STC6014-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6014-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01443-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Laurina Emiliani Carta instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, extensiva al Juzgado 2\u00ba Civil de Envigado y a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de ejecutivo No. 2018-00178-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado accionado reconocer, en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, los abonos que ha efectuado a la obligaci\u00f3n cobrada en el proceso coercitivo en comento. <\/p>\n
En sustento adujo que fue demandada en el proceso referido, tr\u00e1mite en el cual se profiri\u00f3 orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n (22 abril 2020). Precis\u00f3 que con posterioridad a dicha determinaci\u00f3n hall\u00f3 documentales que daban cuenta de abonos que realiz\u00f3 a la deuda cobrada, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 que los mismos fueran reconocidos, pero el Juzgado no accedi\u00f3 a su pedimento; adem\u00e1s, objet\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pero su defensa no fue pr\u00f3spera y aunque promovi\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n tampoco tuvo \u00e9xito. A su juicio, las autoridades judiciales desconocieron las reglas para imputar abonos que fueron fijadas por la Corte Suprema en la sentencia STC6455-2019. <\/p>\n
2. Antonio Casagrande se opuso a la prosperidad del amparo tras se\u00f1alar que todos los abonos efectuados por la accionante fueron imputados y se ven reflejados en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
El Tribunal accionado remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que el auto cuestionado se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
Debe destacar la Sala que el Tribunal no desconoci\u00f3 las reglas sobre la imputaci\u00f3n de abonos en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, por el contrario, admiti\u00f3 que de encontrarse acreditada la existencia de alguno de ellos, deb\u00eda tenerse en cuenta para definir el monto total de la obligaci\u00f3n. Sobre el particular precis\u00f3: <\/p>\n
La finalidad de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito es dar cuenta del estado actual de la obligaci\u00f3n que se ejecuta, por lo cual es factible el reconocimiento de abonos realizados por el deudor en cualquier tiempo, no obstante, tambi\u00e9n debe precisarse que en la etapa de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito quedan restringidas las discusiones sobre temas que debieron ser objeto de controversia en etapas procesales previas, de tal forma que cada caso se debe ponderar para que, sin desconocer el debido proceso (derecho de contradicci\u00f3n y preclusi\u00f3n de las etapas procesales), se reconozca la soluci\u00f3n de las obligaciones objeto de cobro cuando est\u00e9n suficientemente acreditadas y se encuentre raz\u00f3n para que las mismas no se hubieren informado en oportunidad. <\/p>\n
Bajo dicho marco, el Tribunal hall\u00f3 que los abonos a los que alud\u00eda la parte demandada no pod\u00edan ser reconocidos toda vez que: 1) fueron realizados por personas ajenas al proceso y 2) no es clara la relaci\u00f3n de dichos abonos con la obligaci\u00f3n ejecutada. En concreto el Tribunal se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En tal panorama, respecto de los abonos objeto de discusi\u00f3n en el presente asunto se evidencian situaciones que impiden su reconocimiento en tanto fueron realizados a personas que no son parte en el presente asunto, no se precisa su relaci\u00f3n con los t\u00edtulos que aqu\u00ed se ejecutan y datan de una fecha anterior a la presentaci\u00f3n de la demanda; adem\u00e1s, no basta el reconocimiento que de los mismos efectu\u00f3 el apoderado de la ejecutante, pues precis\u00f3 que ellos se imputaron a la obligaci\u00f3n antes de formular la demanda, esto es, a los intereses generados entre el 21 de septiembre del 2010 al 30 de abril de 2015. <\/p>\n
Ahora bien, tal como lo precis\u00f3 el a quo, si lo que la demandada pretend\u00eda era acreditar la legitimidad de los abonos, la imputaci\u00f3n de los mismos antes de la ejecuci\u00f3n promovida o se reconocieran en las obligaciones ejecutadas, as\u00ed lo debi\u00f3 ventilar en la oportunidad procesal oportuna, a fin de que, en torno al debate probatorio se determinara el acogimiento de lo que ahora discute a trav\u00e9s de la objeci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se evidencia que el argumento aducido por la Magistratura tiene origen en las propias manifestaciones realizadas por la ejecutada, quien para presentar los abonos acot\u00f3: \u00abLos pagos parciales efectuados por mi mandante se realizaron a la sociedad PUNTO RAIZ S.A.S, quien fue la sociedad que administraba los dineros del se\u00f1or CASAGRANDE, donde aparecen recibos de pago que en su momento por JHON JAIRO SANCHEZ (Q.D.P), quien fue miembro de la junta directiva como principal, la se\u00f1ora GLORIA ELENA YEPES SEPULVEDA, quien act\u00faa como principal en la junta directiva y con respecto a la se\u00f1ora BLANCA BEDOYA, en su momento fue secretaria de la sociedad PUNTO RAIZ S.A.S. El valor de los abonos de parte de la se\u00f1ora LAURINA EMILIANI CARTA, son por valor de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 340\u2019000. 000.oo), que el demandante no aporto en los hechos de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que el Tribunal atendi\u00f3 las reglas sobre imputaci\u00f3n de abonos y a partir de las mismas valor\u00f3 los medios suasorios existentes en el expediente, por lo que resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que la gestora considera que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo, pues no se observan los desaciertos que se enrostran a la colegiatura. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: NEGAR la tutela instada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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