STC6065-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6065-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01423-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por D1 SAS contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y contradicci\u00f3n, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abrevocar la sentencia del 8 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal\u2026, y en su lugar declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n presentado por el actor popular por no haberlo sustentado ante el ad quem\u00bb; y que la Corporaci\u00f3n acusada \u00abcumpla con la obligaci\u00f3n de utilizar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en la gesti\u00f3n de procesos judiciales, tal como se establece en el art\u00edculo 2 del Decreto 806 de 2020 y por tanto habilite los sistemas de consulta de procesos existentes\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Koba Colombia SAS -D1 SAS-, bajo el radicado 2021-00077, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Socorro, el que dict\u00f3 sentencia el 28 de enero de 2022, ampar\u00f3 el derecho colectivo, orden\u00f3 a la accionada que realizara las modificaciones que se requer\u00edan en la bateria sanitaria de la Tienda D1 en Socorro, para las personas con movilidad reducida, la que deb\u00eda cumplir con la se\u00f1alizaci\u00f3n de la ruta de acceso y no conden\u00f3 en costas y agencias en derecho. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de San Gil en fallo de 8 de marzo de 2022 revoc\u00f3 el numeral 4\u00ba y conden\u00f3 en costas -\u00fanicamente agencias en derecho a la demandada-. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la sociedad accionante que la notificaron de la concesi\u00f3n de la alzada y posteriormente de la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de costas; y que pidi\u00f3 el enlace del expediente porque en la sentencia de primera instancia no hab\u00eda sido condenada, en donde encontr\u00f3 todo el tr\u00e1mite surtido ante el Tribunal, del que no ten\u00eda conocimiento. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que al revisar el sistema de consulta de procesos no exist\u00eda el expediente en la segunda instancia; que el Tribunal violaba las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n en la gesti\u00f3n de los procesos judiciales; y que se vulner\u00f3 la publicidad de las actuaciones jurisprudenciales. <\/p>\n
2.5. Adujo que el actor popular no present\u00f3 sustentaci\u00f3n alguna, pero el ad-quem continu\u00f3 con el tr\u00e1mite del recurso y lo resolvi\u00f3; que fueron notificados del mandamiento de pago; y que no se debi\u00f3 emitir sentencia sino declarar desierta la alzada ante la falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior de San Gil realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que tanto los autos como la sentencia fueron debidamente notificados en el estado electr\u00f3nico publicado en la p\u00e1gina web, siendo enterada esta \u00faltima el 9 de marzo de 2022. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito del Socorro remiti\u00f3 el expediente contentivo del juicio criticado. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda Regional de Santander se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno; que no le asist\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que deprecaba que la eximieran de responsabilidad. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En primer lugar, es de advertirse que ninguna anomal\u00eda se observa en la notificaci\u00f3n, pues se comunic\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada a los correos electr\u00f3nicos de la ahora accionante y el fallo de segunda instancia fue notificado en estado electr\u00f3nico publicado en la p\u00e1gina web el 9 de marzo de 2022. <\/p>\n
3. Ahora bien, se advierte que la acci\u00f3n constitucional tambi\u00e9n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad respecto del fallo de segundo grado, pues all\u00ed se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026para poder resolver el problema jur\u00eddico planteado debe la Sala tener en cuenta los siguientes preceptos legales y jurisprudenciales. Vemos\u2026 <\/p>\n
De lo anteriormente expuesto, para la Sala resulta evidente, que, las costas procesales se componen de dos elementos, esto es, i.- Los gastos y\/o expensas propiamente dichas -pagos por honorarios de peritos, traslado de testigos, publicaciones, emplazamientos, notificaciones, pago de p\u00f3lizas, gastos de documentos, etc\u00e9tera-, y ii.- Las agencias en derecho. As\u00ed las cosas, en el caso sub-judice, le asiste raz\u00f3n al impugnante en cuanto ha debido imponerse en su favor las costas, pero \u00fanicamente en lo tocante con las agencias en derecho de ambas instancias, porque las mismas resultaban procedentes por cuanto la entidad demandada fue vencida en el proceso -tal y como lo prev\u00e9, la ley y las jurisprudencias citadas en ac\u00e1pites precedentes-, esto es, al haberse demostrado la vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos reclamados, toda vez, que, Koba Colombia S.A.S. fue condenada a realizar las adecuaciones del sanitario en donde funciona la Tienda D1 del municipio del Socorro, para que el mismo funcionara en \u00f3ptimas condiciones y en beneficio de la poblaci\u00f3n discapacitada. No obstante lo anterior, no sucede lo mismo respecto de las costas, entendidas estas como expensas y dem\u00e1s gastos procesales, dado que, en el expediente no obra prueba de que el actor haya incurrido en dichas erogaciones, es decir, no est\u00e1 probado que el accionante haya incurrido en gastos de notificaciones, emplazamientos o notificaciones, y por ende, resulta plausible la negaci\u00f3n de tal pedimento por parte del a quo. <\/p>\n
9.- Si lo anterior es as\u00ed, tal y como en efecto lo es, para esta Corporaci\u00f3n el recurso de apelaci\u00f3n esta llamado a prosperar, debi\u00e9ndose revocar el numeral cuarto de la sentencia recurrida, y en su defecto condenar a Koba Colombia S.A.S. a pagar en favor del actor popular Mario Restrepo las costas -\u00danicamente Agencias en derecho- de ambas instancias, para lo cual se fijaran como agencias en derecho de esta instancia la suma de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente atendiendo para ello el Acuerdo PSAA16-10554 del a\u00f1o 2016, art\u00edculo 5 numeral 1, literal b) el cual establece, que, \u201c\u2026En aquellos asuntos que carezcan de cuant\u00eda o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.\u201d. <\/p>\n
10.- En conclusi\u00f3n, los diversos razonamientos que se han dejado expuestos en esta providencia, constituyen sin lugar a dudas, respuesta suficiente a las inquietudes que se esgrimieron en la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, para la Sala -se reitera- revocara el numeral cuarto de la sentencia recurrida y condenara en costas -agencias en derecho- de ambas instancias a la entidad demandada y en la forma acotada en el ac\u00e1pite precedente. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la sociedad peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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