STC6087-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6087-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01922-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 19 de octubre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Rub\u00e9n Villamizar Molina contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2021-01219. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 16 de abril de 2021 la fiscal\u00eda le imput\u00f3 los delitos de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en concurso con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas o municiones de uso restringido y privativo de las fuerzas armadas\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, posteriormente, lleg\u00f3 a un preacuerdo con el ente persecutor consistente en que, \u00abse modificaba la calificaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb, suprimi\u00e9ndose el delito de \u00abporte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas\u00bb atendiendo el precedente judicial que refiere que, por sus caracter\u00edsticas, una de las armas que le fueron incautadas no pod\u00eda definirse como tal, sino como una \u00abconvencional de defensa personal\u00bb. <\/p>\n
Narr\u00f3 que, el 30 de agosto de 2021, se present\u00f3 el mencionado preacuerdo ante el Juez Primero Penal del Circuito de Los Patios, quien declar\u00f3 su falta de competencia para tramitarlo, con fundamento en que, una de las armas incautadas, por contar con un proveedor de 15 cartuchos, deb\u00eda considerarse necesariamente como \u00abde uso privativo de las fuerzas armadas\u00bb \u2013 conforme el art\u00edculo 11 del decreto 2535 de 1993 \u2013, delito cuya competencia radica en los jueces penales del circuito especializados, por lo que el juez decidi\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n a esos despachos, determinaci\u00f3n que fue impugnada \u00fanicamente por su defensor. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el 8 de septiembre de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta al definir la competencia del asunto, ratific\u00f3 lo dispuesto por el juez penal del circuito, es decir, confirm\u00f3 que el conocimiento del proceso recae en los juzgados penales especializados. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 esta \u00faltima decisi\u00f3n por cuanto, seg\u00fan lo aleg\u00f3, el tribunal para resolver sobre la competencia \u00abignor\u00f3 por completo los argumentos de oposici\u00f3n de la defensa\u00bb relacionados con que, para establecer si el arma es o no de uso privativo, la caracter\u00edstica relevante es la medida del calibre, que para el caso era inferior a \u00ab9.652 mm (38 pulgadas)\u00bb. Agreg\u00f3 que, tampoco se efectu\u00f3 un an\u00e1lisis del dictamen de bal\u00edstica el cual resultaba pertinente. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que existen precedentes de la Corte Suprema de Justicia (auto del 12 de agosto de 1997, rad. 13340 entre otros) en los que se indican que, el decreto 2532 de 1993 \u00ab[debe] ser mirado en todo su contexto, especialmente los art\u00edculos 8 y 11, en el sentido que las armas de uso privativo, son armas de guerra de las fuerzas militares [\u2026] deben tener un calibre m\u00ednimo de 9.625 mm [\u2026] y ser autom\u00e1ticas, las ser\u00e1n armas de defensa personal y no privativas sin importar el n\u00famero de cartuchos\u00bb; pronunciamientos que se omitieron a la hora de resolver. <\/p>\n
Finalmente, adujo que, teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales aludidos, se le est\u00e1 juzgando \u00abpor un delito que no cometi\u00f3, haciendo m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se revoquen \u00ab(\u2026) las providencias proferidas por el Juez Primero Penal del Circuito de Los Patios [\u2026] y el Tribunal Superior, Sala Penal, de C\u00facuta, ordenando asumir el proceso al Juzgado Penal del Circuito de Los Patios (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta indic\u00f3 que, en efecto, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Penal del Circuito de Los Patios en cuanto a declarar su falta de competencia para continuar el conocimiento del proceso que se adelanta contra Villamizar Molina en tanto le corresponde a los juzgados penales especializados, a donde fueron remitidas las diligencias. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios relacion\u00f3 lo acontecido en la causa penal en cuesti\u00f3n; y, de lo ocurrido en la audiencia del 30 de agosto de 2021 indic\u00f3 que, tras declarar la falta de competencia para asumir el conocimiento, dicha decisi\u00f3n fue \u00fanicamente refutada por la defensa, siendo confirmada por el tribunal. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 128 Especializada de la Direcci\u00f3n Nacional contra Organizaciones Criminales de C\u00facuta sostuvo que la decisi\u00f3n atacada fue razonable, pues, para la verificaci\u00f3n de las caracter\u00edsticas del arma incautada, se realiz\u00f3 la valoraci\u00f3n de la misma de conformidad con el \u00abart\u00edculo 47 del decreto 2535 de 1993\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 90 Judicial II Penal de C\u00facuta, solicit\u00f3 se declare la improcedencia de la acci\u00f3n ya que, los planteamientos que trae el quejoso, deben plantearse \u00abdentro [\u2026] del proceso, el cual, a\u00fan se encuentra en curso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado del querellante reiterando los argumentos del escrito inicial; as\u00ed mismo, refut\u00f3 el fallo de la Sala a quo dado que, \u00absi bien es cierto que el proceso penal [\u2026] est\u00e1 vigente, no es menos cierto que se present\u00f3 un preacuerdo que daba por terminado de manera anticipada el proceso\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que suscribir un nuevo preacuerdo implicar\u00eda hacerlo respecto del delito de porte de armas de uso restringido y privativo de las fuerzas armadas que representar\u00eda una pena mayor y no tendr\u00eda derecho a beneficios punitivos y\/o administrativos como la prisi\u00f3n domiciliaria o el permiso de 72 horas, y \u00absi nos vamos a juicio, lo m\u00e1s seguro ser\u00eda una condena con un m\u00ednimo de once a\u00f1os y si en el proceso demostr\u00e1ramos la teor\u00eda del caso de la defensa que el arma no es de uso privativo sino convencional [\u2026] la pena ser\u00eda m\u00ednimo de nueve a\u00f1os [\u2026] lo que ser\u00eda un grave perjuicio y un desgaste de la justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente demanda satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron la garant\u00eda denunciada por el actor al radicar la competencia del proceso penal que se le adelanta (n\u00ba 2021-01219) en los juzgados penales del circuito especializados, por involucrar el delito de \u00abporte de armas de fuego, accesorios y municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas\u00bb, incurriendo en v\u00eda de hecho, supuestamente, por desconocimiento de precedentes jurisprudenciales que precisan las caracter\u00edsticas que determinan el tipo de arma y cu\u00e1les son aqu\u00e9llas que deben ser consideradas de uso privativo de las fuerzas armadas. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el presupuesto de la subsidiariedad comprende que los reproches frente a cualquier presunta irregularidad de \u00edndole procesal endilgables al operador jur\u00eddico, deben y pueden seguir siendo propuestos en las oportunidades contempladas legalmente y a trav\u00e9s de los medios o instrumentos de defensa previstos por el ordenamiento jur\u00eddico si la causa judicial cuestionada est\u00e1 cursando. <\/p>\n
En tal sentido, frente a concretos casos en los que el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
Y sobre dicho principio, esta Sala indic\u00f3. <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Al margen del problema jur\u00eddico planteado por el quejoso, la Sala ratificar\u00e1 el fallo de primer grado por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la a quo, al encontrarse el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde el promotor del amparo debe hacer valer las prerrogativas que estima afectadas. <\/p>\n
De manera que, los cuestionamientos respecto de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica otorgada a uno de los il\u00edcitos que le fue imputado, bien puede proponerlos ante el juez que avoque el conocimiento de la actuaci\u00f3n en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n que, de acuerdo con el art\u00edculo 339 del estatuto procedimental penal \u2013 Ley 906 de 2004 \u2013, se muestra como el escenario propicio para los debates relacionados con la competencia, \u00ab(\u2026) impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusaci\u00f3n, si no re\u00fane los requisitos establecidos en el art\u00edculo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato\u00bb, pero no la v\u00eda tutelar que ahora utiliza que, como en reiteradas ocasiones se ha indicado, no fue instituida para desplazar al juzgador de la causa dado su indiscutido car\u00e1cter residual. <\/p>\n
Se insiste, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada, es necesario el agotamiento de todos los instrumentos de defensa al interior del juicio, lo que para el caso no se ha cumplido, pues independientemente de la discusi\u00f3n sobre la competencia, subsisten las oportunidades procesales para plantear las inconformidades frente a la tipificaci\u00f3n de las conductas e incluso para desvirtuarlas. <\/p>\n
Ha sido postura definida y reiterada de la Sala, que no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en los litigios en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores. <\/p>\n
Finalmente, aunque el actor, por intermedio de su apoderado, en el escrito impugnatorio afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n aqu\u00ed atacada no solo le cercen\u00f3 la posibilidad de preacordar, sino que, seg\u00fan su particular comprensi\u00f3n, podr\u00eda representarle una sanci\u00f3n mayor a la inicialmente consensuada con el ente acusador (considerando el quantum punitivo para el delito de \u00abporte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas\u00bb, el que asever\u00f3 no haber cometido), dicha manifestaci\u00f3n no es de recibo ni suficiente para justificar la interposici\u00f3n del resguardo pues, corresponde a una especulaci\u00f3n frente a determinaciones y situaciones procesales a\u00fan no acaecidas, es decir, respecto de la aprobaci\u00f3n o no del preacuerdo en los t\u00e9rminos inicialmente estipulados y de la sentencia, en el evento de proseguir con el juicio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Deviene improcedente el resguardo si el proceso penal se encuentra en curso, dado que el actor cuenta con instrumentos al interior del mismo para procurar la defensa de sus derechos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 3 de mayo de 2022. \u2013 Ingreso al despacho del ponente el 6 de mayo de 2022. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6087-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC6087-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01922-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63646","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63646","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63646"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63646\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63646"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63646"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63646"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}