STC6012-2022<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6012-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2022-00113-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la Sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 28 de abril de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Yulieth Alejandra Angulo Poveda formul\u00f3 contra el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Veintiuno Civil Municipal de esa localidad, y fueron citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n que -del mismo linaje- se adelant\u00f3 ante dichos despachos bajo el radicado n\u00b0 76001-40-03-021-2022-00121-00\/01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n, buena fe, honra, dignidad humana y salud. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela que el se\u00f1or Yaminson Lozano Gamboa promovi\u00f3 en su contra la neg\u00f3 el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esa ciudad el 6 de abril de 2022 para concederla, siendo improcedente su decisi\u00f3n, en tanto que realiz\u00f3 un ordenamiento que no correspond\u00eda a la realidad, puesto que no ten\u00eda en su poder las \u00abherramientas de trabajo\u00bb cuya entrega fue dispuesta en favor del se\u00f1or Lozano Gamboa, ya que no existen videos que as\u00ed lo demuestren. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que se encuentra en tr\u00e1mite una denuncia penal en su contra, la cual apenas atraviesa por la etapa de indagaci\u00f3n, por lo que se le endilg\u00f3 una \u00abconducta irregular sin prueba contundente\u00bb. Finaliz\u00f3 diciendo que est\u00e1 en periodo de gestaci\u00f3n y que ha tenido dos semanas de amenaza de aborto, debido a las preocupaciones que le ha generado la situaci\u00f3n. <\/p>\n
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2. No elev\u00f3 otra petici\u00f3n concreta, m\u00e1s que la protecci\u00f3n a los derechos fundamentales que reclama. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, inform\u00f3 el tr\u00e1mite que adelant\u00f3 respecto de la acci\u00f3n de tutela que conoci\u00f3, y destac\u00f3 que, \u00abal momento de proferir la decisi\u00f3n de fondo, tuvo en cuenta todas las premisas f\u00e1cticas y normativas, y los fundamentos de hecho y derecho para este tipo de asuntos, sin que las actuaciones realizadas [hubiesen vulnerado] el derecho fundamental al debido proceso de la accionante\u00bb. <\/p>\n
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2. En similares t\u00e9rminos se pronunci\u00f3 el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali. <\/p>\n
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3. Los dem\u00e1s convocados al tr\u00e1mite guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, declar\u00f3 improcedente el amparo, en la medida en que \u00abno se configur[\u00f3] ninguna de las reglas establecidas en la sentencia SU-627 de 2015\u00bb para estudiar acciones de tutela interpuestas en contra de fallos de la misma naturaleza, \u00abpero adem\u00e1s [porque] los posibles errores que dice la accionante pudo incurrir la jueza accionada y que afectan el derecho al debido proceso, pueden ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n, luego, [se] incumpl[i\u00f3] [\u2026] el requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante para se\u00f1alar, que solo le queda \u00abla expectativa que la Corte Constitucional [\u2026] seleccione el fallo para la revisi\u00f3n eventual (241 C.N.), lo que en Colombia ocurre un 5% respecto de -sic- global de 100% de las sentencias de tutela\u00bb, por lo que debe tenerse en cuenta que \u00abla decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit)\u00bb, dado que \u00abya exist\u00eda una acci\u00f3n judicial entre los involucrados [y] no proced\u00eda la [\u2026] de tutela promovida [\u2026] porque lo proh\u00edbe el Decreto Ley 2591 de 1991, en su art\u00edculo 6\u00ba\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, entonces, que no cuenta con \u00abotro medio ordinario o extraordinario eficaz para evitar dicho fraude y [que] se deben proteger [sus] derechos fundamentales [ya que es] mujer, [est\u00e1] en estado de embarazo [y] los dem\u00e1s requisitos exigidos para este caso de excepcionalidad en la sentencia unificatoria, est\u00e1n satisfechos en el plenario\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La jurisprudencia ha reiterado, en incontables oportunidades, que los mecanismos contemplados para examinar las providencias proferidas en sede de amparo son, la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional e, incluso, la formulaci\u00f3n de insistencia, dado que: \u00abLas equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto\u00bb. [CSJ STC4618-2022]. <\/p>\n
Solo en especial\u00edsimas situaciones se ha admitido la procedencia de una tutela dirigida contra una sentencia emitida en id\u00e9ntica acci\u00f3n, siempre y cuando, adem\u00e1s de los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales1, \u00abse demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit)\u00bb 2. <\/p>\n
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2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Yulieth Alejandra Angulo Poveda sostuvo que el amparo otorgado por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, en la sentencia constitucional de 6 de abril de 2022, proferida en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Yaminson Lozano Gamboa y que corresponde al radicado n\u00b0 76001400302120220012100\/01, es producto de un \u00abfraude\u00bb, pues al tenor de lo dispuesto en el numeral 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, el mismo era improcedente, habida cuenta que, para ese momento, \u00abya exist\u00eda una acci\u00f3n judicial entre los involucrados\u00bb, esto es, una denuncia penal formulada por el se\u00f1or Lozano, sobre el particular.<\/p>\n
3. Al analizar el caso concreto presentado en dicha ocasi\u00f3n, el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali consider\u00f3, <\/p>\n
\u00aben relaci\u00f3n a la protecci\u00f3n del derecho fundamental del trabajo invocado por el se\u00f1or Yiminson Lozano Gamboa contra la se\u00f1ora Yulieth Alejandra Angulo Poveda, derivadas del v\u00ednculo contractual y la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral entre las partes (\u2026) se tiene que, la tutela no es el mecanismo adecuado para determinar el cumplimiento o no del contrato laboral suscrito por las partes, pues al respecto la jurisprudencia constitucional ha sido copiosa al establecer el cumplimiento de requisitos, en especial el principio de subsidiariedad, dado que no puede ser la tutela el remedio judicial para discutir las inconformidades por las partes contratantes y la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral contratada, pues esta acci\u00f3n se caracteriza por ser un remedio residual y excepcional, que no reemplaza los mecanismos ordinarios de defensa que ha creado el legislador para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. (\u2026) <\/p>\n
Ahora bien, al abordar el eje central del derecho fundamental al trabajo qued\u00f3 establecido l\u00edneas arriba que el a quo inobserv\u00f3 los criterios correlacionados por la Corte Constitucional al momento de constatar el cumplimiento de requisitos de la tutela en materia del principio de inmediatez y contrario a las consideraciones consignadas en el fallo objeto de pugna, se avizoran inexactitudes sobre la presunta vulneraci\u00f3n del derecho al trabajo y que posiblemente dar\u00edan lugar al amparo constitucional reclamado en sede de tutela. <\/p>\n
De esta forma, al examinar el contrato de obra adosado al escrito primario las estipulaciones ah\u00ed se\u00f1aladas permiten evidenciar que el se\u00f1or Lozano Gamboa en calidad de contratante desarrolla actividades de acabados de construcci\u00f3n y de acuerdo con las estipulaciones contractuales se infiere que, el actor proporciona las herramientas de trabajo para ejercer sus actividades, tal y como dan cuenta las obligaciones asumidas por este para ejecutar las labores contratadas. <\/p>\n
Luego entonces, no existe duda que para la ejecuci\u00f3n de obras de construcci\u00f3n por parte del se\u00f1or Lozano es necesario el uso de las herramientas de trabajo enlistadas en el escrito a manuscrito aportado por el actor y acorde con los registros f\u00edlmicos estos quedaron en poder de la se\u00f1ora Yulieth \u00c1ngulo, desconociendo las causas que dieron lugar a ello, dado que su respuesta es escueta; sin embargo, la ejecuci\u00f3n del contrato o el incumplimiento del mismo, no le da la potestad de retener arbitrariamente las herramientas de trabajo del actor, pues en ese evento debi\u00f3 hacer uso de los mecanismos ordinarios sin afectar el derecho fundamental del actor. <\/p>\n
En ese orden de ideas, tenemos que la accionada actu\u00f3 de forma irregular con sujeci\u00f3n a la labor contratada, al punto de vulnerar el derecho fundamental del actor y mal har\u00eda esta juez constitucional en considerar que la accionada actu\u00f3 de buena fe como asinti\u00f3 el juez de primera instancia, cuando las pruebas demuestran lo contrario. <\/p>\n
Se concluye entonces que, en el presente caso se impone revocar la decisi\u00f3n impartida por el a quo, pues como viene de verse, la acci\u00f3n de tutela es el mecanismo judicial procedente para proteger el derecho fundamental del se\u00f1or Yiminson Lozano Gamboa ordenando a la se\u00f1ora Yulieth Alejandra Angulo Poveda la entrega de las herramientas de trabajo, enlistadas en el escrito que obra en los anexos de la tutela.\u00bb <\/p>\n
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4. Puestas as\u00ed las cosas, concluye la Sala que, el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, protegi\u00f3 el \u00abderecho al trabajo\u00bb del all\u00ed accionante, tras deducir, de cara a los hechos y caracter\u00edsticas de la eventualidad puesta en su conocimiento, que la se\u00f1ora Angulo Poveda hab\u00eda incurrido en una vulneraci\u00f3n de las prerrogativas reclamadas, al haber retenido -a su modo de ver- de forma arbitraria, las herramientas con las que este realizaba su labor, situaci\u00f3n para la que, ciertamente, no exist\u00eda una acci\u00f3n inmediata que le permitiera al interesado recuperar, en el menor tiempo posible, los elementos con los que ejerc\u00eda su oficio. <\/p>\n
Si bien es cierto, el que para ese momento ya se estuviese adelantando una investigaci\u00f3n penal sobre el tema, podr\u00eda -eventualmente- entenderse como una falta al requisito de la subsidiariedad, ello no desembocaba per se en \u00abuna situaci\u00f3n de fraude\u00bb en la sentencia constitucional como lo afirma la accionante, pues es claro que, al juez de la tutela tambi\u00e9n le es posible flexibilizar, en algunos casos excepcionales, el anotado principio \u2013 subsidiariedad -, en escenarios en los que se observe la imperiosa necesidad de intervenir, como en este caso lo estim\u00f3 conveniente el Juzgado accionado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los razonamientos no se muestran constitutivos de \u00abla situaci\u00f3n de fraude\u00bb denunciada por la se\u00f1ora Yulieth Alejandra Angulo Poveda, y, de tratarse de un error en el an\u00e1lisis en la sentencia proferida en esa acci\u00f3n de tutela, no es a trav\u00e9s de este medio excepcional que tal situaci\u00f3n deba evaluarse, m\u00e1xime ante la ausencia de la caracter\u00edstica nombrada. <\/p>\n
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5. En todo caso, no puede perderse de vista que, al consultar la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional3, se pudo constatar que la acci\u00f3n de tutela varias veces mencionada, a\u00fan no ha sido radicada, por lo que a la fecha no se ha sometido a la eventual revisi\u00f3n por parte de esa Corporaci\u00f3n, prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, panorama que, a su vez, refleja que, tampoco se cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiaridad, puesto que la accionante a\u00fan cuenta con ese mecanismo de defensa, sobre el que esta Sala ha establecido que: <\/p>\n
\u00abcualquier presunta irregularidad a recriminar en punto de las acciones constitucionales iniciales, habr\u00e1 ser planteada ante la Corte Constitucional (a la que le compete pronunciarse acerca de ellas en caso de seleccionarla para revisi\u00f3n) en ejercicio de las herramientas al efecto instauradas enantes enunciadas, posibilidad a la que bien puede recurrir la peticionaria en tanto que, como se verific\u00f3 en la p\u00e1gina web de la aludida Corporaci\u00f3n, y seg\u00fan esta Sala puso de manifiesto en un asunto de an\u00e1loga naturaleza, \u2018a la presente data a\u00fan no ha sido radicada la acci\u00f3n de tutela materia de este pronunciamiento, lo cual comporta que [el censor], si lo estima del caso, puede solicitar que la misma sea objeto de revisi\u00f3n y, de no accederse a lo propio, con todo, tiene a su disposici\u00f3n la facultad de insistir en ello, de acuerdo a la normativa de marras\u00bb [CSJ STC, 5 feb. 2015, rad. 00104-00. Reiterado en STC5822-2019. Mayo 13 de 2019. Rad. 2019-0016-01; reiterado en STC4618-2022]. <\/p>\n
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6. Ahora, en cuanto a la connotaci\u00f3n de g\u00e9nero y el estado de gravidez que aleg\u00f3 la impugnante como justificaci\u00f3n para que por esta v\u00eda se estudiara su caso, sin esperar a que se surta el tr\u00e1mite constitucional anotado, t\u00e9ngase en cuenta que, de cara a la jurisprudencia, estos no son requisitos necesarios, ni subsidiarios para abrirle paso a este tipo de amparos, pues, se itera, solo el \u00abfraude\u00bb en la sentencia, o una protuberante transgresi\u00f3n al debido proceso en su tr\u00e1mite anterior o posterior, podr\u00eda ocasionarlo. <\/p>\n
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7. Consecuencia de lo expuesto es que se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional SU627-2015. <\/p>\n