STC6094-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6094-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01404-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El querellante, en la condici\u00f3n aducida, requiri\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a la convocada: i) \u00abEl env\u00edo de las copias del proceso radicado 52.196 a [su] despacho con la finalidad de materializar el preacuerdo con el procesado Musa Besaile Fayad\u00bb; ii) \u00abAbstenerse de adelantar la audiencia p\u00fablica de que trata el art\u00edculo 403 de la Ley 600 de 2000, hasta tanto no se hayan concluido tales negociaciones\u00bb; y, iii) Concretado el preacuerdo referido, \u00abefectuar el respectivo control de legalidad sobre el mismo, conforme al art\u00edculo 350 del estatuto de la referencia\u00bb. <\/p>\n
En compendio, afirm\u00f3 que la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corte formul\u00f3 acusaci\u00f3n contra Musa Abraham Besaile Fayad por el presunto delito de \u00abcohecho por dar u ofrecer\u00bb, ya que \u00e9ste habr\u00eda \u00abentrega[do] 600 millones de pesos, por intermedio de Luis Gustavo Moreno Rivera, a funcionarios judiciales con el prop\u00f3sito de resultar favorecido en la actuaci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que en esas diligencias \u00abse argument\u00f3 la circunstancia de provenir esos recursos de los dineros que fueron il\u00edcitamente apropiados con detrimento de patrimonio del Estado\u00bb, por lo que tambi\u00e9n se le endilg\u00f3 el punible de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n, en calidad de interviniente\u00bb, de manera que el Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 que \u00abse extendiera a las dem\u00e1s cantidades que, con exclusi\u00f3n de los 600 millones antes referidos, recibi\u00f3 Besaile Fayad en el desarrollo de un acuerdo il\u00edcito\u00bb y el ente acusador no accedi\u00f3 a lo pretendido; no obstante, dispuso \u00abla expedici\u00f3n de copias de varios de los medios de conocimiento para que en forma separada se investigara al aforado por las revelaciones efectuadas por el exmandatario del Departamento de C\u00f3rdoba\u00bb (16 feb. 2018). <\/p>\n
Sostuvo que las mencionadas reproducciones constituyeron el origen del proceso n\u00b0 52.197, el cual le fue asignado para su conocimiento, tr\u00e1mite en el que \u00abconvino el preacuerdo por virtud del cual, en reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas, reintegr\u00f3 la suma de $1.175\u2019000.000,oo y se comprometi\u00f3 a garantizar una suma id\u00e9ntica. Lo anterior, para completar la devoluci\u00f3n de la totalidad de los recursos objeto de la apropiaci\u00f3n il\u00edcita; esto, adem\u00e1s, de la reparaci\u00f3n simb\u00f3lica mediante un comunicado p\u00fablico de petici\u00f3n de perd\u00f3n y de compromiso de no repetici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, con ocasi\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2018, la Sala Especial de Primera Instancia asumi\u00f3 la direcci\u00f3n del juicio n\u00ba 52.196, en el cual fue instalada la audiencia p\u00fablica de que trata el art\u00edculo 403 de la Ley 600 de 2000, siendo suspendida sin que se interrogara al \u00absindicado\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el defensor del investigado, en escrito de 14 de febrero de 2022, pidi\u00f3 \u00abrealizar tr\u00e1mites en los procesos que se adelantan con la finalidad de convenir un preacuerdo (\u2026) en el proceso 52.196\u00bb, por lo que, en sesi\u00f3n ordinaria de la Sala de 17 de marzo \u00faltimo \u00abfue delegado el suscrito magistrado para adelantar las negociaciones\u00bb, de ah\u00ed que mand\u00f3 \u00aboficiar al Magistrado Caldas Vera para que remitiera los cuadernos copia del proceso de radicado n\u00famero 52.196\u00bb (18 mar.) y suplic\u00f3 \u00abla suspensi\u00f3n de la reanudaci\u00f3n de la audiencia p\u00fablica de juzgamiento\u00bb (4 abr.), para realizar las negociaciones aludidas, como \u00abfue convenido en el radicado 52.197\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que las rogativas elevadas fueron resueltas sin \u00e9xito por la Colegiatura criticada, inclusive \u00e9sta \u00aborden\u00f3 proseguir la actuaci\u00f3n procesal, lo cual implicar\u00eda, de avanzarse en dicho estadio, la imposibilidad de concretar el preacuerdo pretendido\u00bb (28 abr. 2022 y 2 may.). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que con los aforados Congresistas \u00abes posible llegar a un preacuerdo sobre los t\u00e9rminos de la acusaci\u00f3n, como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 350 y 352 de la Ley 906 de 2004, en cualquiera de las modalidades establecidas en el art\u00edculo 351 ib\u00eddem, con las consecuencias previstas en dicha norma y en el 370 ejusdem\u00bb, conforme a los precedentes AP8413-2017, diciembre 6 (Rad. 50.969) y SP379-2018, febrero 21 (Rad. 50.472) en los que, en s\u00edntesis \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Penal (\u2026) admiti\u00f3, por unanimidad, la posibilidad de aplicar un instituto propio del sistema penal de tendencia acusatoria como lo es el principio de oportunidad, previsto en los art\u00edculos 321 a 330 de la Ley 906 de 2004, a los aforados congresistas\u00bb, es decir, se conviene con el procesado, asistido por su defensa \u00abel beneficio compensatorio a la admisi\u00f3n de la responsabilidad penal que contribuye al menor desgaste de la administraci\u00f3n de justicia (\u2026) As\u00ed como, eventualmente, pactar el monto de la pena, (\u2026) preacordar los hechos imputados y sus consecuencias\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, enfatiz\u00f3 que la Corporaci\u00f3n que representa es titular del \u00abderecho fundamental al debido proceso\u00bb garant\u00eda que, en su sentir, \u00abresult\u00f3 quebrantada (\u2026) al imped\u00edrsele (\u2026) celebrar negociaciones con miras a un preacuerdo\u00bb, debido a que \u00ablas decisiones mediante las cuales se concret\u00f3 la violaci\u00f3n de tales derechos fundamentales se les imprimi\u00f3 el car\u00e1cter de autos de sustanciaci\u00f3n, en especial, trat\u00e1ndose de la exclusi\u00f3n de todo recurso para expresar cualquier inconformidad\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y resalt\u00f3 la inviabilidad del auxilio, toda vez que no observa \u00abafectaci\u00f3n alguna de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Hernando Bocanegra Bernal, defensor de Musa Abraham Besaile Fayad, coadyuv\u00f3 las aspiraciones de la demanda superlativa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb es un mecanismo jur\u00eddico concebido para la guarda de las prerrogativas fundamentales de las personas, cuando son vulneradas o amenazadas por los actos u omisiones de los funcionarios, y en ciertas hip\u00f3tesis de los particulares, cuya naturaleza residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de \u00abdefensa judicial\u00bb. <\/p>\n
2.- En el sub lite, los anhelos del gestor no pueden prosperar por no satisfacerse el presupuesto de la subsidiariedad y ante la razonabilidad de las resoluciones combatidas, seg\u00fan pasa a verse. <\/p>\n
2.1.- No es de recibo que el quejoso acuda a este especial sendero para alegar las \u00abpresuntas irregularidades\u00bb en torno a la \u00abnegativa de la remisi\u00f3n de los cuadernos de copias del proceso 52.196\u00bb (28 abr. 2022) y del \u00abrechazo de la suspensi\u00f3n de la audiencia del art\u00edculo 403 de la Ley 600\u00bb (2 may.), en la medida que, contando con otros instrumentos legales, contrario a lo afirmado en el escrito superlativo, no los agot\u00f3, desatendiendo la naturaleza residual que caracteriza esta v\u00eda. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, por cuanto la Sala Especial de Primera Instancia, en auto de abril 28 de 2022, no accedi\u00f3 \u00aba la solicitud de la remisi\u00f3n de los cuadernos de copias del proceso 52.196\u00bb y el 2 de mayo \u00faltimo \u00abreiter\u00f3 lo indicado en el auto del 28 de abril de 2022\u00bb, decisiones que el promotor no atac\u00f3 en forma oportuna y adecuada, siendo procedente la reposici\u00f3n de acuerdo con el art\u00edculo 189 de la Ley 600 de 2000, circunstancia que ratifica su descuido en el empleo de los \u00abmedios de defensa ordinarios\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb. (STC6663-2018, citada en STC762-2021 y STC17176-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb. (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC762-2021 y STC17176-2021). <\/p>\n
Sumado a lo precedido, la justificaci\u00f3n esgrimida por el quejoso en la demanda superlativa, seg\u00fan la cual, \u00ablas decisiones mediante las cuales se concret\u00f3 la violaci\u00f3n de tales derechos fundamentales se les imprimi\u00f3 el car\u00e1cter de autos de sustanciaci\u00f3n, en especial, trat\u00e1ndose de la exclusi\u00f3n de todo recurso para expresar cualquier inconformidad\u00bb, no tienen la virtualidad de derribar el incumplimiento de la exigencia de la \u00absubsidiariedad\u00bb, en tanto, el art\u00edculo 189 de la Ley 600 de 2000 establece que \u00abel recurso de reposici\u00f3n procede contra las providencias de sustanciaci\u00f3n que deban notificarse contra las interlocutorias de primera o \u00fanica instancia y contra las que declaran la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n o de la pena en segunda instancia cuando ello no fuere objeto del recurso\u00bb (Subrayas propias). <\/p>\n
De manera que lo afirmado por el precursor no constituye raz\u00f3n v\u00e1lida para conjurar el desaprovechamiento de las herramientas con que contaba en la causa criminal n\u00ba 52.196, para ventilar el descontento que trae a este escenario especial. <\/p>\n
2.2.- Adicionalmente, se observa que el pronunciamiento de 28 de abril de 2022 y su reiteraci\u00f3n el 2 de mayo, no son el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, para ello la Sala fustigada delimit\u00f3 el problema legal planteado e inmediatamente lo resolvi\u00f3 de cara a lo probado en el paginario y a la normatividad aplicable al caso, esgrimiendo que, <\/p>\n
\u00abDe conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 400 de la [Ley 600 de 2000], con la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n comienza la etapa de juicio y pierde la fiscal\u00eda, o en el caso concreto, la Sala de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, funciones jurisdiccionales, de ah\u00ed que no puede adoptar determinaciones de fondo dentro del asunto. As\u00ed, quienes intervienen en el proceso penal est\u00e1n sujetos a las estrictas facultades que para cada etapa le son atribuibles, en tanto -como ocurre en el caso de marras- si el proceso ya se halla en etapa de juzgamiento, no compete a la Sala de Instrucci\u00f3n la emisi\u00f3n de providencias o el mandato de remisi\u00f3n de cuadernos de copias con el fin de adelantar negociaciones para preacuerdos, por cuanto ya no posee el conocimiento sobre el proceso\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, reflexion\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab[A] voces de lo se\u00f1alado en el art. 186 de la Constituci\u00f3n, en este proceso, la Sala de Instrucci\u00f3n ha perdido competencia jurisdiccional y solo conservar\u00eda potestad para atender asuntos extrasist\u00e9micos como ser\u00edan los beneficios por colaboraci\u00f3n, por lo que no puede reclamar la remisi\u00f3n de los cuadernos de copias de la actuaci\u00f3n que yace en esta Sala, con el argumento de explorar preacuerdos y negociaciones\u00bb. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, precisamente la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corte, en el estudio de control de legalidad del preacuerdo celebrado en el paginario n\u00b0 52.197, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[L]a decisi\u00f3n del 6 de diciembre de 2017 (\u2026), radicado 50969, en la que se estudi\u00f3 la viabilidad de aplicar el principio de oportunidad regulado en el art\u00edculo 321 y siguientes de la Ley 906 de 2004 a procesos regidos de la Ley 600 de 2000 (\u2026) plante\u00f3 distintas posibles soluciones al respecto, a saber: \u2018(i) dar por sentado que los procesados bajo la Ley 600 de 200 tienen menos opciones de rebaja por colaboraci\u00f3n que quienes son sometidos a la Ley 906, (ii) aplicar todo el principio de oportunidad a la Ley 600, y (iii) aplicar los mayores beneficios consagrados en la Ley 906 para los casos de colaboraci\u00f3n, pero preservando la figura propia de la Ley 600\u2019. <\/p>\n
De estas soluciones, el Alto Tribunal acudi\u00f3 a la \u00faltima de aquellas posibilidades permitiendo la aplicaci\u00f3n de las normas m\u00e1s ben\u00e9ficas relativas al principio de oportunidad recogido en la Ley 906 de 2004, pero bajo el marco procedimental previsto en la Ley 600 de 2000 (\u2026). <\/p>\n
De lo anterior resultan dos situaciones, la primera, que en el precedente jurisprudencial rese\u00f1ado no se est\u00e1 permitiendo sin m\u00e1s la aplicaci\u00f3n de instituto de justicia premial propio y exclusivo de la Ley 906 de 2004, en tanto los mayores beneficios del principio de oportunidad han sido condicionados bajo el marco procedimental previsto en la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
La segunda, ligada con lo anterior, que el instituto de beneficios por colaboraci\u00f3n, como se refiri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n, no es solo patrimonio de la Ley 906 de 2004, pues tambi\u00e9n esta modalidad de justicia premial se encuentra en la Ley 600 de 2000, solo que al contener m\u00e1s limites en torno a los beneficios y causales en comparaci\u00f3n con la regulaci\u00f3n propia del estatuto procesal penal del 2004, resulta posible acudir al principio de favorabilidad de cara a la aplicaci\u00f3n de las normas m\u00e1s ben\u00e9ficas en la materia, que son las consagradas en la \u00faltima normativa referida. <\/p>\n
No obstante, una cuesti\u00f3n diferente ocurre con la viabilidad de aplicar la figura de los preacuerdos y negociaciones (\u2026), en tanto hay razones de peso que impiden trasladar las consideraciones que en su momento fueron brindadas para viabilizar la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad a casos regidos bajo la Ley 600 de 2000, al asunto objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
[Lo anterior, ya que] los preacuerdos y negociaciones no son herramientas extra sist\u00e9micas, por el contrario, son figuras propias y exclusivas del modelo acusatorio, que no encuentra similar en la Ley 600 de 2000, por ello permitir su aplicaci\u00f3n a un tr\u00e1mite de Ley 600 implicar\u00eda una desnaturalizaci\u00f3n de tal sistema, l\u00edmite que la jurisprudencia ha establecido al momento de viabilizar el trasplante de regulaciones de un r\u00e9gimen procesal a otro (\u2026). <\/p>\n
Significa, entonces, que ning\u00fan desatino se advirti\u00f3 en las determinaciones refutadas, puesto que son el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que se compartan o no tales argumentos, los mismos no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que revelaba el dossier. <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, deviene impr\u00f3spero el socorro suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Marco Antonio Rueda Soto. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto y, de no impugnarse el fallo, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6094-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6094-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01404-00 (Aprobado en Sala de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1.- El querellante, en la condici\u00f3n aducida, requiri\u00f3 la protecci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63653","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63653","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63653"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63653\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63653"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}