STC6062-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6062-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01178-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 27 de agosto de 2020, con la cual neg\u00f3 el amparo invocado por Darwin Germ\u00e1n \u00c1lvarez D\u00edaz contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2012-00027. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la libertad, debido proceso, igualdad, in dubio pro reo y presunci\u00f3n de inocencia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Segundo Penal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Villavicencio -con providencia del 11 de noviembre de 2015- conden\u00f3 al actor a trece a\u00f1os y dos meses de prisi\u00f3n por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os, dentro del proceso penal de radicado 2012-000271. <\/p>\n
2.2. Contra la anterior providencia, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual correspondi\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital del Meta. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, el gestor radic\u00f3 memorial en el a\u00f1o 2020 solicitando su libertad provisional2. Con base en el anterior petitorio, la referida Colegiatura remiti\u00f3 el 5 de junio de la se\u00f1alada anualidad el expediente al a quo natural para su resoluci\u00f3n3. En la misma calenda, y en respuesta al requerimiento de informaci\u00f3n del estado de su proceso, el Tribunal accionado le resalt\u00f3 al reo que \u00abAl respecto inf\u00f3rmese al signatario que la actuaci\u00f3n ingres\u00f3 a este Despacho el 9 de diciembre de 2015 en Apelaci\u00f3n de la Sentencia condenatoria proferida el 11 de Noviembre del mismo a\u00f1o por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio ubicado en el Turno Sesenta y seis (66) de Sentencia de Ley 906 de 2004 y veinticinco (25) de ordinarias con preso (\u2026)\u00bb4. <\/p>\n
2.4. Por lo anterior, el accionante se duele de que han transcurrido m\u00e1s de 56 meses sin que la alzada incoada contra el fallo de primera instancia haya sido resuelta. Asimismo, enrostr\u00f3 que a trav\u00e9s de memoriales radicados en mayo de 2020 peticion\u00f3 la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento privativa de la libertad e informaci\u00f3n del estado de su proceso sin obtener respuesta alguna. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se ordene al \u00abTribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, realizar en Derecho la Alzada de mi Apelaci\u00f3n, ya que a la fecha llevo m\u00e1s de Cuatro (4) a\u00f1os y Ocho (8) meses siendo un Total de 56 meses, desde el fallo de primera instancia y por tal motivo considero que el tiempo es prudente y razonable para realizar dicha Alzada y ser juzgado de acuerdo al estado de derecho sin dilaciones y en un plazo razonable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El abogado de confianza del se\u00f1or \u00c1lvarez D\u00edaz dentro de la causa inicial5, indic\u00f3 que \u00ablos mecanismos de tutela para este caso que nos ocupa no ser\u00edan procedente\u00bb; a\u00f1adiendo que \u00abla acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 dise\u00f1ada para convertirse en establecer mecanismos de procedimientos para resolver los recursos ordinarios de Ley (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, justific\u00f3 la tardanza en resolver la alzada debido a que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) asum\u00ed el cargo el primero (1) de abril de dos mil diecisiete (2017) y recib\u00ed en total 454 actuaciones para decidir, discriminadas en procesos de segunda instancia adelantados con fundamento en la Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004, procesos de primera instancia, autos de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad, incidentes de desacato y actuaciones disciplinarias; lo que indica que el despacho se encontraba ostensiblemente congestionado. <\/p>\n
De otro lado, a pesar de tener el mayor \u00edndice de egresos a nivel nacional en los a\u00f1os dos mil dieciocho (2018) y dos mil diecinueve (2019) y superar ampliamente la capacidad de respuesta establecida para los despachos judiciales de la misma categor\u00eda, tengo en total cuatrocientos cuarenta y dos (442) actuaciones para decidir en segunda instancia, sin incluir las acciones constitucionales pendientes de resolver. <\/p>\n
De otro lado, solicito se tenga en cuenta que inexplicablemente, en el a\u00f1o dos mil diecisiete (2017), mi despacho recibi\u00f3 por reparto setenta y seis (76) procesos m\u00e1s que los despachos de mis colegas; en dos mil dieciocho (2018) doscientos nueve (209) procesos m\u00e1s y en dos mil diecinueve (2019) sesenta y nueve (69) procesos m\u00e1s, como se evidencia de los reportes estad\u00edsticos respectivos\u00bb6. <\/p>\n
Concluyendo que el lapso transcurrido \u00abno obedece a falta de diligencia u omisi\u00f3n frente a mis deberes, sino a la congesti\u00f3n anteriormente descrita\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio indic\u00f3 que ha resuelto todas las peticiones elevadas por el accionante, habi\u00e9ndose pronunciado por \u00faltima vez en auto del 20 de agosto de 2020 donde neg\u00f3 la solicitud de libertad provisional. En este sentido, refiri\u00f3 que la autoridad que debe pronunciarse frente a la presunta vulneraci\u00f3n de derechos es el ad quem natural7. <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, toda vez que la tardanza en que ha incurrido el estrado accionado para resolver la alzada \u00abno obedece a una inactividad injustificada, sino a una suma de circunstancias que han desembocado en una alta congesti\u00f3n judicial, cuya consecuencia inevitable, es el retraso en la toma de decisiones\u00bb. Encontrando, por tanto, justificada la mora en la que se ha incurrido. <\/p>\n
Por otro lado, resalt\u00f3 que no se evidencia vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del promotor frente a la queja relacionada con que no se le han contestado dos requerimientos elevados dentro de la causa natural. Esto, debido a que obran en el expediente dos autos del 5 de junio de 2020 donde se le dio respuesta a lo pedido. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el extremo activo quien indic\u00f3 que \u00abel tiempo que ha pasado desde la asignaci\u00f3n del proceso de apelaci\u00f3n (15 de noviembre de 2015), supera con creces lo tolerable, de tal manera que, en raz\u00f3n a la sentencia T-230 de 2013, se hace necesario acudir a la segunda opci\u00f3n de los precedentes mencionados, para resolver los casos de mora judicial justificada, esto es \u201cordenar excepcionalmente la alteraci\u00f3n del orden para proferir la decisi\u00f3n que es eche de menos (sic) (\u2026). Por las consideraciones anteriores, la tardanza lleva m\u00e1s de sesenta (60) meses desde la radicaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el accionante pretende que se amparen los derechos fundamentales invocados, los cuales considera vulnerados debido a que a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo no se le ha resuelto el recurso de apelaci\u00f3n incoado contra el fallo del 11 de noviembre de 2015, con el cual fue condenado en primera instancia dentro del proceso penal debatido. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que present\u00f3 dos solicitudes referentes a la sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento y requerimiento de informaci\u00f3n que tampoco han sido decididas. <\/p>\n
2. De los elementos obrantes en el plenario, se observa que el accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo proferido el 11 de noviembre de 2015, sin que la autoridad judicial atacada haya realizado actuaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
2.1. Frente a ello, con relaci\u00f3n a la presunta mora en que habr\u00eda incurrido la c\u00e9lula Judicial atacada, se advierte que dicha autoridad mediante escrito allegado indic\u00f3 que tom\u00f3 posesi\u00f3n como titular del despacho el 1\u00ba de abril de 2017 e inform\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) recib\u00ed en total 454 actuaciones para decidir, discriminadas en procesos de segunda instancia adelantados con fundamento en la Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004, procesos de primera instancia, autos de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad, incidentes de desacato y actuaciones disciplinarias; lo que indica que el despacho se encontraba ostensiblemente congestionado. <\/p>\n
De otro lado, a pesar de tener el mayor \u00edndice de egresos a nivel nacional en los a\u00f1os dos mil dieciocho (2018) y dos mil diecinueve (2019) y superar ampliamente la capacidad de respuesta establecida para los despachos judiciales de la misma categor\u00eda, tengo en total cuatrocientos cuarenta y dos (442) actuaciones para decidir en segunda instancia, sin incluir las acciones constitucionales pendientes de resolver <\/p>\n
De otro lado, solicito se tenga en cuenta que inexplicablemente, en el a\u00f1o dos mil diecisiete (2017), mi despacho recibi\u00f3 por reparto setenta y seis (76) procesos m\u00e1s que los despachos de mis colegas; en dos mil dieciocho (2018) doscientos nueve (209) procesos m\u00e1s y en dos mil diecinueve (2019) sesenta y nueve (69) procesos m\u00e1s, como se evidencia de los reportes estad\u00edsticos respectivos\u00bb8. <\/p>\n
Igualmente, hizo referencia a que \u00abPor si fuera poco, tengo a mi cargo varios procesos de primera instancia, en los que debo preparar las audiencias y decisiones en calidad de ponente por el reiterado impedimento de mis colegas de Sala, al igual que en procesos con preacuerdo, entre otros, que en los a\u00f1os dos mil diecinueve (2019) y dos mil veinte (2020), ha implicado el ingreso adicional de quince (15) procesos que no se han compensado\u00bb9 En sustento de lo anterior, aport\u00f3 un reporte de la totalidad de procesos que se est\u00e1n tramitando ante su despacho y de las misivas que ha enviado al Consejo Seccional de la Judicatura del Meta comentado la situaci\u00f3n de congesti\u00f3n en que se encuentra10. <\/p>\n
En lo tocante con el caso en concreto, resalt\u00f3 que \u00abel turno actual corresponde al sesenta y tres (63) en actuaciones tramitadas con fundamento en la Ley 906 de 2004 y con preso ocupa el puesto treinta y uno (31)\u00bb11. <\/p>\n
3. Corolario de lo expuesto, es preciso indicar que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa Judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del Juez de conocimiento. Sobre esta tem\u00e1tica, la sala, en reiteradas oportunidades ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01). <\/p>\n
Por supuesto, en el caso en concreto, esta Sala encuentra que el juzgador atacado no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, la presunta mora obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
4. Finalmente, de cara a la r\u00e9plica relacionada con que el ad quem natural no ha dado respuesta a los petitorios elevados tocantes con el estado actual de su proceso y la solicitud de libertad provisional, resulta imperioso enrostrar que, a trav\u00e9s de autos del 5 de junio de 202012, se decidi\u00f3 lo peticionado. As\u00ed las cosas, no se evidencia la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superlativas invocadas por el impugnante. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hecho segundo de la tutela. <\/p>\n
2\u0002 Folios 121-123, archivo \u201c112022 Respuesta Tribunal de Villavicencio\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 124. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem., 120. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-10, archivo \u201c112022 Respuesta apoderado\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 4-133, archivo \u201c112022 Respuesta Tribunal de Villavicencio\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 3 y 4, archivo \u201c112022 Respuesta Juzgado 02 Villavicencio\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Folios 7 y 8, archivo \u201c112022 Respuesta Tribunal de Villavicencio\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Ibidem., 11-118. <\/p>\n
11\u0002 Ibidem., 133 <\/p>\n
12\u0002 Ver folios 120 y 124 del archivo \u201c112022 Respuesta Tribunal de Villavicencio\u201d del expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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