STC6022-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6022-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02625-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de mayo dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que decidi\u00f3 la salvaguarda promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n -UGPP contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado 2\u00b0 Laboral del Circuito de la misma ciudad y a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral de radicado 11001310500220160007300. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante procura el respeto de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia en conexidad con el \u00abprincipio de Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Cecilia Mar\u00eda Estrada San\u00edn instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n -UGPP, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional \u00abcontenida en el Art. 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo vigente para 2001-2004\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 13 de julio de 2017, el Juzgado 2\u00ba Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 absolvi\u00f3 a la UGPP de las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue confirmada el 9 de agosto de la misma anualidad por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
2.3. El 9 de junio de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto por la se\u00f1ora Estrada San\u00edn y cas\u00f3 la sentencia atacada; en consecuencia, conden\u00f3 a la UGPP a \u00abreconocer y pagar a la interesada la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional (art\u00edculo 98 convenci\u00f3n colectiva 2001-2004), con efectos fiscales a partir del 01 de enero de 2015, en cuant\u00eda inicial de $3.752.719\u00bb y a \u00abpagarle la suma nominal de $357.858.000, por retroactivo de las mesadas pensionales causadas y exigibles desde el 01 de enero de 2015 hasta la fecha del fallo\u00bb. <\/p>\n
2.4. Al respecto, la tutelante afirm\u00f3 que la Sala acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al ordenar \u00abreconocer y pagar una pensi\u00f3n colectiva a favor de la se\u00f1ora CECILIA MARIA ESTRADA SANIN, pasando por alto que no reuni\u00f3 el requisito del tiempo de servicios, antes del 31 de julio de 2010, se\u00f1alada en la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 ni dio observancia a los criterios se\u00f1alados en el Acto Legislativo 01 de 2010 frente a su vigencia as\u00ed como la omisi\u00f3n de declarar la figura de la compartibilidad\u00bb. <\/p>\n
Frente al primer aspecto, adujo que: i) el art\u00edculo 2\u00ba de la Convenci\u00f3n Colectiva del Trabajo del ISS estableci\u00f3, de forma taxativa, que su vigencia finalizar\u00eda el 31 de octubre de 2004; y ii) en virtud de lo reglado en el acto legislativo 01 de 2005, en las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas consagradas en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y en la sentencia de unificaci\u00f3n SU555-2014, la vigencia del pacto no pod\u00eda extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Y, sobre el segundo, indic\u00f3 que la Sala censurada, \u00abTeniendo el deber de revisar la vocaci\u00f3n de compartibilidad de la prestaci\u00f3n convencional que estaba reconociendo, omite declararla pasando por alto que ella opera por ministerio de la ley\u00bb y desconociendo el precedente en torno a la materia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente. Destac\u00f3 que fue condenada a pagar el 100% de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida a la demandante, cuando aquella solo debe cancelar \u00ablos mayores valores que se originen entre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida por el ISS Patrono (hoy UGPP) y la pensi\u00f3n de vejez reconocida por el ISS Asegurador (hoy COLPENSIONES)\u00bb, dado que a la actora le fue reconocida su pensi\u00f3n de vejez por dicha entidad a partir del 1\u00ba de noviembre de 2016. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que, aunque contaba con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, \u00e9ste no era eficaz, porque tendr\u00eda que pagar la pensi\u00f3n reconocida, en el 100% que le fue impuesto. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto la sentencia proferida el 9 de junio de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral y que se le ordene dictar una nueva providencia, en la cual se nieguen las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Como petici\u00f3n subsidiaria requiri\u00f3 que se suspenda la providencia atacada hasta que \u00abse resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n convocada pidi\u00f3 negar el amparo, al no haber incurrido en la vulneraci\u00f3n de los derechos reclamados por la accionante, pues su decisi\u00f3n tuvo como fundamento el precedente fijado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente en la sentencia CSJ SL3343-2020, en el que se fij\u00f3 el alcance de la cl\u00e1usula 98 convencional. <\/p>\n
En lo referente a la ausencia de pronunciamiento sobre la compartibilidad de la pensi\u00f3n extralegal, se\u00f1al\u00f3 que \u00aba los jueces no les corresponde ejercer la defensa de partes en litigio, y menos, hacer pronunciamientos sobre hechos no alegados, no discutidos y tampoco probados por sus apoderados judiciales durante el tr\u00e1mite de las instancias\u00bb, de manera que su decisi\u00f3n se bas\u00f3 en \u00ablo pedido y probado en las instancias del juicio ordinario\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, una vez proferido el auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase lo resuelto por su Superior, procedi\u00f3 a devolver el proceso al despacho de origen. <\/p>\n
3. Cecilia Mar\u00eda Estrada San\u00edn manifest\u00f3 que se opon\u00eda a las pretensiones contenidas en el escrito de tutela, toda vez que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n alguna, toda vez que la determinaci\u00f3n cuestionada fue emitida con \u00abla plena garant\u00eda del derecho fundamental al debido proceso del accionante\u00bb. <\/p>\n
Sobre la compartibilidad de la pensi\u00f3n aleg\u00f3, de un lado, que al presentarse la demanda no se hab\u00eda reconocido la pensi\u00f3n por parte de Colpensiones, por lo que se trataba de un hecho nuevo desconocido por la Corte y, de otro, que aquella era una figura que operaba por disposici\u00f3n legal, de manera que no requer\u00eda declaraci\u00f3n judicial. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del amparo, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que \u00abno se hall\u00f3 ninguna petici\u00f3n, queja o reclamo promovido por la accionante sobre los hechos y pretensiones contenidas en la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional estim\u00f3 que la providencia atacada, en cuanto al reconocimiento del derecho pensional efectuado, \u00abno incurri\u00f3, como sostiene el titular de la acci\u00f3n, en desconocimiento del precedente, defecto sustantivo ni violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, pues seg\u00fan se precis\u00f3 a lo largo de esta providencia, se trata de una decisi\u00f3n debidamente fundamentada, sustentada en argumentos razonables, que descartan la existencia de los defectos que se denuncian o cualquier otro, producto de la arbitrariedad o el capricho. Adem\u00e1s, no se ofrece contraria a las normas sustantivas, ni a los precedentes de la Corporaci\u00f3n, ni al orden superior, sino, por el contrario, respetuosa de ellas\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en punto de la compartibilidad pensional, estim\u00f3 que la postura de la Sala de Descongesti\u00f3n convocada desconoci\u00f3 el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, que ha sostenido que dicha figura \u00abopera por ministerio de la ley, de tal suerte que los jueces tienen el deber de verificar su configuraci\u00f3n al momento de producirse el reconocimiento de una prestaci\u00f3n pensional a cargo del empleador\u00bb; por ello, ampar\u00f3 el derecho al debido proceso de la accionante y orden\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, \u00aben el t\u00e9rmino de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, deje sin efecto el fallo [\u2026] de 9 de junio de junio de 2021 y, en consecuencia, resuelva nuevamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, acatando los precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013permanente- de esta Corte, en relaci\u00f3n al deber de pronunciamiento con respecto a la compartibilidad pensional por tratarse de una figura que opera por ministerio de la ley\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La entidad accionante impugn\u00f3 la sentencia de primera instancia, en raz\u00f3n a que, en su criterio, no fueron tenidos en cuenta los argumentos que expuso en su escrito de tutela frente al reconocimiento pensional ordenado, los que reiter\u00f3 enunciando que \u00abla posici\u00f3n adoptada por la CORTE SUPREMA SALA DE CASACION LABORAL del 9 de junio de 2021 (i) va en contra de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional en materia de derechos adquiridos (ii) interpreta de forma asilada la convenci\u00f3n colectiva 2001-2004 en concreto su art\u00edculo 98 (iii) existe violaci\u00f3n directa a la constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, solicit\u00f3 revocar el fallo aludido, salvo en aquello que le fue favorable, esto es, lo relativo a la falta de pronunciamiento en torno a la compartibilidad en materia pensional. <\/p>\n
2. Tambi\u00e9n impugn\u00f3 la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por el declarado \u00abdeber de pronunciamiento con respecto a la compartibilidad pensional\u00bb, aduciendo que no pod\u00eda hacer pronunciamientos sobre \u00abhechos no alegados, no discutidos y tampoco probados por los apoderados judiciales de la demandada durante el tr\u00e1mite de las instancias\u00bb, so pena de \u00absorprender y vulnerar el derecho al debido proceso de la demandante\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que el hecho de que la compartibilidad pensional \u00abse encuentre consagrada legalmente, no significa que el juez deba, de oficio y sin prueba de afiliaci\u00f3n al ISS hoy, Colpensiones ordenarla pues, estar\u00eda profiri\u00e9ndose un fallo totalmente infundado y por eso, claramente contrario a la ley\u00bb y que conoci\u00f3 el asunto en sede de casaci\u00f3n, raz\u00f3n por la que su competencia estaba sujeta a los argumentos de la parte demandante. <\/p>\n
Aunado a ello, precis\u00f3 que los precedentes referidos en el fallo impugnado (SL1508-2018 y SL019-2022) no coincid\u00edan con la situaci\u00f3n procesal rebatida, porque en esa oportunidad s\u00ed se hab\u00eda discutido a lo largo de la litis y\/o en el recurso de casaci\u00f3n lo relativo a la compartibilidad, lo cual no ocurri\u00f3 en este caso, m\u00e1xime que la UGPP \u00abno prob\u00f3 que la demandante cumpliera las condiciones previstas en el art. 18 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art. 1 del Decreto 0758\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 9 de junio de 2021, que cas\u00f3 el fallo dictado el 9 de agosto de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ahora bien, de conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora Cecilia Mar\u00eda Estrada San\u00edn, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a casar la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
3.1. Para ello, sostuvo que en el cargo no era motivo de controversia que, \u00abpara la causaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n reclamada, el art\u00edculo 98 exige 20 a\u00f1os de servicio continuos o discontinuos al ISS, y la edad de 50 a\u00f1os para las mujeres\u00bb, as\u00ed como el hecho de que la se\u00f1ora Estrada San\u00edn era \u00abbeneficiaria de la convenci\u00f3n colectiva, para el 31 de julio de 2010 hab\u00eda cumplido los 50 a\u00f1os de edad y alcanz\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicios como trabajadora oficial el 27 de diciembre de 2011, y adem\u00e1s, labor\u00f3 para la entidad hasta el 31 de diciembre de 2014\u00bb. <\/p>\n
3.2. En ese orden, procedi\u00f3 a analizar lo planteado por la recurrente, en el sentido que \u00abse hab\u00edan convenido unas condiciones convencionales desde antes de la entrada en vigencia de la reforma constitucional del a\u00f1o 2005\u00bb y que las mismas, contrario a lo sostenido por el Tribunal, s\u00ed pod\u00edan extenderse m\u00e1s all\u00e1 del a\u00f1o 2005 e incluso de 2010, argument\u00f3 que fue aceptado por la convocada. <\/p>\n
En efecto, la Sala consider\u00f3 que el a quem no tuvo en cuenta que era viable extender las cl\u00e1usulas convencionales m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, t\u00e9rmino establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 como fecha l\u00edmite para la aplicaci\u00f3n de las prerrogativas pensionales, acorde con la postura expuesta por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en la sentencia CSJ SL3635-2020, en la que estableci\u00f3 que, en principio, las disposiciones convencionales en materia de pensi\u00f3n que estaban rigiendo a la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 manten\u00edan su vigencia hasta la fecha se\u00f1alada, salvo \u00aben los eventos en que las reglas pensionales se hayan suscrito antes de la expedici\u00f3n del acto legislativo y al 29 de julio de 2005 se encontraban en curso\u00bb, las cuales conservaban eficacia \u00abpor el t\u00e9rmino inicialmente pactado, a\u00fan con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado\u00bb, por lo que cas\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, a fin de emitir sentencia de instancia, la Sala convocada se centr\u00f3 en analizar el alcance de la norma convencional en la que se sustentaba la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada por la se\u00f1ora Estrada San\u00edn, es decir, el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n 2001-2004 suscrita con el ISS y, al respecto, trajo a colaci\u00f3n lo definido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en sentencia CSJ SL3343-2020, en el sentido que \u00abla interpretaci\u00f3n v\u00e1lida de dicha cl\u00e1usula es la que aqu\u00ed se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestaci\u00f3n pensional, no de causaci\u00f3n\u00bb y, bajo esas consideraciones, sostuvo que como a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 la citada cl\u00e1usula convencional ven\u00eda rigiendo, puesto que, de acuerdo con el \u00abplazo inicialmente pactado\u00bb entre las partes ten\u00eda vigencia hasta el a\u00f1o 2017, lo pretendido por estas fue \u00abdarle al art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por los menos, durante su plazo de vigencia\u00bb. <\/p>\n
Luego, al revisar los requisitos exigidos en el art\u00edculo 98 convencional para la materializaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n reclamada, seg\u00fan los cuales se necesitan \u00ab20 a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos al ISS y 50 a\u00f1os de edad si es mujer\u00bb, la Sala lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que a Cecilia Mar\u00eda Estrada San\u00edn le asist\u00eda el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y, en esa medida, dispuso que la UGPP deb\u00eda \u00abreconocer y pagar a la interesada la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional (art\u00edculo 98 convenci\u00f3n colectiva 2001-2004), con efectos fiscales a partir del 01 de enero de 2015, en cuant\u00eda inicial de $3.752.719\u00bb; as\u00ed como \u00abpagarle la suma nominal de $357.858.000, por retroactivo de las mesadas pensionales causadas y exigibles desde el 01 de enero de 2015 hasta la fecha del fallo\u00bb. <\/p>\n
4. Analizada la providencia rebatida, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida, la Sala accionada estudi\u00f3 los reproches expuestos por la casacionista y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, las actuaciones surtidas, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4.1. En efecto, el Colegiado encontr\u00f3 que se estructuraba el yerro jur\u00eddico que la se\u00f1ora Estrada San\u00edn le endilgaba al Tribunal, pues a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 la cl\u00e1usula convencional (art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n 2001-2004 suscrita con el ISS) se encontraba en vigor y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, ten\u00eda vigencia hasta el a\u00f1o 2017; por lo que el cumplimiento de los requisitos all\u00ed exigidos pod\u00eda darse con posterioridad al 31 de julio de 2010 y, bajo esas circunstancias, como la trabajadora caus\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n el 27 de diciembre de 2011, era evidente que le asist\u00eda derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada, raz\u00f3n por la que cas\u00f3 la providencia del Tribunal y emiti\u00f3 la sentencia de instancia, aplicando el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la entidad accionante, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
4.2. Ahora bien, en lo relativo al deber de pronunciamiento sobre la compartibilidad pensional y a la omisi\u00f3n de la Sala accionada en resolver ese aspecto, resulta pertinente destacar que la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral ha considerado que, al tratarse de un asunto que opera por disposici\u00f3n legal, no requiere declaraci\u00f3n judicial; aunado a que, para el efecto, la entidad respectiva debe solicitar la adici\u00f3n del fallo y, en todo caso, como lo indic\u00f3 la misma tutelante, dicho tema puede ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala considera que no puede el juez de tutela entrar a subsanar la falta de proposici\u00f3n de los instrumentos legales ni adelantarse a resolver un aspecto que puede ser sometido a conocimiento del competente, mediante la interposici\u00f3n del referido recurso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, al resolver un caso con alguna similitud, esto es, un recurso de revisi\u00f3n presentado por la UGPP contra el reconocimiento pensional contenido en las sentencias dictas en segunda instancia y en sede de casaci\u00f3n, en el que se aleg\u00f3, entre otros, lo relativo a la falta de decisi\u00f3n sobre la compartibilidad en materia pensional, sostuvo: <\/p>\n
\u00abLo primero que se debe destacar, es que del compendio probatorio y conforme lo se\u00f1al\u00f3 la UGPP en el libelo de revisi\u00f3n las autoridades judiciales que adelantaron el proceso y definieron el asunto materia de estudio, no tuvieron conocimiento durante el curso del tr\u00e1mite de la prestaci\u00f3n pensional por el riesgo de vejez que le otorg\u00f3 Colpensiones a la se\u00f1ora Maril\u00fa Aguirre, mediante Resoluci\u00f3n SUB 308 de 3 de enero de 2018, en la suma de $1.632.245, a partir del 10 de septiembre de 2017. <\/p>\n
Evidencia de lo anterior, es que el acto administrativo antes referido, tuvo lugar con posterioridad a la sentencia emitida por el tribunal, ya que se profiri\u00f3 el 14 de marzo de 2013, y si bien la providencia dictada por esta Corporaci\u00f3n fue posterior, ambas partes guardaron silencio en sede de casaci\u00f3n respecto de aquel hecho sobreviniente. <\/p>\n
Panorama procesal, que vale se\u00f1alar, justifica la raz\u00f3n por la cual no existi\u00f3 pronunciamiento alguno respecto de la compatibilidad o compartibilidad de aquellas prestaciones, pues dicha circunstancia no fue puesta en conocimiento por las partes en su debida oportunidad a la Corte, pese a estar ambos facultados y obligados por la ley, si pretend\u00edan obtener la consecuencia jur\u00eddica ahora cuestionada\u2026 <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha precisado que, la compartibilidad opera por ministerio de la ley, con el fin de que solo quede obligado al pago el mayor valor de la pensi\u00f3n primigenia a cargo del empleador a consecuencia del acuerdo convencional (CSJ SL2238-2021). <\/p>\n
Por consiguiente, resulta infundada la causal alegada, ya que se debe precisarse, que es responsabilidad de la entidad realizar los actos necesarios para que internamente se concreten los efectos de la compartibilidad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo que correspond\u00eda al recurrente era solicitar la adici\u00f3n del fallo que ahora controvierte, pues la revisi\u00f3n no puede servir de mecanismo alternativo para subsanar supuestas irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a trav\u00e9s de las herramientas jur\u00eddicas previstas para el efecto\u00bb (SL1031-2022, radicaci\u00f3n interna 88138, providencia del 30 de marzo de 2022, se subraya). <\/p>\n
A su vez, en sentencia CSJ SL4335-20211, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, respecto de la compartibilidad de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, afirm\u00f3 que \u00abla jurisprudencia [\u2026] ha sido pac\u00edfica en cuanto a que esa figura opera por ministerio de la ley, sin que sea necesario declaraci\u00f3n judicial en ese sentido\u00bb y, en esa medida, estableci\u00f3 que dicha figura \u00abpuede ser aplicada por las respectivas entidades y administradoras de pensiones encargadas del pago de las obligaciones pensionales, sin que sea necesario un pronunciamiento judicial previo\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Igualmente, en pronunciamiento CSJ SL2576-20212, la referida hom\u00f3loga Laboral explic\u00f3 que \u00abuno de los soportes que relaciona la U.G.P.P., para la revisi\u00f3n, es el aplicativo \u2018Documento, radicado No 201880030731132 del 12 de marzo de 2018\u2019 en la que se cre\u00f3 la solicitud de estudio de revocatoria del acto que concedi\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez y que, precisamente, dej\u00f3 evidenciado que la pensi\u00f3n convencional debe ser compartida con la vejez reconocida por el ISS. Entonces (\u2026) es ella la obligada y responsable de que se produzcan los efectos de la subrogaci\u00f3n y bajo ninguna consideraci\u00f3n, tal responsabilidad puede ser traslada a los funcionarios judiciales\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En ese orden, observa la Sala que, si la entidad consideraba que la accionada omiti\u00f3 su deber de pronunciarse sobre un aspecto de la litis, debi\u00f3 hacer uso de la solicitud de adici\u00f3n de la sentencia, falencia que no puede suplirse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, dada su naturaleza subsidiaria y residual, lo cual torna inviable el amparo invocado. <\/p>\n
Lo anterior, sumado a que, trat\u00e1ndose de un aspecto que opera por disposici\u00f3n legal no requiere declaraci\u00f3n judicial y, en todo caso, la accionante a\u00fan cuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n aludido en la tutela. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n constitucional depende del agotamiento previo de los mecanismos de defensa y de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone revocar el refutado y negar la salvaguarda invocada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicaci\u00f3n interna 86196, providencia del 4 de agosto de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Radicaci\u00f3n interna 83340, providencia del 19 de mayo de 2021 <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6022-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC6022-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02625-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de mayo dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63590","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63590","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63590"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63590\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63590"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63590"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63590"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}