu\u00f1oz, se advierte la improsperidad del amparo constitucional, teniendo en cuenta que lo determinado no refleja un proceder alejado de la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, ni la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho que lesione las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
La aludida Corporaci\u00f3n, determin\u00f3 que el punto nodal de la controversia, se centraba en establecer si el Tribunal se equivoc\u00f3 al concluir que la demandante no ten\u00eda derecho al reintegro convencional a las Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP, hoy las Ceibas Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP, por virtud de la restructuraci\u00f3n de la entidad y la supresi\u00f3n de su cargo. <\/p>\n
Para solventar el problema jur\u00eddico planteado procedi\u00f3 al estudio de las pruebas denunciadas en el cargo, entre ellas, i). \u00abla cl\u00e1usula 4\u00aa de la d\u00e9cimo novena convenci\u00f3n colectiva de trabajo celebrada entre Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP y su sindicato de trabajadores\u00bb ii). \u00abla carta de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo enviada el 28 de diciembre de 2012 a la demandante y el estudio t\u00e9cnico de fortalecimiento institucional elaborado por la Fundaci\u00f3n Creamos Colombia\u00bb <\/p>\n
En virtud de ello, advirti\u00f3 que el fallador de segundo grado hab\u00eda cometido el yerro f\u00e1ctico endilgado respecto al estudio t\u00e9cnico, pues de su an\u00e1lisis no se desprend\u00eda con certeza que el cargo desempe\u00f1ado por la recurrente, hubiera sido suprimido, por tanto, no pod\u00eda el Tribunal determinar, sin fundamento probatorio, la imposibilidad del reintegro. Al respecto, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es menester advertir, de un lado, que si bien en un cap\u00edtulo del informe se aconsejaba suprimir tres (3) cargos de asistente nivel 5 grado 24, lo cierto es que en la parte final de dicho estudio la propuesta reduce a uno (1) el n\u00famero de cargos a suprimir en este nivel y grado, el cual corresponde a un pre pensionado, que no era el caso de la demandante o, al menos, as\u00ed no qued\u00f3 demostrado en este proceso. <\/p>\n
Esto es suficiente para concluir que el Tribunal valor\u00f3 err\u00f3neamente esta prueba, pues si se hubiera detenido en su an\u00e1lisis no habr\u00eda inferido que el cargo que desempe\u00f1aba la demandante hab\u00eda sido suprimido y, por ende, que el reintegro a la empresa se tornaba imposible de efectuar, pues de ello no exist\u00eda certeza, m\u00e1s a\u00fan cuando, seg\u00fan esa propuesta final de la empresa contratada para realizar los estudios t\u00e9cnicos, todav\u00eda quedaban vigentes cinco cargos de asistente nivel 5 grado 24 en la entidad demandada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed consider\u00f3 que dichas premisas resultaban suficientes para quebrar la sentencia recurrida y, en sede de instancia, luego de efectuar un an\u00e1lisis del Acuerdo 002 del 9 de diciembre de 2012, por medio del cual se modific\u00f3 la planta de personal de las Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP y el estudio t\u00e9cnico, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
Adicionalmente, no puede pasarse por alto la circunstancia especial de que la convocada a juicio ten\u00eda la obligaci\u00f3n de demostrar en este en asunto en particular, que las personas que conservaron sus empleos en el cargo de asistente nivel 5 grado 24, merec\u00edan igual o superior protecci\u00f3n constitucional que la demandante, quien era sujeto de estabilidad laboral reforzada por ser madre cabeza de familia al momento de la desvinculaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
Sobre la estabilidad reforzada de la demandante por ser madre cabeza de familia, luego de referir el numeral 1.3. del art\u00edculo 1 del Decreto 190 de 2003, as\u00ed como lo se\u00f1alado por la jurisprudencia de esa Sala de Casaci\u00f3n Permanente sobre dicha condici\u00f3n, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abse advierte que la se\u00f1ora Elsa Patricia Mu\u00f1oz acredit\u00f3 dentro del proceso su calidad de madre cabeza de familia sin alternativa econ\u00f3mica, pues, adem\u00e1s de que para probar esta condici\u00f3n no existe formalidad jur\u00eddica, se observa que previo al despido, inform\u00f3 que era ella quien prove\u00eda de manera exclusiva los medios econ\u00f3micos para el sostenimiento de sus dos hijos menores de edad y que el salario recibido por las Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP era su \u00ab\u00fanico medio de sustento econ\u00f3mico\u00bb, el cual le permit\u00eda brindarle a sus hijos \u00abla alimentaci\u00f3n, educaci\u00f3n, salud, vivienda, entre otros. <\/p>\n
Tampoco reposa en el expediente prueba que permita inferir que la actora no era la \u00fanica encargada de proveer el sustento a su familia, y, adem\u00e1s, valga resaltar, la acreditaci\u00f3n de esta circunstancia no le correspond\u00eda a la demandante al constituir una negaci\u00f3n indefinida planteada desde la carta que entreg\u00f3 a la empresa previo al despido para su protecci\u00f3n y de lo cual insiste en la demanda inicial, bajo la manifestaci\u00f3n de que no ten\u00eda otros recursos econ\u00f3micos para el sustento de sus hijos (f.\u00b0 13 y 51); traslad\u00e1ndose entonces la carga de la prueba a la parte demandada, quien no aleg\u00f3 ni alleg\u00f3 prueba alguna de que la extrabajadora contara con otros medios de subsistencia que le permitieran sostener el hogar\u00bb. <\/p>\n
Al respecto manifest\u00f3 que el juzgador de primera instancia incurri\u00f3 en error al haber soslayado la situaci\u00f3n especial de Elsa Patricia Mu\u00f1oz, m\u00e1xime cuando dicha circunstancia fue puesta en conocimiento desde la interposici\u00f3n de la demanda para obtener la protecci\u00f3n requerida, en consecuencia, consider\u00f3 que la demandante ten\u00eda derecho al reintegro, por ser beneficiaria del ret\u00e9n social. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostuvo que la d\u00e9cimo novena convenci\u00f3n colectiva de trabajo era aplicable a la recurrente en su calidad de trabajadora oficial y afiliada a la organizaci\u00f3n sindical, habida cuenta que la misma se encontraba vigente al momento de la finalizaci\u00f3n del nexo contractual, y, adem\u00e1s, determin\u00f3, <\/p>\n
\u00abPara la Sala es claro que esta disposici\u00f3n no est\u00e1 condicionada a procedimiento disciplinario alguno ni exige que para otorgar el beneficio del reintegro se requiera una desvinculaci\u00f3n exclusivamente por el incumplimiento de deberes laborales o de funciones correspondientes a su cargo, pues, en atenci\u00f3n a que la cl\u00e1usula se denomina \u00abestabilidad laboral\u00bb es dable armonizar el t\u00e9rmino \u00abdestituido\u00bb con el texto e inferir que la finalidad de su estipulaci\u00f3n es proteger al trabajador desvinculado sin una justa causa, como es el caso que nos ocupa. <\/p>\n
Esto, aunado a que la empresa nunca controvirti\u00f3 el contenido y alcance de esta cl\u00e1usula, pues en la respuesta a la reclamaci\u00f3n administrativa, mediante la cual la actora solicit\u00f3 el reintegro con fundamento en la aludida estipulaci\u00f3n convencional, la empresa adujo que la terminaci\u00f3n del contrato se bas\u00f3 en una justa causa, debido a la reorganizaci\u00f3n administrativa soportada en un estudio t\u00e9cnico, pero nunca manifest\u00f3 que la cl\u00e1usula convencional era inaplicable por la supuesta inexistencia de una destituci\u00f3n y de un procedimiento disciplinario. Igual aconteci\u00f3 al dar contestaci\u00f3n al libelo genitor, pues la entidad dirigi\u00f3 su defensa al hecho de la modificaci\u00f3n de la planta de personal y de la consecuente supresi\u00f3n del cargo de la demandante, sin aludir siquiera a los t\u00e9rminos de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo para esos efectos. De hecho, acept\u00f3 expresamente que las relaciones laborales de la empresa y la actora se reg\u00edan por, entre otras normas, las convenciones colectivas de trabajo\u00bb. <\/p>\n
En virtud del beneficio del ret\u00e9n social y el mencionado acuerdo convencional, dispuso condenar a la entidad demandada a reintegrar a la demandante y al pago de los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por las Empresas P\u00fablicas de Neiva ESP y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el an\u00e1lisis de las pruebas obrantes en el expediente y el razonable entendimiento de las normas sustanciales y convencionales, as\u00ed como de la jurisprudencia aplicable al caso concreto, encontrando que era procedente el reintegro de la demandante, al no haber supresi\u00f3n del cargo que ocupaba, igualmente por ser madre cabeza de familia y, tambi\u00e9n, considerando que existi\u00f3 una violaci\u00f3n a la convenci\u00f3n colectiva de trabajo. <\/p>\n
5. N\u00f3tese, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC 1308-2021, reiterada en STC2310-2022). <\/p>\n
6. Por \u00faltimo se precisa que ante la expectativa de la entidad accionante para que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que para la Corte, el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados, y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea flagrante y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en este asunto, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. (Ver CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01, STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01, STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01, STC811-2022, STC859-2022 y STC5002-2022, entre muchas). <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 ratificada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala el 5 de mayo de 2022. <\/p>\n
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STC6011-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC6011-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01356-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63584","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63584","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63584"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63584\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63584"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63584"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63584"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}