STC6071-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6071-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00691-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de mayo dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Glenen Alexander Ross frente a la Corte Constitucional. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad de radicado D-14.732. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental a la \u00abprotecci\u00f3n judicial\u00bb, presuntamente vulnerada por la autoridad convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 4 de marzo de 2022, el tutelante y Rosandy Colina Silgado promovieron una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 2591 de 1991, por considerar que sus \u00abefectos legales [\u2026] son [\u2026] nulos por el hecho de haber caducado el decreto reglamentario. Por tanto, las restricciones impuestas al ejercicio y goce del derecho de tutela [\u2026] son ileg\u00edtimas\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 29 de marzo de 2022, la Corte Constitucional inadmiti\u00f3 la demanda y les concedi\u00f3 tres (3) d\u00edas, para subsanar las falencias evidenciadas en la inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 4 abril de 2022, los all\u00e1 demandantes presentaron un escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda; no obstante, el 27 de abril siguiente fue rechazada. <\/p>\n
2.4. Al respecto, el promotor censura \u00abla omisi\u00f3n de realizar de oficio una revisi\u00f3n efectiva de control de convencionalidad entre el Decreto 2591\/91 y la CADH por parte de cualquier persona involucrada en la administraci\u00f3n de justicia del Estado Parte genera la responsabilidad internacional de dicho Estado por el incumplimiento de los art\u00edculos 1 (1) y 2 CADH. [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Vicepresidencia de la Corte Constitucional realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y resalt\u00f3 que, el 4 de mayo del presente a\u00f1o, la se\u00f1ora Rosandy Colina Silgado present\u00f3 un recurso de s\u00faplica, el cual estaba en tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. La se\u00f1ora Rosandy Colina Silgado respald\u00f3 las pretensiones del ac\u00e1 accionante. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante reclam\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Corte Constitucional, al proferir el auto de 27 de abril del a\u00f1o en curso, por el cual rechaz\u00f3 la acci\u00f3n formulada contra el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Frente al particular, se advierte que la salvaguarda impetrada carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que, seg\u00fan lo informado por la autoridad accionada1, el 4 de mayo de la presente anualidad la se\u00f1ora Rosandy Colina Silgado interpuso recurso de s\u00faplica contra el prove\u00eddo del pasado 27 de abril de 2022, el cual se encontraba sujeto a tr\u00e1mite a la fecha de interposici\u00f3n de la presente salvaguarda -4 de mayo- y, por tanto, el asunto debe ser decidido por el juez competente y no por el de tutela. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Sala ha se\u00f1alado que la tutela no es un mecanismo que se pueda utilizar \u00ab(\u2026) para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026)\u00bb (ver cita en STC8255-2018 y STC11209-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente, la Sala ha sostenido que es apresurado instaurar una acci\u00f3n de tutela, \u00absin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia\u00bb (ver cita en STC5325-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por las razones antes anotadas, se debe negar la salvaguarda impetrada, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 Decreto 2591 de 1991, \u00ablos informes se consideran rendidos bajo juramento\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6071-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC6071-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00691-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de mayo dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63635","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63635"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63635\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63635"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63635"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}