STC6048-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6048-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68679-22-14-000-2021-00052-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de mayo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 26 de octubre de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Juan Alipio Fl\u00f3rez Monsalve contra los Juzgados Primero Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de Charal\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Rita Antonia Bueno Bueno y dem\u00e1s intervinientes en el proceso objeto de reproche. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, mediante apoderado judicial, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y a una recta y pronta administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas en el proceso de simulaci\u00f3n con radicado 2020-00070-01. <\/p>\n
2. De las pruebas allegadas y el escrito de tutela se establece que el accionante es demandante en el mencionado juicio adelantado contra Rita Antonia Bueno Bueno y otros por el Juzgado Promiscuo Municipal accionado, en el que, por auto del 22 de enero de 2021, \u00aba la luz del art. 443 del C.G.P.\u00bb, se dispuso correrle traslado por el t\u00e9rmino de diez d\u00edas de las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la parte demandada. <\/p>\n
El actor solicit\u00f3 la nulidad de dicha decisi\u00f3n, tras considerar que se confunde el tr\u00e1mite del proceso de simulaci\u00f3n con el del ejecutivo y, en tal medida, se debi\u00f3 dar traslado por cinco d\u00edas, de conformidad con el art\u00edculo 370 del CGP. <\/p>\n
Mediante auto del 10 de mayo de 2021, el Juzgado accionado de primera instancia resolvi\u00f3 negar por improcedente la nulidad propuesta y condenar en agencias en derecho a 2 SMLMV a la parte demandante y a favor de la demandada. Apelado ese auto, fue confirmado el 28 de julio de 2021 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Charal\u00e1, sin condena en costas en esa instancia. <\/p>\n
3. Sostuvo el actor que se \u00abacoge en manera tarifaria y caprichosa a la literalidad normativa, aduciendo que la causa o raz\u00f3n de la nulidad invocada no se encuentra tipificada por el art\u00edculo 133 del C.G.P.\u00bb; no obstante, se orden\u00f3 un t\u00e9rmino de traslado err\u00f3neo, circunstancia que vulnera el principio de seguridad jur\u00eddica e inobserva las normas de procedimiento, que son de orden p\u00fablico y obligatorio cumplimiento. Agreg\u00f3 que las agencias en derecho impuestas comportan \u00abuna condena pecuniaria sin asidero legal, por cuanto tal decisi\u00f3n no acata los lineamientos dispuestos en el acuerdo PSAA 16-10554 de Agosto 2016 del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb y no se fundamenta en factores razonables de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica o gesti\u00f3n profesional, aunado a que no pueden ser debatidas en otra oportunidad procesal, dada la ejecutoria de la providencia. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, dejar sin efectos los autos del 22 de enero, del 10 de mayo y del 28 de julio de 2021 y que se ordene a los accionados emitir un auto que corra traslado de las excepciones de m\u00e9rito, de conformidad con el art\u00edculo 370 del CGP. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Charal\u00e1 sostuvo que su decisi\u00f3n se ci\u00f1\u00f3 al debido proceso, pues el t\u00e9rmino para descorrer el traslado no vulner\u00f3 los derechos del actor. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Charal\u00e1 destac\u00f3 que la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 la nulidad se fundament\u00f3 en las normas que regulan la materia, raz\u00f3n por la cual la tutela es improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo, al encontrar que la decisi\u00f3n de negar la nulidad \u00abno es caprichosa\u00bb, pues \u00abEl traslado de las excepciones pese a superar el t\u00e9rmino legal y este estar contenido en un art\u00edculo que no cobija le (sic) tr\u00e1mite en cuanto a los t\u00e9rminos, no se puede observar como una violaci\u00f3n al debido proceso y a una pronta justicia, luego de que el mismo fue mucho m\u00e1s garantista en favor del accionante (\u2026) por lo que no se le cercen\u00f3 el derecho de defensa y contradicci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos esbozados en el escrito introductorio y se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n del a quo no analiz\u00f3 los fundamentos f\u00e1cticos ni jur\u00eddicos expuestos; adem\u00e1s, es permisiva en cuanto al incumplimiento de los t\u00e9rminos judiciales que gobiernan el proceso civil. A\u00f1adi\u00f3 que la conducta asumida por los funcionarios accionados \u00absobrepasan y desbordan par\u00e1metros de interpretaci\u00f3n l\u00f3gica y por ende se tornan abusivas, arbitrarias y contrarias al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el gestor pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con el auto del 28 de julio de 2021, mediante el cual se confirm\u00f3 la denegaci\u00f3n de nulidad presuntamente generada con el auto del 22 de enero de 2021, que dispuso el traslado de las excepciones de m\u00e9rito por el t\u00e9rmino de diez d\u00edas y no de cinco, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 370 del CGP. <\/p>\n
2. El material probatorio evidencia que, mediante providencia del 28 de julio de 2021, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Charal\u00e1 clausur\u00f3 el debate frente a la nulidad planteada por el accionante, confirmando su improcedencia. <\/p>\n
Para arribar a dicha a determinaci\u00f3n, la autoridad judicial demandada afirm\u00f3 que \u00abno todas las irregularidades acarrean nulidades, pues esta categor\u00eda queda reservada para aquellas expresamente calificadas como tal\u00bb; adem\u00e1s, esa instituci\u00f3n se rige por principios como la taxatividad, trascendencia, protecci\u00f3n y convalidaci\u00f3n del r\u00e9gimen de las nulidades procesales. <\/p>\n
Consider\u00f3 que el asunto debatido correspond\u00eda a un proceso verbal, \u00abdonde el traslado alegado deb\u00eda realizarse por Secretar\u00eda mediante la fijaci\u00f3n de una lista en la forma como lo dispone el Art. 370 en concordancia con el art. 110 del C.G.P., donde el A quo corri\u00f3 traslado mediante auto y le dio el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas, independientemente de que se haya dicho que se trata de un proceso ejecutivo, tal lapsus corresponde meramente a una irregularidad procesal, que no constituye ning\u00fan agravio, y en la pr\u00e1ctica lo que se deduce de la misma es el ofrecimiento de una mayor garant\u00eda para el inconforme, pues it\u00e9rese que el t\u00e9rmino de traslado aducido en poco o en nada lo afecta de manera directa y menos considerarse que se le est\u00e9n dilapidando los t\u00e9rminos procesales con el objeto de replicar el medio exceptivo de fondo propuesto\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que tal circunstancia \u00abno comporta la identidad suficiente para acudir a una nulidad\u00bb, dado que \u00abno encaja la situaci\u00f3n f\u00e1ctica narrada por la parte apelante en ninguna de las causales previstas por el legislador para los procesos civiles (\u2026)\u00bb, al tiempo que no puede predicarse vulneraci\u00f3n al debido proceso del demandante, toda vez que est\u00e1 garantizado su derecho a descorrer el traslado. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo que ata\u00f1e a la inconformidad de la condena por agencias en derecho, el Juzgado demandado indic\u00f3 que \u00ablas mismas deben ser controvertidas en la oportunidad procesal correspondiente \u2013art. 366 n\u00fam. 5 del C.G.P.-\u00bb. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones y la normatividad que gobierna el asunto, para determinar que la irregularidad acaecida no configur\u00f3 una causal de nulidad, que son taxativas, que en este caso se garantiz\u00f3 el debido proceso del demandante y que el actor contaba con el instrumento previsto en el numeral 5 del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso para atacar la liquidaci\u00f3n de las costas, de manera que se evacuaron los argumentos reiterados en esta sede constitucional, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Con fundamento en lo acabado de se\u00f1alar, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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