STC6030-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6030-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01890-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo que se profiri\u00f3 el 23 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e \u00abigualdad ante la Ley\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 dejar \u00absin efectos la sentencia\u2026 proferida el 17 de febrero de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Pedro Antonio de la Hoz Rodr\u00edguez promovi\u00f3 demanda laboral ordinaria contra Colpensiones, con la finalidad que se le reconociera \u00abpensi\u00f3n especial de vejez, por desempe\u00f1ar actividades de alto riesgo… a partir del 8 de agosto de 2003\u2026\u00bb, que fue desestimada con sentencia del 3 de febrero de 2011, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el actor, siendo confirmada con providencia del 30 de mayo de esas calendas. <\/p>\n
2.2. Frente a esa \u00faltima determinaci\u00f3n el demandante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que se declar\u00f3 pr\u00f3spero con providencia del 17 de febrero de 2021, por lo que se cas\u00f3 la decisi\u00f3n censurada y se dict\u00f3 sentencia sustitutiva el 25 de agosto siguiente (2021), a trav\u00e9s de la cual se revoc\u00f3 el fallo de primera instancia y, en su lugar, se accedi\u00f3 a las s\u00faplicas del actor. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la sede judicial acusada cas\u00f3 la sentencia de segunda instancia, \u00abconsiderando que para el reconocimiento de la pensi\u00f3n especial de vejez por actividad de alto riesgo, procede el c\u00f3mputo de semanas cotizadas como consecuencia de la declaratoria de ineficacia de un despido y, con ello, de la orden de reintegro laboral\u00bb, a pesar de que \u00abno existi\u00f3 exposici\u00f3n u operancia de actividad calificada como de alto riesgo para la salud del trabajador, al no ejercerse materialmente el cargo por dicho interregno de tiempo\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que, en otras palabras, <\/p>\n
\u2026 incurri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en yerro material al haber casado la sentencia proferida por el Tribunal\u2026, fijando el criterio de que procede el reconocimiento de la pensi\u00f3n especial de vejez por actividad de alto riesgo con la sumatoria de periodos cotizados como consecuencia de la ficci\u00f3n jur\u00eddica del reintegro, que deviene de la declaratoria de ineficacia del despido por parte del empleador, permitiendo que interregnos de tiempo que no fueron materialmente laborados en actividades de alto riesgo y, por ende, sin exposici\u00f3n alguna que afecte la salud de dicho trabajador, sean tenidos en cuenta para cumplir con la densidad de semanas con \u201cexposici\u00f3n\u201d a funciones riesgosas como lo establece la ley, y por consiguiente, puedan ser acreedores de las consecuencias jur\u00eddicas previstas por esta normativa especial y diferencial, que no es otro que la reducci\u00f3n de la edad para adquirir la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica\u2026 <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia precis\u00f3 que \u00abno incurri\u00f3 en alg\u00fan defecto que d\u00e9 lugar a la protecci\u00f3n procurada, pues el an\u00e1lisis jur\u00eddico realizado en el estadio de la casaci\u00f3n fue razonado, objetivo y ponderado de cara a las disposiciones legales que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
2. Mon\u00f3meros Colombo Venezolanos SA, a trav\u00e9s de apoderada judicial, manifest\u00f3 que \u00abraz\u00f3n le asiste a\u2026 Colpensiones en promover [esta] acci\u00f3n, pues ciertamente como reprocha\u2026 la sentencia SL890-2021 adolece de un defecto sustantivo que permite abrir un debate de orden constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, \u00abdebido a que los reproches expuestos en la demanda corresponden a aspectos que debieron alegarse y definirse dentro del proceso ordinario laboral, mediante la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n normativa por parte del funcionario natural\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00abel juez constitucional no est\u00e1 habilitado para interferir en esa cuesti\u00f3n, debido a que el proceso est\u00e1 en tr\u00e1mite\u00bb, atendiendo que la Sala acusada a\u00fan no hab\u00eda dictado sentencia de remplazo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 teniendo en cuenta que el reproche de esta acci\u00f3n recae exclusivamente en la interpretaci\u00f3n judicial efectuada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, misma que se acusa de ser irrazonable a la luz de los postulados constitucionales, y que conllev\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n a casar la sentencia del Tribunal, resulta, por consiguiente, irrelevante la decisi\u00f3n de reemplazo en la presente litis, habida cuenta que, lo que se discute en esta acci\u00f3n de amparo es la motivaci\u00f3n de la sentencia de casaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela y circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia de 17 de febrero de 2021 (SL890-2021), que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se formul\u00f3 en el juicio criticado, al margen que se comparta, no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 la Corte debe dilucidar si el Tribunal err\u00f3 al considerar que (i) el ISS no deb\u00eda contabilizar el per\u00edodo comprendido entre el despido y el reintegro por orden judicial como tiempo laborado en tareas de alto riesgo para el reconocimiento de la pensi\u00f3n especial de vejez, y (ii) el r\u00e9gimen aplicable en este asunto era el previsto en el Decreto 1281 de 1994. <\/p>\n
Pues bien, respecto al primer punto, es oportuno indicar que en relaci\u00f3n con los efectos jur\u00eddicos que se derivan de un reintegro laboral ordenado por v\u00eda judicial, de manera reiterada la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que tal orden conlleva la no soluci\u00f3n de continuidad del v\u00ednculo contractual, lo que implica que, para todos los efectos legales, la relaci\u00f3n laboral no finaliz\u00f3 ni se interrumpi\u00f3, esto es, se entiende que la persona trabajadora efectivamente prest\u00f3 sus servicios (CSJ SL, 16 may. 2005, rad. 23134 y CJS SL, 24 ago. 2010, rad. 36215)\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Asimismo, la Corte ha precisado que el referido criterio tiene sustento en los efectos que se predican de figuras jur\u00eddicas como la ineficacia (CSJ SL, 5 oct. 1998, rad. 11017, reiterada en decisiones CSJ SL, 10 jul. 2012, rad. 38962, CSJ SL6245-2014 y CSJ SL12451-2015). As\u00ed, es claro que, declarada la ineficacia del despido, las partes tienen derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido aquel acto (art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil). En otros t\u00e9rminos, debe retrotraerse la situaci\u00f3n del afectado, en lo posible, al mismo estado en que estar\u00eda de no ocurrir el despido. <\/p>\n
De modo que en asuntos como el que se analiza, la ineficacia de la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral implica el reintegro de la persona al cargo que ejerc\u00eda y entender que el acto ilegal no produjo consecuencias jur\u00eddicas, esto es, que el v\u00ednculo contractual permaneci\u00f3 vigente con todas sus consecuencias y, adem\u00e1s, en las mismas condiciones en las que laboraba antes del acto trasgresor del orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Ahora, la Sala no desconoce que las pensiones especiales de alto riesgo deben preceder de la prueba del desempe\u00f1o de las respectivas tareas que le brinden sustento y justificaci\u00f3n al tratamiento diferente en relaci\u00f3n con la anticipaci\u00f3n de la edad que no gozan los dem\u00e1s afiliados al sistema (CSJ SL3963-2014 y CSJ SL7861-2016). Sin embargo, no puede olvidarse que precisamente la orden de reintegro hace que se configure una ficci\u00f3n jur\u00eddica, que implica entender que el trabajador continu\u00f3 laborando en id\u00e9nticas condiciones en las que estaba antes del despido ineficaz, pues de otra manera no podr\u00eda garantizarse un restablecimiento efectivo de la situaci\u00f3n que gener\u00f3 el acto ilegal. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, as\u00ed como es dable establecer la obligaci\u00f3n de pagar salarios y prestaciones sociales acordes con el cargo que ejerc\u00eda la persona trabajadora antes del despido, pese a que esta no prest\u00f3 materialmente el servicio, no hay alguna raz\u00f3n v\u00e1lida que permita concluir que si dicho empleo implicaba el ejercicio de tareas de alto riesgo, la respuesta de derecho no deba ser la misma, esto es, entender que continu\u00f3 ejecut\u00e1ndolas con todas sus consecuencias de pago de salarios y obligaciones con el sistema de seguridad social, en el marco de las condiciones de empleo que ten\u00eda al momento de la ruptura contractual ilegal. <\/p>\n
En este punto la Corte considera oportuno se\u00f1alar que como lo ha establecido la jurisprudencia, la pensi\u00f3n anticipada por trabajos de mayor riesgo ampara a las personas que por su actividad, oficio o profesi\u00f3n est\u00e1n expuestas a situaciones que afectan notoriamente su salud al punto de generar una menor expectativa de vida o que est\u00e9n enfrentados a un mayor nivel de siniestralidad. Y por ello la exigencia de requisitos para obtener una pensi\u00f3n especial de vejez son inferiores a los consagrados en t\u00e9rminos generales para quienes no se encuentran expuestos en forma superlativa a riesgos de car\u00e1cter laboral, toda vez que est\u00e1n sujetos a una mengua de sus expectativas de vida saludable. As\u00ed, se ha adoctrinado que esas son las razones por las que el r\u00e9gimen especial de pensiones por actividades de alto riesgo prev\u00e9 la posibilidad de disminuir la edad para acceder a la prestaci\u00f3n bajo ciertas condiciones excepcionales e inferiores a las del r\u00e9gimen general, e incluso precedido de una carga contributiva superior que no amenace el equilibrio financiero del sistema pensional, a lo que se agrega que la reducci\u00f3n de la edad solo es posible cuando se ha superado la base m\u00ednima de cotizaciones exigida en el sistema general de pensiones (CSJ SL1353-2019). <\/p>\n
De modo que si el trabajador estaba expuesto a actividades de alto riesgo y estaba cotizando al sistema de seguridad social en pensiones bajo tal r\u00e9gimen especial, ser\u00eda injusto que ante una decisi\u00f3n arbitraria del empleador, como un despido que es posteriormente declarado judicialmente ineficaz, se le prive de consolidar su situaci\u00f3n pensional en las mismas condiciones que ten\u00eda antes del acto contrario a derecho, pues entonces carecer\u00eda de sentido la ficci\u00f3n jur\u00eddica de reestablecer las cosas al mismo estado en que estaban y en detrimento del derecho fundamental a la seguridad social. <\/p>\n
En esa misma perspectiva, debe destacarse que la Corte ha reconocido que las instituciones de nulidad o ineficacia tienen una \u00abfinalidad tuitiva y de reequilibro de la posici\u00f3n desigual de ciertos grupos o sectores de la poblaci\u00f3n que concurren en el medio jur\u00eddico en la celebraci\u00f3n de actos y contratos\u00bb (CSJ SL1688-2019 y CSJ SL3464-2019), y desde luego, las relaciones laborales subordinadas son un ejemplo de aquellas que se despliegan en planos desiguales (art\u00edculo 13 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo). <\/p>\n
De ah\u00ed que el reintegro consecuente a la declaratoria de nulidad o ineficacia de un acto de ruptura ilegal del contrato de trabajo, sea una medida de justicia contra el empleador que ejecut\u00f3 ese despido no validado por el orden jur\u00eddico y que, en esa l\u00f3gica, deba generarse una ficci\u00f3n jur\u00eddica que opere como restablecimiento efectivo de una situaci\u00f3n injusta que no debi\u00f3 ocurrir por ser ilegal. De modo que el ad quem debi\u00f3 entender que entre ese acto y el efectivo reintegro la relaci\u00f3n laboral mantuvo ese rasgo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Tribunal err\u00f3 al considerar que dicho per\u00edodo no deb\u00eda reputarse como laborado en tareas de alto riesgo, pues si bien no existi\u00f3 exposici\u00f3n al no ejercerse materialmente el cargo, desconoci\u00f3 que las consecuencias jur\u00eddicas del reintegro irradian los reg\u00edmenes pensionales y buscan restablecer de forma efectiva las condiciones que ten\u00eda el trabajador al momento del despido, lo cual no puede verse afectado por la imposibilidad f\u00edsica de prestar el servicio a que estuvo sometido un trabajador como consecuencia de una decisi\u00f3n de su empleador, declarada ineficaz. <\/p>\n
Por \u00faltimo, para la Sala carece de asidero jur\u00eddico argumentar que el tiempo cesante por un despido y posterior reintegro \u00fanicamente pueda contabilizarse para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez com\u00fan y no para la especial por alto riesgo, pues ello desconoce que se trata de una misma prestaci\u00f3n con un car\u00e1cter especial en tanto tiene la finalidad de adelantar la edad para su disfrute (CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 38558 y CSJ SL5948-2016). <\/p>\n
En el anterior contexto, el Tribunal incurri\u00f3 en el desatino jur\u00eddico que le endilga la censura. <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, concluyendo que al declararse judicialmente la ineficacia de la terminaci\u00f3n de una relaci\u00f3n laboral y, en consecuencia, el reintegro del trabajador al cargo que ostentaba, debe entenderse que el acto ilegal no produjo ning\u00fan efecto, por lo que el v\u00ednculo continu\u00f3 vigente con todas sus consecuencias, como si la persona hubiese prestado efectivamente el servicio para el que se le contrat\u00f3, raz\u00f3n por la cual han de tenerse en cuenta esos tiempos para efectos pensionales, incluso, para poder acceder a la pensi\u00f3n especial por desempe\u00f1ar actividades de alto riesgo. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
5 <\/p>\n
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