STC6070-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6070-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00754-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez, en nombre propio y en condici\u00f3n de representante legal de Inversiones Caralga S.A., respecto de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Inversiones Egope S.A.S. y Carbonari Lobo Guerrero S.A.S. y dem\u00e1s intervinientes del juicio de radicado 2016-00279. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte actora procura la salvaguarda de las garant\u00edas fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Inversiones Caralga S.A. y Juan Carlos Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez impetraron demanda en contra de Carbonari Lobo Guerrero S.A.S. e Inversiones Egope S.A.S., con el fin de que se declarara el incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa celebrado frente a los inmuebles con matr\u00edcula inmobiliaria 50N-631877, 50N-20069831, 50N-722144 y 50N-631876, tr\u00e1mite en el que las accionadas presentaron excepciones y formularon demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 30 de julio de 20201, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la sentencia del a quo, en cuanto al incumplimiento de la accionante, modificando, \u00fanicamente, lo que guardaba relaci\u00f3n con el monto que Egope S.A.S. deb\u00eda sufragar a Inversiones Caralga S.A. <\/p>\n
2.4. Contra \u00e9sta \u00faltima resoluci\u00f3n, los impulsores formularon recurso de casaci\u00f3n, \u00abel cual fue inadmitido por defectos de formalidades, de conformidad con las comunicaciones recibidas el 13 de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
3. Los accionantes reprochan las decisiones de fondo adoptadas por los jueces de instancia y, en especial, la de segundo nivel, por cuanto incurrieron en defectos f\u00e1cticos y sustantivos. Los primeros, pues se valoraron equivocadamente varias probanzas, entre ellas, un otros\u00ed del 5 de octubre del 2012, un recibo de pago de 8 de diciembre de 2012, un \u00abmemorial de entendimiento\u00bb de marzo de 2016 y un \u00abestado de cuentas\u00bb suscrito por Daniela Carbonari; y, en adici\u00f3n, porque se dejaron de apreciar otras, tales como los recibos del 2, 4 y 9 de abril de 2014. <\/p>\n
Los segundos (sustantivos), porque se soslay\u00f3 la regla del art\u00edculo 861 del C\u00f3digo de Comercio, pues el Tribunal circunscribi\u00f3 su an\u00e1lisis, con exclusividad, a la promesa y a sus modificaciones, prescindiendo de otros elementos suasorios igualmente relevantes que daban cuenta que quienes desatendieron lo pactado fueron las sociedades demandadas. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, exigen que se dejen sin efectos los fallos proferidos por el a quo y por el ad quem y se provea nuevamente, \u00abcon observancia de los requisitos legales que impone la legislaci\u00f3n procesal y sustantiva; se realice una adecuada valoraci\u00f3n probatoria y se aplique la legislaci\u00f3n (\u2026) vigente conforme los lineamientos jurisprudenciales para las relaciones de car\u00e1cter mercantil\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Colegiado accionado suministr\u00f3 la informaci\u00f3n del proceso cuestionado. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. indic\u00f3 que la decisi\u00f3n por \u00e9l dictada en 2019 estaba debidamente argumentada y conten\u00eda toda la motivaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica necesaria. <\/p>\n
3. Giovanny G\u00f3mez, quien dijo actuar en nombre de Inversiones Egope S.A.S. y de Carbonari Lobo Guerrero S.A.S., se opuso a la prosperidad del ruego, sosteniendo que las resoluciones criticadas se apegaron a lo prescrito en la ley adjetiva y sustancial. Adem\u00e1s, asever\u00f3 que la salvaguarda no reun\u00eda los requisitos generales de procedibilidad, en primer t\u00e9rmino por cuanto la sentencia de segundo grado se dict\u00f3 el 30 de julio del 2020 y el recurso de casaci\u00f3n result\u00f3 inadmitido el 11 de agosto de 2021, y, en segundo, porque los gestores pretend\u00edan reeditar debates que fueron resueltos en las instancias, con el debido respeto de todas las garant\u00edas. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la parte actora pretende que se dejen sin efectos las determinaciones de 13 de diciembre de 2019 y de 30 de julio de 2020, emanadas, respectivamente, del Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito y de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial, ambos de Bogot\u00e1, en el proceso de radicado 2016-00279, porque consideran que incurrieron en defectos f\u00e1cticos y sustantivos. <\/p>\n
2. Ahora bien, analizadas las probanzas allegadas, advierte la Sala que la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, porque no cumple con los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. Lo primero, a causa del lapso trascurrido desde cuando se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, por auto del 11 de agosto de 2021, notificado en el estado 46 del d\u00eda siguiente2, y la fecha de presentaci\u00f3n del resguardo -4 de marzo de 2022-, por cuanto se super\u00f3 el plazo de 6 meses que se ha estimado razonable para acudir a esta senda extraordinaria. <\/p>\n
Frente al citado principio, ha de precisarse que, pese a que no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo en un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb3. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez, pues, aunque en la tutela se afirm\u00f3 que el auto que inadmiti\u00f3 la casaci\u00f3n se notific\u00f3 el 13 de octubre de 2021, lo cierto es que, como se indic\u00f3, aquella decisi\u00f3n se notific\u00f3 por estado del 12 de agosto del a\u00f1o anterior. <\/p>\n
Y, en cuanto a la \u00abCopia de la comunicaci\u00f3n del 13 de octubre de 2021, donde se informa auto de inadmisi\u00f3n del Recurso Extraordinario de Casaci\u00f3n\u00bb, anexa a la tutela4, se advierte que corresponde al correo que envi\u00f3 el Tribunal, con el fin de poner \u00aben conocimiento el auto de fecha once (11) de octubre de 2021, correspondiente al proceso de la referencia\u00bb, adjunto \u00abTS3 2016-00279 OBEDEZCASE Y CUMPLASE\u00bb5, esto es, el prove\u00eddo por el cual el colegiado acat\u00f3 \u00ablo resuelto por la H. Corte Suprema de Justicia en providencia del pasado once de agosto por medio de la cual se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n\u2026\u00bb6. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto con alguna similitud, la Sala precis\u00f3 que, pese a que \u00abla actora adujo que deb\u00eda tenerse en cuenta la fecha del auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase (\u2026) dicho argumento no es justificante de la tardanza evidenciada, dado que (\u2026) para la presentaci\u00f3n del amparo constitucional (\u2026) [no era] indispensable esperar a que el Juzgado emitiera el auto aludido, pues la sentencia cuestionada ya hab\u00eda adquirido fuerza ejecutoria\u00bb (CSJ STC4610-2022). <\/p>\n
2.2. En segundo lugar, no se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, debido a que no se hizo uso id\u00f3neo del \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. En efecto, en el citado auto de 11 de agosto de 2021, la Sala concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl \u00fanico cargo formulado presenta deficiencias formales, pues no se dirigi\u00f3 contra la motivaci\u00f3n del tribunal, sino que intent\u00f3 construir una teorizaci\u00f3n alterna a la defendida por dicha corporaci\u00f3n en el fallo impugnado. Adem\u00e1s, se bas\u00f3 en un relato distinto del que defendieron las interesadas en las oportunidades procesales pertinentes. A ello cabe agregar que las casacionistas se limitaron a ofrecer una lectura alternativa de los medios de prueba, sin ocuparse previamente de aniquilar, uno a uno, los razonamientos que llevaron al ad quem a colegir que el contrato de promesa de compraventa que otrora uni\u00f3 a las partes fue incumplido por las convocantes. As\u00ed las cosas, y dado que el ataque planteado en la demanda de casaci\u00f3n carece de fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica, es imperativa su inadmisi\u00f3n, conforme lo dispone el art\u00edculo 346-1 del estatuto procesal civil vigente\u00bb. <\/p>\n
De manera que es evidente que se desperdici\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n que tuvo a su alcance la parte interesada; tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que esta es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n id\u00f3nea de las defensas legalmente previstas. <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver, recientemente, en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. En ese orden, se impone desestimar el ruego exigido, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. archivo denominado \u00ab0004expediente_remitido.pdf\u00bb, que contiene los anexos de la tutela formulada. <\/p>\n
2\u0002 Ver en los siguientes enlaces: <\/p>\n
https:\/\/cortesuprema.gov.co\/corte\/wp-content\/uploads\/not\/civil21\/estado046civil12082021.pdf <\/A> <\/p>\n https:\/\/cortesuprema.gov.co\/corte\/index.php\/provestadoscivil2021\/ <\/A><\/p>\n 3\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n 4\u0002 Folio 52, anexos. <\/p>\n 5\u0002 Notificado por estado E180 del 12 de octubre de 2021. <\/p>\n