STC6076-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6076-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01419-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Rafael Arturo Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el juicio de responsabilidad civil extracontractual 2012-00376. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que, luego de agotadas las etapas procesales respectivas, el 27 de agosto de 2019 profiri\u00f3 fallo desestimatorio al encontrar probada la excepci\u00f3n de \u00abausencia de elementos estructurales de la responsabilidad civil\u00bb. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por la parte vencida y confirmada en su integridad por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con fallo de 2 de marzo de 2020. <\/p>\n
A su turno, el demandante promovi\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n cuya concesi\u00f3n fue denegada con auto de 26 de mayo siguiente, decisi\u00f3n refrendada por esta Corporaci\u00f3n el pasado 8 de febrero, mediante AC275-2022, al resolver el de queja formulado por la misma parte. <\/p>\n
3. Para el gestor, la colegiatura ad quem incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb por cuanto no valor\u00f3 en su integridad el material probatorio allegado al proceso, especialmente \u00ablas providencias dictadas por la fiscal\u00eda\u2026 en primera y segunda instancia\u00bb por medio de las cuales dispuso la preclusi\u00f3n a su favor de la investigaci\u00f3n penal iniciada como consecuencia de la denuncia presentada por la firma Siemens S. A.; en tal sentido consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El an\u00e1lisis probatorio del ad quem fue parcial, ignorando partes del contenido de las providencias dictadas en la jurisdicci\u00f3n penal [sic], que arribaron a la conclusi\u00f3n de que las conductas endilgadas al accionante en la denuncia en materia criminal, no existieron. <\/p>\n
El an\u00e1lisis probatorio del ad quem fue parcial, ignorando partes del contenido de las providencias dictadas en la jurisdicci\u00f3n penal [sic], que arribaron a la conclusi\u00f3n de que las conductas endilgadas al accionante en la denuncia en materia criminal, fueron dolosas, y en gracia de discusi\u00f3n, con culpa lata, pues hubo por parte de la demandada Siemens S. A., preconstituci\u00f3n de la prueba, con el prop\u00f3sito de hacer ver un reclamo laboral, como una conducta extorsiva y el uso fraudulento de informaci\u00f3n privilegiada para obtener provecho il\u00edcito (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita \u00abque con base en los hechos y las pruebas aqu\u00ed aportadas, declare que en la presentaci\u00f3n de la denuncia por parte de la firma, Siemens S. A., contra el accionante\u2026 est\u00e1 probado el abuso del derecho, como requisito esencial de la responsabilidad civil extracontractual de que trata el art\u00edculo 1341 del C\u00f3digo Civil, con las consecuencias que esto implica, en relaci\u00f3n con los perjuicios [sic]\u00bb y, como consecuencia de lo anterior, \u00abrevocar la providencia adiada 2 de marzo de 2020\u2026 y ordenarle a la accionada, un pronunciamiento acorde con la verdad material demostrada\u2026 y proceder en forma inmediata, a decidir sobre los perjuicios de orden material y moral que se causaron a los demandantes en el proceso de instancia [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada hizo un breve recuento de lo acontecido en sede de segunda instancia, resaltando que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u2026 fue resuelto en su debida oportunidad\u00bb; asimismo, aport\u00f3 copia de la providencia. <\/p>\n
2. La Juez Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, como \u00ablos hechos que dieron lugar a la solicitud de amparo\u00bb se atribuyen a su superior funcional, tal situaci\u00f3n \u00abescapa de la \u00f3rbita de la suscrita\u00bb. <\/p>\n
3. El Director Especializado contra las Organizaciones Criminales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que en contra del ac\u00e1 accionante se adelant\u00f3 una investigaci\u00f3n penal por el delito de extorsi\u00f3n, que fue precluida y archivada a finales del a\u00f1o 2008; sin presentar consideraci\u00f3n alguna en torno a la presunta lesi\u00f3n alegada en tanto \u00abno es la directa destinataria de la acci\u00f3n [constitucional]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por Rafael Arturo Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, con la expedici\u00f3n de la sentencia de 2 de marzo de 2020 por medio de la cual confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de la misma ciudad, en que se absolvi\u00f3 a la firma Siemens S.A, al declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abausencia de elementos estructurales de la responsabilidad civil\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultados los argumentos en que se sustenta la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se deriva del fallo emitido el 2 de marzo de 2020 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ordinario. <\/p>\n
En efecto, en la aludida providencia y en punto del reparo formulado a trav\u00e9s de este instrumento constitucional de protecci\u00f3n, la colegiatura accionada se refiri\u00f3 a los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual \u00abderivada de la falsa denuncia penal \u2013 inmersa en las conductas calificadas como abuso del derecho\u00bb, indicando que, de acuerdo con el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil y el precedente jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n vertido, entre otras, en la SC11770-2016, corresponde a la v\u00edctima. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) demostrar los elementos integrantes de la responsabilidad extra contrato, como son el hecho, el perjuicio, la culpa y la correspondiente relaci\u00f3n de causalidad, previsi\u00f3n que deja al descubierto que para que el denunciante de una infracci\u00f3n penal, sea pasible de la sanci\u00f3n que se reclama, debe haberse probado que actu\u00f3 con dolo o culpa, porque tuvo la inequ\u00edvoca intenci\u00f3n de perjudicar al enjuiciado, o porque actu\u00f3 de manera descuidada, sin la debida prudencia. <\/p>\n
Por consiguiente, la sola finalizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, sea cual fuere la causa, no genera, de manera objetiva y autom\u00e1tica, la responsabilidad endilgada, ya que en la formulaci\u00f3n de una denuncia criminal concurre un derecho deber en el ciudadano que as\u00ed act\u00faa, que como toda prerrogativa subjetiva debe ejercerse consultando su espec\u00edfica y altruista finalidad, de acuerdo con su raz\u00f3n de ser y la misi\u00f3n que en la comunidad cumple, por lo que, en estas condiciones se castiga al sujeto que le imprime una diferente direcci\u00f3n, quedando la v\u00edctima de este comportamiento habilitada para reclamar los perjuicios que se le hayan ocasionado (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De all\u00ed que el ejercicio de la denuncia en materia penal, en tanto deber constitucional y legal, se reputa responsable y l\u00edcito \u00aby no deja de serlo por la abstenci\u00f3n de la apertura o conclusi\u00f3n del proceso\u00bb, cuesti\u00f3n diferente ocurre \u00abcon la ocasional denuncia abusiva, esto es, aquella que no acomod\u00e1ndose al citado deber\u2026 sino que con libertad propia distorsiona culpablemente su finalidad esencial\u2026 s\u00ed genera la responsabilidad civil extracontractual de resarcimiento de perjuicios\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, dijo, para atribuir este tipo responsabilidad a quien denuncia la comisi\u00f3n de alguna conducta punible, no solo basta con la finalizaci\u00f3n del tr\u00e1mite penal \u00abcon independencia de qu\u00e9 lo motiv\u00f3, sino que es menester acreditar el \u00e1nimo de perjudicar o la presencia de un error de conducta al formular la denuncia\u00bb, por lo que el estudio del caso puntual debe partir del principio constitucional de la buena fe que ampara las actuaciones de los particulares en todas las gestiones que adelantan ante las autoridades. <\/p>\n
As\u00ed, al descender al estudio de las probanzas que el quejoso dice desatendidas, esto es, las decisiones proferidas en ambas instancias por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de las cuales se dispuso la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n y el consecuente archivo de la actuaci\u00f3n penal a favor de Rafael Arturo Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, refiri\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en la resoluci\u00f3n de primera instancia emitida el 10 de abril de 2006\u2026 qued\u00f3 expl\u00edcitamente sentado\u2026 que don Rafael Arturo \u201cno cometi\u00f3 los il\u00edcitos\u201d denunciados, esto es, el empleo de documentos bajo reserva y extorsi\u00f3n [puesto que su conducta] \u201cno se subsume dentro de la descripci\u00f3n normativa\u201d, a\u00f1adiendo que \u201c\u2026 no viola ni pone en peligro el bien jur\u00eddico que con ella se quiere proteger. Es otra la conducta que se ha cometido, es decir, la conducta penal prevista no ha sido cometida\u2026\u201d A su turno, sobre la extorsi\u00f3n\u2026 se dijo que no hab\u00eda claridad sobre el origen de ese documento, y que \u201cde lo que hay seguridad es de que se discutieron prestaciones laborales. En el proceso subyace un desacuerdo laboral. No hay cuenta cierta de actos extorsivos\u2026 A este nivel apenas est\u00e1 en el campo de la probabilidad. Estando dentro de \u00e9l, sin embargo, se observa que la acusaci\u00f3n en las condiciones expuestas en el curso de esta decisi\u00f3n, no resiste el debate del juicio para continuar hacia la certeza que exige la sentencia condenatoria\u201d <\/p>\n
Ahora bien, estas reflexiones no se alejan de lo expresado por la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal Superior\u2026 en la resoluci\u00f3n confirmatoria del 6 de octubre de 2008 y, por el contrario, guardan plena concordancia con el ep\u00edlogo de primer grado, en la medida que el sustento primordial para mantener la preclusi\u00f3n radic\u00f3 en que \u201c\u2026 sobre la pretendida tentativa de extorsi\u00f3n\u2026 no est\u00e1 demostrada a trav\u00e9s de ning\u00fan medio id\u00f3neo, que permita tenerla ahora como realizada\u2026 como tampoco se prob\u00f3 la utilizaci\u00f3n por parte del se\u00f1or procesado de informaci\u00f3n sometida a reserva contenida en documentos de propiedad de la sociedad Siemens S.A. (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De cara al anterior an\u00e1lisis, concluy\u00f3 que no se vislumbraba la presencia de un \u00e1nimo da\u00f1oso de la sociedad denunciante, \u00abintencionalmente orientad[o] a la generaci\u00f3n de un perjuicio\u00bb al ac\u00e1 gestor, \u00abni tampoco un comportamiento desprevenido, descuidado o negligente que se le pueda atribuir a t\u00edtulo de culpa\u00bb, sino que, por el contrario, la persona jur\u00eddica obr\u00f3 bajo el convencimiento de que el sujeto pasivo de la acci\u00f3n penal \u00abhab\u00eda incurrido en actos irregulares , dada la lectura o apreciaci\u00f3n de los hechos ocurridos en el desarrollo del v\u00ednculo laboral -estim\u00e1ndolos como delictivos\u00bb e insisti\u00f3 en ello al impugnar la resoluci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n penal, resguardada en la certidumbre de que se hab\u00eda cometido un delito, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) sin que pueda tildarse de temerario, en funci\u00f3n de la procedibilidad de ese instrumento, ya que la Fiscal\u00eda descart\u00f3 la tipicidad, m\u00e1s no dedujo que los eventos que justificaron la radicaci\u00f3n de la denuncia, objetivamente considerados, no sucedieron, de all\u00ed que esa clausura se dio por la calificaci\u00f3n jur\u00eddica dada a tales acontecimientos, por parte de la autoridad legalmente revestida con facultades para tal efecto, acaso que no constituye, por el solo hecho de no encuadrar en una de las hip\u00f3tesis sancionadas por la ley penal, una infracci\u00f3n de los deberes generales de no hacer da\u00f1o a los dem\u00e1s y abusar del derecho, pues \u201cpensar de otra manera, conducir\u00eda a entorpecer el cumplimiento del deber que corresponde a todo ciudadano de denunciar los il\u00edcitos de que tenga conocimiento\u201d, consignado por la Corte en sentencia del 9 de julio de 2002 (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Concluy\u00f3 que, la terminaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, por la no comisi\u00f3n de alg\u00fan delito, ni implica per se la declaratoria de responsabilidad ya que en tal caso, resultaba imperioso demostrar el dolo o la culpa en el comportamiento del denunciante, lo que en el asunto estudiado no se configur\u00f3, con independencia de la soluci\u00f3n dada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, dado que la persona jur\u00eddica \u00abal exponer ante las autoridades los hechos que en su concepto deb\u00edan ser investigados\u00bb, no abus\u00f3 del derecho porque \u00abno hizo otra cosa que cumplir con un deber legal\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, frente a la afirmaci\u00f3n de que la persona jur\u00eddica denunciante ejecut\u00f3 \u00abactos encaminados a la constituci\u00f3n de pruebas que respaldaran la versi\u00f3n planteada\u2026 en la denuncia\u00bb, tal actividad no podr\u00eda catalogarse como perjudicial, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no hay impedimento legal para que, quien crea ser v\u00edctima de un il\u00edcito, procure establecer los medios demostrativos de su acaecimiento, por supuesto, dentro del marco del derecho al debido proceso, al paso que si se aceptara alguna suspicacia en esa gesti\u00f3n, lo as\u00ed descrito \u00fanicamente generar\u00eda un indicio, al que no concurren otros elementos demostrativos de los que sea posible desgajar el presupuesto esencial para el \u00e9xito de las pretensiones, falencia que ocasiona al fracaso de la alzada, por lo que el tema concerniente a los perjuicios y su tasaci\u00f3n no es necesario abordarlo (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante y su apoderado son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretenden es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando se se\u00f1alan lo que, en sentir del querellante, son yerros en el ejercicio intelectivo de las pruebas, as\u00ed como en la sind\u00e9resis del asunto, lo que en realidad se hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del proceso con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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