STC6091-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6091-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00494-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Ana Mercedes Barreto G\u00f3mez frente al fallo proferido el 17 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Superintendencia de Sociedades, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, \u00abacceso a la justicia\u00bb, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, \u00abbuen nombre\u00bb, \u00ablibertad de empresa\u00bb, \u00ablibertad de oficio\u00bb, igualdad, \u00abpropiedad privada\u00bb, \u00abdivisi\u00f3n de poderes\u00bb, as\u00ed como de los principios de legalidad y primac\u00eda de la constituci\u00f3n, presuntamente conculcados por la autoridad acusada al no acceder a su solicitud de exclusi\u00f3n, como intervenida, en el curso de la actuaci\u00f3n fustigada. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, en concreto, se \u00abdejen sin efectos los numerales del auto [en el] que negaron [su] exclusi\u00f3n\u00bb y se ordene a la Superintendencia atacada \u00abemitir una nueva decisi\u00f3n en la que acceda a [ella]\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. El 20 de septiembre de 2016 la Superintendencia encausada resolvi\u00f3 someter a su control a ABC for Winners SAS; el 29 de agosto de 2017 orden\u00f3 a \u00e9sta la suspensi\u00f3n inmediata de sus operaciones de captaci\u00f3n masiva no autorizada de dineros del p\u00fablico; y el 14 de noviembre posterior decret\u00f3 su intervenci\u00f3n judicial, con toma de posesi\u00f3n, as\u00ed como la de las personas naturales que all\u00ed relacion\u00f3, \u00abdada su calidad de accionistas o ex accionistas, miembros o ex miembros de junta directiva, revisores fiscales o ex revisores fiscales, durante el periodo de captaci\u00f3n\u00bb, entre ellas, la aqu\u00ed accionante, de acuerdo con el art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 4334 de 2008. <\/p>\n
2.2. La quejosa deprec\u00f3 su exclusi\u00f3n de tal actuaci\u00f3n, solicitud a la que, tras denegar el decreto de algunas de las pruebas pedidas por \u00e9sta (con determinaciones del 29 de marzo, 15 de abril y 27 de mayo de 2021), no accedi\u00f3 la Superintendencia convocada, manteniendo su decisi\u00f3n con posterioridad (en audiencias que adelant\u00f3 del 25 de junio al 19 de julio de 2021). <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en lo medular, la actora critic\u00f3 que con esas determinaciones la acusada incurri\u00f3 en defectos org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico, sustancial, por error inducido, de carencia de motivaci\u00f3n, de desconocimiento de los precedentes, violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n e inadecuada valoraci\u00f3n normativa. <\/p>\n
Sostuvo que se mantuvo su intervenci\u00f3n a pesar de que la misma se produjo con fundamento en una investigaci\u00f3n respecto de un tercero (ABC for Winners SAS) a la que, sumado a que no se demostr\u00f3 la captaci\u00f3n enrostrada, nunca se le vincul\u00f3, cercen\u00e1ndole el ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n, aunado a que se impidi\u00f3 \u00abel tr\u00e1mite de los recursos de apelaci\u00f3n\u00bb propuestos por su apoderada judicial. <\/p>\n
Asever\u00f3 que acredit\u00f3 la falta de veracidad de la supuesta \u00abausencia de razonabilidad financiera\u2026 en la comercializaci\u00f3n de cartera representada en 105 t\u00edtulos valores, nunca tachados, redarg\u00fcidos, declarados falsos ni desconocidos por absolutamente nadie. As\u00ed mismo, la empresa ABC FOR WINNERS, se dedicaba al Factoring, figura legal en este pa\u00eds, y con todos los permisos legales\u00bb, de donde era inviable concluir que las actividades desarrolladas por la mentada sociedad encuadraban en los supuestos de captaci\u00f3n no autorizada, m\u00e1xime cuando no se definieron los supuestos hechos notorios, los sujetos de intervenci\u00f3n ni el periodo en que aquella se produjo, siendo evidente que las aparentes pruebas sobre ello \u00abfueron secretas\u00bb. <\/p>\n
Narr\u00f3 que a pesar de actuar con la mayor probidad como administradora y gerente comercial de ABC for Winners SAS, al igual que otros intervenidos, result\u00f3 enga\u00f1ada en su buena fe, al resultar participe de una disque aparente operaci\u00f3n l\u00edcita de factoring, en la que se compraban t\u00edtulos valores aut\u00e9nticos (pagar\u00e9s), cancelados con recursos sociales y que contaban con un medio de recaudo en las pagadur\u00edas de los deudores (libranzas); y que los censurados por la accionada exist\u00edan f\u00edsicamente y estaban reconocidos por los interventores auxiliares de la entidad, demostrada su autenticidad, trazabilidad, razonabilidad financiera, compra, pago, recibo, circulaci\u00f3n, recaudos y giros. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que tal actuaci\u00f3n fue abiertamente injusta, que el fallador acomod\u00f3 los hechos y resolvi\u00f3 sobre el decreto de pruebas de forma caprichosa, deneg\u00e1ndole la pr\u00e1ctica de la mayor\u00eda de las deprecadas, lo que le imposibilit\u00f3 defenderse adecuadamente. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Sociedades se opuso a la prosperidad del reclamo tutelar porque \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales reclamados\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que las determinaciones que adopt\u00f3 en la audiencia celebrada del 25 de junio al 19 de julio de 2021 se emitieron con observancia de las normas que rigen el proceso de intervenci\u00f3n, con fundamento en las pruebas regular y oportunamente recaudadas; que la accionante no logr\u00f3 desvirtuar la presunci\u00f3n de responsabilidad; que es el Decreto 4334 de 2008 el que establece que las decisiones dictadas en ese tipo de asuntos son de \u00fanica instancia y con car\u00e1cter jurisdiccional; que se comprob\u00f3 la existencia de hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n, pues se vendi\u00f3 cartera que no exist\u00eda y se llevaron a cabo operaciones sin justificaci\u00f3n financiera razonable; y que la aplicaci\u00f3n de las prescripciones del anotado Decreto fueron avaladas por la Corte Constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abla determinaci\u00f3n objeto de queja\u2026, proferida por la Superintendencia de Sociedades, al margen de que\u2026 la comparta o pudiera tener otro acercamiento jur\u00eddico al tema, no califica como una v\u00eda de hecho que imponga la intervenci\u00f3n del juez del amparo, habida cuenta que es el resultado de una interpretaci\u00f3n razonable de la normatividad vigente para el caso que se estudia, sin que sea susceptible de tildarse de antojadiza o caprichosa\u00bb, en tanto que \u00abse prob\u00f3 dentro del proceso de intervenci\u00f3n\u2026[,] que la accionante ocup\u00f3 el cargo de gerente y por lo tanto, es titular de lo dispuesto en el art\u00edculo 23 de la ley antes indicada [se refiere a la Ley 222 de 1995]\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la accionante insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, pero por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
3. En punto a los cuestionamientos de cara al decreto probatorio, sumado al hecho de que parte de sus alegaciones al respecto, con anterioridad y frustradamente, la censora las agot\u00f3 ante el juzgador constitucional1, lo cierto es que este ruego supralegal se muestra inviable por carecer de actualidad, habida cuenta que entre la data de la \u00faltima de las decisiones emitidas por la acusada en torno a ese aspecto (esto es, la del 27 de mayo de 2021, en la que no accedi\u00f3 a la reposici\u00f3n propuesta frente a aquella mediante la cual el 29 de marzo anterior -adicionada el 15 de abril de ese a\u00f1o- dispuso, en lo medular, \u00abRechazar las dem\u00e1s pruebas solicitadas diferentes a las documentales aportadas\u00bb) y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (22 de diciembre de 2022), transcurrieron m\u00e1s de seis (6) meses, super\u00e1ndose el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
4. De igual forma, la salvaguarda tambi\u00e9n era improcedente en cuanto al despacho adverso de la solicitud de exclusi\u00f3n planteada por la quejosa porque la Superintendencia encausada, bajo el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas regular y oportunamente recaudadas, al resolver sobre tal tem\u00e1tica, en la audiencia adelantada entre el 25 de junio y el 19 de julio de 2021, expres\u00f3 claramente las razones para proceder en la forma en que lo hizo, las cuales lejos est\u00e1n de mostrarse arbitrarias. <\/p>\n
4.1. En efecto, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia sobre la materia, rese\u00f1\u00f3 diferentes generalidades en torno al proceso de intervenci\u00f3n (entre ellas, su tramitaci\u00f3n, por disposici\u00f3n legal, en \u00fanica instancia), \u00abla presunci\u00f3n de buena fe\u00bb, \u00abla responsabilidad de los sujetos intervenidos\u2026[,] administradores\u2026 [y] revisores fiscales\u00bb; observ\u00f3 que se presentaron \u00abm\u00faltiples solicitudes de exclusi\u00f3n en la[s] que los intervenidos cuestionan, adem\u00e1s de su participaci\u00f3n dentro del sistema de captaci\u00f3n realizado por ABC FOR WINNERS S.A.S…, las actuaciones realizadas por [ese] Despacho a lo largo del proceso. Consideran que hay una ausencia de oportunidades de defensa, la falta de determinaci\u00f3n de la responsabilidad individual de cada intervenido, la aplicaci\u00f3n de un presunto r\u00e9gimen de responsabilidad objetiva dentro del proceso de intervenci\u00f3n judicial, adem\u00e1s de cuestionar los hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n que dieron origen a este proceso\u00bb; y en atenci\u00f3n a esto \u00faltimo, efectu\u00f3 las siguientes precisiones previas: <\/p>\n
Este Despacho considera que aquellas afirmaciones parten de un equivocado entendimiento del proceso de intervenci\u00f3n creado por el Decreto 4334 de 2008. Por ello\u2026, se considera pertinente\u2026 aclarar la aplicaci\u00f3n del debido proceso y el derecho de defensa dentro del mismo y de la responsabilidad de la sociedad Intervenida, propiamente dicha. <\/p>\n
Conforme se indic\u00f3\u2026, el proceso de intervenci\u00f3n tiene como fuente primordial el Decreto 4334 de 2008. Este fue emitido, se recuerda, en el marco de las atribuciones otorgadas al Gobierno Nacional en virtud del Estado de Emergencia Social decretado con el Decreto 4333 de 2008\u2026 Tal estado de emergencia tuvo como origen la proliferaci\u00f3n desbordada de actividades de captaci\u00f3n y recaudo masivo de dineros que estaba generando afectaciones graves al orden p\u00fablico y social. Ello gener\u00f3 la necesidad de establecer un mecanismo que permitiera devolver a los afectados los dineros entregados. <\/p>\n
En este marco naci\u00f3 el proceso judicial de intervenci\u00f3n. Este proceso, de acuerdo con los art\u00edculos 1 y 2 del Decreto 4334 de 2008, es un conjunto de medidas dirigidas a suspender de manera inmediata las operaciones de personas naturales y jur\u00eddicas que, a trav\u00e9s de captaciones o recaudos no autorizados, ejerzan la actividad financiera sin la debida autorizaci\u00f3n legal o de forma irregular, generando abuso del derecho y fraude a la ley. Este proceso judicial, de acuerdo con el art\u00edculo 4 del Decreto, es de competencia de la Superintendencia de Sociedades, de oficio o por solicitud de la Superintendencia Financiera. <\/p>\n
La naturaleza del proceso de intervenci\u00f3n es judicial. As\u00ed lo determina el car\u00e1cter de las decisiones determinado en el art\u00edculo 3 del Decreto: tienen efectos de cosa juzgada erga omnes, en \u00fanica instancia y con car\u00e1cter jurisdiccional. Tambi\u00e9n se infiere de las m\u00faltiples ocasiones en que distintos art\u00edculos del decreto se refieren a las decisiones que se tomen a lo largo del proceso como providencia, no como actos administrativos. As\u00ed lo confirm\u00f3 tambi\u00e9n el Consejo de Estado en la decisi\u00f3n de control de legalidad realizado del Decreto 1910 de 2009, reglamentario del Decreto 4334, en sentencia del 9 de diciembre de 2009. <\/p>\n
El art\u00edculo 5 del Decreto determina un listado de personas naturales y jur\u00eddicas que son sujetas de las medidas de intervenci\u00f3n. El art\u00edculo 6, por su parte, determina los supuestos frente a los cuales se puede tomar la decisi\u00f3n de iniciar la intervenci\u00f3n. Tal decisi\u00f3n, de acuerdo con lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional C-145 del 12 de marzo de 2009, debe ser sustentada y desarrollada con observancia del debido proceso. Concretamente, el art\u00edculo 6 determina que esta Superintendencia puede iniciar la intervenci\u00f3n cuando existan hechos que indiquen alguno de los siguientes supuestos: <\/p>\n
i. La entrega masiva de dineros a personas naturales o jur\u00eddicas a trav\u00e9s de modalidades de operaci\u00f3n no autorizadas como pir\u00e1mides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicaci\u00f3n financiera razonable. <\/p>\n
ii. Realizaci\u00f3n de operaciones de venta de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza sin el cumplimiento de los requisitos legales. <\/p>\n
Determinada la existencia de alguno de los supuestos de intervenci\u00f3n, este Despacho puede ordenar las medidas de intervenci\u00f3n determinadas en el art\u00edculo 7. Esta es, sin duda, un listado cerrado de medidas a trav\u00e9s de las cuales esta Superintendencia realiza los objetivos del proceso de intervenci\u00f3n. A esta entidad no le es permitido, de acuerdo con lo determinado en la Sentencia de la Corte Constitucional C-145 de 2009, desarrollar dentro de la intervenci\u00f3n una medida distinta a las enlistadas en el art\u00edculo se\u00f1alado. <\/p>\n
Dado que este proceso tiene por prop\u00f3sito la devoluci\u00f3n de las sumas entregadas por los afectados a aquellos que desarrollan alguno de los supuestos de captaci\u00f3n determinados en el Decreto 4334 de 2008, dentro del mismo se realiza la determinaci\u00f3n de la realizaci\u00f3n de actividades objeto del proceso y la asignaci\u00f3n de responsabilidades. Ahora bien, tal determinaci\u00f3n y asignaci\u00f3n de responsabilidad debe realizarse, tal como lo mencionan varios de los solicitantes, garantizando el debido proceso de los intervenidos. <\/p>\n
Ahora bien, la garant\u00eda del debido proceso, en lo que respecta a los intervenidos y las solicitudes de desintervenci\u00f3n, se materializa permitiendo que los intervenidos tengan la posibilidad de solicitar su exclusi\u00f3n, argumentando y probando que no participaron de los supuestos de intervenci\u00f3n o que en efecto se actu\u00f3 de buena fe. Sobre esto \u00faltimo, la carga de probar la ausencia de responsabilidad o la existencia de buena fe, ya se habl\u00f3. As\u00ed lo determin\u00f3 la Corte Constitucional que, en la citada sentencia C-145 de 2009 en el an\u00e1lisis, especialmente, de los art\u00edculos 5 y 6 del Decreto 4334 de 2008. <\/p>\n
Con respecto al art\u00edculo 5, la Corte Constitucional fue clara en que la medida de intervenci\u00f3n no deb\u00eda tener como destinatarios los \u201cterceros de buena fe distintos de quienes entregaron recursos, v. gr. empleados y proveedores, que en ejercicio del derecho al trabajo o la libertad de empresa (arts. 25 y 333 Const.), o de sus actividades econ\u00f3micas correctas, leg\u00edtimamente proveyeron bienes y\/o servicios a los captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas\u201d. Por su parte, con respecto al art\u00edculo 6, la citada providencia determin\u00f3 que la decisi\u00f3n de intervenir deb\u00eda ser \u201csustentada y desarrollada con observancia del debido proceso\u201d. <\/p>\n
En cuanto a los sujetos que pueden ser intervenidos, el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008 enlista un elenco amplio que comprende actividades, negocios y operaciones de personas naturales o jur\u00eddicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y dem\u00e1s personas, naturales o jur\u00eddicas, vinculadas directa o indirectamente, distintos de quienes tienen exclusivamente como relaci\u00f3n con estos negocios la de haber entregado recursos. Para aplicar la medida frente a los sujetos referidos, el art\u00edculo 6 asigna a la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de funciones administrativas, la funci\u00f3n de determinar la existencia de hechos objetivos o notorios que indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jur\u00eddicas, directamente o a trav\u00e9s de intermediarios. <\/p>\n
Tras esas generalidades, respecto a \u00ablos motivos que condujeron\u2026 a ordenar la intervenci\u00f3n de\u2026 ABC FOR WINNERS S.A.S.\u00bb, exterioriz\u00f3: <\/p>\n
\u2026Esta tuvo como origen el Auto 2017-01-576098 de 14 de noviembre de 2017. En tal providencia, citando expresamente lo expuesto en la Resoluci\u00f3n 2017-01-458548 del 27 de septiembre de 2017 del Superintendente Delegado para Inspecci\u00f3n Vigilancia y Control, se resumieron las actividades de ABC FOR WINNERS S.A.S. de la siguiente forma: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La sociedad\u2026 en desarrollo de su objeto social, realiz\u00f3 operaciones de compraventa de cartera materializada en pagar\u00e9s – libranza durante el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2016. Estos cr\u00e9ditos fueron comprados a diversas entidades operadoras de libranza para luego ser vendidos a sus clientes, quienes dependiendo del monto de inversi\u00f3n, tiempo e intereses pactados, recibir\u00edan un ingreso mensual con una rentabilidad estimada. <\/p>\n
As\u00ed, el Informe de Toma de informaci\u00f3n radicado en esta Entidad bajo el No. 2016\u201301\u2013417259, evidenci\u00f3 que las operaciones de compraventa de cartera se compon\u00edan b\u00e1sicamente de cuatro fases: (i) \u201cFormalizaci\u00f3n del Negocio con el Operador\u201d, donde se acuerda la compra de paquetes de pagar\u00e9s libranzas con los operadores, basados en formalidades establecidas en los Contratos Marco de Compraventa de Cartera como: relaci\u00f3n de pagar\u00e9s, deudor, numero de libranza; pagadur\u00eda; flujo mensual asociado a cada libranza, entre otros; (ii) \u201cCompra de Cartera al Originador\u201d, en la cual previa revisi\u00f3n del inventario de cartera se da el pago y posterior entrega material de los pagar\u00e9s libranza; (iii) \u201cventa de cartera al cliente\u201d, aqu\u00ed se oferta la cartera a los clientes, una vez pagada se asigna del inventario disponible y finalmente se env\u00edan los t\u00edtulos en custodia a una empresa especializada y (iv) \u201cadministraci\u00f3n de flujos\u201d, fase en la cual se administraban los recaudos mensuales trasladados por la pagadur\u00eda al originador y se realiza el giro respectivo a los clientes. <\/p>\n
Las irregularidades descritas\u2026 indican que la sociedad\u2026 se encuentra incursa en hechos objetivos de captaci\u00f3n o recaudo no autorizado a la luz de lo establecido en el art\u00edculo 6 del Decreto 4334 de 2008, el cual dispone lo siguiente: <\/p>\n
\u201cSUPUESTOS. La intervenci\u00f3n se llevar\u00e1 a cabo cuando existan hechos objetivos o notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jur\u00eddicas, directamente o a trav\u00e9s de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captaci\u00f3n o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pir\u00e1mides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicaci\u00f3n financiera razonable.\u201d (Subrayas fuera del texto original) <\/p>\n
Al invocarse por la Sociedad la \u201clegalidad, trazabilidad, y razonabilidad financiera objetiva y comprobada\u201d de sus operaciones, anexando como prueba solamente las copias de los t\u00edtulos que supuestamente incorporaban la cartera vendida, \u00e9sta desconoci\u00f3 la relaci\u00f3n existente entre el t\u00edtulo y la obligaci\u00f3n incorporada en el mismo, la cual era, sin duda, el objeto material de los contratos de compraventa celebrados por la Sociedad con sus clientes, careciendo de todo sentido comercializar un bien sin verificar su existencia real. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan los reportes entregados por las pagadur\u00edas, aunque en algunos casos los presuntos deudores formaban parte de la n\u00f3mina de dichas entidades, los pagar\u00e9s-libranza en los que se incorporaba la presunta cartera comercializada no fueron inscritos ante el empleador\/pagador para que realizara los descuentos correspondientes y los trasladara al operador de libranza. Tambi\u00e9n se evidenci\u00f3 c\u00f3mo en otros casos no exist\u00eda coincidencia entre el valor del cr\u00e9dito ni el valor de las cuotas reportado por la Sociedad, y en consecuencia, el pago de la contraprestaci\u00f3n por las sumas recibidas de los compradores de cartera, en los t\u00e9rminos inicialmente pactados con ABC FOR WINNERS SAS no era posible dada la incapacidad de realizar el descuento de los valores de las cuotas en los mismos t\u00e9rminos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en la medida en que no se recibieron los flujos correspondientes a los t\u00edtulos, los pagos realizados por los compradores o terceros inversionistas de esa cartera a la Sociedad no guardaron correspondencia con el efectivo recaudo de las sumas adeudadas por los deudores, y por lo tanto no hubo explicaci\u00f3n financiera alguna en operaciones cuyo objeto (la cartera vendida) en los casos identificados nunca gener\u00f3 la contraprestaci\u00f3n a la que se oblig\u00f3 el vendedor en el contrato (pago de las cuotas descontadas por la pagadur\u00eda del salario o ingresos del deudor en espec\u00edfico), para que de acuerdo a lo manifestado por el Representante Legal de la Sociedad, estos se hicieran \u201cnormalmente\u201d hasta el 31 de julio de 2016. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a este punto, es necesario resaltar que en las operaciones de comercializaci\u00f3n de cartera de libranza los flujos recaudados y pagados s\u00f3lo pueden tener origen en el descuento que se realice por la pagadur\u00eda al salario, honorarios o pensi\u00f3n del beneficiario del cr\u00e9dito de libranza, para luego ser trasladados a la entidad operadora y finalmente al comprador de dicha cartera materializada en pagar\u00e9s libranza\u201d. <\/p>\n
De esta forma, se cumpli\u00f3 en este proceso la garant\u00eda del debido proceso en lo que respecta a la debida motivaci\u00f3n de la providencia que orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n. En efecto, tal decisi\u00f3n fue motivada por las conclusiones que arroj\u00f3 la investigaci\u00f3n desarrollada por la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de esta Superintendencia. La investigaci\u00f3n adelantada determin\u00f3 que ABC FOR WINNERS S.A.S. estaba realizando actividades enmarcadas dentro de los supuestos del art\u00edculo 6 del Decreto 4334 de 2008 y el art\u00edculo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015. <\/p>\n
Por su parte, con respecto a la posibilidad de presentar solicitudes de exclusi\u00f3n de sujetos intervenidos, este Despacho ha sido bastante claro en ello a lo largo del proceso. Es cierto que el Decreto 4334 de 2008 no defini\u00f3 expresamente la oportunidad en la que los sujetos intervenidos pueden solicitar ser excluidos del proceso de intervenci\u00f3n. Sin embargo, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 15 del Decreto, se ha determinado que la oportunidad para presentarlas es como objeciones al inventario valorado de bienes de que tratan los art\u00edculos 29, 30 y 53 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Esto, en cuanto el Decreto 991 de 2018 expresamente consagr\u00f3, en su art\u00edculo 2.2.2.9.3.2. numeral 6, que las solicitudes de exclusi\u00f3n de personas sujetos intervenidos, no siguen el tr\u00e1mite incidental y se tramitan como objeciones al inventario de bienes presentado por el interventor. <\/p>\n
Esta norma fue derogada por el art\u00edculo 49 del Decreto 065 de 2020. No obstante, el art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso, que modific\u00f3 el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, dispone que las leyes correspondientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en el que empiezan a regir. Tambi\u00e9n dispone que cuando haya t\u00e9rminos que hayan empezado a correr, estos se regir\u00e1n por las normas vigentes en dicho momento. En igual sentido, el art\u00edculo 625 del mismo estatuto procesal, establece las reglas aplicables frente al cambio de legislaci\u00f3n. As\u00ed, el numeral 5 de este art\u00edculo establece que los t\u00e9rminos que hubieren empezado a correr, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando empezaron a correr los t\u00e9rminos, mientras que el numeral 6 de la misma norma establece que estas reglas aplicar\u00e1n en los procesos en los que no haya una norma especial. <\/p>\n
En este orden de ideas, la se\u00f1alada derogatoria de la norma establecida para el tr\u00e1mite de solicitudes de exclusi\u00f3n de personas al proceso de intervenci\u00f3n, no aplica en los casos en los que el inventario de bienes de dichos sujetos haya sido puesto en traslado durante la vigencia de la norma del Decreto 991 de 2018, debido a las reglas citadas de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n. Seg\u00fan lo expuesto en los antecedentes, en el presente caso las solicitudes de exclusi\u00f3n de tramitar\u00e1n como objeciones al inventario. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que las solicitudes de exclusi\u00f3n tienen por prop\u00f3sito sacar de la masa de bienes aquellos que componen el patrimonio del solicitante, la conclusi\u00f3n natural es que se presenten como objeciones al inventario valorado de bienes. Ello fue oportunamente aclarado en este proceso de intervenci\u00f3n en el Auto 420-000854 de 22 de enero de 2018. <\/p>\n
De esta forma, con respecto a la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de intervenir y de la oportunidad de los intervenidos de solicitar su exclusi\u00f3n, este despacho ha sido respetuoso del debido proceso y del derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Despu\u00e9s, de cara a lo que aqu\u00ed interesa, con una amplia motivaci\u00f3n, desestim\u00f3 la solicitud de exclusi\u00f3n presentada por Ana Mercedes Barreto G\u00f3mez, al concluir, en lo medular, que al \u00e9sta omitir actuar \u00abcomo se esperaba legalmente como administradora de una sociedad que capt\u00f3 dineros del p\u00fablico, y como accionista (que particip\u00f3 activamente), se gener\u00f3 el da\u00f1o\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abno prob\u00f3 su actuar diligente, con lo que no desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n legal generada\u00bb, siendo \u00abla ausencia de diligencia la conducta que genera la responsabilidad en la configuraci\u00f3n de los hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n y, por lo tanto, el deber de responder por el da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Luego, para mantener esa determinaci\u00f3n, al resolver la reposici\u00f3n propuesta por la quejosa frente a la misma, in extenso, expuso: <\/p>\n
\u2026[los] argumentos presentados por la apoderada fueron los siguientes: (i) que\u2026 Ana Mercedes no hab\u00eda participado, ni hab\u00eda realizado ning\u00fan acto il\u00edcito; (ii) que su comportamiento hab\u00eda sido, el de un administrador diligente; (iii) que hab\u00eda cumpli\u00f3 con todos sus deberes legales; (iv) que desconoci\u00f3 las irregularidades de los originadores; (v) que su clienta desde los dieciocho a\u00f1os, hab\u00eda trabajado de manera independiente, y que nunca hab\u00eda recibido sanciones, reclamaciones, o denuncias en su contra. <\/p>\n
As\u00ed mismo se\u00f1al\u00f3 que, durante los cuatro a\u00f1os de funcionamiento de la sociedad, la intervenida solo hab\u00eda obtenido ganancias por $13.000.000, y que ten\u00eda incluso honorarios por cobrar. <\/p>\n
Al respecto es preciso reiterarle a la apoderada que, trat\u00e1ndose de la responsabilidad subjetiva intermedia, los sujetos de intervenci\u00f3n pueden ser exonerados si acreditan ausencia de dolo o culpa en su actuar. Para ello, no basta solamente con afirmar, como lo hace la abogada, que la intervenida no particip\u00f3 en las actividades ilegales de captaci\u00f3n, o en se\u00f1alar que se ha actuado de manera diligente y en cumplimiento de sus deberes, pues resulta del todo necesario, que la intervenida pruebe que, de acuerdo con las particularidades de su cargo, actu\u00f3 con ausencia de culpa o negligencia. No obstante, encuentra el Despacho, que la apoderada no se\u00f1ala, cu\u00e1les son esas pruebas que dan cuenta de su presunto actuar diligente. Concentrando todos sus argumentos, como se indic\u00f3 al inicio de este recurso, a controvertir la existencia de hechos objetivos de captaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, conforme se indic\u00f3 en la providencia recurrida, est\u00e1 probado que contrario a lo afirmado por la apoderada, \u2026Ana Mercedes Barreto: (i) particip\u00f3 activamente en las determinaciones adoptadas en las Asambleas Generales de Accionistas, m\u00e1ximo \u00f3rgano de direcci\u00f3n de la sociedad intervenida; (ii) en su calidad de miembro de la Junta Directiva particip\u00f3 en cada una de las reuniones realizadas, en donde se discutieron y adoptaron decisiones, sobre asuntos relativos a la venta de la cartera, a los seguimientos realizados con las cooperativas, as\u00ed como, a los diferentes incumplimientos en el pago de los flujos. (iii) As\u00ed mismo, fungi\u00f3 como Gerente Comercial de la sociedad intervenida, lo que la obligaba a conocer de manera detallada, el producto que ofrec\u00eda. De manera que no es cierto que la Intervenida, no hubiese conocido o participado, en las actividades de captaci\u00f3n desarrolladas por ABC FOR WINNERS S.A.S., las cuales, se desarrollaron, a trav\u00e9s de la compra y venta de cartera, que conforme lo determin\u00f3 la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control, resulto ser inexistente. <\/p>\n
As\u00ed, las cosas, teniendo en consideraci\u00f3n los deberes de diligencia que su cargo de administraci\u00f3n le exig\u00eda, se evidencia que la Intervenida, omiti\u00f3 sus deberes legales y con ello permiti\u00f3 que ABC for Winners S.A.S. vendiera a sus clientes pagar\u00e9s libranza que no ten\u00edan un cr\u00e9dito subyacente que los soportara. Configur\u00e1ndose de esa manera, los hechos objetivos de captaci\u00f3n, que ocasionaron un da\u00f1o a por lo menos 136 afectados, que hoy se encuentran reconocidos dentro del proceso, afectaci\u00f3n que asciende a la suma de $9.486.597.650. <\/p>\n
Ahora bien, alega la apoderada que la intervenida solo percibi\u00f3 ganancias por $13.000.000, no obstante, consta en el memorial 2018-01-176520 de 18 de abril de 2018, allegado por la misma Abogada, que Ana Mercedes\u2026 percibi\u00f3 por concepto de dividendos, las siguientes partidas: <\/p>\n
A\u00f1o 2015: $13.338.000 <\/p>\n
A\u00f1o 2016: $18.720.000 <\/p>\n
En todo caso, se insiste que, el fundamento de la responsabilidad establecida en el Decreto 4334 de 2008 no es el beneficio, sino la participaci\u00f3n, directa o indirecta, en las actividades de captaci\u00f3n. Igualmente, en el caso de la responsabilidad establecida en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, la fuente de responsabilidad solidaria es la existencia de culpa o dolo, no la recepci\u00f3n de beneficio alguno por las actividades o acciones que ocasionaron el da\u00f1o. Por ello, tal argumento es insuficiente para exonerarse de responsabilidad. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, a pesar de la suficiencia de lo dicho para el despacho adverso de la censura de la reclamante, consider\u00f3 \u00abpertinente realizar algunas precisiones, frente algunas de las pruebas que menciona la apoderada, en relaci\u00f3n con la gesti\u00f3n desarrollada por ABC FOR WINNERS SAS\u00bb; lo que efectu\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
1. En lo que respecta a los Derechos de petici\u00f3n que fueron elevados ante las pagadur\u00edas y negados en atenci\u00f3n a la Ley de habeas data: \u2026es preciso reiterar lo expuesto al resolver la solicitud de exclusi\u00f3n del intervenido Carlos Alberto Ante, esto es, que si sab\u00edan, que no pod\u00edan acceder a la informaci\u00f3n que acreditara la existencia del cr\u00e9dito subyacente que respaldaba los pagar\u00e9s vendidos, y que tampoco ten\u00edan la seguridad de que todas las libranzas, estuviesen inscritas ante las pagadur\u00edas, debieron dar cuenta de ello a sus clientes, advirtiendo, que no les era dable estar seguros frente a tales asuntos, en atenci\u00f3n a las limitaciones que ten\u00edan para acceder a esa informaci\u00f3n. Contrario a ello, se encargaron de generar confianza en sus clientes, garantizando a cada uno de ellos, que la cartera estaba inscrita ante la pagadur\u00eda respectiva, y comprometi\u00e9ndose, a garantizar la existencia, validez y el pago del producto ofrecido. <\/p>\n
Por otra parte, consta que muchos de los derechos de petici\u00f3n se enviaron en el a\u00f1o 2016, en atenci\u00f3n a los incumplimientos en los pagos. De manera que dichas pruebas no pueden ser consideradas una muestra de diligencia. <\/p>\n
2. En lo que respecta al plan de mejora y el plan de acci\u00f3n que se present\u00f3 ante la Superintendencia de Sociedades, as\u00ed como las denuncias penales presentadas contra los originadores. Son gestiones que se realizaron con posterioridad a los incumplimientos masivos en los flujos de pago. De manera que dichas actuaciones no dan cuenta de la diligencia de los administradores durante el periodo en que se adelantaron las actividades de compra y venta de cartera, materializada en pagar\u00e9s libranza. Caso contrario, evidencia las acciones tard\u00edas que, intentaron realizar los intervenidos, para mitigar las consecuencias de su negligencia, en la administraci\u00f3n de dichos negocios. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con los documentos que exig\u00eda ABC FOR WINNERS S.A.S al celebrar los contratos con las cooperativas. Indic\u00f3 la apoderada que se solicitaba, el registro en el RUNEOL, el RUT, el t\u00edtulo Valor endosado, copia de la c\u00e9dula, si hab\u00eda fiadores. Al respecto se insiste que en este proceso no se cuestiona la existencia o no de hechos objetivos de captaci\u00f3n. No obstante, los anteriores documentos no daban cuenta de la existencia de la cartera que comercializaban, de manera que los mismos no constituyen un verdadero acto de diligencia. Conforme lo indic\u00f3 la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control, el producto vendido, no correspond\u00eda a simples documentos, de manera que, en atenci\u00f3n a los deberes fiduciarios que le asist\u00edan a los administradores, y en atenci\u00f3n, a las obligaciones contra\u00eddas con sus clientes, era deber de los intervenidos, corroborar que la cartera que comercializaban realmente exist\u00eda, y que se encontraba incorporada ante la pagadur\u00eda respectiva. <\/p>\n
En todo caso, alega la recurrente que el Juez no analiz\u00f3 todas las pruebas pertinentes, pero adem\u00e1s de lo mencionado arriba, no indica cu\u00e1l es la omisi\u00f3n del juez, sin indicar qu\u00e9 documento debi\u00f3 haberse revisado y cu\u00e1les son las pruebas que se echan de menos, con lo que no es posible acceder a sus argumentos. Por el contrario, el Juez en su decisi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 las pruebas que analiz\u00f3 y el valor que les otorg\u00f3 para llegar a la decisi\u00f3n correspondiente, sin que se hayan desvirtuado por la recurrente. <\/p>\n
Es preciso se\u00f1alar e insistir, que la responsabilidad penal por captaci\u00f3n ilegal no tiene porque tener una relaci\u00f3n con los hechos objetivos de captaci\u00f3n objeto de este proceso. As\u00ed, el hecho de que no haya responsabilidad penal de los intervenidos, no quiere decir que no exista responsabilidad derivada de la captaci\u00f3n ilegal de recursos del p\u00fablico con base en el Decreto 4334 de 2008. <\/p>\n
Con fundamento en todo ello, de manera concluyente, recalc\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la responsabilidad que se deriva de la intervenida en este caso, obedece a su calidad de accionista y administradora de la sociedad ABC FOR WINNERS SAS. Como administradora, miembro de la Junta Directiva, de la que existe prueba, como lo se\u00f1al\u00f3 el Despacho en la decisi\u00f3n, de haber participado activamente en la toma de decisiones que resultaron al final, ser las actividades de captaci\u00f3n, derivaban de la intervenida una obligaci\u00f3n de cumplir con un deber de diligencia, es decir, de comportarse como un buen hombre de negocios. Cumplimiento de este deber que se echa de menos, pues, por el contrario, como lo ha se\u00f1alado el Despacho, se evidencia una falta de diligencia, un actuar negligente en el cumplimiento de sus deberes fiduciarios. De all\u00ed que se derive la responsabilidad de su actuaci\u00f3n como administradora de la sociedad Intervenida. <\/p>\n
Se insiste que, la Intervenida no desvirtu\u00f3 la responsabilidad, en cuento no aport\u00f3 pruebas que den cuenta de la diligencia adelantada, como lo explic\u00f3 el Despacho. En todo caso, en el recurso la apoderada insisti\u00f3 en que el Despacho no hab\u00eda querido tener en cuenta unas pruebas que fueron se\u00f1aladas, unos memoriales que fueron se\u00f1alados expresamente en la solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n presentada, lo que no es cierto, porque el Despacho al resolver la solicitud, expresamente se refiri\u00f3 uno a uno a los memoriales se\u00f1alados por la apoderada, explicando porque no los ten\u00eda en cuenta, d\u00e1ndole una raz\u00f3n. Con lo que no es cierto, que el Despacho no haya querido tener en cuenta las pruebas, sino que se explic\u00f3 las razones por las que no tuvo en cuenta los documentos se\u00f1alados. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las determinaciones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n que efectu\u00f3 la Superintendencia criticada para no acceder a su solicitud de exclusi\u00f3n, concluyendo, dicha entidad, suficientemente, que aqu\u00e9lla no logr\u00f3 desvirtuar su responsabilidad derivada de la condici\u00f3n de Gerente Comercial y Administradora de la firma intervenida, ABC for Winners SAS, supuesto suficiente para justificar su intervenci\u00f3n con apoyo en el canon 5\u00ba del Decreto 4334 de 2008; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tal reclamo tutelar, con confirmatoria por parte de esta Sala (STC9734-2021, 4 ag., rad. 2021-01233-01), le fue denegado el 24 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00abla gestora no hizo uso de los medios de impugnaci\u00f3n que ten\u00eda a su disposici\u00f3n para controvertir las decisiones reprochadas\u00bb, comoquiera que \u00abno interpuso recurso de reposici\u00f3n ni frente a la providencia de 29 de marzo 2021, por la cual la delegatura accionada decret\u00f3 pruebas ni tampoco respecto al prove\u00eddo que deneg\u00f3 la inclusi\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n por ella reclamados, por v\u00eda de adici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6091-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6091-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00494-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Ana Mercedes Barreto G\u00f3mez frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63650","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63650","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63650"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63650\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63650"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63650"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63650"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}