STC6088-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6088-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 70001-22-14-000-2022-00002-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo el 26 de enero de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Mario Mendoza Bustillo contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2018-00305. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, y de la ni\u00f1ez, presuntamente vulnerados por el despacho convocado en el tr\u00e1mite y definici\u00f3n del pleito alimentario antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que bajo un mismo radicado se adelantan los procesos de fijaci\u00f3n de alimentos y ejecutivo de estos, situaci\u00f3n que ha generado \u00abconfusi\u00f3n\u00bb en el pago de las cuotas causadas a favor de su menor hija, al punto que \u00abno se pueden reclamar los t\u00edtulos desde el mes de agosto del 2021\u00bb,. <\/p>\n
Que adicionalmente, \u00abel 19 de noviembre del [2021] el juzgado profiri\u00f3 un fallo que no s\u00f3lo unifica los procesos y pone fin al ejecutivo de alimentos, sino tambi\u00e9n contradice lo emitido por el mismo despacho (\u2026), que goza de la fuerza de la cosa juzgada, hasta que una de las partes no solicite que se haga revisi\u00f3n de dicha sentencia\u00bb, y que pese a que tal \u00abequivocaci\u00f3n\u00bb la puso en conocimiento del juzgado \u00ablas comunicaciones han sido en vano\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene el pago inmediato de los t\u00edtulos consignados a fecha de hoy\u00bb y se oficie \u00aba la Procuradur\u00eda, Consejo Superior de la Judicatura (\u2026) para que verifiquen la actuaci\u00f3n de los funcionarios (\u2026)\u00bb, y \u00abse anule lo actuado desde el 19 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
Que el 19 de octubre de la misma anualidad se libr\u00f3 mandamiento de pago, decret\u00e1ndose \u00abel embargo y retenci\u00f3n del 25% del salario y dem\u00e1s prestaciones sociales a que tiene derecho la ejecutada\u00bb, y que el 19 de noviembre de 2021 se declar\u00f3 la \u00abterminaci\u00f3n por pago total de la obligaci\u00f3n, al verificarse que con los dineros reportados en la p\u00e1gina web del Banco Agrario de Colombia se cubr\u00eda la deuda, los intereses legales, agencias en derecho y cuotas causadas hasta octubre de 2021 inclusive\u00bb <\/p>\n
Que habi\u00e9ndose ordenado cancelar a favor del ejecutante los dep\u00f3sitos judiciales \u00abpendientes de pago hasta completar la suma de $14.875.591,44\u00bb, el juzgado debi\u00f3 esperar a resolver el recurso de reposici\u00f3n que interpuso la demandada \u00abcontra la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, lo cual tuvo lugar con \u00abauto del 1-12-21 notificado por estado del 7-12-21 y por \u00faltimo el 15-12-21 se resolvi\u00f3 memorial incoado por el ejecutante [por lo que] a la fecha [18 de enero de 2022] se encuentra emitida la orden de pago de los t\u00edtulos y cuotas a octubre de 2021 y el fraccionamiento de los restantes en el 25% del salario m\u00ednimo legal mensual vigente para el pago de los alimentos de noviembre, diciembre de 2021 y enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. El Defensor de Familia del ICBF \u2013 Centro Zonal Sincelejo, destac\u00f3 que por la naturaleza subsidiaria y excepcional de la tutela, deb\u00eda verificarse el cumplimiento y agotamiento de los requisitos generales para la procedencia de la acci\u00f3n, as\u00ed como la posibilidad de un \u00abhecho superado\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 162 Judicial II de Familia de la misma ciudad, conceptu\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n no debe prosperar [porque] la autoridad accionada (\u2026), expidi\u00f3 las providencias que resuelven las peticiones de[l] demandante dentro del proceso ejecutivo y de alimentos [y por tanto se configura] hecho superado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La colegiatura a-quo concedi\u00f3 parcialmente el auxilio, pues aunque advirti\u00f3 que frente a \u00abla pretensi\u00f3n del convocante de descargue de dep\u00f3sitos judiciales (\u2026) es pasible (\u2026) por otros cauces judiciales\u00bb, al estar comprometidos alimentos de un menor, y observar \u00abque [el actor] ha urgido en multiplicidad de ocasiones, desde el mes de noviembre de 2021, la imposibilidad de acceder [al pago de los dineros] recibiendo como responsiva que ya est\u00e1n autorizados los t\u00edtulos\u00bb, pero sin aportar \u00abfactor de convicci\u00f3n que respaldara su dicho\u00bb, deb\u00eda concederse el amparo, orden\u00e1ndole \u00abque en el plazo de tres (3) d\u00edas, realice todas las diligencias necesarias para que se materialice el pago de las cuotas alimentarias que se adeudan\u00bb. <\/p>\n
Empero, declar\u00f3 improcedente \u00abel petitum dirigido a la invalidaci\u00f3n de parte del decurso referenciado (\u2026), en atenci\u00f3n a que no est\u00e1 demostrado el agotamiento de los dispositivos ordinarios y extraordinarios de que disponer para tal fin\u00bb, as\u00ed como \u00abel deseo del promotor de que se llame desde este escenario particular, a los distintos entes administrativos y de control para la vigilancia del manejo de las pugna confutada (\u2026), comoquiera que bien puede acudir a las instancias disponibles para la activaci\u00f3n de los \u00e1mbitos jurisdiccionales en que se manejan esos organismos\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el pretensor del resguardo sin aducir argumento adicional alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero de Familia de Sincelejo, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, en tanto: (i) no ha materializado el pago de los dep\u00f3sitos judiciales por concepto de alimentos causados, y (ii) declar\u00f3 la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n radicada bajo el n\u00b0 2018-00305, cuando -en su sentir- no se reajust\u00f3 el monto de la cuota alimentaria y por tanto no se acredit\u00f3 el pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la presente queja y cotejados con la informaci\u00f3n que se desprende de las pertinentes piezas procesales, la Sala modificar\u00e1 el fallo impugnado, para: (i) revocar la estimaci\u00f3n del amparo relacionado con la mora judicial endilgada al accionado, por evidenciarse una carencia actual de objeto por hecho superado, y (ii) confirmar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio encaminado a censurar la terminaci\u00f3n del proceso, porque esa pretensi\u00f3n no satisface el requisito de la subsidiariedad conforme a lo que adelante se precisar\u00e1. <\/p>\n
3.1. Del hecho superado. <\/p>\n
Esta figura jur\u00eddica tiene lugar en relaci\u00f3n con la dilaci\u00f3n que el quejoso enrostr\u00f3 al querellado por no atender la petici\u00f3n sobre entrega de dep\u00f3sitos judiciales, pues aunque mediante prove\u00eddo del 19 de noviembre de 2021, as\u00ed lo dispuso sobre los t\u00edtulos que se encontraban a disposici\u00f3n del juzgado hasta cubrir el monto de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, y destin\u00f3 el restante para \u00abel pago de las cuotas de alimentos futuras\u00bb conforme a la tasaci\u00f3n realizada en la conciliaci\u00f3n surtida dentro de dicho asunto, tal disposici\u00f3n la reiter\u00f3 con auto del 24 de enero de 2022, data en la que, efectivamente, los dep\u00f3sitos por concepto de las mesadas causadas \u00abfueron cobrados (\u2026), quedando al d\u00eda la obligaci\u00f3n hasta el mes de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, al advertirse con los soportes allegados por el accionado al tribunal el 28 de enero de 2022, que la supuesta dilaci\u00f3n procesal fue corregida durante el curso de la presente reclamaci\u00f3n, el ruego tuitivo se muestra inviable al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Respecto de la figura jur\u00eddica en comento, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido se ha sostenido que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00324-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Por cuanto la acci\u00f3n tambi\u00e9n se enfil\u00f3 a reprochar la terminaci\u00f3n del ejecutivo porque, en criterio del demandante, la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito debi\u00f3 realizarse teniendo en cuenta un monto de cuota alimentaria distinto del all\u00ed indicado, el anunciado impedimento de procedibilidad se predica, en primer lugar, por incuria, como pasa a explicarse. <\/p>\n
El expediente digital del ejecutivo de alimentos da cuenta que con auto del 19 de noviembre de 2021, el juzgado modific\u00f3 la operaci\u00f3n contable correspondiente a las cuotas e intereses causados, para aprobarla por la suma de \u00ab$6.647.410,56\u00bb, comoquiera que los intereses eran los legales y no los se\u00f1alados por el demandante. <\/p>\n
Seguidamente, al notar que a partir del acuerdo conciliatorio acogido en audiencia celebrada dentro de la ejecuci\u00f3n, el valor de la nueva mesada refer\u00eda a \u00abun 25% del salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb, procedi\u00f3 a realizar los ajustes respectivos a la liquidaci\u00f3n \u00abdesde noviembre de 2019 a noviembre de 2021\u00bb, y agregando las agencias en derecho tasadas por la condena en costas a cargo de la ejecutada, estableci\u00f3 que la deuda ascend\u00eda a \u00ab$7.811.513,55\u00bb. <\/p>\n
En la misma providencia, el juzgado verific\u00f3 los reportes de dep\u00f3sitos judiciales expedidos por el Banco Agrario de Colombia, y tras descontar los \u00ababonos\u00bb realizados para el proceso de alimentos, orden\u00f3 entregar dichos t\u00edtulos a favor del se\u00f1or Mendoza Bustillo \u00abhasta completar la suma de $14.875.591,44\u00bb, precisando que \u00abel valor restante $1.567.202,56 se utilizar\u00e1 para el pago de las cuotas de alimentos futuras\u00bb, atendiendo la tasaci\u00f3n realizada en noviembre de 2018. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, la autoridad accionada estableci\u00f3 que saldada la totalidad de la obligaci\u00f3n que motiv\u00f3 la ejecuci\u00f3n, esta deb\u00eda declararse terminada y as\u00ed lo dispuso en la misma providencia, no sin antes dejar claro que al tenor del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, para levantar las cautelas se deb\u00eda garantizar \u00abel pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes\u00bb, y en tales condiciones resolvi\u00f3 decretar \u00abmodificar la medida de embargo del 25% del salario devengado por la ejecutada en calidad de empleada de la empresa Corporaci\u00f3n Microempresas de Colombia (\u2026) y mant\u00e9ngase en el 25% del salario m\u00ednimo legal mensual vigente acordado en audiencia de alimentos de fecha 9 de noviembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, siendo la anterior determinaci\u00f3n uno de los motivos de la actual inconformidad del tutelante, el expediente igualmente evidencia que en su contra no interpuso recurso de reposici\u00f3n, omisi\u00f3n esta que ri\u00f1e con la naturaleza subsidiaria y residual del resguardo invocado, pues a este solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los dem\u00e1s medios que se hallan a disposici\u00f3n del interesado, ya que de otra manera se convertir\u00eda en uno adicional para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la que aqu\u00ed se discute. <\/p>\n
En segundo lugar, el requisito de la subsidiariedad tambi\u00e9n se manifiesta en este caso por la existencia de otro medio de defensa judicial, consistente en acudir al juez de la causa para obtener el reajuste de la cuota alimentaria a favor de la adolescente que representa, demostrando para ello la variaci\u00f3n en la capacidad econ\u00f3mica de la obligada a proporcionar dicha prestaci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese que si la tasaci\u00f3n criticada se hizo sobre el salario m\u00ednimo legal porque en su momento la demandada se encontraba \u00abcesante\u00bb, en caso de que sus ingresos hayan mejorado en raz\u00f3n a su posible vinculaci\u00f3n laboral, esa circunstancia posibilita la apertura de un aumento de la cuota alimentaria y para ventilar tal pretensi\u00f3n la ley ha previsto un escenario jur\u00eddico breve y sumario cuya competencia y tr\u00e1mite lo se\u00f1alan los art\u00edculos 21-7 y 392 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por lo antedicho, la jurisprudencia de esta Sala reitera la improcedencia de la tutela para tratar tem\u00e1ticas para las cuales el interesado ha contado y a\u00fan tiene a su disposici\u00f3n instrumentos ordinarios cuya idoneidad y eficacia no admiten reproche, en tanto el juez del amparo no puede arrogarse facultades que no le corresponden para decidir lo que le compete a otro, al precisar que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC17367-2021, 15 dic. 2021, rad. 00811-01). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Ahora, frente a la posibilidad de conceder la tutela para prevenir un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se haya esgrimido y menos que se hubiera probado, la configuraci\u00f3n de las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, comoquiera que para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01, citada, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01, entre otras). <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en el caso particular esos elementos determinantes no fueron acreditados, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n de compulsa de copias para que se investigue disciplinariamente a la funcionaria cognoscente, pues sobre el punto la Corte ha dicho que quien estime \u00abque alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias [ya que] en relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, citada, entre otras, en STC8043-2019, 19 jun. 2019, rad. 00063-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se impone modificar el fallo de primer grado, para en su lugar: (i) revocar la concesi\u00f3n del auxilio relacionado con la mora judicial frente al pago de dep\u00f3sitos judiciales, toda vez que tal situaci\u00f3n evidencia una carencia actual de objeto por hecho superado, y (ii) confirmar la improcedencia del amparo encaminado a quebrantar la terminaci\u00f3n del proceso, precisando que en raz\u00f3n a las circunstancias descritas para dicha censura, tal pretensi\u00f3n no alcanza a superar el requisito de la subsidiariedad en las modalidades explicadas por esta Corporaci\u00f3n. Por \u00faltimo, tampoco se configuran las exigencias para que proceda la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, MODIFICA el fallo impugnado, y en su lugar RESUELVE: <\/p>\n
Primero: REVOCAR los numerales 1\u00ba y 2\u00ba, mediante los cuales el tribunal hab\u00eda dispuesto la concesi\u00f3n parcial del amparo y la orden para su cumplimiento. <\/p>\n
Segundo: CONFIRMAR el numeral 3\u00ba que declar\u00f3 la improcedencia de la tutela dirigida a declarar la invalidez de lo actuado, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6088-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6088-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 70001-22-14-000-2022-00002-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63647","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63647","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63647"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63647\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63647"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63647"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63647"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}