STC6041-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6041-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00300-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Rosalba Rivera formul\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Colpensiones, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes, por la muerte de quien era su compa\u00f1ero, Omar Gilberto Castrill\u00f3n Gonz\u00e1lez, ocurrida el 5 de abril de 2004. <\/p>\n
2.2. El 13 de abril de 2016, el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Cali neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, pues advirti\u00f3 que el causante no hab\u00eda cumplido \u00abel derecho a la pensi\u00f3n de conformidad con (\u2026) la Ley 797 de 2003, toda vez que no cuenta con las 50 semanas cotizadas dentro de los \u00faltimos 3 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 15 de febrero de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali revoc\u00f3 la providencia del a quo y concedi\u00f3 el derecho pensional, al estimar que s\u00ed era \u00abprocedente aplicar (\u2026) el Decreto 758 de 1990, en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cuando el fallecimiento del afiliado hab\u00eda ocurrido en vigencia de la Ley 797 de 2003, (\u2026) encontrando acreditado el requisito de las 300 semanas, en cualquier tiempo, antes del 01 de abril de 1994\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 9 de febrero de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral cas\u00f3 la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, confirm\u00f3, el fallo del a quo, que neg\u00f3 lo pretendido. <\/p>\n
2.5. En criterio de la promotora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente y en violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00abal haber [\u2026] negado la prestaci\u00f3n de sobrevivientes [\u2026] a la luz de lo establecido en el Decreto 758 de 1990, pues conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia los beneficiarios de quienes hayan cotizado en distintos reg\u00edmenes pensionales tienen derecho a que su solicitud de pensi\u00f3n de sobrevivientes sea estudiada a la luz de la norma m\u00e1s ben\u00e9fica en cuya vigencia el causante haya realizado cotizaciones, incluso si esa norma no es la inmediatamente anterior a la vigente al momento de la muerte del causante, dando (\u2026) aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad consagrado en el art\u00edculo 53 de la Carta Magna\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que era una persona de 78 a\u00f1os, con m\u00faltiples quebrantos de salud, que no laboraba y depend\u00eda econ\u00f3micamente de sus hijos. Y precis\u00f3 que s\u00ed se cumpl\u00eda con el presupuesto de inmediatez, porque solo tuvo acceso al expediente hasta el 10 de diciembre de 2021. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 que se dejen sin efectos las sentencias CSJ SL288-2021 de la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral y la emitida por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Cali y, en su lugar, que se ratifique la dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali el 15 de febrero de 2017 y se ordene a Colpensiones reconocer y pagar la pensi\u00f3n reclamada, en virtud \u00abdel PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA dando aplicaci\u00f3n ultractiva al Decreto 758 de 1990\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que su determinaci\u00f3n \u00abse bas\u00f3 en la vigente jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb y, por tanto, \u00abno incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico ni sustantivo\u00bb, ni transgredi\u00f3 derecho fundamental alguno a la accionante, pues \u00ablo decidido en el proceso ordinario resulta justificado y razonable, atendiendo a las circunstancias particulares del caso\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado 15 Laboral del Circuito de la misma ciudad hicieron un breve recuento de las actuaciones adelantadas. <\/p>\n
3. Colpensiones pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la tutela, dado que \u00abno se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte del Juzgado 15 laboral del cto, y la Corte Suprema de Justicia as\u00ed como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que nuestra legislaci\u00f3n ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo all\u00ed determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del ISS en Liquidaci\u00f3n, indic\u00f3 que \u00abse elev\u00f3 la consulta del caso con el \u00e1rea pertinente de esta Entidad; la cual nos inform\u00f3 que el proceso laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R. I.S.S. en liquidaci\u00f3n o el extinto I.S.S.\u00bb, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del amparo. <\/p>\n
5. La Procuradora 3 Delegada para la Casaci\u00f3n Penal adujo que no ejerci\u00f3 labor de intervenci\u00f3n en el curso del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia de la protecci\u00f3n invocada, al estimar que no se cumpli\u00f3 con el postulado de la inmediatez, dado que \u00abla parte actora tard\u00f3 aproximadamente un (1) a\u00f1o en acudir al presente tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
La apoderada de la parte actora impugn\u00f3 y reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, destacando que s\u00ed se acat\u00f3 el principio de la inmediatez, toda vez que la sentencia atacada \u00abtan solo se dio a conocer a mediados del a\u00f1o pasado (2021), en la p\u00e1gina web de esa Corporaci\u00f3n\u00bb y solo le enviaron el enlace del expediente el 10 de diciembre siguiente. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se dejen sin efectos las sentencias SL288-2021 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral y la emitida por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Cali y, en consecuencia, que se ordene a Colpensiones reconocer y pagar la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada. <\/p>\n
2. De manera preliminar, advierte esta Sala que, si bien la acci\u00f3n de tutela se dirige contra el fallo dictado el 9 de febrero de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo se realiz\u00f3 el 9 de febrero de 20221, esto es, superando el t\u00e9rmino de los 6 meses que jurisprudencialmente se han estimado razonable para acudir a la salvaguarda constitucional, por tratarse de un derecho pensional se ha excusado dicha tardanza, debido a que aqu\u00e9l tiene un car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable2. <\/p>\n
2.1. Igualmente, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Pues bien, advierte la Sala que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso de casaci\u00f3n promovido por Colpensiones, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que deb\u00eda casar el fallo dictado por el ad quem en el proceso de marras. <\/p>\n
Para ello, destac\u00f3 que estaba fuera de discusi\u00f3n que (i) \u00abOmar Gilberto Castrill\u00f3n Gonz\u00e1lez naci\u00f3 el 20 de septiembre de 1930, estuvo afiliado al ISS y cotiz\u00f3 487 semanas hasta el 7 de septiembre de 1989\u00bb; ii) que este falleci\u00f3 el \u00ab5 de abril de 2004\u00bb; iii) que convivi\u00f3 con la actora \u00abdesde el 14 de febrero de 1964 hasta su muerte\u00bb; iv) que \u00abrecibi\u00f3 la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 007042 de 1999\u00bb y v) que \u00abno complet\u00f3 las cotizaciones necesarias para acceder a la pensi\u00f3n de vejez en el r\u00e9gimen de prima media, ni 50 semanas cotizada en los tres a\u00f1os anteriores al deceso, ni 26 en el a\u00f1o anterior a ese mismo hecho\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico se centraba en establecer si el Tribunal hab\u00eda errado en aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, para efectos del reconocimiento pensional. <\/p>\n
Al respecto, hizo referencia al criterio fijado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente en las sentencias CSJ SL1938-2020, SL5114-2020 y SL5179-2020, para destacar que, \u00absi el riesgo ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, no es admisible acudir al Acuerdo 049 de 1990, pues aquel postulado se predica en relaci\u00f3n con el cambio normativo inmediatamente anterior, de modo que no es posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de las leyes previas con el prop\u00f3sito de identificar la que se acomode a la situaci\u00f3n en controversia\u00bb. Enfatiz\u00f3, a su vez, que la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa \u00abtiene l\u00edmites y no es atemporal y, por tanto, solo permite conservar un r\u00e9gimen normativo anterior, siempre que el afiliado haya cumplido una de las condiciones relevantes que aqu\u00e9l establec\u00eda para adquirir el derecho, de modo que sea posible ubicar su situaci\u00f3n en el concepto de expectativa leg\u00edtima tutelable\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en los yerros endilgados, toda vez que el se\u00f1or Castrill\u00f3n Gonz\u00e1lez \u00abno dej\u00f3 causado el derecho, en cuanto no aport\u00f3 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a su fallecimiento, tal como lo exige la Ley 797 de 2003, raz\u00f3n por la cual, a la demandante no le asiste el derecho a la prestaci\u00f3n solicitada\u00bb, aunado al hecho de que, en gracia de discusi\u00f3n, tampoco cumpli\u00f3 con \u00abel requisito de las 26 semanas pagadas en el a\u00f1o anterior al evento luctuoso\u00bb, por lo que no era viable reconocer la prestaci\u00f3n solicitada bajo el texto original de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Por lo expuesto, cas\u00f3 la providencia del juez plural y, en sede de instancia, dispuso confirmar \u00edntegramente la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Cali, que absolvi\u00f3 a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra. <\/p>\n
4. Analizado lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Sala accionada desech\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el sub lite, en los t\u00e9rminos pretendidos, por cuanto en el juicio se demostr\u00f3 que el causante no dej\u00f3 causado el derecho, pues no reuni\u00f3 la densidad de semanas exigidas en la Ley 797 de 2003 ni en el texto original de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, no era posible remitirse al Acuerdo 049 de 1990, pues aquel postulado se predica en relaci\u00f3n con el cambio normativo inmediatamente anterior y, en esa medida, no era viable realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de las leyes previas con el prop\u00f3sito de identificar la que se acomodara a la situaci\u00f3n en controversia, seg\u00fan el criterio expuesto en forma reiterada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en su condici\u00f3n de \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la gestora, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Sobre el particular, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC13815-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones esbozadas, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre3. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Subcarpeta 1 Reparto \u201cReporte Correo.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, esta Sala en sentencia STC20333-2017, al memorar lo dicho por la Corte Constitucional en SU1073-2012, postura que reiter\u00f3 en STC9672-2018, STC11419-2018, STC6314-2019 y STC9677-2019, consider\u00f3 que \u00abal vislumbrar (\u2026) que la cuesti\u00f3n litigiosa involucra derechos de \u00edndole pensional, se excusar\u00e1 la omisi\u00f3n en el cumplimiento del mencionado requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que la garant\u00eda deprecada en esencia, funge con el talante de irrenunciable e imprescriptible\u00bb (STC9672-2018). <\/p>\n
3\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n STC13815-2021, STC13983-2021, STC14389-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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