STC6056-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6056-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00016-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Lenis Beatriz Marrugo Santander frente al fallo proferido el 1\u00ba de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la sede judicial acusada al acceder al recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto por la demandada en el juicio laboral que ella inco\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar \u00absin efecto la sentencia de\u2026 01 de diciembre de 2021, proferida por la [accionada]\u00bb, y \u00aben firme la\u2026 [de] 26 de febrero de 2019. Dictada por el Tribunal [ad-quem]\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Luis Carlos Marrugo, padre de la accionante, falleci\u00f3 el 22 de marzo de 2011, para cuando disfrutaba de las asignaciones pensionales de jubilaci\u00f3n y de vejez, reconocidas, en su orden, por Electricaribe S.A. E.S.P. y el Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n
2.2. A la quejosa, nacida el 20 de enero de 1960 y, por enfermedad de origen com\u00fan, calificada con el 65.85% de p\u00e9rdida de la capacidad laboral, con fecha de estructuraci\u00f3n el 26 de febrero de 2001 -seg\u00fan dictamen emitido por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bol\u00edvar el 9 de mayo de 2011-, con Resoluci\u00f3n GNR 091805, de 11 de mayo de 2013, Colpensiones la tuvo como beneficiara de la pensi\u00f3n legal reconocida a favor de su extinto padre. <\/p>\n
2.3. Con fundamento, esencialmente, en la citada Resoluci\u00f3n, la actora inco\u00f3 juicio ordinario laboral contra Electricaribe S.A. E.S.P., pretendiendo que a \u00e9sta se le condenara a \u00abreconocerle y pagarle la pensi\u00f3n de \u00abjubilaci\u00f3n de sobrevivientes\u00bb en calidad de hija de Luis Carlos Marrugo\u00bb; asunto en el cual, surtidas las etapas de rigor, el 14 de octubre de 2015 el Juzgado Tercero Laboral de Cartagena dict\u00f3 sentencia adversa a las pretensiones, al concluir que la demandante no demostr\u00f3 depender econ\u00f3micamente de su extinto padre; decisi\u00f3n que el 26 de febrero de 2019 revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad para, en su lugar, acceder a aqu\u00e9llas; pero esta determinaci\u00f3n, el 1\u00ba de diciembre de 2021, la cas\u00f3 esta Corte y, en sede de instancia, confirm\u00f3 la emitida por el a-quo. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela, en concreto, la gestora critic\u00f3 que el sentenciador de casaci\u00f3n incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por \u00aberrores estructurales y formales\u00bb, al restar el alcance que ten\u00eda, para la demostraci\u00f3n de su dependencia econ\u00f3mica, la Resoluci\u00f3n de Colpensiones que le otorg\u00f3 la pensi\u00f3n legal de sobrevivientes, en tanto que en dicho acto, p\u00fablico, se relacionaron los diferentes documentos que se tuvieron en cuenta para adoptar tal determinaci\u00f3n, por lo que, en su sentir, aquella era suficiente para el buen suceso de su reclamo, m\u00e1xime cuando tal aspecto, asever\u00f3, no fue objeto del \u00fanico cargo propuesto en sede extraordinaria, el cual, asegur\u00f3, s\u00f3lo recay\u00f3 \u00absobre el dictamen de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n [de Invalidez]\u00bb, por lo que la autoridad judicial encausada carec\u00eda de competencia para discernir sobre la primera. <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte deprec\u00f3 \u00abno conceder el amparo, en la medida que\u2026 no vulner\u00f3 el derecho fundamental de la accionante\u00bb, resaltando que, contrario a lo aducido por \u00e9sta, \u00abla dependencia econ\u00f3mica de la demandante respecto de su padre fallecido s\u00ed fue objeto de cuestionamiento en sede de casaci\u00f3n\u00bb y que hall\u00f3 evidente \u00abel desacierto f\u00e1ctico en el que incurri\u00f3 el colegiado, al derivar la subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica de la hoy tutelante respecto de su padre, de la Resoluci\u00f3n GNR091805 del 11 de mayo de 2013, en la que nada se dice sobre este asunto\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas actuaciones adelantadas en [esa] instancia estuvieron ajustadas a la ley y en armon\u00eda con ella, no habiendo incurrido de manera alguna\u2026 en vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales expresados por [la] accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo supralegal, tras resaltar que la acusada edific\u00f3 la providencia reprochada en que \u00abel ad quem incurri\u00f3 en yerro jur\u00eddico al acreditar la dependencia econ\u00f3mica de la accionante frente a su padre, lo cual, no se logr\u00f3 demostrar dentro del proceso judicial\u00bb; hall\u00f3 improcedente el resguardo al concluir que la actora no pod\u00eda pretender que \u00abse impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral, cuando se evidencia que, las autoridades judiciales accionadas actuaron en derecho, y la acci\u00f3n de amparo\u2026 solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales en el proceso ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la inconforme insistiendo en su pretensi\u00f3n, se\u00f1alando que al juzgador de primer grado \u00able falt[\u00f3] m\u00e1s an\u00e1lisis sobre\u00bb la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, comoquiera que la providencia de casaci\u00f3n acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia que encontr\u00f3 aplicables al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
2.1. En efecto, luego de sintetizar la demanda de casaci\u00f3n, concret\u00f3 que, \u00aben lo esencial, se cuestiona, de una parte, que se hubiera tenido por demostrada la p\u00e9rdida de la capacidad laboral con una prueba no autorizada por la ley como lo es el acto administrativo a trav\u00e9s del cual Colpensiones le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes; y, de otra, que la prueba de la dependencia econ\u00f3mica es inexistente en la medida que las declaraciones extra proceso que se allegaron al tr\u00e1mite ante Colpensiones no fueron decretadas por el a quo\u00bb (se destac\u00f3); aspecto \u00faltimo que, contrario a lo aqu\u00ed planteado por la accionante, habilit\u00f3 al sentenciador extraordinario para ocuparse de tal aspecto. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, resalt\u00f3 que no estaban en discusi\u00f3n \u00ablos siguientes supuestos f\u00e1cticos\u00bb: <\/p>\n
i) Luis Carlos Marrugo Polo (causante) fue beneficiario de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, otorgada por la Electrificadora de Bol\u00edvar S.A., hoy, Electricaribe S.A. ESP, el 25 de julio de 1975; ii) que el Instituto de Seguros Sociales le reconoci\u00f3 tambi\u00e9n la pensi\u00f3n de vejez el 1 de enero de 1985, efectiva a partir del 1 de febrero de 1982; iii) que Lenis Beatriz Marrugo Santander (hija del fallecido) solicit\u00f3 la sustituci\u00f3n y pago de la prestaci\u00f3n de origen convencional y legal; iv) la Electrificadora demandada neg\u00f3 el pago de la sustituci\u00f3n, y por su parte Colpensiones, mediante Resoluci\u00f3n 2012-1199899 del 11 de mayo de 2012, le concedi\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes de origen legal por el fallecimiento de su padre Luis Carlos Marrugo Polo. Adem\u00e1s de lo anterior, tampoco se cuestiona el car\u00e1cter compatible de las dos pensiones reconocidas al causante, esto es, la de origen convencional con la legal. <\/p>\n
Despu\u00e9s, procedi\u00f3 \u00aba analizar los reparos estrictamente f\u00e1cticos frente a la \u00fanica prueba que fue debidamente sustentada, desde dos perspectivas: i) si de la Resoluci\u00f3n GNR del 11 de mayo de 2013, expedida por Colpensiones, se desprende la dependencia econ\u00f3mica de la demandante frente al causante y; ii) si no es un documento id\u00f3neo para demostrar la p\u00e9rdida de la capacidad laboral de la actora (error de derecho denunciado)\u00bb. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito, previamente rese\u00f1\u00f3 que \u00abel Tribunal encontr\u00f3 que la actora hab\u00eda demostrado los requisitos exigidos por el legislador para ser beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes frente a Colpensiones, circunstancia que resultaba suficiente\u2026 para otorgar la prestaci\u00f3n pero a cargo de la Electrificadora accionada, toda vez que, dicho reconocimiento de la administradora contenido en el acto administrativo emanaba de una autoridad competente y gozaba de presunci\u00f3n de legalidad y autenticidad\u00bb. <\/p>\n
Luego transcribi\u00f3 el contenido medular de \u00abla Resoluci\u00f3n GNR091805 del 11 de mayo de 2013\u00bb, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Considerando: <\/p>\n
Que con ocasi\u00f3n del fallecimiento del se\u00f1or MARRUGO POLO LUIS Carlos\u2026, ocurrido el 23 de marzo de 2011, se presentaron las siguientes personas a reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
MARRUGO SANTANDER LENIS BEATRIZ\u2026, con fecha de nacimiento 20 de enero de 1960, en calidad de hijo inv\u00e1lido, el 5 de diciembre de 2012 con radicado Nro 2012_1199895, aportando los siguientes documentos: <\/p>\n
*SOLICITUD DE PRESTACIONES ECON\u00d3MICAS <\/p>\n
*CEDULA DE CIUDADAN\u00cdA DE LA HIJA INV\u00c1LIDA <\/p>\n
*CEDULA DE CIUDADAN\u00cdA DEL CAUSANTE <\/p>\n
*REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO DE LA HIJA INV\u00c1LIDA <\/p>\n
*REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO DEL CAUSANTE <\/p>\n
*DICTAMEN DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL DE LA HIJA INV\u00c1LIDA <\/p>\n
*DECLARACI\u00d3N JURAMENTADA <\/p>\n
Que se aport\u00f3 al cuaderno administrativo del causante dictamen de p\u00e9rdida de la capacidad laboral No. 2635 del 9 de mayo de 2011, emitido por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bol\u00edvar, en el cual se determin\u00f3 que MARRUGO SANTANDER LENIS BEATRIZ, tiene p\u00e9rdida de capacidad del 65.85%, estructurada el 25 de marzo de 2001\u2026 <\/p>\n
Que mediante la resoluci\u00f3n No. 495 del 1 de enero de 1985 se reconoci\u00f3 una pensi\u00f3n a favor del causante la cual fue efectiva a partir del 1 de febrero de 1982, pensi\u00f3n que al retiro de la n\u00f3mina equival\u00eda a la suma de $859.725.00 <\/p>\n
Que el causante falleci\u00f3 el 23 de marzo de 2011, seg\u00fan registro civil de defunci\u00f3n. <\/p>\n
Que de conformidad con el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 [\u2026]. <\/p>\n
Que el solicitante acredita la condici\u00f3n de beneficiario establecido en la ley, raz\u00f3n por la cual es procedente el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional. <\/p>\n
Que en cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo 33 del Decreto 758 de 1990, se surti\u00f3 la publicaci\u00f3n del edicto emplazatorio por el t\u00e9rmino de un mes, con el fin de que se hicieren presentes a reclamar el derecho sobre la presente prestaci\u00f3n, quienes se consideren pretendido beneficiario, seg\u00fan lo definido en el art\u00edculo 47 de la precitada ley 100 de 1993\u2026 <\/p>\n
Que se public\u00f3 aviso de prensa, sin que dentro del t\u00e9rmino legal se hubiera presentado beneficiario de mejor o igual derecho a la peticionaria. <\/p>\n
Tiene derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes el siguiente solicitante: <\/p>\n
MARRUGO SANTANDER LENIS BEATRIZ ya identificado en un porcentaje 100.00% en calidad de hijo inv\u00e1lido. La pensi\u00f3n es de car\u00e1cter temporal, y ser\u00e1 pagada mientras persista el estado de invalidez. <\/p>\n
(Subraya la Sala) <\/p>\n
Seguidamente, de cara a lo que aqu\u00ed interesa, esto es, el presupuesto de la \u00ab[s]ubordinaci\u00f3n econ\u00f3mica de la demandante frente al causante\u00bb, concluy\u00f3 que, a diferencia de lo resuelto por el Tribunal ad-quem, no fue demostrada, en tanto que el documento atr\u00e1s referido no daba cuenta de ella. As\u00ed lo dijo: <\/p>\n
Revisada la resoluci\u00f3n en cuesti\u00f3n cuyo contenido qued\u00f3 transcrito, no se advierte que de ella se desprenda alg\u00fan elemento demostrativo del que pudiera colegirse que existiera dependencia econ\u00f3mica de la demandante frente al causante en los t\u00e9rminos exigidos por la norma -literal c) del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993-, pues, si bien, el juzgador de alzada se refiri\u00f3 a dos declaraciones que acreditaban tal subordinaci\u00f3n, dichas manifestaciones no se aprecian en el acto administrativo emanado por Colpensiones, y no se puede suponer que la mera referencia, de manera tangencial a la aportaci\u00f3n de una \u00abdeclaraci\u00f3n juramentada\u00bb, de la cual no se menciona su contenido, ni qui\u00e9n la rindi\u00f3, pueda equipararse a la demostraci\u00f3n del requisito echado de menos. <\/p>\n
Por ese sendero, con apoyo en la jurisprudencia sobre la materia, as\u00ed robusteci\u00f3 sus afirmaciones: <\/p>\n
El literal c) del art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, establece que ser\u00e1n beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, \u00ablos hijos inv\u00e1lidos si depend\u00edan econ\u00f3micamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez\u00bb, condici\u00f3n que necesariamente ten\u00eda que demostrarse en el proceso para obtener la prestaci\u00f3n pensional en los t\u00e9rminos de la disposici\u00f3n legal citada, no solo el estado de invalidez, sino la sujeci\u00f3n econ\u00f3mica respecto del causante al momento de su muerte. Aspecto este \u00faltimo que, como lo dice la censura, aparece en el plenario sin respaldo probatorio en la medida que, la resoluci\u00f3n de la cual el Tribunal coligi\u00f3 su demostraci\u00f3n no hace la menor alusi\u00f3n a tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
La prueba de dicha subordinaci\u00f3n es relevante porque la finalidad de la norma es amparar a las personas que integran el grupo familiar del causante y que no se pueden procurar su subsistencia material por sus propios medios, en este caso, a ra\u00edz de su situaci\u00f3n de invalidez. Esta corporaci\u00f3n ha precisado que el prop\u00f3sito de la prestaci\u00f3n discutida es menguar las consecuencias econ\u00f3micas que genera la muerte del afiliado o pensionado, para evitar que se alteren de manera desfavorable las condiciones de vida de quienes depend\u00edan de \u00e9ste y que legalmente han sido considerados como sus beneficiarios (CSJ SL2346-2020). <\/p>\n
En ese orden, tal como lo cuestiona la censura, era necesario probar el requisito de dependencia econ\u00f3mica, lo cual resulta indispensable en la medida que con ello se logra que la prestaci\u00f3n se otorgue al verdadero beneficiario del causante, esto es, aquella persona que, ante su muerte, se vea en una situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n que afecte su subsistencia\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lo cierto es que en la resoluci\u00f3n denunciada nada se dice sobre la supuesta dependencia econ\u00f3mica de la demandante respecto de su padre hoy fallecido; pues no hay menci\u00f3n de los medios de prueba que se hubieran allegado ante Colpensiones para ese espec\u00edfico prop\u00f3sito, es m\u00e1s, ni siquiera se identifican las personas que hubiesen declarado frente a este particular requisito. <\/p>\n
En este orden, es evidente el desacierto f\u00e1ctico en el que incurri\u00f3 el colegiado, al derivar la subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica de Lenis Beatriz Marrugo respecto de su padre de la Resoluci\u00f3n GNR091805 del 11 de mayo de 2013, en tanto all\u00ed nada se dice sobre el tema en cuesti\u00f3n, cuando tal requisito es indispensable para obtener el otorgamiento de la prestaci\u00f3n deprecada, por lo que, al no estar demostrado, el cargo resulta fundado y, por ende, se casar\u00e1 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, tras ello y ya como sentenciador de instancia, resolvi\u00f3 confirmar la sentencia del Juzgado a-quo, adversa a las pretensiones, en concreto, por la falta de acreditaci\u00f3n de la referida dependencia econ\u00f3mica, figura cuyos presupuestos previamente rese\u00f1\u00f3 y seguidamente hall\u00f3 insatisfechos, as\u00ed: <\/p>\n
\u2026la Corte ha explicado que esta subordinaci\u00f3n se estructura a partir de los aportes ciertos, regulares y peri\u00f3dicos de los padres hacia los hijos, adem\u00e1s de significativos y proporcionalmente representativos, en perspectiva de los ingresos totales del familiar beneficiario de la pensi\u00f3n de sobreviviente, de modo que se establezca una verdadera relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica y, por tanto, se descarte una autosuficiencia econ\u00f3mica a partir de otros ingresos. <\/p>\n
En ese sentido, en la sentencia CSJ SL5605 de 2019, la corporaci\u00f3n expres\u00f3: <\/p>\n
Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, tambi\u00e9n abordado, entre otras, en la sentencia anotada que reprodujo el criterio fijado en 2014, por esta sala en la sentencia SL14923-2014, rad. 47676, y que se recuerdan: <\/p>\n
a) La dependencia econ\u00f3mica debe ser: <\/p>\n
– Cierta y no presunta: <\/p>\n
\u00abse tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligaci\u00f3n de socorro de los hijos hacia los padres\u00bb. <\/p>\n
– Regular y peri\u00f3dica <\/p>\n
de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hac\u00eda el presunto beneficiario; <\/p>\n
– Significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios <\/p>\n
\u201cse constituyan en un verdadero soporte o sustento econ\u00f3mico de \u00e9ste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en funci\u00f3n de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia\u201d. <\/p>\n
Frente a la condici\u00f3n de dependencia econ\u00f3mica de la accionante respecto de su padre al momento del fallecimiento, debe se\u00f1alarse que, la demandante no aport\u00f3 elementos de juicio que acrediten que, en efecto, era subordinada econ\u00f3micamente respecto de su padre. Si bien la accionante alleg\u00f3 la resoluci\u00f3n de reconocimiento pensional expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones, en ella no se hace ninguna referencia a esta dependencia de car\u00e1cter monetario, tal como se precis\u00f3 en sede de casaci\u00f3n, sin que el solo reconocimiento por parte de esa administradora pueda significar la acreditaci\u00f3n de este requisito, pues, era en este proceso judicial adelantado contra Electricaribe S.A. donde debi\u00f3 demostrarse esa condici\u00f3n, sin que le puedan ser oponibles a esta sociedad las conclusiones alcanzadas por otra entidad en un tr\u00e1mite administrativo del que no hizo parte ni tuvo la oportunidad de conocer o controvertir los elementos probatorios. <\/p>\n
Ahora, las declaraciones extraprocesales y la historia laboral que alude la demandante en su recurso no reposan en el plenario, por lo que se desconoce el contenido de dichos medios probatorios. As\u00ed las cosas, estas pruebas resultan inexistentes y no se podr\u00eda derivar de ellas, la acreditaci\u00f3n de la dependencia econ\u00f3mica. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no err\u00f3 el juzgador de primera instancia al se\u00f1alar que la actora no demostr\u00f3 los requisitos para considerarla como beneficiaria de la prestaci\u00f3n pensional, como es la subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica respecto de su padre, que la hiciera dependiente de \u00e9l para subsistir, circunstancia que no se puede presumir, y, por tanto, no le permite ser titular del derecho alegado. <\/p>\n
En este orden no queda otra alternativa que confirmar \u00edntegramente la decisi\u00f3n del juez de primer grado, en cuanto absolvi\u00f3 a la Electrificadora del reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional a favor de Lenis Beatriz Marrugo. <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n atacada responde a su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, especialmente, de los precedentes de la Sala Permanente sobre el particular, como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, dando cuenta, en lo que aqu\u00ed interesa, que para la viabilidad del reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que reclam\u00f3 la accionante, \u00e9sta debi\u00f3 acreditar, en el juicio reprochado, el presupuesto de su dependencia econ\u00f3mica respecto del causante, lo que no hizo, por lo que, por su propio descuido, lo cierto es que la decisi\u00f3n no pod\u00eda ser diferente a la adoptada, m\u00e1xime cuando, como all\u00ed qued\u00f3 dicho, tal subordinaci\u00f3n no se presume y, contrario a lo sostenido por la inconforme, de esa situaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos fijados en los pronunciamientos sobre el particular, no daba cuenta la mera mentada resoluci\u00f3n de Colpensiones, la que, por dem\u00e1s, llev\u00f3 al juicio sin ninguno de los documentos relacionados en la misma. <\/p>\n
En este orden de ideas, muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, lo cierto es que aquellas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abla procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6056-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6056-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00016-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Lenis Beatriz Marrugo Santander frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63620","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63620"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63620\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}