STC6063-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6063-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2021-01903-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alexander Castillo Quintana contra la Corte Constitucional, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental de petici\u00f3n, que dice vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abconmine al Presidente de la Honorable Corte Constitucional\u2026 a que\u2026 se sirva proferir una respuesta de fondo, clara, congruente y completa, es decir, acorde con lo solicitado mediante petici\u00f3n de fecha 13 de septiembre de 2021\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el accionante que elev\u00f3 petici\u00f3n el 13 de septiembre de 2021 \u00abal Doctor Antonio Jos\u00e9 Lizarazo Ocampo, en calidad de Presidente de la Honorable Corte Constitucional y\/o quien hiciera sus veces\u00bb, en la que solicit\u00f3 se le informara si en una tutela que se revisaba se pod\u00eda decretar una medida provisional apart\u00e1ndose de la jurisprudencia y fallos de la Sala Plena, adem\u00e1s si el tr\u00e1mite del radicado T-8.255.231, que sustanciaba el magistrado Alberto Rojas, se pod\u00eda pod\u00eda separar de las sentencias que establec\u00edan el principio de inembargabilidad de los recursos del sistema general de participaci\u00f3n y recursos del sistema de salud; y que se le pidiera al referido funcionario un informe, pues decret\u00f3 una medida el 8 de septiembre de 2021 sin arraigo legal o jurisprudencial. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que al consultar el link de acceso a la tutela se pod\u00eda evidenciar que se encontraba sin respuesta su petici\u00f3n; y que hab\u00edan transcurrido 31 d\u00edas h\u00e1biles sin que hubiese obtenido contestaci\u00f3n alguna, violando la prerrogativa esencial invocada. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Presidencia de la Corte Constitucional indic\u00f3 que no era \u00f3rgano de consulta; que al derecho de petici\u00f3n se pod\u00eda acudir para obtener informaci\u00f3n sobre asuntos o materias relacionadas con competencias o funciones atribuidas por la Constituci\u00f3n o ley ante quienes ejerc\u00edan dicho derecho; que no se pod\u00eda usar para la correcci\u00f3n de una medida judicial; que los escritos relacionados con actuaciones judiciales no se tramitaban por el procedimiento previsto en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, sino con el propio de la actuaci\u00f3n de que se tratara; que dio respuesta en oficio de 28 de octubre de 2021, en la que advirti\u00f3 que el escrito no era un derecho de petici\u00f3n porque solicitaba informaci\u00f3n sobre decisiones judiciales adoptadas en el proceso que se encontraba en tr\u00e1mite en esa Corporaci\u00f3n, por lo que la remitir\u00eda al despacho sustanciador, respuesta que fue comunicada el 29 de octubre de 2021 al accionante, por lo que no amenaz\u00f3 ni vulner\u00f3 derecho alguno. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo al considerar que las pretensiones del accionante fueron resueltas adecuadamente; que la presidencia de la Corte Constitucional emiti\u00f3 el oficio No. 013 de 28 de octubre de 2021 en donde brind\u00f3 respuesta al accionante, indic\u00e1ndole que su escrito era una petici\u00f3n en actuaci\u00f3n judicial y que lo remitir\u00eda al ponente, lo que le fue debidamente notificado al actor; que las pretensiones fueron resueltas en debida forma y no exist\u00edan puntos adicionales que ameritaran un pronunciamiento. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que no se le contest\u00f3 su petici\u00f3n; que no solicitaba que se aclarara una sentencia, no se hac\u00eda consulta de un proceso judicial ni se ped\u00eda informaci\u00f3n que contrariara las funciones previstas en el art\u00edculo 241 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la solicitud presentada por el promotor ante la Corporaci\u00f3n acusada, no constitu\u00eda el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, tampoco se advierte vulneraci\u00f3n al debido proceso del promotor, pues auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se vislumbra que la Presidencia de la Corte Constitucional se pronunci\u00f3 frente al escrito presentado, advirti\u00e9ndole que no era un \u00f3rgano consultivo y dando traslado del mismo al despacho de conocimiento; aunado que el 18 de febrero de 2022 se emiti\u00f3 fallo dentro de la tutela objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del promotor que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que esa situaci\u00f3n denunciada fue superada, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en esta Sala Especializada el 8 de abril de 2022. <\/p>\n
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