STC6081-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6081-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01354-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz Doris Mari\u00f1o Velandia contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental\u00bb que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene al accionado \u00abque profiera sentencia conforme a los postulados constitucionales y legales que corresponden\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luz Doris Mari\u00f1o Velandia promovi\u00f3 proceso de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa contra Diana Lucero Mari\u00f1o Bernal y Jos\u00e9 Vicente Rios L\u00f3pez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal, el que dict\u00f3 sentencia el 10 de mayo de 2018, decretando la nulidad absoluta del negocio y las consecuentes restituciones, decisi\u00f3n que fue modificada por el ad-quem reconociendo mejoras. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, se present\u00f3 incidente de regulaci\u00f3n de mejoras, en el que se dict\u00f3 sentencia el 13 de abril de 2021, donde se dispuso el pago de $159.829.835, decisi\u00f3n que tras ser apelada, fue modificada por el Tribunal acusado condenando a $128.803.301 y confirmando lo dem\u00e1s. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que los incidentantes manifestaron haber realizado la totalidad de las mejoras con posterioridad a la celebraci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa; y que aportaron un aval\u00fao de dichas mejoras, adjuntando fotograf\u00edas y pidiendo la recepci\u00f3n de testimonios. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que desafortunadamente su apoderado judicial no descorri\u00f3 el traslado del incidente, por lo que no solicit\u00f3 pruebas; y que en segunda instancia alleg\u00f3 una declaraci\u00f3n juramentada, pero la misma no fue objeto de pronunciamiento. <\/p>\n
2.5. Adujo que el Tribunal acusado redujo el monto de las mejoras, pues se encontr\u00f3 una falsedad en las declaraciones de los testigos; y que pese a que dichas personas faltaron a la verdad, se le daba credibilidad en sus dem\u00e1s dichos. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que se omitieron los deberes de los administradores de justicia y se present\u00f3 una falta de motivaci\u00f3n en el fallo; que se premiaba la mala fe de los incidentantes; y que el dictamen carec\u00eda de fundamento probatorio, pues no se allegaron facturas de compras de materiales, contratos de obra, pagos de personal y seguridad social, licencias de construcci\u00f3n, entre otros. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que se daba una notoria incongruencia entre los hechos probados y lo resuelto; que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, pues la decisi\u00f3n se bas\u00f3 en los testimonios y en el dictamen, el que era inadecuado. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que se desconocieron las reglas de la sana critica, la Constituci\u00f3n y la ley, pues se tuvo en cuenta una experticia inconsistente; que se advert\u00edan notorias incongruencias entre los hechos probados y lo resuelto; y que se decid\u00eda el asunto con fundamento en pruebas il\u00edcitas. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Germ\u00e1n Eduardo Pulido Daz, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Diana Lucero Mari\u00f1o Bernal y Jos\u00e9 Vicente Rios L\u00f3pez, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dichos vinculados. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 27 de enero de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En ese orden, el fallo confutado estableci\u00f3 como presupuestos para su reconocimiento, la acreditaci\u00f3n de su existencia y valor, (\u2026) \u201cincumbiendo a quien las reclama aportar los elementos de convicci\u00f3n de ese supuesto f\u00e1ctico, tal como lo dispone el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, para lo que no basta su enunciaci\u00f3n, pues es necesaria la precisa demostraci\u00f3n de haberlas plantado, con su respectiva valoraci\u00f3n econ\u00f3mica.\u201d Tales inferencias, valga advertir, al no ser objeto de embate por los extremos de la litis, lucen inquebrantables y, por tanto, de entrada, desacierto ha de predicarse en lo manifestado por los no recurrentes al momento de descorrer el traslado del recurso al pretender trasladar la carga probatoria a la incidentada. <\/p>\n
Atendiendo entonces los reproches enrostrados, cuesti\u00f3n obvia es predicar que se abordar\u00e1 en primer lugar el ataque encaminado a cuestionar la existencia de las mejoras reconocidas para, de ser el caso, posteriormente indagar por la procedencia de los relacionados con el valor monetario de aquellas. <\/p>\n
Se cuestiona el que se haya reconocido como mejora la construcci\u00f3n de una callejuela en material crudo de r\u00edo, por cuanto, a voces de la censora, ya exist\u00eda inclusive antes de la suscripci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa entonces suscrito entre las partes, documento en donde qued\u00f3 consignada al momento de establecerse los linderos del predio objeto del referido contrato. <\/p>\n
Ese cuestionamiento, lejos de estar vedado como lo pregona la contraparte, si puede ser abordado por el juzgador de instancia, habida cuenta que el haber guardado silencio la recurrente al momento de corr\u00e9rsele traslado del incidente promovido, no coarta dicho estudio, en la medida en que la resistencia planteada disputa la existencia de una de las mejoras reconocidas y el labor\u00edo probatorio tendiente a demostrarlo, es de exclusivo resorte del extremo suplicante. <\/p>\n
Al respecto, mem\u00f3rese entonces que el tr\u00e1mite incidental impetrado debe su existencia al proceso declarativo de resoluci\u00f3n de contrato que en su oportunidad se ventil\u00f3 ante el juzgado de primer grado, fincado este \u00faltimo en la promesa de compraventa celebrada entre los aqu\u00ed involucrados el d\u00eda 08 de marzo de 2011 sobre un lote de terreno de 40.000 mts2 de extensi\u00f3n, inmerso en el predio de mayor extensi\u00f3n denominado La Esperanza, ubicado en la vereda Sirivina, jurisdicci\u00f3n del municipio de Yopal. <\/p>\n
Frente a aqu\u00e9l, los contratantes consignaron como lindero oriente \u201cEn 586.48 metros lineales colinda con terrenos de ESPERANZA MARI\u00d1O, callejuela privada al medio.\u201d (\u2026) <\/p>\n
Esa precisa circunstancia, se advierte desde ya, no mereci\u00f3 juicio de valor alguno por parte del juzgador al momento de indagar por la existencia de la mejora suplicada, limitando su an\u00e1lisis a la prueba testimonial recaudada y a la experticia adosada con el escrito introductor, por manera que basta con acudir al contenido del documento contractual para establecer que la mejora reclamada no es tal, pues para el momento de su suscripci\u00f3n la callejuela ya exist\u00eda. Y no se diga que la prueba testimonial permite establecer lo contrario, por cuanto si bien los deponentes coincidieron en se\u00f1alar que la construcci\u00f3n de la callejuela fue efectuada por orden directa del se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente R\u00edos, aqu\u00ed incidentante, f\u00edjese como su poder demostrativo se esfuma ante la declaraci\u00f3n vertida en documento y avalada directamente por las partes, en donde aquellos reconocieron expresamente su existencia; menos a\u00fan son de recibo las explicaciones brindadas en esta instancia por los promotores del asunto al predicar la inexistencia de la callejuela al amparo de que se proyectaba su construcci\u00f3n en un futuro cercano, pues aunado a que ello no se refleja en la promesa de venta ni en el escrito de s\u00faplica de regulaci\u00f3n de mejoras, ning\u00fan sentido tendr\u00eda que las partes dieran fe de lo inexistente. <\/p>\n
Con lo hasta aqu\u00ed brevemente expuesto, el reproche enrostrado tiene asidero y por tanto se proceder\u00e1 m\u00e1s adelante a efectuar la modificaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
Ahora bien, echa de menos la recurrente el que para predicar la existencia de las mejoras implantadas en el fundo, no se haya aportado prueba documental alguna que d\u00e9 cuenta de la compra de materiales de construcci\u00f3n, pago de mano de obra y el origen de los dineros destinados para tal fin. <\/p>\n
Para la Sala, no existiendo tarifa legal para demostrar la existencia de las mejoras demandadas y por tanto, imperando la libertad probatoria, la ausencia de la prueba documental echada de menos no conlleva al fracaso maquinal de su reconocimiento, en la medida en que, deducciones no atacadas y por tanto indemnes, hacen relaci\u00f3n con que tanto los testigos como la experticia arrimada confirmaron la existencia f\u00edsica de las mejoras implantadas en el fundo; asimismo, los primeros fueron claros y concisos en se\u00f1alar que los se\u00f1ores Diana Lucero Mari\u00f1o Bernal y Jos\u00e9 Vicente Rios Lopez fueron los autores de su construcci\u00f3n, luego su existencia y promotores de la mismas son circunstancias plenamente acreditadas con el recaudo probatorio, cumpliendo as\u00ed la parte incidentante con la carga demostrativa endilgada, por virtud de las reglas procesales que gobiernan el asunto. <\/p>\n
Tampoco es viable cuestionar su existencia a partir de que, a juicio de la inconforme, no se haya allegado permiso de la administraci\u00f3n municipal para efectuar las construcciones reconocidas, habida cuenta que ello no es presupuesto necesario para su reconocimiento y, en cualquier caso, aunado a no existir prueba alguna que permita calificar de ilegales las construcciones efectuadas sobre el inmueble, eventuales sanciones administrativas no son del resorte del presente asunto. <\/p>\n
Respecto del juramento estimatorio precis\u00f3: <\/p>\n
Con lo dicho, revisado el libelo introductor encuentra la Sala que el juramento estimatorio echado de menos si fue prestado en su oportunidad por los incidentantes, por cuanto aunado a que en las pretensiones se estim\u00f3 el valor de las mejoras implantadas, su pedimento fue respaldado con la experticia aportada, la cual contiene la respectiva discriminaci\u00f3n y aval\u00fao, luego ninguna falencia se detecta. <\/p>\n
En consecuencia, siendo que la recurrente no objet\u00f3 la cuant\u00eda en su debida oportunidad, esto es, dentro del traslado del incidente iniciado en su contra, oportunidad en la que se memora, guard\u00f3 absoluto silencio, la consecuencia de su desidia consiste en que aquella se constituye como plena prueba del monto de las mejoras reclamadas, sin que, valga acotar, advierta la Sala alguno de los supuestos contemplados por la norma procesal citada para que el fallador de primer grado, de manera oficiosa se viera en la necesidad de decretar pruebas adicionales. <\/p>\n
En suma, pretende la recurrente quebrar la decisi\u00f3n, planteando discusiones encaminadas a minar las conclusiones de la experticia allegada como parte integrante del juramento estimatorio, inquietudes que debi\u00f3 formular en su debida oportunidad, repudiando ahora la consecuencia legal de su abstenci\u00f3n, luego su resistencia no prospera. <\/p>\n
Y sobre el valor de las mejoras, adujo: <\/p>\n
Con lo andado, resta entonces modificar lo atinente al valor total de las mejoras reconocidas en primera instancia, atendiendo el deber de exclusi\u00f3n del costo de construcci\u00f3n de la callejuela, as\u00ed como la extensi\u00f3n de la condena hasta la fecha de esta sentencia, esto \u00faltimo conforme lo establecido en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 283 del cgp\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia cuestionada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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