STC6090-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6090-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00154-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 21 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Adriana Marcela y Cristian Andr\u00e9s Pinz\u00f3n Ni\u00f1o, y, Claudia Patricia Ni\u00f1o Guar\u00edn contra la Superintendencia de Sociedades \u2013Intendencia Regional de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de insolvencia n\u00ba 2019-06-006957. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en su propio nombre, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis relataron que, mediante promesa de compraventa celebrada el 24 de junio de 2015 con la Constructora Ni\u00f1o SAS, adquirieron los apartamentos 403 y 604 del conjunto residencial Rialto Condominio PH, y aunque el pago acordado fue cancelado en su totalidad, \u00abnunca logramos nos fueron escriturados\u00bb, raz\u00f3n por la cual, iniciaron en contra de aqu\u00e9lla proceso verbal que se sigui\u00f3 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga con radicado n\u00b0 2018-00290, el que se decidi\u00f3 de fondo con sentencia del 1\u00b0 de octubre de 2019, declarando resuelto los contratos. <\/p>\n
Refirieron que, como la citada constructora fue acogida en proceso de liquidaci\u00f3n judicial, y \u00abno existe duda alguna en cuanto hace relaci\u00f3n a que la promesa de contrato haya sido v\u00e1lidamente celebrada y se tenga certeza de su otorgamiento\u00bb, sus obligaciones deben ser tenidas por la Superintendencia como \u00abun cr\u00e9dito privilegiado de segunda clase\u00bb, y no de \u00ab5 clase u postergado\u00bb como se decidi\u00f3 al interior del concurso. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidieron que se \u00abdecrete la nulidad del fallo proferido por la superintendencia de sociedades dentro de las actuaciones que aqu\u00ed se transmite (sic)\u00bb y, en consecuencia, \u00abse tengan como PRIVILEGIADOS DE SEGUNDA CLASE, la totalidad de las sumas pagadas por nosotros como PROMITENTES COMPRADORES, a la sociedad en liquidaci\u00f3n\u00bb, para entonces, \u00aborden[ar] el pago de los valores pactados y pagados se\u00f1alados en las promesa[s] de compraventa que obra al (sic) expediente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
2. La Juez Segunda Civil del Circuito de la misma localidad refiri\u00f3 que, all\u00ed se adelant\u00f3 proceso verbal de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa a instancia de solicitud presentada por los tutelantes, que se defini\u00f3 de fondo el 1\u00b0 de octubre de 2019, declarando resuelto los contratos suscritos con la Constructora Ni\u00f1os SAS y ordenando a \u00e9sta devolver a los demandantes el precio pagado, asunto que se encuentra archivado desde el 21 de enero desde el 2020, de tal manera que considera no haber vulnerado las garant\u00edas superiores de aqu\u00e9llos. <\/p>\n
3. La representante legal de Estilo Ingenier\u00eda SA se\u00f1al\u00f3 que, comparte la decisi\u00f3n tomada por el Intendente de la Superintendencia de sociedades el d\u00eda 25 de noviembre de 2021, respecto a la calificaci\u00f3n de las acreencias en el caso de la liquidaci\u00f3n judicial ordinaria de la CONSTRUCTORA NI\u00d1O S.A.S.\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abentendemos que si el despacho decreta la nulidad del fallo proferido por la Superintendencia de Sociedades y en efecto se determina tener como cr\u00e9ditos privilegiados de segunda clase la totalidad de las sumas pagadas por la parte actora a la sociedad en liquidaci\u00f3n, se afectar\u00eda el proyecto de pagos dentro de la liquidaci\u00f3n judicial ordinaria de la CONSTRUCTORA NI\u00d1O S.A.S. y en ese sentido, se afectar\u00eda la sociedad a la que represento\u00bb. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa entidad de las presentes diligencias por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que los interesados no han presentado petici\u00f3n alguna frente a la entidad y lo reclamado por \u00e9stos \u00abno puede ser atendido por esta administradora, por no resultar de su competencia administrativa y funcional\u00bb. <\/p>\n
5. La Secretaria de Hacienda Municipal de Bucaramanga tambi\u00e9n peticion\u00f3 apartar a esa entidad del tr\u00e1mite constitucional, habida cuenta que \u00absolo tiene la calidad de acreedor por lo que nos atenemos a las decisiones legales y judiciales que se tomen dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n al que hace referencia el (sic) accionante (sic) en su escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
6. Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros SA pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, en raz\u00f3n a que \u00abno est\u00e1 legitimada por activa para dar una respuesta de fondo frente a la decisi\u00f3n de graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos se\u00f1alados por los accionantes, toda vez que las decisiones administrativas dentro de las liquidaciones de empresas son de competencia \u00fanica y exclusiva de la Superintendencia de sociedad (sic)\u00bb. <\/p>\n
7. La gerencia regional Bucaramanga de EPS Sanitas SA puso de presente que, \u00abNO EXISTE AFILIACI\u00d3N ACTIVA\u00bb de los interesados en la compa\u00f1\u00eda, raz\u00f3n por la cual carece de inter\u00e9s para pronunciarse dentro del amparo. <\/p>\n
8. El representante legal de Almacenes Corona SAS manifest\u00f3 que, \u00abno me consta ninguno de los hechos en los que se fundamenta la acci\u00f3n de tutela de la referencia, los cuales tienen relaci\u00f3n con un negocio jur\u00eddico entre los accionantes y la CONSTRUCTORA\u00bb, quien en el pasado fue su cliente. <\/p>\n
9. La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga atest\u00f3 que, al revisar los archivos y dem\u00e1s controles existentes en la Divisi\u00f3n de Recaudo y Cobranzas, se evidenci\u00f3 que en su oportunidad se adelant\u00f3 proceso administrativo de cobro coactivo a la Constructora Ni\u00f1o SAS por obligaciones fiscales pendientes de cobro, por lo que ante la comunicaci\u00f3n de la admisi\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n, la entidad se hizo parte en el proceso concursal con la presentaci\u00f3n del \u00abcr\u00e9dito correspondiente a sanci\u00f3n independiente el a\u00f1o 2020\u00bb. <\/p>\n
10. El curador ad litem designado para representar los intereses de los acreedores vinculados a la acci\u00f3n de tutela y que fueron emplazados, manifest\u00f3 que \u00abme atengo a lo que resulte probado dentro de (sic) tr\u00e1mite tutelar, siempre que se protejan los derechos fundamentales de mis representados y de las partes e intervinientes, y en la medida en que estos (sic) resulten afectados\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga deneg\u00f3 la salvaguarda al considerar razonable la decisi\u00f3n atacada por los accionantes, proferida por la Superintendencia de Sociedades \u2013Intendencia Regional Bucaramanga, tras advertir que los argumentos expuestos por \u00e9sta en el prove\u00eddo que calific\u00f3 y aprob\u00f3 la graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos \u00abno resultan desbordados, ni caprichosos; por el contrario, est\u00e1n acordes con la informaci\u00f3n que obra en el expediente concursal. En realidad el t\u00edtulo ejecutivo que funda la creencia de los accionantes no es el contrato de promesa de compraventa que suscribieron con la CONSTRUCTORA NI\u00d1O S.A.S., sino la sentencia judicial que declar\u00f3 resuelto el referido negocio jur\u00eddico y conden\u00f3 a la entidad a restituir el dinero a ella cancelado\u00bb, m\u00e1s aun cuando \u00abla acci\u00f3n de tutela no es una segunda instancia para entrar a determinar si la decisi\u00f3n judicial que motiv\u00f3 la tutela fue correcta o no, menos a\u00fan, como lo pretende (sic) el (sic) accionante (sic), entrar a dejar sin efecto una decisi\u00f3n (\u2026) para proferir una nueva favorable a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por los actores con la decisi\u00f3n del 25 de noviembre de 2021 dentro del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de los bienes de la sociedad Constructora Ni\u00f1o SAS con radicado n\u00ba 2019-06-000964, con la cual se decidi\u00f3 calificar y graduar sus acreencias como de quinta clase. <\/p>\n
2. La acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
En el supuesto que analiza la Sala, no logra advertirse que la determinaci\u00f3n adoptada por la Superintendencia de Sociedades el 25 de noviembre del a\u00f1o pasado que, entre otros, aprob\u00f3 la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos en el juicio de insolvencia de la sociedad Constructora Ni\u00f1o SAS, donde se reconocieron las acreencias de las gestores del amparo como de quinta categor\u00eda, se traduzca en la transgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, toda vez que, fue resultado de una respetable hermen\u00e9utica del contexto procesal y adecuada aplicaci\u00f3n de la normativa espec\u00edfica. <\/p>\n
As\u00ed, en lo que es objeto puntual de reproche, el Intendente Regional de Bucaramanga de la Superintendencia accionada, luego de desestimar las objeciones presentadas por los aqu\u00ed interesados frente al proyecto de calificaci\u00f3n y cr\u00e9ditos presentado por la liquidadora, resolvi\u00f3 que frente a las obligaciones reconocidas a Claudia Patricia Ni\u00f1o Guar\u00edn ($230.193.000 por sentencia judicial y $6.666.666 costas judiciales), Cristian Andr\u00e9s Pinz\u00f3n Ni\u00f1o ($51,993,000 por sentencia judicial y $6.666.666 costas judiciales), y, Adriana Marcela Pinz\u00f3n Ni\u00f1o ($51,993,000 por sentencia judicial y $6.666.666 costas judiciales), \u00abEstos acreedores seguir\u00e1n calificados y graduados en quinta clase (\u2026) y solo se pagar\u00e1n hasta tanto se pague la totalidad del pasivo no postergado\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, tras destacar, en lo fundamental, que a diferencia de lo considerado por los inconformes, esas obligaciones no nacen directamente de los contratos de promesa que fueron suscritos con la Constructora Ni\u00f1o SAS, sino del fallo proferido el 1\u00b0 de octubre de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga dentro del proceso declarativo por \u00e9stos adelantados contra aqu\u00e9lla con radicado n\u00b0 2018-00209, donde se resolvieron los mencionados convenios celebrados el 24 de junio de 2015 con la sociedad concursada, en relaci\u00f3n con los apartamentos 604 y 403 del conjunto residencial Rialto condominio PH de esa localidad, y en consecuencia, se orden\u00f3 el pago de las restituciones mutuas correspondientes, sin que lo all\u00ed decidido pueda ser desconocido por el liquidador ni el juez concursal, porque esa sentencia pas\u00f3 a constituir el t\u00edtulo a favor de los acreedores. <\/p>\n
De ah\u00ed que, entonces, para la Superintendencia las obligaciones reconocidas dentro del concurso no son las originalmente existentes en los contratos de promesa, como lo entienden los precursores de la s\u00faplica, sino las surgidas con ocasi\u00f3n del juicio por ellos adelantado frente a la sociedad incumplida (sentencia judicial y costas judiciales). <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la citada motivaci\u00f3n no constituye una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, en tanto corresponde a una interpretaci\u00f3n razonable de la regulaci\u00f3n aplicable al caso, lo que descarta el desafuero jur\u00eddico denunciado que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, aunque se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, <\/p>\n
Adicionalmente, las deducciones recriminadas a la Superintendencia en este caso no pueden ser desaprobadas de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1[n] demostrado[s] [los] defecto[s] apuntado[s] en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Es que, es evidente que el prop\u00f3sito de los tutelantes no es otro que el de anteponer su criterio al de la autoridad cuestionada y atacar el pronunciamiento que, de manera concreta, no atendi\u00f3 su inter\u00e9s encaminado a que se ordenara recalificar nuevamente sus cr\u00e9ditos como pasivos privilegiados de segundo grado, finalidad que, se insiste, le resulta ajena a este auxilio que no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que los jueces ordinarios, que sin arbitrariedades, en su leg\u00edtimo entendimiento, asuman frente a determinada situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, por cuanto la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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