STC6099-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6099-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2022-00116-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 25 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inversiones Rumbos Ltda., en liquidaci\u00f3n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Walter Enrique Arias Moreno, Susana Esther, Martha Patricia y Mario Enrique Mar\u00fan Nader. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la agencia judicial convocada. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y anexos que, se inici\u00f3 en el Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta proceso liquidatorio de la sociedad Inversiones Rumbos Ltda.; sin embargo, el 8 de octubre de 2020 dicho despacho declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n y remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Superintendencia de Sociedades, entidad que a su vez, el 2 de febrero de 2021 rechaz\u00f3 la demanda y propuso conflicto de competencia. <\/p>\n
Dicha controversia \u2013 el conflicto de competencia \u2013 la avoc\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta que, mediante auto del 7 de diciembre de 2021 resolvi\u00f3 abstenerse de decidir el conflicto por considerarlo \u00abinexistente\u00bb, pues interpret\u00f3 que, aunque la Supersociedades rehus\u00f3 el conocimiento del pleito por considerar que \u00abel proceso de liquidaci\u00f3n no debe iniciar mediante un procedimiento jurisdiccional, sino \u201cen cumplimiento de las funciones administrativas conferidas a la entidad\u201d\u00bb, aun as\u00ed remiti\u00f3 el asunto \u00abal Grupo de Tr\u00e1mites de la Delegatura de Supervisi\u00f3n de Sociedades, para lo de su competencia\u00bb. <\/p>\n
En la misma determinaci\u00f3n, esa colegiatura orden\u00f3 al juez involucrado proferir \u00ab(\u2026) las \u00f3rdenes de levantamiento y cancelaci\u00f3n de las medias adoptadas y luego de ello env\u00ede el asunto a la autoridad que viene conociendo del tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
La actual queja entonces se contrae a cuestionar la falta de gesti\u00f3n del Juez Primero Civil del Circuito de C\u00facuta para levantar las medidas cautelares que decret\u00f3 al momento de avocar el conocimiento del proceso (del que luego se desprendi\u00f3 al dar por probada la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n o competencia), igualmente, lo relacionado con la remoci\u00f3n del liquidador de la sociedad que ese mismo despacho design\u00f3, todo lo cual, le corresponde resolver de conformidad con la orden dada por el tribunal en la referida decisi\u00f3n del 7 de diciembre de 2021. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, se ordene \u00abremover al liquidador Walter Enrique Arias Moreno como liquidador judicial y se ordene la correspondiente inscripci\u00f3n de tal remoci\u00f3n en la matr\u00edcula mercantil de la sociedad, cuya orden debe remitirse a la C\u00e1mara de Comercio (\u2026) ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, expida todos los oficios necesarios con el cumplimiento de los requisitos exigidos para ello, para garantizar el levantamiento de todas las medidas cautelares decretados por el juzgado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juez Primero Civil del Circuito de C\u00facuta describi\u00f3 lo acontecido en el proceso liquidatorio y explic\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que se trataba de un asunto que debe tramitarse en la Superintendencia de Sociedades. Sobre la queja puntual, manifest\u00f3 que, desde antes de enviar las diligencias al ente de control, libr\u00f3 los oficios a las autoridades involucradas comunicando que las medidas impuestas continuaban vigentes, pero por cuenta de la Supersociedades. <\/p>\n
Sostuvo que, en cuanto a la orden que le dio el tribunal de levantar las medidas cautelares, ya la cumpli\u00f3, enviando nuevamente las comunicaciones alusivas a las cautelas, y en cuanto a la remoci\u00f3n del liquidador, insisti\u00f3 en que se trata de un aspecto que le compete a la Supersociedades. <\/p>\n
FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda por ausencia de vulneraci\u00f3n, tras advertir que el juzgado accionado cumpli\u00f3 con reiterar el 12 de noviembre de 2020 y el 28 de enero de 2022 la remisi\u00f3n de los oficios de comunicaci\u00f3n acerca del levantamiento de las medidas cautelares inicialmente decretadas en el asunto en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n en lo que a la remoci\u00f3n del liquidador se refiere, pues se trata de una determinaci\u00f3n \u00abque incumbe ser adoptada por la Superintendencia de Sociedades, comoquiera que el expediente a cuyo interior se hizo la designaci\u00f3n, se encuentra a su cargo. No se puede radicar tal responsabilidad al funcionario judicial accionado, en vista de su declarada falta de competencia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la apoderada de la sociedad quien precis\u00f3 que, aunque es verdad que el juez accionado manifest\u00f3 que los oficios de levantamiento de medidas cautelares los reenvi\u00f3, \u00abal revisar su contenido la suscrita se percat\u00f3 que los mismos correspond\u00edan a los oficios [\u2026] ya remitidos y elaborados en el a\u00f1o 2020 cuando la demanda fue rechazada, en donde se informaba la remisi\u00f3n del expediente a la Superintendencia de Sociedades y se manten\u00edan vigentes las medidas adoptadas. Adicionalmente, en dichos oficios no se encontr\u00f3 pronunciamiento alguno frente al nombramiento o revocatoria de la designaci\u00f3n del liquidador\u00bb, de manera que, insiste en que no se cumpli\u00f3 la orden del tribunal dada en la decisi\u00f3n del 7 de diciembre de 2021, pues \u00abes tan as\u00ed, que a la fecha tales medidas a\u00fan se encuentran vigentes y afectando los bienes y patrimonio de la sociedad o de lo contrario [\u2026] no se hubiesen presentado de forma reiterativa y constante peticiones y solicitudes encaminadas a obtener su levantamiento\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, est\u00e1 vulnerando los derechos fundamentales de la sociedad querellante por no levantar las medidas cautelares decretadas al inicio del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n radicado 2018-00062 y de conformidad con lo ordenado en auto del 7 de diciembre de 2021 proferido por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial al resolver lo concerniente al conflicto de competencia suscitado por la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
2. Derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia o tutela judicial efectiva. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte Constitucional defini\u00f3 esta prerrogativa como \u00abla posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en las leyes\u00bb (CC C-279\/13). <\/p>\n
Luego, frente al deber que recae en los jueces para hacer cumplir sus providencias como punto culminante de la materializaci\u00f3n del derecho al acceso de la administraci\u00f3n de justicia, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Cumplir con las providencias judiciales es un imperativo del Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho. El derecho a acceder a la justicia implica, para ser real y efectivo, al menos tres obligaciones, a saber: (i) la obligaci\u00f3n de no hacer del Estado (deber de respeto del derecho), en el sentido de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realizaci\u00f3n y de evitar tomar medidas discriminatorias respecto de este acceso; (ii) la obligaci\u00f3n de hacer del Estado (deber de protecci\u00f3n del derecho), en el sentido de adoptar medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del titular del derecho; y (iii) la obligaci\u00f3n de hacer del Estado (deber de realizaci\u00f3n del derecho), en el sentido de facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y hacer efectivo su goce\u201d. <\/p>\n
(\u2026) El acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de acudir ante la administraci\u00f3n de justicia para plantear un problema jur\u00eddico, ni en su resoluci\u00f3n, sino que implica, tambi\u00e9n, que \u201cse cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jur\u00eddico y se restablezcan los derechos lesionados\u201d. Dada la relevancia del cumplimiento de las providencias judiciales para el derecho fundamental de acceder a la justicia, en algunas oportunidades este tribunal lo ha amparado, de manera excepcional, por medio de la acci\u00f3n de tutela, \u201cbajo el entendido de que la administraci\u00f3n de justicia, adem\u00e1s de expresarse en el respeto a las garant\u00edas establecidas en el desarrollo de un proceso, se manifiesta en el hecho de que las decisiones que se tomen dentro del mismo tengan eficacia en el mundo jur\u00eddico y que la providencia que pone fin al proceso produzca todos los efectos a los que est\u00e1 destinada. <\/p>\n
(\u2026) La administraci\u00f3n de justicia y, de manera especial, el juez que dict\u00f3 la providencia judicial, no pueden ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento puede y, si es del caso debe, efectuarse a\u00fan en contra de la voluntad de quien est\u00e1 llamado a ello, por medios coercitivos (\u2026)\u00bb (CC C-367\/14). <\/p>\n
Mientras que esta Corporaci\u00f3n, sobre la referida garant\u00eda sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La tutela judicial no es una simple declaraci\u00f3n formal, al Juez, como director del proceso y garante de la ley y de la Constituci\u00f3n, para la consolidaci\u00f3n del derecho material, le compete velar por el acatamiento real de la sentencia y controlar las tentativas del fraude a la resoluci\u00f3n judicial impartida, por cuanto, de nada sirve el reconocimiento de un derecho, si el funcionario no impuls\u00f3 su ejecuci\u00f3n o no se compromete con el cumplimiento de la respectiva decisi\u00f3n, cuando se halla ejecutoriada o en firme, o cuando mediada por el efecto devolutivo es llamada a obedecerla (\u2026)\u00bb. (CSJ, STC, rad. 2016-308; reiterada en STC16106-2018, 7 dic. 2018, rad. 00031-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
A partir del examen de la controversia sobre la que edifica su inconformidad la sociedad actora y de la revisi\u00f3n del expediente del litigio en cuesti\u00f3n, anticipa la Corte la prosperidad del resguardo y, por ende, la revocatoria de la sentencia de tutela impugnada comoquiera que, se vislumbra la transgresi\u00f3n de las garant\u00edas supralegales de la accionante derivadas de la omisi\u00f3n en el cumplimiento concreto por parte del tutelado de lo ordenado en el prove\u00eddo del 7 de diciembre de 2021 del Tribunal Superior de C\u00facuta. <\/p>\n
3.1. Ciertamente, el a quo, se atuvo a lo indicado por el juzgado accionado al intervenir en estas diligencias, en cuanto a que los oficios identificados con n\u00fameros 738, 739, 740, 741, 742 y 750 fechados el 12 de noviembre de 2020 (los mismos que fueron reiterados el 28 de enero de 2022), comunicaban a distintas autoridades y entidades, no solo la remisi\u00f3n por competencia de la actuaci\u00f3n a la Superintendencia de Sociedades sino tambi\u00e9n el levantamiento de las medidas cautelares decretadas inicialmente por ese estrado judicial respecto de algunos bienes de la sociedad Inversiones Rumbos Ltda. <\/p>\n
De manera que, a fin de verificar lo rese\u00f1ado, la Corte auscult\u00f3 el contenido de las referidas comunicaciones libradas al interior del radicado 2018-00062, encontrando que: <\/p>\n
3.1.1. En el oficio 0738 del 11 de noviembre de 2020 dirigido al secretario general de la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta, se describe lo siguiente: \u00abme permito comunicarle que, mediante auto del 8 de octubre del presente a\u00f1o, se dispuso hacerle saber que el proceso del asunto se remiti\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades, para que haga parte del proceso verbal radicado 2018-8000-0018. Por lo anterior, se le advierte que la sociedad Inversiones Rumbos Ltda., en liquidaci\u00f3n, contin\u00faa embargada por la mencionada entidad Supersociedades. S\u00edrvase proceder de conformidad\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. En el oficio 0739 de la misma fecha, con destino a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales se plasm\u00f3, \u00abme permito comunicarle que, mediante auto del 8 de octubre del presente a\u00f1o, se dispuso hacerle saber que el proceso del asunto se remiti\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades, para que haga parte del proceso verbal radicado 2018-8000-0018. Por lo anterior, de acuerdo a lo solicitado en el oficio 1357 del 6 de abril de 2018, el cual se deja sin efecto, se le advierte que cualquier proceso coactivo que se adelante o se llegare a adelantar en contra de la sociedad Inversiones Rumbos Ltda., en liquidaci\u00f3n, o contra los socios arriba se\u00f1alados, sea remitido a dicha entidad para que sea acumulado al mencionado proceso\u00bb; el mismo texto se replic\u00f3 en el 0741 para el Alcalde Municipal de C\u00facuta, y en el 0742 dirigido a Bancolombia, sucursal Oviedo, Medell\u00edn. <\/p>\n
3.1.3. De otra parte, en las circulares 0744, 0745, 0746, 0747, 0748 y 0749 del 12 de noviembre de 2020, se comunica a los juzgados civiles municipales, a los de peque\u00f1as causas y competencia m\u00faltiple, a los de peque\u00f1as causas laborales, a los civiles y laborales del circuito C\u00facuta, as\u00ed como a los promiscuos municipal y de circuito de Los Patios, respectivamente, que \u00abtodos los procesos que se inicien contra la sociedad Inversiones Rumbos Ltda., en liquidaci\u00f3n o contra los socios arriba se\u00f1alados, ser\u00e1n remitidos a la mencionada entidad [Superintendencia de Sociedades]\u00bb. <\/p>\n
3.1.4. En el oficio 0740 del 12 de noviembre de 2020, dirigido al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Pamplona, adem\u00e1s de enterarlo de que el asunto se remite a la Superintendencia de Sociedades, se precisa que, \u00abde acuerdo a lo comunicado en el oficio 1359 del 6 de abril de 2018, se le hace saber que se levanta el embargo por cuenta de este despacho del inmueble distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria 272-52651, continuando embargado por cuenta de la Supersociedades. S\u00edrvase de conformidad\u00bb. <\/p>\n
3.1.5. Y, en el oficio 0750 con direcci\u00f3n al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, al igual que el anterior, tras indicar el cambio de jurisdicci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que \u00abde acuerdo a lo solicitado en el oficio 1798 del 7 de mayo de 2018, el cual se deja sin efecto la plantaci\u00f3n inscrita ante esa entidad n\u00ba 807003305-54-5238-40-042 que reposa sobre el predio denominado La Fenicia propiedad de la sociedad Inversiones Rumbos Ltda., en liquidaci\u00f3n, contin\u00faa embargada por la Supersociedades. S\u00edrvase obrar de conformidad\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, pese a que en las dos \u00faltimas comunicaciones destacadas se dispuso e inform\u00f3 claramente sobre el levantamiento de las medidas cautelares respectivas, transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o y medio de su expedici\u00f3n y tres meses desde su reiteraci\u00f3n, su cumplimiento no se ha visto materializado, circunstancia que desdice de lo ordenado en el auto del 7 de diciembre de 2021 por el Tribunal Superior de C\u00facuta, sin dejar de mencionar que, en lo atinente a la cuenta de ahorros a nombre de la sociedad inscrita en Bancolombia, (tambi\u00e9n objeto de embargo por el juzgado), nada se resolvi\u00f3. <\/p>\n
Y es que la mencionada magistratura, al momento del dilucidar la colisi\u00f3n de competencia generada por la Superintendencia razon\u00f3 que, el juzgado, \u00abaun cuando reconoci\u00f3 ser incompetente para conocer del asunto, mantuvo las \u00f3rdenes por \u00e9l emitidas pese a que en ning\u00fan momento estuvo habilitado para ello, y como es l\u00f3gico, la autoridad receptora \u2013 Superintendencia de Sociedades \u2013 al no ser de quien emanaron las mismas y no estar facultada para conocer el asunto en sede jurisdiccional sino administrativa, se encuentra vedada para corregir tal situaci\u00f3n. En ese orden, adviene forzoso para esta Superioridad, previo a devolver lo actuado a la Superintendencia de Sociedades para lo de su cargo [\u2026] remitir el expediente h\u00edbrido al Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta para que proceda en la forma aqu\u00ed advertida, y luego, de proferir las \u00f3rdenes pertinentes, deber\u00e1 enviar el asunto a la autoridad que viene conociendo de la solicitud de designaci\u00f3n de liquidador\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el aludido auto dirigi\u00f3 una orden concreta \u2013 a\u00fan no satisfecha \u2013 es menester que se propenda por su ejecuci\u00f3n, pues esa falta de determinaci\u00f3n para hacer cumplir lo resuelto, vulnera evidentemente el derecho a la tutela judicial efectiva. <\/p>\n
Sobre la anotada prerrogativa, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, \u00ab(\u2026) La tutela judicial no es una simple declaraci\u00f3n formal, al Juez, como director del proceso y garante de la ley y de la Constituci\u00f3n, para la consolidaci\u00f3n del derecho material, le compete velar por el acatamiento real de la sentencia y controlar las tentativas del fraude a la resoluci\u00f3n judicial impartida, por cuanto, de nada sirve el reconocimiento de un derecho, si el funcionario no impuls\u00f3 su ejecuci\u00f3n o no se compromete con el cumplimiento de la respectiva decisi\u00f3n, cuando se halla ejecutoriada o en firme, o cuando mediada por el efecto devolutivo es llamada a obedecerla (\u2026)\u00bb (CSJ, STC, rad. 2016-308, reiterada en STC16106-2018). <\/p>\n
Es decir, la pasividad de la judicatura en este particular evento amerita la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, revalid\u00e1ndose el mandato que el Tribunal Superior de C\u00facuta emiti\u00f3 en el sentido de que sea el Juez Primero Civil del Circuito de ese Distrito Judicial quien oficie a las autoridades y entidades respectivas, sobre el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el asunto radicado 2018-00062. <\/p>\n
3.3. Por lo tanto, de cara a lo expuesto, y en aras de ahondar en garant\u00edas, como se anunci\u00f3, se revocar\u00e1 el fallo impugnado, para en su lugar ordenar al juzgado tutelado que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas despu\u00e9s de la notificaci\u00f3n de esta providencia, actualice los oficios de levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el asunto en cuesti\u00f3n con direcci\u00f3n a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Pamplona, al Instituto Colombiano Agropecuario ICA y a Bancolombia, se reitera, atendiendo lo resuelto en el auto de 7 de diciembre de 2021 dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. La subsidiariedad. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, y en lo tocante con la remoci\u00f3n del liquidador, Walter Enrique Arias Moreno, se respalda lo se\u00f1alado por el a quo, en el sentido que aquella es una solicitud que debe agotar primero la sociedad actora ante la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
Y es que, aspirar a que por esta v\u00eda se acojan motivos ajenos a la discusi\u00f3n procesal que corresponde resolverse en cada una de los escenarios judiciales, implica la desnaturalizaci\u00f3n de esta herramienta constitucional dado el eminente car\u00e1cter subsidiario y residual que la gobierna. <\/p>\n
Es decir, sin haberse puesto de manifiesto dicha pretensi\u00f3n ante el mencionado ente de control, ahora a cargo del asunto que precisamente gira en torno a la \u00abdesignaci\u00f3n de liquidador dentro de un proceso de liquidaci\u00f3n voluntaria\u00bb conforme lo explicit\u00f3 el Tribunal Superior de C\u00facuta al pronunciarse en el conflicto de competencia propiciado por la Supersociedades, la injerencia del juez de amparo resulta impertinente. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. La falta de determinaci\u00f3n del funcionario judicial para hacer cumplir las \u00f3rdenes proferidas constituye una vulneraci\u00f3n de la tutela judicial efectiva, correspondi\u00e9ndole proceder, en este caso, a actualizar los oficios de levantamiento de medidas cautelares decretadas en el radicado 2018-00062 con miras a evitar se siga prolongando la indefinici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los bienes pertenecientes a la sociedad actora. <\/p>\n
5.2. No es ante el juez constitucional sino ante el de conocimiento (Superintendencia de Sociedades), que le corresponde a la accionante formular la pretensi\u00f3n relacionada con la remoci\u00f3n del liquidador por ser de su competencia, en consideraci\u00f3n del car\u00e1cter eminentemente subsidiario y residual de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE, <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la improcedencia de la salvaguarda respecto de la queja relacionada con la remoci\u00f3n del liquidador Walter Enrique Arias Moreno. <\/p>\n
SEGUNDO: REVOCAR el fallo impugnado en cuanto al punto del levantamiento de las medidas cautelares a cargo del Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, para en su lugar, CONCEDER el amparo y ORDENAR al referido funcionario que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, actualice los oficios de cancelaci\u00f3n de las referidas cautelas decretadas en el asunto con radicado 2018-00062, atendiendo la motivaci\u00f3n expuesta en esta providencia. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC6099-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6099-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2022-00116-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63654","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63654","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63654"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63654\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63654"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63654"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63654"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}