STC6039-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6039-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00251-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo que se profiri\u00f3 el 17 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Rosa Ang\u00e9lica Posada Sep\u00falveda contra la Sala de Descongesti\u00f3n No 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, \u00abprimac\u00eda de la realidad sobre las formas\u00bb, defensa, seguridad social, m\u00ednimo vital, vida en condiciones dignas y justas, \u00aba recibir una pensi\u00f3n atendiendo los principios de favorabilidad laboral y progresividad de los derechos sociales\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 \u00ab se dejen sin efecto la providencias dictadas por los jueces de conocimiento del\u2026 asunto [criticado] y, de manera puntual, la proferida el pasado 3 de noviembre de 2021 (SL5011-2021\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Rosa Ang\u00e9lica Posada Sep\u00falveda promovi\u00f3 demanda laboral ordinaria contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), \u00abpara que se declarara que tiene derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes por el fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente Cristian Norbey Amaya Londo\u00f1o\u00bb, tr\u00e1mite al que se acumul\u00f3 el libelo que instaur\u00f3 Dora Esther Londo\u00f1o Jaramillo, progenitora del mencionado de cujus, quien tambi\u00e9n reclam\u00f3 se le concediera pensi\u00f3n de sobreviviente. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 26 de febrero de 2018, se negaron las pretensiones, decisi\u00f3n que apelaron las demandantes, siendo parcialmente revocada con providencia del 20 de marzo de 2019, para en su lugar, reconocer la pensi\u00f3n que deprec\u00f3 Londo\u00f1o Jaramillo y, en lo dem\u00e1s, se confirm\u00f3 el fallo de primer grado. <\/p>\n
2.3. Contra esta \u00faltima determinaci\u00f3n, Rosa Ang\u00e9lica Posada Sep\u00falveda formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con sentencia del 3 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que los falladores accionados valoraron indebidamente las pruebas, que daban cuenta de la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre ella y el extinto Cristian Norbey Amaya Londo\u00f1o, v\u00ednculo que, incluso, fue reconocido por la especialidad de familia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, a trav\u00e9s de sentencia de 17 de julio de 2019, confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, con providencia del primero de octubre de 2019. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que en el juicio acusado se desconoci\u00f3 \u00abla tesis adoptada y reiterada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente de la [Corte Suprema de Justicia], que tiene adoctrinado, desde la\u2026 sentencia SL1730-2020, que el requisito de la convivencia por 5 a\u00f1os para hacerse acreedor a la prestaci\u00f3n por sobrevivencia, s\u00f3lo es exigible en el caso del pensionado fallecido, no as\u00ed del afiliado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medell\u00edn manifest\u00f3 que \u00abse atiene a la sentencia de primera instancia proferida el 26 de febrero de 2018 y por consiguiente estima que no se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental a la\u2026 accionante\u00bb. <\/p>\n
2. Colpensiones resalt\u00f3 que \u00abel despacho accionado procedi\u00f3 conforme a la ley y la constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Descongesti\u00f3n No 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia precis\u00f3 que \u00abla sentencia proferida\u2026 se ajusta a los par\u00e1metros legales y constitucionales, de suerte que no pudo incurrir en el defecto f\u00e1ctico que se le endilga\u00bb; y que \u00abintentar por v\u00eda constitucional un resultado distinto, a partir de la incorporaci\u00f3n de una nueva prueba no analizada, ni controvertida en la contenci\u00f3n, atenta contra los derechos a la defensa y debido proceso de los dem\u00e1s contendores\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, por cuanto en la providencia que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n: <\/p>\n
\u2026 se sopes\u00f3 el material de prueba para concluir que ni si quiera en la nueva postura, la actora satisfac\u00eda el requisito para hacerse acreedora de la pensi\u00f3n reclamada, sin que sea dable anteponer a esa realidad las conclusiones de otro proceso judicial adelantado en la jurisdicci\u00f3n civil, principalmente porque no se le puso de presente al juez laboral ni se promovi\u00f3 pre-judicialidad en la materia; adem\u00e1s porque en lo que respecta a este asunto, con el material de prueba arribado al asunto laboral, se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n ya advertida, consistente en la no acreditaci\u00f3n de un n\u00facleo familiar con vocaci\u00f3n de permanencia y vigente al momento de la muerte. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria que se efectu\u00f3 en las providencias cuestionadas, pues considera que los elementos de juicio aportados daban cuenta de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que sostuvo con el causante Cristian Norbey Amaya Londo\u00f1o. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia de 3 de noviembre de 2021 (SL5011-2021), que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se formul\u00f3 en el juicio criticado, al margen que se comparta, no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada, tras encontrar fundado el cargo que elev\u00f3 la recurrente1, expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 no procede el quiebre de la sentencia gravada, en tanto en sede instancia, la Sala decidir\u00eda en el mismo sentido en que lo hizo el ad quem, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Desde la demanda inicial (fls. 2 a 7), la actora se\u00f1al\u00f3 que convivi\u00f3 con el afiliado por espacio de 11 a\u00f1os, \u00abdesde (\u2026) de 2004\u00bb en el municipio de Yarumal; luego, en 2006 en Medell\u00edn y, finalmente, en 2012 en la misma ciudad, hasta el fallecimiento de su compa\u00f1ero. No obstante, ni del libelo introductorio, ni del interrogatorio de parte (fl. 134 Cd), se desprende que la relaci\u00f3n de pareja hubiera tenido fines de permanencia o de constituir una familia; menos, que se prestaran auxilio o ayuda mutua. La Sala no puede desconocer que, a pesar de que est\u00e1 demostrada la existencia de una relaci\u00f3n amorosa, dicha condici\u00f3n no cuenta con el respaldo de una comunidad vida con el car\u00e1cter de permanente hasta el deceso del afiliado, que es el requisito necesario para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada. <\/p>\n
Si bien, en su declaraci\u00f3n (fl. 134 Cd), la actora reiter\u00f3 que convivi\u00f3 con el afiliado por m\u00e1s de una d\u00e9cada, y se separaron por cuestiones laborales pues, mientras Cristian Norbey prestaba el servicio militar obligatorio, ella se desempe\u00f1aba como empleada dom\u00e9stica interna, nada dijo sobre la protecci\u00f3n o ayuda entre ellos; menos, se refiri\u00f3 al estado de salud de su pareja antes del deceso, ni si asisti\u00f3 a las honras f\u00fanebres. All\u00ed, \u00fanicamente declar\u00f3 sobre el tiempo de convivencia e indic\u00f3 que los gastos del hogar eran asumidos por ambos, que no era beneficiaria del sistema de seguridad social del difunto y que el sepelio fue asumido por la hermana del muerto. <\/p>\n
En el expediente reposan manuscritos que en vida pudo entregarle Cristi\u00e1n Norbey a Rosa Ang\u00e9lica Posada, as\u00ed como registros fotogr\u00e1ficos de la pareja (fls. 31 a 34). Sin embargo, de los primeros no existe certeza de su autor, mientras que los segundos, son representativos de una situaci\u00f3n personal, pero no demuestran, por s\u00ed mismos, la permanencia de la uni\u00f3n entre la pareja, requerida para acceder a la prestaci\u00f3n; adem\u00e1s, responden a eventos aislados, que no arrojan seguridad sobre el v\u00ednculo que se predica de las personas que all\u00ed aparecen, menos, en las condiciones exigidas por la ley. <\/p>\n
Finalmente, las versiones de Alba Cecilia del Socorro Posada, M\u00f3nica Mar\u00eda Torres Torres y Marina Barrientos de Jaramillo (fls. 134 Cd.) se tornan imprecisas. A pesar de que aseguraron tener certeza sobre la relaci\u00f3n amorosa y el tiempo de convivencia de la pareja, luego dijeron no saber si conviv\u00edan bajo el mismo techo, ni las fechas puntuales o aproximadas; tampoco, informaron sobre la comunidad de vida de la pareja, ni la protecci\u00f3n, ayuda o solidaridad que se supone en este tipo de emparejamiento, de suerte que nada aportan en favor de develar la existencia de una uni\u00f3n duradera. <\/p>\n
De lo que viene de decirse, deviene claro que los medios probatorios no permiten colegir que la pareja constituyera un verdadero \u00abn\u00facleo familiar con vocaci\u00f3n de permanencia, vigente para el momento de la muerte\u00bb, que exige la jurisprudencia (CSJ SL1730-2020). <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, concluyendo que, si bien la demandante Rosa Ang\u00e9lica Posada Sep\u00falveda no estaba obligada a acreditar 5 a\u00f1os de convivencia con el afiliado fallecido, lo cierto es que no demostr\u00f3 la existencia de una \u00abrelaci\u00f3n de pareja [con] fines de permanencia o de constituir una familia\u00bb, pues si bien se acredit\u00f3 un v\u00ednculo amoroso entre ellos, aquel no ostentaba las condiciones necesarias para acceder al beneficio deprecado. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir, que no puede reprocharse al juez laboral por no tener en cuenta las providencias que reconocieron una uni\u00f3n marital de hecho entre la tutelante y Cristian Norbey Amaya Londo\u00f1o, proferidas por la especialidad de familia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, habida cuenta que tales decisiones no fueron aportadas al asunto cuestionado por v\u00eda constitucional, como lo reconoce la propia actora en su demanda de tutela. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Concluy\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n accionada que, al tratarse de la muerte de un afiliado, no se requer\u00eda acreditar 5 a\u00f1os de convivencia, en esencia, concluy\u00f3 que: \u00abComo en el caso bajo an\u00e1lisis, el Tribunal exigi\u00f3 la demostraci\u00f3n de 5 a\u00f1os de convivencia con el afiliado, anteriores al \u00f3bito, para reconocer el derecho en calidad de compa\u00f1era permanente, el cargo es fundado\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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