STC6059-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6059-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Bancolombia S.A. frente al fallo proferido el 4 de abril de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra los Juzgados Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de Los Patios, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho esencial al debido proceso, presuntamente vulnerado por los estrados acusados en el juicio reprochado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse revoque la sentencia proferida por el Juzgado Civil Municipal de Los Patios de\u2026 31 de agosto de 2021\u00bb y, consecuencialmente, \u00abse ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo hipotecario impulsado desde agosto de 2016 por el accionante contra Maryory Escarleth Soto Ibarra, por cuotas en mora y capital acelerado de la obligaci\u00f3n debida, encontr\u00e1ndose pendiente de aprobaci\u00f3n la subasta del predio gravado, el 31 de julio de 2019 el a-quo declar\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir del momento en que se tuvo por notificada por aviso a la deudora, al considerar que las comunicaciones libradas para tal efecto fueron remitidas a ubicaci\u00f3n distinta a la denunciada en la demanda con ese prop\u00f3sito, ante lo cual, seguidamente, la quejosa formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n; sin embargo, renovado dicho tr\u00e1mite, el 21 de julio de 2020 el ad-quem anul\u00f3 lo actuado desde aquel auto para que se adecuara el tr\u00e1mite, precis\u00e1ndose el momento desde el cual deb\u00eda tenerse por debidamente enterada a la ejecutada, frente a lo cual el Juzgado de primer grado, el 15 de diciembre siguiente, resolvi\u00f3 no tener en cuenta las notificaciones all\u00ed surtidas y dispuso realizarlas nuevamente. Todas esas decisiones cobraron ejecutoria sin la interposici\u00f3n de recursos por las partes. <\/p>\n
2.2. Oportunamente, tras su enteramiento, en los t\u00e9rminos atr\u00e1s dispuestos, la deudora formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, la que en sentencia de 31 de agosto de 2021 el Juzgado de primer grado hall\u00f3 probada, poniendo fin a la ejecuci\u00f3n; decisi\u00f3n que el 15 de diciembre posterior confirm\u00f3 el estrado del circuito aqu\u00ed convocado. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, el banco accionante se doli\u00f3 de que no se tuvo en cuenta que el t\u00e9rmino prescriptivo se interrumpi\u00f3, civilmente, con la remisi\u00f3n del citatorio de 12 de junio de 2017 y el aviso de 22 de noviembre de ese a\u00f1o; y de forma natural, con la intervenci\u00f3n de la ejecutada en la diligencia de secuestro del 12 de agosto de 2018 y en el interrogatorio de parte, as\u00ed como con el reconocimiento de la obligaci\u00f3n en la llamada telef\u00f3nica que le realiz\u00f3 personal del Banco el 28 de enero de 2017 y las manifestaciones contenidas en los escritos de excepciones allegados. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que, en todo caso, de abrirse paso la prescripci\u00f3n, la misma no pod\u00eda recaer sobre la totalidad de las cuotas mensuales pactadas, comoquiera que, aunque se aceler\u00f3 la obligaci\u00f3n, como acreedor ten\u00eda la facultad de restablecer el plazo y la fecha de vencimiento final era el 20 de noviembre de 2028. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Los Patios deprec\u00f3 \u00abdeclarar improcedente el presente tr\u00e1mite tutelar\u2026 al no predicarse respecto del mismo la existencia de vulneraci\u00f3n o grave amenaza de derechos fundamentales\u00bb, destacando que en el curso del juicio recriminado \u00abse observaron todas las garant\u00edas procesales de las partes; es decir, no hubo ninguna violaci\u00f3n al debido proceso o a derecho individual fundamental alguno que pudiese haber estructurado una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Kennedy Gerson C\u00e1rdenas Velazco, quien indic\u00f3 actuar como \u00abapoderado de\u2026 Maryori Scarleth Soto Ibarra\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por \u00e9sta para actuar en su representaci\u00f3n en este decurso supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
3. El Juzgado Civil del Circuito de Los Patios rog\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda porque \u00abno se ha violado derecho alguno y se ha actuado bajo del principio de la buena fe\u00bb, en tanto que profiri\u00f3 su decisi\u00f3n \u00abgarantizando el debido proceso y el principio de inmediaci\u00f3n de que da cuenta el Decreto 2951 de 1991\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Ricardo Enrique Soto Mart\u00ednez, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 22 de marzo (ATC361-2022), neg\u00f3 la salvaguarda, por un lado, al hallar insatisfechos los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad en lo tocante con las decisiones que implicaron que a la ejecutada finalmente se le tuviera por enterada del mandamiento de pago con posterioridad al 15 de diciembre de 2020; y de otra parte, al considerar que en la sentencia fustigada el estrado del circuito convocado, en concordancia con lo anterior, de forma escueta pero suficiente, sostuvo que la obligaci\u00f3n estaba prescrita porque, acelerada la misma, no se enter\u00f3 a la deudora dentro de los 3 a\u00f1os siguientes a la emisi\u00f3n de la orden de apremio. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales y afirmando que, contrario a lo sostenido por el Tribunal, mediante este reclamo constitucional \u00abno se est\u00e1 controvirtiendo una decisi\u00f3n de m\u00e1s de 2 a\u00f1os\u2026, sino que se est\u00e1 atacando una sentencia emitida el\u2026 (11) de agosto de 2021\u00bb, por lo que est\u00e1n satisfechos todos los presupuestos generales y espec\u00edficos para el buen suceso del amparo rogado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En cuanto al reclamo de cara a la interrupci\u00f3n civil del t\u00e9rmino prescriptivo, muy a pesar del planteamiento del impugnante, acertada fue la conclusi\u00f3n del fallador constitucional de primer grado, en tanto que la legitimidad de tal acto, con posterioridad al 15 de diciembre de 2020, deriv\u00f3 de la ejecutoria del prove\u00eddo dictado en esa fecha por el Juzgado Municipal encausado, de all\u00ed que el ruego constitucional al respecto fuera inviable, al carecer del requisito de la inmediatez, habida cuenta que entre esa data y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (enero de 2022), transcurrieron m\u00e1s de doce (12) meses, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.2. De igual forma, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n era improcedente frente a la memorada determinaci\u00f3n porque contra la misma el banco quejoso no formul\u00f3 ning\u00fan recurso ante el juzgador natural, con lo cual abandon\u00f3 la posibilidad que ten\u00eda de agotar all\u00ed la discusi\u00f3n que aqu\u00ed platea. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdicio las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
2.3. Finalmente, en lo que tiene que ver con la sentencia de 15 de diciembre de 2021 (a trav\u00e9s de la cual el ad-quem confirm\u00f3 la del a-quo que el 31 de agosto anterior puso fin a la ejecuci\u00f3n al declarar la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n perseguida), la protecci\u00f3n rogada tampoco se abr\u00eda paso porque el Juzgado del Circuito encausado expres\u00f3 all\u00ed claramente las razones para proceder en la forma en que lo hizo, las cuales lejos est\u00e1n de mostrarse arbitrarias, partiendo del hecho cierto que, como qued\u00f3 dicho, la notificaci\u00f3n efectiva de la deudora respecto al mandamiento de pago se materializ\u00f3 con posterioridad a diciembre de 2020. <\/p>\n
2.3.1. En efecto, en tal providencia el Juzgado ad-quem acusado previamente precis\u00f3 algunas generalidades en torno a la acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria, destac\u00f3 que \u00ab[l]a obligaci\u00f3n debe exigirse en el tiempo indicado en la ley, por cuanto si el acreedor no ejercita dicho derecho, conlleva a extinguir las acciones por prescripci\u00f3n, la que debe computarse desde cuando pod\u00eda ejercitarse, la que igualmente puede verse afectado por la interrupci\u00f3n natural o civil, la suspensi\u00f3n\u00bb, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil; resalt\u00f3, en cuanto a la primera, que acorde con el precepto 90 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abla presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe la prescripci\u00f3n, siempre y cuando se notifique el mandamiento de pago al demandado dentro del a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n de esta providencia al demandante\u00bb; supuestos que valid\u00f3 con algunas citas jurisprudenciales sobre la materia (CC C-662\/04 y T-281\/15). <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que deb\u00eda atenderse que \u00aben el pagar\u00e9 que contienen (sic) la obligaci\u00f3n que se pretende extinguir, se pact\u00f3 una cl\u00e1usula aceleratoria que fue aplicada por el demandante\u00bb. <\/p>\n
Luego, teniendo en cuenta las determinaciones atr\u00e1s referidas y ejecutoriadas para ese momento en torno a la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago a la deudora, de forma concluyente, as\u00ed razon\u00f3: <\/p>\n
En el presente caso se tiene que se plant\u00e9ala (sic) excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, la que entra al despacho a resolver en segunda instancia, debiendo se\u00f1alar que se verifica al tr\u00e1mite procesal que se present\u00f3 la demanda el 25 de agosto de 2016[,] para la fecha 12 sept 2016 (sic), se profiri\u00f3 Mandamiento de pago el 15 noviembre 2016, notificado en estado el 16 noviembre de 2016. <\/p>\n
Mediante auto de fecha Julio 21 de 2020 se declara en segunda instancia la nulidad de todo lo actuado, en el proceso a partir del auto prove\u00eddo el 31 de julio de 2019 en adelante, por lo expuesto en la parte motiva. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que dentro del t\u00e9rmino de contestaci\u00f3n de la demanda\u2026 la demandada plante\u00f3 la nulidad aludida, y como excepci\u00f3n propuso la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria del t\u00edtulo base de la presente acci\u00f3n, y base de la Hipoteca\u2026 <\/p>\n
\u2026conforme se analiza en estos considerandos, transcurrieron m\u00e1s de tres a\u00f1os de que se hizo exigible la obligaci\u00f3n y las cuotas aceleradas en su cobro, sin que a la fecha pudiese dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 90 del CGP de interrupci\u00f3n por haber presentado la demanda, por lo que al notificarse a la demandada ya hab\u00eda transcurrido m\u00e1s\u2026 del tiempo requerido para su declaratorio (sic), por lo que debe declararse probada la misma y en consecuencia confirmar la sentencia apelada, precisando que la hipoteca se mantiene con plena validez\u2026 <\/p>\n
2.3.2. Ahora, en asuntos de similares contornos al aqu\u00ed tratado, espec\u00edficamente en punto a que, acelerado el plazo con la presentaci\u00f3n de la demanda, para lograr la interrupci\u00f3n de lapso prescriptivo debe lograrse el oportuno enteramiento de la orden de apremio frente al deudor, bajo consideraciones que mutatis mutandis se muestran aplicables en esta oportunidad, esta Corporaci\u00f3n ha protegido los derechos fundamentales de los obligados cuando las autoridades judiciales, pasando por alto lo dicho, en la forma pretendida por el opugnante, han dispuesto continuar el cobro teniendo en cuenta para ello la fecha inicial de vencimiento, haciendo caso omisivo de la mentada aceleraci\u00f3n. En los siguientes t\u00e9rminos se ha referido la Sala frente al particular: <\/p>\n
(\u2026) efectivamente, en la se\u00f1alada actividad jurisdiccional se incurri\u00f3 en un proceder susceptible de protecci\u00f3n tutelar, pues lo cierto es que los funcionarios acusados apoyaron la prosperidad parcial de la prescripci\u00f3n de las obligaciones dinerarias contenidas en el pagar\u00e9\u2026, en reflexiones que, en realidad, soslayan los efectos de acudir o hacer uso de la cl\u00e1usula aceleratoria, esto es, haber declarado el banco acreedor en la demanda\u2026, con fundamento en art\u00edculo 69 de la Ley 45 de 1990, el vencimiento anticipado de todas las cuotas que literalmente venc\u00edan o eran exigibles con posterioridad a esa fecha. <\/p>\n
En efecto, la Sala de Decisi\u00f3n competente inicialmente consider\u00f3 que al \u201cno haberse notificado a los demandados dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o previsto en el art\u00edculo 90 del C. de P. C. (\u2026) resulta palmario indicar que la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n no se produjo con la presentaci\u00f3n de la demanda sino con la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago a los demandados, esto es, el 14 de marzo de 2007\u201d… Sin embargo, como arriba se indic\u00f3, respecto del aludido pagar\u00e9 termin\u00f3 por sentenciar que no estaban prescritas las cuotas nominalmente causadas con posterioridad al 14 de marzo de 2004, cuando es evidente que, se repite, en relaci\u00f3n con las mismas, oper\u00f3 su exigibilidad anticipada, por cuenta de la declaratoria que en tal sentido materializ\u00f3 la entidad ejecutante a trav\u00e9s de la demanda incoativa del memorado tr\u00e1mite coercitivo. <\/p>\n
Cumple desatacar que la Corte1 al examinar una tem\u00e1tica con perfiles f\u00e1cticos que tienen armon\u00eda con la situaci\u00f3n antes relatada, sostuvo que \u201csi los intervinientes en la operaci\u00f3n de cr\u00e9dito programaron el pago de la prestaci\u00f3n dineraria, en cuotas peri\u00f3dicas, a la par que convinieron que no honrar una de ellas habilita al accipiens para, apoyado en el art\u00edculo 69 de la Ley 45 de 1990, declarar extinguido el plazo y reclamar, en consecuencia, la totalidad de la obligaci\u00f3n, carece de asidero v\u00e1lido la postura del Tribunal consistente en que como, simplemente, \u2018no comparte el criterio de que exigibilidad y vencimiento sean sin\u00f3nimos\u2019\u2026, para el acusado resulta claro que \u2018en los casos del uso de la cl\u00e1usula de aceleraci\u00f3n, lo que se anticipa es la exigibilidad y no el vencimiento\u2019, a partir de lo que sentenci\u00f3 \u2018ser\u00e1 desde esos vencimientos mensuales y sucesivos que se computar\u00e1 individualmente la prescripci\u00f3n de cada cuota\u2019\u2026, merced a que la Sala ya lo tiene dicho \u2018que por ser potestativo el uso de la cl\u00e1usula aceleratoria el t\u00e9rmino prescriptivo empieza a correr cuando el acreedor la hace efectiva por medio de la demanda ejecutiva o de alg\u00fan otro modo\u2019 (Cfme. sentencia de 27 de enero de 2003, exp. 00010)\u201d. <\/p>\n
\u201cConsecuente con esa directriz que se perfila suficiente para edificar la decisi\u00f3n con la que se ampare el derecho fundamental al debido proceso, que, acorde con lo dicho les socav\u00f3 el accionado a los querellantes, porque sin desconocer que la exigibilidad de la totalidad de la prestaci\u00f3n acaeci\u00f3 por raz\u00f3n del ejercicio que de la prenombrada facultad materializ\u00f3 el acreedor con la demanda, disip\u00f3 el punto medular de la controversia a partir de se\u00f1alar que el inicio del plazo prescriptivo no cuenta desde aquella \u00e9poca, sino teniendo en cuenta los distintos vencimientos que, ab initio, se incorporaron en el pagar\u00e9, se est\u00e1, it\u00e9rase, frente a un proceder pasible de resguardo tutelar.\u201d <\/p>\n
\u201cEs que como lo defini\u00f3 la Corte, al abordar una tem\u00e1tica que guarda simetr\u00eda con la de ahora, esto es, en ese puntual cuadro f\u00e1ctico \u2018pas\u00f3 por alto [la Sala de Decisi\u00f3n denunciada] que la anticipaci\u00f3n del plazo -siempre que tal prerrogativa se ha convenido por las partes, de conformidad con el art\u00edculo 68 de la Ley 45 de 1990-, genera la inmediata exigibilidad de las obligaciones no vencidas, desde que se configura la hip\u00f3tesis para que opere dicha extinci\u00f3n acelerada\u2019, pues, \u2018\u2026 ninguna explicaci\u00f3n se ofreci\u00f3 acerca del hecho de que, en ese preciso caso, alg\u00fan efecto habr\u00eda de tener la voluntad de las partes en torno a la posibilidad de declarar extinguido el plazo inicialmente estipulado, lo que de ocurrir, causa la consiguiente exigibilidad de las obligaciones no vencidas, desde luego que con todas las consecuencias jur\u00eddicas que ello apareja, entre ellas, la de que a partir de ese momento es posible su recaudo forzoso (art. 488 del C. de P. C.) y adem\u00e1s, que all\u00ed comienza a contarse el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, conforme consagra el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil\u2019 (sentencia de 14 de marzo de 2006, exp. 00342)\u201d. <\/p>\n
Lo anteriormente se\u00f1alado conduce a que se constate una efectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, por cuenta de la mencionada inadvertencia, consistente en soslayar o desconocer que el banco ejecutante opt\u00f3 por acelerar el vencimiento de los mencionados plazos -o hacer exigibles anticipadamente tales instalamentos- a trav\u00e9s de la acci\u00f3n ejecutiva con garant\u00eda real que impetr\u00f3 mediante la demanda radicada en la se\u00f1alada oportunidad (subrayas fuera del texto original – CSJ STC, 23 ene. 2012, rad. 2011-02682-00). <\/p>\n
2.3.3. Bajo ese contexto, era evidente la improcedencia del amparo, comoquiera que los fundamentos de la decisi\u00f3n censurada no resultan arbitrarios o caprichosos, toda vez que obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente para el caso concreto, est\u00e1n ajustados a la postura jurisprudencial sobre la materia y, contrario a lo aducido por el reclamante, al estudio conjunto de las pruebas recaudadas, si en cuenta se tiene que, configurado el lapso de la prescripci\u00f3n extintiva, para procurar la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, al acreedor le compet\u00eda demostrar, no su interrupci\u00f3n (al ser improcedente interrumpir un lapso consumado), sino su renuncia manifiesta por parte de la deudora, lo que all\u00ed no acaeci\u00f3; siendo ello suficiente para acoger la excepci\u00f3n con la que se puso fin al juicio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al particular se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. sentencia de 3 de julio de 2007, exp. 00912-00. <\/p>\n
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STC6059-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6059-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Bancolombia S.A. frente al fallo proferido el 4 de abril […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63623","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63623","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63623"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63623\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63623"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63623"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63623"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}