STC6036-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6036-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02462-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de diciembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Robinson Gallego Parra contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 17 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el asunto objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libertad y dignidad humana, que dice vulneradas por las autoridades judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 que se \u00abrevoquen las decisiones [criticadas] y se valore positivamente [sus] antecedentes de todo orden a partir de [su] privaci\u00f3n de la libertad y\u2026 se [le] conceda la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Contra Robinson Gallego Parra se adelant\u00f3 proceso penal por las conductas punibles de \u00absecuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego\u00bb, siendo condenado a una pena acumulada de 480 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el condenado solicit\u00f3 se le concediera el beneficio de \u00ablibertad condicional\u00bb, que le fue negado con prove\u00eddo de 24 de febrero de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el sentenciado, siendo confirmada por el Tribunal criticado con auto del primero de julio de 2021. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del amparo que los falladores acusados desconocieron \u00abel precedente jurisprudencial vigente en la materia, sentado por la Corte Constitucional y por la Corte Suprema de Justicia, que establece que el estudio del juez, para negarse la libertad condicional, no puede fundarse exclusivamente en la gravedad de la conducta punible\u00bb; que \u00abpisotearon [su] tiempo y dedicaci\u00f3n a la resocializaci\u00f3n\u2026\u00bb; y que \u00abno se han dado cuenta que la palabra gravedad fue retirada del art\u00edculo 64 del CP., modificado por la ley 1709 de 2014, quedando en valoraci\u00f3n de la conducta punible\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 382 Judicial Penal precis\u00f3 que el resguardo resulta \u00abimprocedente\u00bb, comoquiera que \u00abnecesita una verdadera resocializaci\u00f3n para ingresar a la sociedad\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 17 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 negar el resguardo, porque ese despacho \u00abno se encuentra incurso en vulneraci\u00f3n o afectaci\u00f3n de derecho alguno en cabeza de la accionante\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto \u00abno existi\u00f3 la alegada v\u00eda de hecho, pues n\u00f3tese que el tribunal accionado examin\u00f3 con detenimiento los argumentos planteados en la apelaci\u00f3n y determin\u00f3 en el caso concreto la inviabilidad de otorgar el subrogado bajo los requerimientos del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, seg\u00fan las cuales cumple los requisitos necesarios para acceder a la libertad condicional que deprec\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que, el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo de primero de julio de 2021, que confirm\u00f3 el que se dict\u00f3 el 24 de febrero de esas calendas, toda vez que fue ese prove\u00eddo el que clausur\u00f3 el debate relacionado con la concesi\u00f3n de la libertad condicional que reclam\u00f3 el tutelante. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, toda vez que el citado auto (de primero de julio de 2021) no luce arbitrario, toda vez que el Tribunal accionado expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba improcedente conceder la anotada prerrogativa al tutelante, respecto de lo que, tras relacionar las normas que regulan la concesi\u00f3n de la libertad condicional y traer a colaci\u00f3n los antecedentes que culminaron en la condena que est\u00e1 purgando el tutelante, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Ahora bien, corresponde valorar si del tratamiento penitenciario recibido desde la captura de Robinson Gallego Parra el 13 de septiembre de 2002, se puede deducir que ya no existe la necesidad de ejecutar la pena, dado el cumplimiento de la finalidad resocializadora y preventiva especial. <\/p>\n
Revisados los documentos aportados para el estudio de la libertad condicional pretendida, obra la Resoluci\u00f3n 0282 del 8 de febrero de 2021, en la que se otorg\u00f3 concepto favorable al privado de la libertad para optar por dicho beneficio, y que para llegar a dicha conclusi\u00f3n, el Consejo de Disciplina dl Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogot\u00e1 (COMEB-La picota), determin\u00f3 que adem\u00e1s del tiempo de pena cumplida requerido, en el Acta 113-0005 del 21 de enero de 2021 se calific\u00f3 la conducta del reo como ejemplar. <\/p>\n
Sin embargo, de la revisi\u00f3n de la cartilla biogr\u00e1fica de Gallego Parra, pese a que la mayor parte del tempo ha tenido una conducta buena y ejemplar, existieron dos periodos en los cuales fue calificado con una conducta regular, desde el 12 de septiembre al 11 de diciembre de 2014 y del 12 de diciembre de 2014 al 11 de marzo de 2015; as\u00ed mismo, en dicha cartilla se consign\u00f3 que existi\u00f3 una sanci\u00f3n en contra del sentenciado emitido bajo el n\u00famero de fallo 1145 el 23 de julio de 2014 y cuya sanci\u00f3n consisti\u00f3 en dejarlo \u201csin derecho a recreaci\u00f3n hasta 8 d\u00edas\u201d. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, tambi\u00e9n obra en el plenario que seg\u00fan certificado 11262024 del 7 de febrero de 20211, se manifest\u00f3 que tuvo un desempe\u00f1o deficiente en su labor de educaci\u00f3n formal, ello soportado en acta 150-082-2011, situaci\u00f3n que volvi\u00f3 a repetirse conforme el certificado 15237187 del 20 de junio de 2012, de acuerdo al acta 421-0052-2011. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, bajo el panorama de marcada gravedad que envuelve las conductas desplegadas por Robinson Gallego Parra, es dable exigirle un mayor grado de compromiso frente a sus actividades y comportamiento al interior del tratamiento penitenciario brindado, pues como se ha manifestado en su oportunidad \u00abes razonable suponer que entre m\u00e1s grave sea la conducta punible, m\u00e1s exigente ser\u00e1 el juez de ejecuci\u00f3n de penas para conceder el subrogado de libertad condicional\u2026\u00bb [CC C-757\/14]. <\/p>\n
Entonces, conforme a la revisi\u00f3n de la calificaci\u00f3n de la conducta registrada en la cartilla biogr\u00e1fica y del desempe\u00f1o de su labor de educaci\u00f3n formal, esta Sala considera que del tratamiento penitenciario se concluye que debe continuarse la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal al interior del establecimiento carcelario, en tanto se espera que, por una parte, la persona privada de la libertad tome conciencia del da\u00f1o que su actuar caus\u00f3 a las v\u00edctimas y al conglomerado social, m\u00e1s a\u00fan cuando los punibles de homicidio y extorsi\u00f3n los cometi\u00f3 en el contexto de estar vinculado a un grupo paramilitar\u2026, con el\u2026 prop\u00f3sito de cobrar una deuda. <\/p>\n
Y por otra, que el resultado de esa conciencia y arrepentimiento, adopte una actitud constante de resocializaci\u00f3n, evitando cualquier anotaci\u00f3n que contrar\u00ede dicho prop\u00f3sito, como son sanciones disciplinarias o calificaciones deficientes en labores de trabajo, estudio o ense\u00f1anza, m\u00e1s a\u00fan cuando le es exigible un comportamiento intachable por cuenta de la muy elevada gravedad de la conducta. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, valoradas las conductas por las cuales Robinson Gallego Parra fue condenado en conjunto con su desempe\u00f1o dentro del tratamiento penitenciario a lo largo de la ejecuci\u00f3n de la pena, no se avizora que sea justificable concederle la libertad condicional, pues ha tenido anotaciones que dejan ver el a\u00fan insuficiente proceso de resocializaci\u00f3n y la consecuente necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad con el prop\u00f3sito de cumplir los fines preventivos generales, especiales, resocializador y retributivo de la pena. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Tribunal cuestionado interpret\u00f3 las normas que regulan la concesi\u00f3n de la libertad condicional y valor\u00f3 los elementos de juicio que daban cuenta del comportamiento del condenado durante su reclusi\u00f3n, concluyendo que no se cumpl\u00edan los requisitos necesarios para otorgarle ese beneficio, toda vez que ante la gravedad de las conductas por las que fue condenado, su comportamiento carcelario deb\u00eda ser continuamente ejemplar, lo que no ha ocurrido, pues ha sido objeto de sanciones al interior de la instituci\u00f3n en la que purga su pena. <\/p>\n
Entonces, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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